B.IA.LEGAL

SCP 1613/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57434-2023-115-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación y personal; y, a la dignidad; por cuanto, en la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, los Jueces demandados, emitieron la Sentencia 14/2021, absolviéndolo de pena y culpa por el delito de violación; empero, determinaron su responsabilidad por el delito de abuso sexual, condenándolo a una pena de quince años de reclusión, sin considerar que el mencionado ilícito no fue atribuido en la acusación; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por no haber remitido ante este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa dentro del plazo previsto por la Constitución Política del Estado y la ley, debiendo en casos ulteriores dar fiel observancia a la normativa en vigencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa
  2. III.2. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes
  3. III.3. La garantía jurisdiccional del principio de verdad material, con relación al deber de la debida diligencia
  4. III.4. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso y el principio de congruencia
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1613/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57434-2023-115-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 12/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Carlos Urieta Guerrero contra María Janeth Aguilar Flores, Ronald Fernando Montoya Gonzales y Fabiola Tito Paniagua, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 19 a 22 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá del departamento de Chuquisaca, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo del departamento del citado departamento, emitió la Sentencia 14/2021 de 18 de octubre, en la que se dispuso su absolución de pena y culpa respecto al delito de violación, con agravante, de la niña AA, debido a que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el mencionado Tribunal la suficiente convicción sobre su responsabilidad en el ilícito penal atribuido; sin embargo, lo declaró culpable por la comisión del delito de abuso sexual, condenándolo a una pena privativa de libertad de quince años, a ser cumplida en la Carceleta de Padilla del citado departamento. En dicha Sentencia, no se consideró que, la acusación realizada por el Ministerio Público fue por el tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente; empero, lo sentenciaron por abuso sexual; ilícito por el cual no fue acusado. Como se expresó en la SCP 0460/2011-R de 14 de abril, el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación, en aplicación del principio de congruencia como se establece en el art. 362 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación; y, a la dignidad, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: a) Se emitió sentencia absolutoria a su favor por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), indicándose que la prueba presentada no era suficiente para generar convicción de su responsabilidad penal; b) Lo declararon culpable por el delito de abuso sexual tipificado en el art. 312 del citado Código, señalando que los hechos acusados y la prueba aportada en juicio era suficiente para condenarlo por dicho ilícito; c) Conforme al art. 362 del CPP, relativo al principio de congruencia -referido por el Tribunal de Sentencia demandado-, se transgredieron sus derechos fundamentales; pues en el presente caso, fue sentenciado por un tipo penal ajeno a la acusación, no se amplió la misma por otro ilícito para que fuese juzgado y sentenciado; d) Le extraña que se haya emitido sentencia por el ilícito penal de abuso sexual, cuando el Ministerio Público presentó acusación formal por el de “violación”; e) En la Sentencia 14/2021, se indicó que el Ministerio Público, solicitó someterlo a procedimiento abreviado recalificando el tipo penal por abuso sexual, petición que fue rechazada; no obstante, en una segunda instancia, emitieron sentencia condenatoria por el referido delito, lo que parece contradictorio; f) La técnica procesal indica que entre la acusación y la sentencia debe existir una correspondencia esencial sobre el hecho y la calificación, impidiendo condenarse sobre un diferente hecho o motivo del que no fue acusado, debiendo haber congruencia entre la acusación y la sentencia; g) En el numeral tres de la fundamentación fáctica de la citada Sentencia, se hizo mención a tres hechos que habrían sucedido el 3, 4 y 5 de abril de 2019, cuando su persona: g.1) Bajó el buzo de la víctima de doce años de edad para tener acceso carnal, pero en la misma Resolución se estableció que no existió violación; g.2) Mandó a los alumnos a la cancha, ordenando a la víctima que se quedara, para posteriormente levantarle la polera y tocarle los senos; g.3) Envió a la víctima a ir por la leche y aprovechó para estirarla de la mano y pierna, hasta hacerla caer; h) De dicha relación fáctica se podría pensar que se configuró el tipo penal de abuso sexual; pese a ello, los hechos descritos no tuvieron lugar; debido a que, en las fechas señaladas, no estuvo presente en la localidad, como así acreditó; y, i) Fue sentenciado por un delito del cual no pudo defenderse y del que no fue acusado, denunciado ni querellado.

I.2.2. Informe de los demandados

Por Secretaría se informó que en el cuaderno procesal no cursaba informe alguno presentado por las autoridades demandadas.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público, como tercero interesado, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, debido a que: 1) En la presente acción de defensa, no se denunció que se hubiera vulnerado el derecho a la libertad de locomoción del accionante; 2) Si el nombrado fue sentenciado por el delito de abuso sexual, cuando fue acusado por el ilícito de violación de infante, niña, niño o adolescente, era motivo de recurso de apelación; por lo cual, no ingresaría en el abanico de posibilidades que brinda la acción de libertad; 3) No se señaló que la vida del peticionante de tutela estuviese en peligro, ni que se encuentre indebidamente perseguido ni procesado; y, 4) El accionante se encuentra cumpliendo medidas cautelares.

I.2.4. Resolución

El Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 34 a 36 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los errores injudicando o improcedendo se cuestionan a través del recurso de apelación restringida o incidental, no pudiendo acudirse a la vía constitucional si previamente no se agotó la instancia ordinaria; ii) No todas las violaciones al derecho a la libertad y a la vida, entre otros, pueden restablecerse a través de este mecanismo constitucional, siendo la vía ordinaria la que tiene la posibilidad de reparar los errores que se hubiesen cometido en la tramitación del proceso; iii) La parte accionante no fundamentó sobre los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE y art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, iv) No se enviaron los elementos probatorios de los hechos que se acusa; por lo que, no pudo establecer lo que realmente ocurrió sin el cuaderno procesal ni el informe de las autoridades demandadas, quienes pese a estar legalmente notificadas, no remitieron el mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá del departamento de Chuquisaca contra Roberto Carlos Urieta Guerrero -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con agravante, previsto y sancionado en el art. 308 Bis con relación al art. 310 inc. g) del CP, mediante Sentencia 14/2021 de 18 de octubre, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo del citado departamento -hoy demandados-, dispusieron la absolución del impetrante de tutela respecto al delito de violación, con agravante de AA -por insuficiencia probatoria-; sin embargo, por los hechos acusados, determinaron la existencia de abuso sexual, por actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, con agravante, debido a que la víctima era una niña de doce años, imponiéndole una pena de privación de libertad de quince años, a ser cumplida en la Carceleta de Padilla del citado departamento (fs. 2 a 18). II.2. Cursa memorial de acción de libertad presentado el 26 de junio de 2023 por el peticionante de tutela contra los Jueces demandados (fs. 19 a 22 vta.). II.3. El 27 de junio de 2023, se llevó adelante la audiencia tutelar, emitiéndose en la misma fecha la correspondiente Resolución 12/2023, en cuya parte in fine se dispuso su remisión ante el Tribunal Constitucional; envío que se efectuó el 28 de agosto de 2023, conforme consta en oficio de la fecha y sello de recepción (fs. 32 a 36 vta.; y, 54 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación y personal; y, a la dignidad; por cuanto, en la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, los Jueces demandados, emitieron la Sentencia 14/2021, absolviéndolo de pena y culpa por el delito de violación; empero, determinaron su responsabilidad por el delito de abuso sexual, condenándolo a una pena de quince años de reclusión, sin considerar que el mencionado ilícito no fue atribuido en la acusación; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en el marco de la debida diligencia reforzada, estableció que cuando se trata de casos de violencia en razón de género en los que se encuentren víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes, se debe de analizar las causas de violencia bajo un enfoque integral del problema jurídico; de esa forma, la citada Sentencia en su Fundamento Jurídico III.1.4, estableció el siguiente precedente constitucional:

[E]s obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. […] En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

III.2. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes

Teniendo en consideración, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.3, se estableció la necesidad de abordar el tema, desde una perspectiva de género, más aún cuando se trata de casos en los que se juzga delitos de violencia sexual, siendo la obligación del Estado boliviano, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así se manifestó: «El art. 60 de la CPE, sostiene que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Así, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, en centros judiciales, entre otros. […]

Ahora bien, en base a las vulneraciones específicas de los derechos de mujeres adolescentes, como aquellos casos de violencia sexual, y a fin de lograr una protección más efectiva de los mismos, creemos importante abordar el tema desde una perspectiva de género, y para ello, además de una mirada a las disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en particular, se hace necesario referirnos a lo dispuesto en la parte dogmática del texto constitucional, cuyo art. 15, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado.

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. […] En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son parte, con las obligaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dotando de contenido al deber estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de toda violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. […] Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:

(…) Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.

En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros actores sociales como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.

Por su parte, en relación a este segmento poblacional, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, que con el objeto de garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementa un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para garantizar la vigencia plena de los mismos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. A su vez dimensionando el derecho a la vida, desarrolla que éste implica además, el derecho a vivir en condiciones que garanticen al niño, niña y adolescente una vida digna. Asimismo en su art. 157.IV, establece que: “La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual”» (el resaltado y el subrayado fueron añadidos).

III.3. La garantía jurisdiccional del principio de verdad material, con relación al deber de la debida diligencia

Dentro de las normas que integran la parte dogmática-garantista de la Constitución, se tiene a los principios constitucionales, que fundamentan el orden constitucional, entre éstos está el artículo 180 de la CPE, que regula el principio de verdad material, disposición que de manera textual, en su primer parágrafo, señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de (…) verdad material …”; principio que sienta las bases generales del derecho procesal y como tal, forma parte de las garantías jurisdiccionales, que también son garantías constitucionales del proceso, porque establecen la base, sobre la que el administrador de justicia hará justicia en el caso concreto. En el Estado Constitucional de Derecho, el debido proceso constitucional, sufre una transformación, porque ahora se proyecta a la protección de derechos, pero más allá de las normas legales, en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, sostuvo que: [E]l debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso (las negrillas fueron añadidas). Sobre el contenido y alcance del principio de verdad material, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en Fundamento Jurídico III.3, se manifestó lo siguiente:

(…) implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. En consecuencia, el principio de la verdad material, se caracteriza por la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, en la SPC 1783/2014 de 15 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.2. se concluyó que: Consiguientemente, el principio de verdad material consagrado por nuestra Norma Suprema, encuentra su materialización en la función de administrar justicia, en cuyo mérito no es admisible la presencia de extremadas formalidades en dicha función, siendo deber y obligación de las autoridades jurisdiccionales procurar que las decisiones sometidas a su consideración sean emitidas procurando la solución de los conflictos y, si bien conforme al derecho adjetivo existen formas que se deben cumplir, éstas no pueden ser aplicadas por encima del derecho sustancial o de la justicia material (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En consecuencia, conforme lo señalado por la SCP 0058/2025-S3 de 10 de marzo, se tiene que:

De ahí que la autoridad jurisdiccional debe comprender que su principal rol es la protección de los derechos humanos, que se logra a través de la tramitación de un debido proceso, en el que más allá del contenido -normativo- de una norma legal aplicable en el caso concreto, sus actuaciones deben asegurar la materialización de un orden objetivo más amplio y justo, sea del contexto internacional o nacional, que le permita desentrañar la verdad material de lo sucedido, obteniendo un fallo que se acomode a la verdad y al derecho que corresponda a la cuestión que se constituye como objeto del proceso, dando prevalencia a la realidad de los hechos, dejando las formas y ritualismos propios del derecho adjetivo o procedimental, dando paso al derecho sustancial que es una expresión de la justicia material. En la tramitación de los procesos donde se encuentra en debate el derecho sustancial de una niña, niño y adolescente, de una mujer, de un adulto mayor o de otros miembros integrantes de grupos vulnerables, cuando los mismos se encuentran en situación de violencia, porque se considera que se les lesionaron sus derechos a la vida, salud, integridad física/psicológica y otros, corresponde al juzgador aplicar el principio de verdad material, ejerciendo un control de constitucionalidad y de convencionalidad -difuso-, adoptando decisiones en las que considere la verdad de los hechos comprobados, más allá de las simples formalidades que devengan de normas legales procesales o de la aplicación de procedimientos puros, con extremas formas propias del principio de verdad procesal.

En ese sentido, en la tramitación de un debido proceso constitucional, la autoridad jurisdiccional, a través de una adecuada interpretación normativa -tanto interna como internacional- con una debida argumentación jurídica, deberá asegurar la emisión de un fallo judicial, donde prime la verdad real o material sobre la verdad procesal, a fin que en el caso concreto se ejerza justicia, acorde a la realidad de los hechos y del derecho sustancial de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y otros, víctimas de violencia, que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y que precisan especial protección y tutela cuando se lesionan sus derechos sustanciales y sus garantías normativas o jurisdiccionales. En consecuencia y por todo lo manifestado, se tiene que todas las autoridades del poder público, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, al aplicar la garantía del principio de verdad material, asegurarán que sus decisiones judiciales o administrativas, se adopten ejerciendo el deber de la debida diligencia en la forma más amplia posible, sea en la prevención, durante el proceso de investigación, o en el proceso de juzgamiento donde se emite una sanción, así como en forma posterior en aquellos casos cuando ya corresponda una reparación; en todas y cada una de las fases deberá estar como un norte, la obtención de la verdad material, de los hechos sucedidos, por encima de la formalidad, más aún en aquellos casos de violencia contra las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

III.4. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso y el principio de congruencia

A su vez, en los precedentes constitucionales que fueron establecidos en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, Fundamento Jurídico III.1, se hizo mención al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, refiriéndose al alcance de una resolución arbitraria, cuando la misma carezca de motivación o no tenga coherencia o congruencia interna o externa, de esa manera se manifestó que:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. […] […] es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: … los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia […] tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: … d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión-por tanto o parte resolutiva … estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, condenado a quince años de prisión privativa de libertad, por la comisión del delito de abuso sexual de una niña de doce años, que fue su alumna, denuncia la vulneración su derecho a la libertad; puesto que, el ilícito por el que fue sancionado, no fue atribuido en la acusación del Ministerio Público. Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo del caso planteado, corresponde señalar, que en el marco de lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos de violencia en razón de género; entre ellos, los relacionados a violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, se debe tener una visión integral del problema jurídico planteado, asegurando el equilibrio que debe existir entre los derechos del imputado y la víctima, teniendo especial cuidado en aquellas circunstancias en las que esta última sufrió una situación de violencia sexual.

El señalado análisis integral del problema jurídico planteado, obliga a las autoridades del poder público en general; pero, de manera especial, a las autoridades judiciales -inclusive a la justicia constitucional- a asumir sus determinaciones considerando el problema jurídico planteado a partir de un análisis integral que considere no sólo lo alegado por el impetrante de tutela, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso. En la presente causa, no existe evidencia que el accionante hubiera planteado recurso de apelación contra la Sentencia condenatoria que ahora impugna; razón por la cual, correspondería aplicar el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme se estableció en la uniforme jurisprudencia constitucional; entre ellas, la SCP 0160/2005-R de 23 de febrero; no obstante, al tratarse de un caso sensible, pues el proceso penal iniciado contra el accionante emerge de una acusación penal donde se tiene una niña víctima de violencia sexual, corresponde ingresar al análisis de fondo, a fin de resguardar no solo los derechos del imputado, sino también de la víctima de violencia sexual involucrada, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Boliviano, con relación a los estándares de protección en situaciones de víctimas de violencia en razón de género, conforme las razones que se pasan a exponer: El deber de la debida diligencia, la garantía al debido proceso y el principio de la verdad material, en casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes

El impetrante de tutela, entiende que se habría lesionado su derecho a la libertad -de circulación y personal-, así como su dignidad, porque fue sentenciado por un delito que no fue acusado, adjuntando a su memorial de acción tutelar una copia de la Sentencia que habrían emitido en su contra las autoridades demandadas, como integrantes del Tribunal de Sentencia demandado. De los antecedentes que cursan en obrados y que habrían dado lugar a la presente acción tutelar, está la Sentencia 14/2021 de 18 de octubre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, que fue dictada en la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, en la que se dispuso su absolución respecto al ilícito penal de violación; no obstante, fue sentenciado a quince años de reclusión por la comisión del delito de abuso sexual (Conclusión II.1); la relación entre el acusado y la víctima consistía en que el primero desempeñaba funciones como profesor en la unidad educativa donde presuntamente se cometieron los ilícitos en contra de la víctima, quien era su alumna.

Conforme la relación anterior, el hecho denunciado, investigado y posteriormente sancionado, deviene de un caso extremadamente sensible; debido a que, los vejámenes sexuales -al margen del tipo penal, sea por violación, abuso sexual o ambos-, se habrían producido en contra de una niña, quien encontrándose en su establecimiento educativo, sufrió agresiones y actos de violencia sexual, por su propio maestro, circunstancia que por sí sola deja en evidencia la total situación de vulnerabilidad en la que se encontraba en su calidad de niña, sufriendo un hecho de violencia por parte de quien ejercía total poder sobre ella. En todos aquellos casos en los que una autoridad del poder público, sea judicial -como los jueces y tribunales- o no -como el Ministerio Público, Policía u otros-, llega a tener conocimiento de la tramitación de un proceso penal, en el que exista una víctima de agresión o de violencia, sea sexual, psicológica, física u otra, tiene el deber de actuar con la máxima diligencia que le sea posible, a fin de proteger y asegurar el ejercicio sus derechos, en mérito no sólo a su interés superior, sino también ante la inminencia de una eventual revictimización, con el fin de erradicar los actos de violencia ya producidos y prevenir que se originen nuevos, conforme se desarrolló en Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Además, en aquellos casos en los que se denuncian actos de violencia contra una niña y se abre una investigación como un proceso penal, corresponde a la autoridad judicial, asumir su principal deber, que es asegurar el rol de protección de sus derechos, a través de la tramitación de un debido proceso, que inclusive va más allá del contenido normativo de un precepto legal; máxime si se trata de aquellos casos en los que se debate el derecho sustancial de una niña, a tener una vida libre de violencia de cualquier naturaleza, en cuya circunstancia, deberá tener presente las bases del derecho procesal, como son las garantías constitucionales del proceso y que se plasman a través de la aplicación del principio de verdad material, que implica que en la tramitación de un proceso, corresponde superarse la verdad formal sobre aquélla que responda a la realidad de los hechos sucedidos y de ese derecho sustancial que tienen los miembros integrantes de grupos vulnerables, siendo ésa la única manera de lograr una decisión justa que responda a los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad, ejerciéndose un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad, que conforme lo manifestado, sólo se da si se logra que las autoridades judiciales, cumplan con su deber de ejercer una debida diligencia, de manera especial, durante el proceso de juzgamiento, para emitir una sanción después de haber obtenido la verdad material de lo sucedido; todo esto en el marco de lo razonado en Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Conforme lo manifestado, corresponde abordar la problemática denunciada, desde una perspectiva de género y de infancia, considerando que el presente caso dio lugar a la acción tutelar, involucra un delito de violencia sexual contra una niña -alumna- ejercida por un profesor de su unidad educativa -accionante-. Según los hechos denunciados, investigados y sancionados, que también en audiencia tutelar fueron referidos por el abogado de la parte accionante, se tiene que en el mes de abril de 2019 -al margen de la exactitud de los días que podrían haber sucedido-, por la prueba valorada por las autoridades demandadas, se tiene que se habrían producido ciertos hechos, como: a) El impetrante de tutela bajó el buzo de la niña, intentando hacer que ésta se echara -al margen de que se hubiera producido o no un acceso carnal-, hecho irrelevante según la apreciación del accionante, debido a que en la citada Sentencia se concluyó que no hubo violación; b) Mandó al resto de alumnos a otro lugar, le levantó la polera a la víctima y le tocó los senos; y, c) Ordenó a la víctima que fuera por leche y le tocó la mano y pierna. Ante esto, según expresó el accionante en audiencia tutelar, él entiende que esos hechos podrían llevar a pensar que existió un delito de abuso sexual; empero, los mismos quedarían desvirtuados, porque los días en los que se dice que habrían sucedido, se encontraba de viaje. Como bien reconoce el accionante en la audiencia tutelar, esos hechos per se, son expresión de un abuso sexual; más aún, si son realizados por quien se encuentra en una situación de poder como es un profesor, que tiene autoridad sobre sus alumnos, quienes se encuentran sujetos a su disposición; pero obviamente, para fines de tipo académico y no para otro tipo de situaciones, vinculadas a vejámenes sexuales contra alguien que, por razones de edad, no cuenta con el nivel de desarrollo y se encuentra en total vulnerabilidad; razón por la cual, correspondió al Tribunal de Sentencia demandado, que conoció el proceso, otorgar la protección con una debida diligencia, aplicando el principio de la verdad material, acorde a la realidad de los hechos sucedidos y al derecho sustancial de la niña víctima; más allá inclusive, del contenido normativo de alguna disposición legal, dentro del proceso de juzgamiento, al reconocer su intervención y la comisión del delito de abuso sexual en su contra, asumió la decisión de hacerlo responsable cuando emitió en su contra una sentencia condenatoria, a partir de la verdad material de los hechos sucedidos, sin cometer ilegalidad alguna. Dentro de la tramitación de un proceso penal, conforme al deber de la debida diligencia que tienen las autoridades demandadas, de llevar adelante un juicio, hasta lograr la sanción y reparación de un responsable agresor de una niña, incumbe la aplicación de la garantía al debido proceso, que en un modelo de Estado Constitucional de Derecho, más allá de meramente la aplicación de normas procedimentales en forma pura, conforme a la transformación que fue dando de esta garantía, supera inclusive a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso, conforme se expresó en Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En el caso presente, se tiene que el peticionante de tutela, denunció que con la Sentencia cuestionada se habría lesionado sus derechos a la libertad y dignidad, al haber sido sentenciado por un delito por el que no fue acusado; sin embargo, no tuvo en consideración que, ante la inexistencia de correlación fáctica entre la acusación y la Sentencia, se estaría lesionando el derecho a la defensa, según el marco de lo razonado en la SCP 1382/2015-S2, en la que se expresó: “…derecho a la defensa es que (…) debe tener la posibilidad de conocer cuáles son los hechos que se imputan…´; y también el llamado principio de congruencia entre la acusación y la sentencia constituye una manifestación del derecho a la defensa”. Pese a esa incoherencia en la acción tutelar, cuando se denunció lesión a los derechos a la libertad y dignidad, cuando correspondía en su lugar, denunciar la lesión del derecho a la defensa, que se constituye en uno de los elementos que integra la garantía al debido proceso; debe tenerse presente que, como se manifestó, el debido proceso sufrió una transformación del concepto abstracto; por cuanto, el derecho a la defensa en un proceso ya no puede limitarse al contenido normativo adjetivo o procedimental. La parte accionante, fundamenta su posición, en el contenido normativo adjetivo regulado en el art. 362 del CPP, que se refiere al principio de congruencia; según el cual, el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación; dicha norma legal, en el caso concreto, se aplica a cabalidad, conforme se razonará en el fundamento que se expresará en el punto siguiente, pero al margen de aquello, se tiene que la garantía al debido proceso debe ser considerada en su entendimiento e interpretación actual, sin límites normativos, cuando en casos como el presente, la autoridad jurisdiccional tiene la convicción de que los hechos sucedidos, se produjeron en su realidad material. En ese mérito, más allá de las normas legales, corresponde reconocer la verdad material de las agresiones y vejámenes sexuales que sufrió la víctima, de quién resulta ser su profesor y agresor sexual, hecho que no puede desconocerse; ante lo cual, corresponde otorgarle la plena protección, reconociendo y sancionando el delito de abuso sexual; como así lo hicieron las autoridades demandadas, sin que por ello se considere que lesionaron los derechos a la libertad y dignidad denunciados por el impetrante de tutela, o el derecho a la defensa, que omitió denunciar. En cuanto al deber que tienen las autoridades jurisdiccionales, de emitir un fallo congruente, que se encuentre debidamente fundamentado y motivado.

El abogado de la parte accionante, planteó la presente acción tutelar, adjuntando y acompañando como única prueba, la Sentencia 14/2021 de 18 de octubre, que está siendo cuestionada en el presente mecanismo de defensa, expresando que en su contenido quedaría en evidencia la vulneración al principio de congruencia, conforme el art. 362 del CPP; en ese mismo sentido, en la audiencia tutelar desarrollada el 27 de junio de 2023 (Conclusión II.4), manifestó que: “…por la misma sentencia en su parte del considerando primero de pág. 1 (…) si leemos los antecedentes de esta Sentencia N° 14/2021, y podremos advertir que en el numeral 2) de esa primera hoja, nos indica que ha existido un intento del MP., de Padilla de someterlo a un procedimiento abreviado por el delito de abuso sexual, en ese momento procesal los jueces del tribunal han rechazado la modificación y en una segunda instancia, emiten la sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual y que nos parece contradictorio” (sic). La acción de libertad, se caracteriza porque se encuentra regida conforme al principio de informalismo, con una tramitación sumarísima, que no se sujeta a mayores formalidades legales; en esa lógica, la exigencia de requisitos de admisión de demanda se flexibiliza por la propia naturaleza de la misma. En el presente caso, de la revisión de antecedentes de la acción tutelar, se evidencia que las autoridades demandadas no presentaron informe escrito ni oral, como se expresó en el punto I.2.2 del presente fallo constitucional, ante esta omisión, se está al razonamiento que expresaron las mismas en la Sentencia 14/2021 impugnada, que resulta ser la única prueba que fue presentada por el peticionante de tutela. En consecuencia, analizando el razonamiento expresado en dicha Resolución, se pasará a determinar si es o no evidente que en el presente caso se habría producido la lesión al derecho a la libertad como se expresó en el memorial tutelar, determinándose si esa restricción de su libertad, se debe o no, a la tramitación de un proceso en el que se respetó o no la garantía al debido proceso, en su elemento congruencia, vinculado a una decisión fundamentada y motivada. Uno de los principios en los que se sustenta nuestro modelo de Estado Constitucional y Plurinacional, es el principio de pluralismo jurídico, conforme se consagró en el art. 1 in fine de la Norma Suprema, que concuerda con la disposición contenida en el art. 178.I de la misma, que reconoce que el Órgano Judicial, del que forman parte las autoridades ordinarias, tiene la potestad de impartir justicia, sustentando sus actividades en el referido principio del pluralismo a partir del sistema plural de fuentes jurídicas, donde la ley ya no es la única fuente del derecho, sino que esa pluralidad normativa se expresa en la Constitución Política del Estado, las normas del bloque de constitucionalidad -tratados y convenios en materia de Derechos Humanos-, normas de derecho comunitario, en cuyo marco las autoridades del poder público, deben ejercer un adecuado control de constitucionalidad y de convencionalidad.

El impetrante de tutela denunció la vulneración del principio de congruencia, consagrado en el art. 362 del CPP, que establece que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación y que en su caso se habría acusado por violación, pero se lo condenó por abuso sexual, irregularidad que ameritaría se disponga su libertad. En el razonamiento precedentemente señalado, no se tuvo presente que el ordenamiento adjetivo penal expresa un conjunto normativo, donde unas normas deben ser aplicadas e interpretadas unas en relación a otras normas jurídicas; en ese mérito la previsión del art. 362 del Código Adjetivo Penal, debe ser considerada en relación a la previsión del art. 342 del citado Código, que al referirse a la acusación señala que, es la base del juicio, pero que será el tribunal quien precisará los hechos sobre los que se abre el juicio; previsión normativa última, cuyo alcance fue interpretado en la SCP 1180/2006-R de 24 de noviembre, que en su Fundamento Jurídico III.5.1, señaló en sentido que, es el hecho señalado en la acusación (sobre el que se abre el juicio) y no la calificación del tipo, el objeto del proceso:

[E]l hecho descrito en la acusación y no la calificación del tipo es el objeto del juicio oral, extremo que tiene asidero, teniendo en cuenta que de acuerdo al art. 342 del CPP son el hecho o los hechos atribuidos al imputado, el objeto del proceso penal, que deben ser considerados bajo un doble aspecto: por un lado del hecho en sí mismo, para determinar si es real y si configura delito; y, por otro, de la persona a la que se le imputa el hecho, a efecto de establecer si es responsable o no y merecedora de la sanción. Conforme al señalado precedente constitucional, en el que se interpretó el alcance del art. 342 del CPP, se tiene que la acusación es la que abre el juicio, siendo el objeto del proceso el hecho -señalado en la acusación-, no así el tipo penal; razonamiento que evidencia la importancia del hecho sucedido, conforme al principio de verdad material desarrollado en Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, empero también tiene una estrecha vinculación con el principio iura novit curia, que se encuentra implícito en las principales características de los derechos, consagrados en el art. 13.I de la CPE, derechos de naturaleza sustantiva y material que en su tutela y protección no pueden ceder a normas formales, adjetivas o de procedimiento, de ahí que en la tramitación de un proceso judicial, más aún cuando el mismo tiene una naturaleza penal, la autoridad judicial se rige con el señalado principio de: “dame los hechos y te tutelo el derecho”, única manera para que el juzgador cumpla con su principal y verdadero rol, cual es el proteger los derechos humanos, más aún cuando se trata de los derechos de quienes integran grupos en especial situación de vulnerabilidad como son las niñas, mujeres, adultos mayores entre otras, que están en desprotección y peligro. Por lo expresado en el precedente constitucional señalado, conforme al principio iura novit curia, en torno a los hechos manifestados en la acusación se abre el juicio, se valora la prueba y se dicta sentencia, que de ser condenatoria determina las responsabilidades que sean pertinentes al caso concreto; lo que es lo mismo, el objeto del juicio no es el tipo penal, sino los hechos que se habrían acusado, cuya existencia permite determinar responsabilidades penales, o dicho en otros términos, el objeto del proceso penal es determinar si el hecho que sucedió se constituye delito y si la persona a quién se le imputa el mismo es responsable o no, no es objeto del proceso penal la calificación del tipo; en consecuencia y por lo manifestado, un acusado, para ser merecedor de una sanción penal, no podrá ser condenado, por un hecho -no por un tipo penal- distinto al atribuido en la acusación. Del contenido del único elemento probatorio material que se tiene en el expediente de la presente acción tutelar, es la Sentencia 14/2021 (Conclusión II.1), en la que se estableció que la apertura del juicio se dio a partir de los tres hechos que ocurrieron, donde el profesor le bajó el buzo a la víctima, en otra oportunidad le tocó los senos, en otra ocasión le tocó la pierna y demás detalles que se dieron de lo señalado en hechos referidos en la relación fáctica de la acusación presentada por el Ministerio Público, todos esos hechos -como señala el propio abogado de la parte accionante en la audiencia- de alguna manera llevan a pensar que existió el delito de abuso sexual. Quedando claro que los hechos que dieron base y mérito a la acusación, son los mismos hechos investigados, llegando el Tribunal de Sentencia demandado, a la convicción que éstos sí se cometieron y que ameritaban la sanción del responsable, por ser expresión de la comisión del delito de abuso sexual previsto en el art. 312 del CP, conducta en la que incurrió Roberto Carlos Urieta Guerrero -accionante-, contra la víctima de doce años de edad; razón por la cual, como consecuencia, se dispuso la sanción de quince años de reclusión.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, al haber sancionado, los hechos que fueron base de la acusación, como principal objeto del proceso penal -no así el tipo penal-, no cometieron ninguna irregularidad que implique la lesión del principio de congruencia, tampoco se desconoció el alcance normativo del art. 362 del CPP; al contrario, se dio cabal y correcta aplicación e interpretación de dicha previsión normativa con relación a la interpretación que el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló con referencia al art. 342 del señalado procedimiento. En consecuencia, no se produjo la lesión al principio de congruencia regulado en el art. 362 del CPP, ni tampoco al principio de congruencia desde el punto de vista interno de la determinación, teniendo presente que, toda resolución judicial, debe exponer los hechos y el derecho en el que se funda, a fin que los justiciables tengan el convencimiento que el fallo emitido no es arbitrario y que en el mismo existe una adecuada congruencia y coherencia interna cuando existe una relación entre las premisas normativa y fáctica con la conclusión o parte resolutiva, como se desarrolló en Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. El conflicto jurídico que dio lugar al proceso penal, deviene de la denuncia de supuestos actos sexuales no consentidos que habría cometido el impetrante de tutela, aprovechando su condición de profesor, contra una niña de doce años, que era su alumna, habiéndose presentado acusación formal en su contra, con expresa relación de tres hechos que habrían sucedido y que finalmente, luego de la investigación, tramitación del proceso, valoración de la prueba, se llegó a la conclusión que el acusado sí cometió el delito de abuso sexual. Siendo los hechos que se encuentran expresamente señalados en la acusación el objeto del proceso, cuando se llevó adelante el juicio oral y público, se valoró la prueba aportada sobre los mismos, hasta llegar al convencimiento que de tres hechos acusados: “…dos sucesos se refieren al delito penal de ABUSO SEXUAL, que constituyen actos de Violencia Sexual en virtud a que se ha demostrado plenamente que la menor víctima de iniciales l.C.CH. Identifica claramente a su agresor, sosteniendo que el acusado Roberto Carlos Urieta Guerrero aprovechando su condición de profesor de la víctima, procedió …” (detalle de hechos); luego de asumir el razonamiento del precedente jurisprudencial señalado y que se encuentra contenido en la SCP 1180/2006-R (los hechos son el objeto del proceso); en la parte resolutiva declaró a: “ROBERTO CARLOS URIETA GUERRERO (…) se ha determinado la responsabilidad penal del procesado en la comisión del ilícito penal de ABUSO SEXUAL, incurso en la sanción del Art. 312 del Código Penal así como en la agravante (…) se le CONDENA a sufrir la pena de privación de libertad de 15 años”

(sic). De esa relación se evidencia que en la decisión cuestionada en esta acción constitucional, se expusieron en forma clara, tanto los hechos, como el fundamento legal de la decisión; o lo que es lo mismo, se emitió un fallo judicial que en su dimensión interna, goza de suficiente coherencia; por cuanto, existe una adecuada relación entre la premisa fáctica -hechos-, con la premisa normativa, que se refleja en la decisión asumida en la parte resolutiva del fallo cuestionado. Por todo lo que, al no haberse lesionado el principio de congruencia, corresponde denegar la tutela también por este extremo.

III.6. Otras consideraciones

Finamente este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede dejar de referirse a la conducta asumida por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Segundo en lo Penal de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías constitucionales, quién llevó adelante la audiencia tutelar el 27 de junio de 2023, en la misma fecha emitió la Resolución 12/2023, que en su parte in fine dispuso la remisión de la misma al Tribunal Constitucional Plurinacional dentro del plazo legal de veinticuatro horas; sin embargo de ello, conforme se evidencia por el oficio de remisión, se elevó el expediente a este Tribunal, el 28 de agosto del citado año (Conclusión II.3). Dicha remisión de dos meses después, no solo implica un desconocimiento directo a la obligación constitucional que tenía, conforme exige el art. 126.IV de la CPE, sino que también conlleva un desconocimiento a la naturaleza sumarísima de las acciones tutelares y lo que es peor aún involucra una lesión al derecho que tienen los justiciables a que sus casos sean conocidos y resueltos con celeridad y oportunidad legal. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por no haber remitido ante este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa dentro del plazo previsto por la Constitución Política del Estado y la ley, debiendo en casos ulteriores dar fiel observancia a la normativa en vigencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”. 2Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf

3 Código Niño, Niña y Adolescente, art. 16.I: “La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna”.

4 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1613_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9cd1c074fa20829ee67e5b9e32cc183b1cc1d4e64797fefbadc7a1bade5fc33d

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