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SCP 1615/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57456-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente cumplimiento de plazos; y el principio de presunción de inocencia; toda vez que, la Vocal demandada al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva, confirmó dicha medida, sin la debida fundamentación ni motivación, con el único argumento de la complejidad del caso; por lo que solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, la restitución de sus derechos vulnerados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 66/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema planteado, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y la falta de prueba en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1615/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57456-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 66/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Flavio Gustavo Arce San Martín contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de julio de 2023, cursante de fs. 4 a 6, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad; mediante Auto Interlocutorio 67/2021 de 12 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, ordenó su detención preventiva; Desde el inicio de la misma hasta la presentación de la acción de libertad, las autoridades encargadas del control de la investigación dispusieron la ampliación de la medida extrema en siete ocasiones, pese a que se había demostrado que dichas solicitudes carecían de legalidad y resultaban arbitrarias; el 8 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, ordenó la sexta ampliación de la detención preventiva por tres meses; plazo que mediante Auto de Vista 193/2023 de 31 del mismo mes y año, se redujo a un mes y dos semanas, y debería computarse desde el 26 de enero al 14 de marzo de 2023.

El 26 de abril de 2023, el Juez a cargo de su proceso, ordenó una nueva ampliación de la detención preventiva, después de cuarenta seis días de haber vencido el término fijado; ante la resolución arbitraria e ilegal referida, presentó recurso de apelación incidental, señalando como agravios que, la detención era ilegal; no se consideró el Auto de Vista 193/2023, mediante el cual se redujo el plazo a un mes y medio; la medida cautelar se estaba transformando en una condena anticipada e indefinida; solicitó a la Vocal -ahora demandada-pronunciarse sobre la solicitud de ampliación, la cual, además de ser extemporánea, carecía de fundamentación y se limitaba a invocar la complejidad del caso; y, no se tomó en cuenta que los plazos de la detención preventiva son perentorios e improrrogables; no obstante, los reclamos deducidos en cuanto a los riesgos procesales, el Tribunal de apelación no cumplió los requisitos previstos en la jurisprudencia, el procedimiento penal y las Convenciones internacionales; por tanto, su decisión es arbitraria e ilegal.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente cumplimiento de plazos; y el principio de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 116.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, la restitución de sus derechos vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 27 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) La acción de libertad se fundamentó en el art. 125 de la CPE, alegando la privación ilegal de la libertad; debido a que fue detenido preventivamente el 12 de marzo de 2021; y, desde entonces, se produjeron siete ampliaciones de la detención preventiva con sus respectivas apelaciones; el 8 de marzo de 2023 el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de La Paz, ordenó la sexta ampliación de la medida extrema por el lapso de tres meses; plazo que en instancia de apelación se redujo a un mes y dos semanas, con vencimiento el 14 de marzo de 2023; b) El Juez a quo fijó audiencia el 26 de abril de 2023 para tratar la ampliación de la detención preventiva; acto en el cual el Ministerio Público, las instituciones estatales y los denunciantes pidieron una nueva prórroga, solicitud que carecía de validez normativa, ya que fue presentada después de vencido el plazo, el cual expiraba el 14 de marzo del mismo año; pese a ello, sin considerar tales observaciones, ordenó la séptima ampliación; c) Auto Interlocutorio arbitrario contra el cual interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Vocal demandada; en la audiencia, no obstante que agravió que permaneció privado de libertad de manera ilegal entre el 14 de marzo y el 26 de abril de 2023, acumulando cuarenta y seis días de detención indebida, que la medida preventiva se estaba transformando en un adelanto de condena, y que la ampliación carecía de sustento, pues el juez a quo únicamente afirmó que el proceso era complejo y que debían realizarse otros actos investigativos, sin precisar cuáles; no valoró estas circunstancias; y, d) No consideró que los plazos eran perentorios e improrrogables, lo cual impedía cualquier ampliación sin resolución expresa de autoridad competente; por lo que, su detención resulta ilegal y arbitraria; citó la SCP 0188/2018, que refirió que se ajustaba plenamente a la situación jurídica del accionante, que tampoco fue considerada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito presentado el 6 de julio de 2023, cursante de fs. 25 a 26 vta., solicitó se deniegue la tutela y expresó que: 1) Lo manifestado por el accionante resultó incongruente e inexacto, al no presentar una estructura adecuada ni una fundamentación sólida en su petición; 2) Se señaló que estuvo privado de libertad por dos años, seis meses y catorce días, debido a que no se consideró la apelación previa, que había reducido la detención preventiva, precisó que la medida extrema no podía prolongarse más de un mes y dos semanas de cumplido el plazo, se advirtió que la solicitud de ampliación presentada por el Ministerio Público y los representantes estatales fue extemporánea; se indicó que la ampliación de la detención preventiva fue concedida por la falta de declaraciones de ciudadanos declarados rebeldes, quienes debían testificar para finalizar las investigaciones; pero no se acreditó de qué manera el accionante podría incidir en ese punto, tomando en cuenta que ni el Ministerio Público logró ubicarlos; indicó que su detención estaba como una condena anticipada, porque no existía fundamento jurídico sobre la posible influencia en los testigos, se invocó la SCP 276/2018 y se solicitó la revocatoria del Auto Interlocutorio 248/2023, disponiendo su liberación; 3) El peticionante de tutela sostuvo que, conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), correspondía la cesación de la detención preventiva al haberse vencido el plazo fijado, siempre que la extensión de la medida no sea requerida de manera fundamentada por el fiscal en casos complejos; el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención preventiva alegando complejidad y actos investigativos pendientes, aunque la defensa sostuvo que la autoridad jurisdiccional no se pronunció sobre el anterior Auto de Vista, se señaló audiencia el 26 de abril de 2023 para tratar la cesación de la medida, la cual fue ampliada; 4) El impetrante de tutela tuvo la posibilidad de solicitar explicación, complementación o enmienda conforme al art. 125 del CPP para corregir la resolución que le afectaba, debiendo agotar esa instancia bajo el principio de subsidiariedad, pero no lo hizo; 5) En la acción de libertad no se demostró de manera clara cómo se vulneraron sus derechos y garantías, ya que el Auto de Vista contó con la fundamentación exigida por el art. 124 del CPP en concordancia con el art. 173 del mismo código; y, 6) El Tribunal de garantías no actúa como instancia ordinaria para revisar decisiones de la justicia común, pues esa labor no correspondía a la justicia constitucional; para que esta jurisdicción analice esta actividad interpretativa, el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa, requisito ausente en la acción de defensa; además, causa extrañeza que desde la fecha que se realizó la audiencia, recién en la fecha se interponga esta acción de libertad.

I.2.3. Participación del tercero interviniente

Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, mediante sus representantes legales, a través del informe escrito presentado el 6 de julio de 2023, cursante de fs. 21 a 24 vta. y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela y refirió: i) En calidad de sujeto procesal dentro del proceso penal seguido contra el accionante, hizo constar que los argumentos sobre la solicitud de tutela debían observar el principio de subsidiariedad; el caso estuvo radicado ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin que cursara memorial alguno de control jurisdiccional; la relación de hechos alegó una vulneración a los principios procesales de las audiencias, señalándose que el acto lesivo debía guardar estrecha relación con los requisitos de procedencia, sin que pudiera invocarse el principio de informalidad en la acción tutelar; ii) Conforme al debido proceso, se realizaron audiencias virtuales bajo el principio de oralidad, sin que existiera escrito alguno de solicitud de control jurisdiccional; no se vulneró el derecho a la defensa ni a la libertad, pues ambos fueron resguardados por la autoridad competente; por ello, la acción de libertad carecía de fundamento, ya que en el fondo del proceso se trató únicamente de un acto dilatorio destinado a desviar la atención de las autoridades; iii) Conforme al art. 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los derechos individuales están limitados por los de los demás, la seguridad colectiva y las exigencias del bien común en una sociedad democrática; asimismo, la imposición de restricciones al ejercicio de tales derechos debía cumplir tres condiciones esenciales de validez: reserva legal, control judicial y proporcionalidad; iv) En el presente caso la restricción del derecho a la libertad física, originada en una decisión judicial que aplicó una medida cautelar personal al cumplirse los requisitos previstos por el Código de Procedimiento Penal, dicha medida fue prolongada por las autoridades debido a la complejidad del caso, resultando necesaria la limitación impuesta por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal de apelación, las cuales cumplieron con las condiciones de validez constitucional establecidas; y, v) Debe tomarse conocimiento de lo que realmente se encuentra dentro de los antecedentes del proceso penal, pues no son ciertas ni evidentes las vulneraciones alegadas, ya que se basaron en apreciaciones subjetivas y carecen de sustento probatorio; se pretende utilizar la vía constitucional para resolver cuestiones propias del ámbito penal, lo que debilitaba la argumentación presentada y restaba validez a la acción interpuesta.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 66/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En el caso, se advirtió que tanto la fundamentación del accionante como el informe de la autoridad demandada resultaron confusas, especialmente al no contar con los antecedentes; aunque en la demanda de acción de libertad se ofreció como prueba el cuaderno de control jurisdiccional, no se precisó ante qué autoridad debía ordenarse su remisión para la valoración constitucional, debido a que se mencionó primero al Juzgado Instrucción Decimo y luego al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, lo que impidió solicitar los antecedentes necesarios para su revisión; b) En la acción de libertad, el accionante sostuvo que el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada carecía de fundamentación y pidió se lo dejara sin efecto para dictar una nueva resolución; sin embargo, tales planteamientos resultaron confusos, ya que no se precisó el objeto de la acción ni se presentaron antecedentes o elementos que permitieran valorar lo denunciado, ante esa falta de claridad y ausencia de pruebas, se impedía acreditar si el Auto de Vista estaba indebidamente fundamentado y, al desconocerse el fin perseguido, no pudo ingresar al fondo del asunto; y, c) Dejó constancia de que la jurisdicción constitucional no podrá ser entendida como una nueva instancia para impugnar resoluciones provenientes de la jurisdicción ordinaria, ni como un medio para apelar el Auto de Vista dictado por la autoridad demandada; la confusión en la fundamentación y la ausencia de antecedentes no podían ser suplidas por la justicia constitucional; razón por la cual, se vio impedida de ingresar al fondo y dejó claro que las medidas cautelares no generaban estado y podían ser modificadas incluso de oficio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión del expediente, no se cuenta con documentación alguna dentro de la presente acción de libertad.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente cumplimiento de plazos; y el principio de presunción de inocencia; toda vez que, la Vocal demandada al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva, confirmó dicha medida, sin la debida fundamentación ni motivación, con el único argumento de la complejidad del caso; por lo que solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, la restitución de sus derechos vulnerados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y la falta de prueba en la acción de libertad

«La Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas corresponden al texto). Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad:

…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas corresponden al texto). El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo, aplicado en una problemática jurídica similar.

De igual forma amerita también hacer referencia a la falta de prueba en la acción de libertad, que coadyuvará en la resolución de la presente causa, en ese sentido la SCP 1397/2022-S2 de 17 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1 establece: La SCP 2383/2012 de 22 de noviembre, reiterando los fundamentos establecidos en la SC 0320/2010-R de 15 de junio, con respecto a la falta de prueba en la acción de libertad, estableció que: «“…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”; este entendimiento fue reiterado en la jurisprudencia establecida en la SCP 0298/2012 de 8 de junio, al definir sobre la problemática planteada en ese caso, de la siguiente manera: “Del legajo procesal arrimado al expediente, se evidencia que no cursa prueba alguna que acredite dichos extremos, como los memoriales de solicitud a la cesación a la detención preventiva y los actuados procesales a través de los cuales la autoridad demandada habría suspendido las audiencias y lesionado con ello los derechos invocados por el accionante; aspecto que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si bien es cierto que la acción de libertad por su naturaleza está exenta del cumplimiento de ciertos requisitos formales; empero, resultaría un exceso de la jurisdicción constitucional, emitir criterio sobre lesión de los derechos, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal; no pudiendo justificarse la ausencia de elementos de convicción, como lo hizo el Tribunal de garantías, ‘presumiendo la buena fe de la parte’, y con dicho argumento totalmente subjetivo, conceder la tutela solicitada, cuando no se cuenta con la prueba necesaria que acredite de manera objetiva e imparcial la veracidad de los hechos denunciados, pues, como se señaló, al no tener la certeza de la veracidad de las denuncias formuladas y por ende la responsabilidad de la persona o autoridad que incurrió en el acto que infringió los derechos, constituiría un exceso de la jurisdicción constitucional fallar, máxime si como se precisó, el principio de informalismo de esta acción no abarca a la no presentación de prueba necesaria y suficiente que demuestre los actos ilegales de la parte demandada; aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática planteada, por cuanto no se cuentan con elementos de convicción que respalden lo aseverado por el actor, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada». Jurisprudencia extraída de la SCP 0752/2025-S3 de 11 de julio.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad; la Vocal demandada al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva, confirmó dicha medida, sin la debida fundamentación ni motivación, con el único argumento de la complejidad del caso.

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien bajo el principio de informalismo que rige la acción de libertad, es posible flexibilizar los requisitos contenidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) entre otros, como el nombre contra quien se dirige, la precisión en los hechos, derechos o petición; no obstante ello, no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima necesaria que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida; por tanto, la compulsa de los hechos debe estar respaldada por elementos probatorios que generen convicción sobre la ilegalidad u omisión alegada.

Ahora bien, en el presente caso, del memorial de acción de libertad presentado por el accionante, respecto a la prueba que sustentaría la acción de defensa, si bien solicitó que se ordene al “Juez” la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, se corrobora una imprecisa identificación de la autoridad a cargo de quien se encontraría el cuaderno referido, debido a que, en inicio indicó al Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, como autoridad a cargo de su proceso; posteriormente, señaló al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, como autoridad responsable del control jurisdiccional; imprecisión que, como manifestó la Jueza de garantías, impidió requerir la remisión de las resoluciones acusadas de lesivas para la resolución de la acción tutelar.

Como se advierte, el accionante no presentó prueba material mínima alguna ni señaló de forma precisa el lugar donde pueda ser hallada, por cuanto, no presentó el Auto Interlocutorio apelado ni el acta de apelación y el Auto de Vista que cuestiona, para que en su caso éste Tribunal pueda ordenar la remisión la documentación necesaria para la resolución del proceso constitucional; omisión que impide que este Tribunal abra el ámbito de protección de la acción de libertad, ante la falta de elementos probatorios que acrediten la lesión de los derechos invocados por el accionante, mucho menos que pueda verificar si efectivamente la Vocal demandada incurrió en la vulneración denunciada; toda vez que, es solamente que a través de su análisis y compulsa de esas resoluciones, este Tribunal podría establecer la veracidad de las denuncias formuladas en la vía constitucional.

Por consecuencia, resulta aplicable en el presente caso la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, en mérito a la obligatoriedad de su cumplimiento y carácter vinculante establecidos por el art. 203 de la CPE, concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, sin el análisis de las resoluciones tachadas de lesivas, resulta imposible verificar la veracidad de las denuncias o establecer la existencia de vulneraciones constitucionales; por consiguiente, ante la falta de prueba o elementos sobre el contenido de las decisiones impugnadas, que motiva la presente acción de libertad y que constituye en prueba esencial para dilucidar la problemática planteada, constituye un impedimento insalvable que imposibilita el análisis de fondo de la acción de defensa planteada; por consecuencia, corresponde denegar la tutela.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 66/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema planteado, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1615_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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