Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la salud vinculada a la vida y la “...seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD…” (sic), el principio de celeridad y transparencia; puesto que, formuló solicitudes a la Fiscal de Materia –hoy accionada–, mediante memoriales presentados el 11 y 14 de agosto de 2023, para la habilitación del abogado al Sistema JL2 y su valoración médico forense por el IDIF; asimismo, se dirigió al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, solicitando su atención médica; empero, ambas peticiones, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no fueron realizadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/23 de 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 vta. a 64 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la “...seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD…” (sic), el principio de celeridad y transparencia, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional plurinacional. 2° Exhortar a María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes. 3° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la salud vinculada a la vida, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1615/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57808-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/23 de 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 vta. a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Henrry Zabala Rivera contra María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Henrry Zabala Rivera -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP); se encuentra detenido preventivamente mediante Resolución de medida cautelar de 10 de agosto de 2023 emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” del referido departamento. El 11 de agosto de 2023, presentó solicitud a la Fiscal de Materia ahora accionada, de Certificación médico legal a objeto de que el Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) corrobore su estado de salud, asimismo que se le habilite el Sistema Justicia Libre 2 (JL2). Señala también que, su salud se encuentra en peligro, motivo por el que “…NO SE PRECISA AGOTAR EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EXCEPCIONAL…” (sic) tal cual menciona la SCP 0822/2017-S1 de 27 de julio; añadió que, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no fue respondida dicha solicitud y menos interoperada, pese a que en reiteradas oportunidades se presentó su abogado en el despacho de la referida Fiscal de Materia hoy accionada. La referida solicitud vulnera sus derechos a la salud que guarda conexión con el derecho a la vida, debiendo emitirse de manera inmediata los “requerimientos” e interoperar proporcionando la información para así realizar el trámite correspondiente para su traslado a otro centro penitenciario, siendo importante; debido a que, el progenitor de la presunta víctima se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, motivo por el cual, su vida corre riesgo.
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de los derechos a la salud vinculada a la vida y la “…seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD…” (sic), el principio de celeridad y transparencia; citando al efecto los arts. 13.I, 15, 22, 23, 115.I y 178.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) El Ministerio Público emita e interopere los requerimientos al IDIF y otras entidades obrando con la debida diligencia; y, b) Se habilite el Sistema JL2 a los abogados patrocinantes.
Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 63 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) Es imprescindible que se cuente con los informes médico forenses referidos a la alimentación adecuada y la “ley 2298” (sic), no habiéndose respondido menos interoperado el requerimiento fiscal; 2) Según la SCP 0442/2021-S3 de 10 de agosto, el Ministerio Público tiene el deber de subir a la Plataforma JL2 todos los actuados para que las partes accedan a los mismos, no aconteciendo tal situación en el presente caso; sin embargo, debido a la interposición de esta acción de libertad el mismo recién fue habilitado; y, 3) Se interpele el requerimiento obrando con el deber de la debida diligencia, efectuándose de manera inmediata y planteando la acción de libertad en su modalidad innovativa por ser recurrente este petitorio al tratarse de un privado de libertad.
María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia, mediante informe de 15 de agosto de 2023, cursante a fs. 19 y vta., señaló que: i) Que el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) establece de manera clara y precisa las atribuciones y facultades que tiene el Ministerio Público, habiendo cumplido a cabalidad con las mismas; ii) El 14 del citado mes y año se emitieron los requerimientos solicitados por el accionante, no siendo su atribución ni competencia ordenar la “ex cancelación del imputado” (sic) con fines de salud, dado que, esa atribución corresponde a la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso tal cual establecen los arts. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 74 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; y, iii) Los oficios fueron dirigidos al IDIF para que se realice la valoración médica del estado de salud del accionante, asimismo el abogado fue habilitado a la plataforma JL2 del Ministerio Público. Por tal motivo solicitó que se deniegue la “Tutela Jurídica” (sic).
La Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 07/23 de 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 vta. a 64 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a la Fiscal de Materia ahora accionada, que interactúe en el día con el Médico Forense para que realice la valoración médica del accionante; además de instar a la mencionada Fiscal de Materia, que actué con la debida diligencia en cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) El memorial de 11 de agosto de 2023 presentado por el accionante dio a conocer al Juez de control jurisdiccional la no habilitación del Sistema JL2 para que el Ministerio Público habilite el referido sistema y pueda recibir la atención médica, dicho memorial fue decretado el 14 de agosto haciendo referencia únicamente “en lo principal, téngase por anunciado el copatrocinio de la profesional abogada ELBA LAURA BORDA AZUDUY…. Con la solicitud de traslado, por secretaria ofíciese al M.P. para sí intermedio se informe sobre la remisión del detenido al centro penitenciario.-” (sic), no existiendo un pronunciamiento con relación a la solicitud de atención médica; y, b) La SCP 0527/2023-S4 de 22 de junio sobre la celeridad con relación a la solicitud de las personas privadas de libertad señala que esta acción de libertad radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, a partir de lo cual, el memorial de 11 de agosto de 2023 presentado por el accionante a las 11:45 horas, solicitando la habilitación del Sistema JL2; de igual manera se tiene el memorial reiterando la habilitación del Sistema JL2, el cual fue ingresado el 14 del referido mes y año a las 9:57 horas, siendo habilitado el Sistema JL2 el “día de hoy”, sin embargo, no se habría interactuado con el Médico Forense para la valoración solicitada, toda vez que, no se ha adjuntado los respectivos respaldos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 69, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de igual año, cursante a fs. 73; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 11 de agosto de 2023 ante María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia, por Henrry Zabala Rivero -accionante-, en el que solicita se habilite el Sistema JL2 y se realice una valoración Médico Forense y se determine su estado de salud; mereciendo el decreto de la misma fecha en el que señala que se habilite al abogado en el Sistema JL2 y se oficie al IDIF para la valoración médica del estado de salud del accionante (fs. 13 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 14 de agosto de 2023 ante María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia, por el accionante, reiterando que se habilite el sistema JL2 y que el Médico Forense del IDIF se constituya en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” y realice la valoración médico forense y se determine su estado de salud, emitiendo el decreto de la misma fecha en el que señala se oficie al Médico Forense de turno a efectos de que se realice la valoración del estado de salud del accionante (fs. 15 y vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 11 de agosto de 2023 ante Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, por el accionante, con la suma solicita y ordene atención médica, emitiendo el decreto de la misma fecha en el que señala únicamente “En lo principal, téngase por anunciado el copatrocinio de la profesional abogada ELBA LAURA BORDA AZURDUY (…) Con la solicitud de traslado, por secretaria ofíciese al M.P. para que por su intermedio se informe sobre la remisión del detenido al centro penitenciario” (sic [fs. 57 a 58]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la salud vinculada a la vida y la “...seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD…” (sic), el principio de celeridad y transparencia; puesto que, formuló solicitudes a la Fiscal de Materia –hoy accionada–, mediante memoriales presentados el 11 y 14 de agosto de 2023, para la habilitación del abogado al Sistema JL2 y su valoración médico forense por el IDIF; asimismo, se dirigió al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, solicitando su atención médica; empero, ambas peticiones, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no fueron realizadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 1054/2025-S1 de 1 de septiembre, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 1054/2025-S1 de 1 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, señala que: “Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación ‘…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…’, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales”.
La SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio, establece que: “El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad (…).
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una; acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-. Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)” .
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la salud vinculada a la vida y la “...seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD” (sic), el principio de celeridad y trasparencia; puesto que, formuló solicitudes a la Fiscal de Materia hoy accionada, mediante memoriales presentados el 11 y 14 de agosto de 2023, para la habilitación del abogado al sistema JL2 y su valoración médico forense por el IDIF; asimismo, se dirigió al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, solicitando su atención médica; empero, ambas peticiones, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no fueron realizadas.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 11 de agosto de 2023 ante la Fiscal de Materia hoy accionada, por el que el accionante solicita se habilite el Sistema JL2 y se realice una valoración médico forense, para que se determine su estado de salud. Al efecto, fue emitido el decreto de la misma fecha en el que señala que se habilite al abogado en el Sistema JL2 y se oficie al IDIF para la valoración médica del estado de salud del accionante (Conclusión II.1.). Así también, consta memorial presentado el 14 de agosto de 2023 ante la referida Fiscal de Materia, a través del cual, el accionante, reiteró se habilite el Sistema JL2 y que el Médico Forense del IDIF se constituya en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” para que se realice la valoración médico forense y se determine su estado de salud, emitiendo el decreto de la misma fecha en el que señala se oficie al Médico Forense de turno y valore el estado de salud del accionante (Conclusión II.2.). Cursa también memorial presentado el 11 de agosto de 2023 ante Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, suscrito por el accionante, con la suma solicita y ordene atención médica, emitiéndose el decreto de la misma fecha en el que señala únicamente “En lo principal, téngase por anunciado el copatrocinio de la profesional abogada ELBA LAURA BORDA AZURDUY (…) Con la solicitud de traslado, por secretaria ofíciese al M.P. para que por su intermedio se informe sobre la remisión del detenido al centro penitenciario” (sic [fs. 57 a 58]). En el caso en análisis, se advierte que el accionante denuncia que desde el 11 de agosto de 2023, fecha en la que presentó su memorial de solicitud de habilitación en el Sistema JL2 y se realice una valoración médico forense ante la Fiscal de Materia ahora accionada, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, las referidas solicitudes no fueron efectuadas, a pesar que su defensa técnica se hubiese apersonado a su despacho de manera reiterada; por lo que, se vulneraron sus derechos a la salud vinculada a la vida. Asimismo, en el informe de la Fiscal de Materia hoy accionada, señaló que dio cumplimiento a lo solicitado pese a no tener esa atribución; sin embargo, los decretos de 11 y 14 de agosto de 2023, en respuesta al memorial presentado por el accionante en las referidas fechas, solicitando se habilite el Sistema JL2 y se realice una valoración médico forense, dan cuenta que la autoridad accionada señaló respecto a la primera solicitud -en ambos decretos- que se habilite al abogado en el Sistema JL2, pese a ello, recién fue habilitado el día de la audiencia de la presente acción de libertad según manifestó el accionante, existiendo una dilación de 4 días, desde la presentación del memorial de 11 de agosto a la referida audiencia; por lo que, corresponde establecer que el Ministerio Público como encargado de la investigación durante la etapa preparatoria, tiene el deber de acumular los documentos obtenidos en el cuaderno de investigación e ir cargando los mismos en el Sistema JL2 de manera permanente, cumpliendo con el objetivo de su implementación, para que cualquiera de las partes intervinientes en un proceso penal tengan acceso directo en cualquier momento a todos los actos procesales que se consignen en el cuaderno de investigación, con el objetivo de evitar la vulneración de algún derecho fundamental o garantía constitucional; pues, una actuación contraria implica dilación innecesaria en el proceso y una afectación a lo que el accionante identifica confusamente como el derecho a la “seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD” (sic), infiriéndose de ello que la accesibilidad al cuaderno de investigación, de manera física o a través del Sistema JL2 generan seguridad jurídica para las partes y evitan la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Se debe tener presente que, aun cuando ya se hubiera procedido a actualizar la información en el Sistema JL2, la demora en dicha actuación procesal ya generó una demora injustificada que repercute en el ejercicio de los derechos procesales de las partes.
Conforme a lo antes señalado, es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; ya que, la misma busca acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; pudiendo ser tutelada, incluso, cuando ésta ya cesó, a efectos de no dejar en la impunidad el actuar lesivo, evitando que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones vulneratorias y dilatorias, que afectan y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establecen los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; cuya finalidad es tutelar derechos fundamentales desde una dimensión objetiva a efectos de evitar que en lo futuro, se reitere el indicado acto denunciado; por lo que, corresponde conceder la tutela respecto a este punto.
Respecto a la solicitud que se realice una valoración médico forense, la falta de emisión de los oficios e interoperación de la valoración del Médico Forense del IDIF, se advierte que ya se otorgó una respuesta a la solicitud efectuada mediante el indicado decreto, aunque con dilación indebida, porque ese acto procesal debió ser atendido y resuelto al emitir los respectivos oficios y así efectivizar la referida solicitud con la prontitud y efectividad que ameritaba; en el presente caso, la solicitud debió ser presentada al Juez que tiene el control jurisdiccional de la causa, sin embargo, pese a que se presentó a la Fiscal de Materia hoy accionada, aun de no tener esa atribución, emitió los decretos de 11 y 14 de agosto de 2023 en el que ordena se oficie al Médico Forense del IDIF para la valoración del estado de salud del accionante. Respecto a ello se debe mencionar que, en ninguna de las solicitudes el accionante fundamentó el porqué de esa solicitud; ya que, tan solo se limitó a pedir el traslado de Centro Penitenciario a otro que cuente con el Servicio Médico, señalando que una valoración médica no es suficiente para manifestar que se vulneró los derechos a la salud en vinculación a la vida, tal cual se hace referencia en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional.
Respecto al resguardo del derecho a la vida con otros derechos conexos como los derechos a la salud y a la integridad personal de los privados de libertad, resulta además que el accionante no alegó de qué manera o con qué actos se vulneraron sus derechos a la vida, a la salud y atención médica; ya que, no existe ningún elemento y tampoco presentó prueba alguna que respalde lo mencionado, siendo insuficiente que los mencionados derechos sean simplemente citados dentro de la acción de libertad; considerando que de las conclusiones a las que se llegó en el presente fallo constitucional, solamente se acreditó que existió una falta de respuesta a lo solicitado en el decreto de 14 de agosto de 2023 en respuesta al memorial de la misma fecha al Juez de control jurisdiccional del proceso respecto a la solicitud de valoración médica por el IDIF; concluyendo que la alegación de los referidos derechos hubiesen sido vulnerados, para que dichas prerrogativas sean protegidas y restauradas por la jurisdicción constitucional, debe demostrarse la existencia de un peligro real y latente, extremo que de la lectura del memorial de esta acción de libertad y de las piezas procesales que constan en obrados, no se acreditó con prueba alguna que evidencie su trasgresión, a fin de provocar certeza e identificando con precisión los actos concretos y los momentos precisos en los que se puso en un riesgo real y objetivo los mismos, limitándose a mencionar una simple enunciación, aseveración que no resulta suficiente para crear convicción debida a objeto de la protección requerida; por lo que, no se evidencia prueba alguna que acredite la vulneración de los derechos a la salud vinculada a la vida del accionante, deviniendo en la denegatoria de la tutela, con la aclaración que sobre el punto referido, no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/23 de 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 vta. a 64 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de la Guardia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la “...seguridad DEBE PRIMAR LA ACCESIBILIDAD…” (sic), el principio de celeridad y transparencia, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional plurinacional. 2° Exhortar a María del Carmen Sagardia Monje, Fiscal de Materia a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes. 3° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la salud vinculada a la vida, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1615_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 763ee86fb59b2910a1ef31f5d2113ddc57b1be4da20d4dee081cc2fcd967cbd0
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