Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, en su elemento de principio de celeridad y a la protección reforzada de los adultos mayores, puesto que: i) El Juez demandado, a pesar de ser el encargado del control jurisdiccional, asumió una actitud dilatoria al no dar respuesta efectiva ni oportuna a los memoriales presentados el 25 de mayo del 2023; 6 y 27 de junio, y 10 de julio del mismo año; puesto que sus decretos se limitaron a remitir al accionante a los alcances de la resolución original sin viabilizar materialmente su cumplimiento, lo que provocó que no obstante de haber sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva en virtud de haberse dictado sobreseimiento a su favor; aún permanece recluido injustificadamente por más de dos meses adicionales, sin considerar además su condición de adulto mayor; y, ii) La Secretaria codemandada, impidió de forma arbitraria el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas -arraigo, fianza y verificación domiciliaria- al negarse a viabilizar los trámites bajo el argumento de que el plazo de cinco días otorgado en el Auto Interlocutorio que dispuso la cesación de la detención preventiva se había agotado; y asimismo, el informe el 19 de mayo de 2023 que elaboró sobre el vencimiento de dicho plazo, no lo puso en conocimiento del Juez de manera inmediata, generando una parálisis administrativa que detuvo el trámite dela obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-211/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 146 a 149 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez y Secretaria demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presenté Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DISPONER lo siguiente:
a) Que el Juez demandado o quien se halle a cargo de dicho despacho, se pronuncie en el día de la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional sobre el fondo del informe de la Secretaria de su despacho de 19 de mayo del 2023 y sobre el fondo de las solicitudes efectuadas por el accionante sobre la ampliación de plazo y cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas para hacer efectiva la cesación a la detención preventiva, siempre y cuando aún no se lo haya hecho o haya cambiado la situación jurídica del accionante.
b) La Secretaria demandada, cumpla con los actos inherentes a la ejecución del Auto Interlocutorio N° 440/2023 de 05 de mayo, entre tanto la autoridad judicial no disponga lo contrario. c) Llamar la atención a Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la dilación en la que ha incurrido con la advertencia que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. 3° DENEGAR la tutela con relación al pedido de libramiento de mandamiento de detención domiciliaria, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1612/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57397-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-211/23 de 19 de julio de 2023, cursante de fs. 146 a 149 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; y, Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria Abogada; del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz respectivamente.
Por memorial presentado el 18 de julio de 2023, cursante de fs. 46 a 53, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra bajo detención preventiva en el recinto penitenciario de Patacamaya; sin embargo, en audiencia de consideración jurídica celebrada el 5 de mayo de 2023, tras fundamentarse una resolución de sobreseimiento a su favor, el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de El Alto dictó la Resolución 440/2023, disponiendo la cesación de dicha medida extrema e imponiendo en su lugar medidas sustitutivas consistentes en detención domiciliaria, arraigo, fianza económica de Bs1 000 (mil bolivianos) y una fianza personal. Para el cumplimiento de dichas medidas, se otorgó un plazo de cinco días; no obstante, la Secretaria Abogada del juzgado codemandada obstaculizó el trámite de forma injustificada. En gestiones realizadas el 18 de mayo de 2023, la indicada funcionaria se negó a viabilizar la presentación del garante, el depósito de la fianza y la verificación domiciliaria, bajo el argumento erróneo que el término habría fenecido. Dicha postura fue plasmada en un informe de 19 de mayo de 2023, documento que no fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial demandada. Ante esta situación, presentó diversos memoriales el 25 de mayo del 2023, así como el 6 y 27 de junio del mismo año solicitando la ampliación del plazo y el señalamiento de audiencia de control jurisdiccional debido al excesivo tiempo de reclusión en la que encuentra. Sin embargo; el Juez accionado omitió dar una respuesta clara a la solicitud y tampoco conminó al personal subalterno para efectivizar la libertad, limitándose a emitir decretos que disponían simplemente que se esté "a los alcances de la Resolución de 05 de mayo de 2023”. Finalmente; pese al nuevo memorial presentado el 10 de julio de 2023 y la queja formulada en el Libro de Litigantes el 14 de julio ese año, hasta la fecha de interposición de esta acción -18 de julio de 2023-, no existe respuesta alguna. Esta omisión prolonga de manera indebida, por más de dos meses, la privación de su libertad, quien además es una persona adulta mayor.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, en su elemento de principio de celeridad y a la protección reforzada de los adultos mayores; citando al efecto los arts. 23.I, 67, 115.II, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia; se disponga que la autoridad judicial y la Secretaria Abogada demandadas viabilicen de forma inmediata el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, debiendo librarse el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria a favor del accionante en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 142 a 145, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su demanda tutelar y, ampliándolos, manifestó que: a) El 5 de mayo de 2023, en audiencia de medidas cautelares, se fundamentó un sobreseimiento a su favor, razón por la cual el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de El Alto dispuso la cesación de su detención preventiva mediante la imposición de medidas sustitutivas; b) La Secretaria Abogada del juzgado obstaculizó el cumplimiento de dicho fallo -arraigo, fianza y verificación domiciliaria- bajo el argumento falso de que el plazo de cinco días habría fenecido, extremo plasmado en un informe que no fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional; c) Ante tal negativa, la defensa presentó diversos memoriales solicitando control jurisdiccional y ampliación de términos; sin embargo, el juzgador se limitó a dictar decretos con la fórmula «esté a los alcances de la resolución», omitiendo conminar a su personal subalterno para efectivizar la libertad; d) El beneficiario es una persona adulta mayor de 75 años que, pese a contar con una resolución que desvirtúa la probabilidad de autoría, permanece recluido en el penal de Patacamaya de forma injustificada por más de dos meses; y, e) Su último memorial de 10 de julio de 2023, así como la queja formulada en el Libro de Litigantes el 14 del mismo mes, no recibieron respuesta alguna hasta la fecha de interposición de esta acción.
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, mediante informe escrito de 19 de julio de 2023, solicitó se deniegue la tutela bajo los siguientes argumentos: 1) Su autoridad cumplió con su rol jurisdiccional al dictar la resolución de medidas sustitutivas, siendo la falta de ejecución de estas responsabilidad exclusiva de la defensa técnica por su impericia en el trámite; 2) En observancia de la Ley 348 y tratados internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, sus actuaciones se rigen por la perspectiva de género, debiendo precautelar con preferencia los derechos de la víctima vulnerable por encima de los del imputado, conforme a las SCP 0017/2019-S2 y 1023/2022-S3; y, 3) Carece de legitimación pasiva al no haber incurrido en vulneración de derechos fundamentales, toda vez que el Juez de garantías no constituye una tercera instancia para revisar actos derivados de la negligencia de las partes. Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2023, cursante a fs. 67 y vta., señaló que: i) Es falso que se hubiera obstaculizado el trámite, pues según los antecedentes del juzgado, ni los familiares ni la defensa técnica se apersonaron para efectivizar el cumplimiento de las medidas impuestas en la Resolución 440/2023 de 5 de mayo; ii) La falta de emisión del mandamiento de detención domiciliaria es producto de la exclusiva negligencia de los abogados del accionante, quienes además demostraron su conformidad con las condiciones de libertad al no haber apelado dicha resolución; y, iii) El proceso, cuenta con un requerimiento de sobreseimiento que aún se encuentra a la espera de una resolución jerárquica conforme a los informes fiscales cursantes en obrados.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-211/2023 de 19 de julio, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de El Alto, en el plazo de veinticuatro horas, se manifieste de manera fundamentada respecto al informe de 19 de mayo de 2023 y resuelva de forma expresa la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de medidas cautelares, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se advirtió que la autoridad jurisdiccional accionada incurrió en una omisión de pronunciamiento y dilación indebida, toda vez que el informe de secretaría de 19 de mayo de 2023 -que observaba el vencimiento del plazo para las medidas sustitutivas- recién habría ingresado a su despacho el día de la audiencia de esta acción, lo cual demuestra una falta de control efectivo sobre su personal subalterno y sobre los memoriales presentados por el accionante; 2) Resulta imperativo que el juzgador aplique un enfoque diferenciado e interseccional en el trato al impetrante, considerando su condición de persona adulta mayor y sujeto de protección especial reforzada, debiendo la autoridad accionada tramitar las solicitudes con la debida diligencia y celeridad procesal a efectos de no prolongar indebidamente la privación de libertad; y, 3) Respecto a la solicitud de emisión directa del mandamiento de detención domiciliaria, no corresponde que el Juez de garantías lo disponga, ya que la efectivizarían del cese a la detención preventiva debe ser cumplida por la autoridad accionada una vez verificado el cumplimiento de las medidas impuestas, razón por la cual la tutela se concede únicamente para que el Juez demandado resuelva de forma motivada la situación jurídica del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio N° 440/2023 de 5 de mayo, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca, hoy accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, que se encuentra bajo detención preventiva en el recinto penitenciario de Patacamaya, mediante la cual, en mérito a la Resolución de Sobreseimiento emitida por parte del Ministerio Público a favor del imputado, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de El Alto, dispuso la cesación a la detención preventiva, imponiendo en su lugar las medidas cautelares de detención domiciliaria, prohibición de concurrir al domicilio, lugar de trabajo, estudios u otros que tuviese la víctima y la parte denunciante, prohibición de comunicarse con la parte víctimas, arraigo, fianza económica de Bs1 000 y una fianza personal; y obedecer al llamado del Ministerio Público y del Juez. (fs.129 a 130 vta.). II.2. Se tiene Informe de 19 de mayo de 2023, realizado por la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la ciudad de El Alto, mediante el cual da cuenta que la parte imputada no se ha hecho presente a efectos de hacer seguimiento al trámite de la medida cautelar de carácter personal, mismo que mereció decreto de 19 de mayo del mismo año, el cual ordena poner el informe en conocimiento de las partes. (fs. 131 a 132). II.3. Consta memorial presentado por el imputado Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca, hoy accionante, de apersonamiento, nuevo copatrocinio y solicitud de ampliación de plazo, para cumplimento de medidas impuestas presentada el 25 de mayo de 2023, que mereció decreto de 27 del mismo mes y año que señala: “La parte impetrante este al acta y resolución de fecha 5 de mayo de 2023” …(sic). (fs. 133 a 134). II.4. Se tiene memorial presentado el 6 de junio de 2023, mediante el cual, el imputado Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca, hoy accionante, interpone recurso de reposición contra el decreto de 27 de mayo del mismo año, que mereció decreto de 08 de junio de igual año que declara no ha lugar el recurso de reposición. (fs. 135 a 137). II.5. Consta memorial presentado el 27 de junio de 2023, por el imputado Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca, hoy accionante, mediante el cual solicita que en la vía de control jurisdiccional se señale día y fecha de audiencia; pedido que mereció decreto de 29 del indicado mes y año, que dispone que se esté a los alcances de la resolución de 5 de mayo. (fs. 138 a 139). II.6. Cursa memorial presentado el 10 de julio de 2023 por el imputado Guillermo Eliodoro Espinoza Machaca, hoy accionante, a través del cual solicita continuar con el trámite para el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la autoridad jurisdiccional; que mereció decreto de 11 de julio que señala: “este a los datos del proceso” … (sic.) (fs. 140 a 141).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, en su elemento de principio de celeridad y a la protección reforzada de los adultos mayores, puesto que: i) El Juez demandado, a pesar de ser el encargado del control jurisdiccional, asumió una actitud dilatoria al no dar respuesta efectiva ni oportuna a los memoriales presentados el 25 de mayo del 2023; 6 y 27 de junio, y 10 de julio del mismo año; puesto que sus decretos se limitaron a remitir al accionante a los alcances de la resolución original sin viabilizar materialmente su cumplimiento, lo que provocó que no obstante de haber sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva en virtud de haberse dictado sobreseimiento a su favor; aún permanece recluido injustificadamente por más de dos meses adicionales, sin considerar además su condición de adulto mayor; y, ii) La Secretaria codemandada, impidió de forma arbitraria el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas -arraigo, fianza y verificación domiciliaria- al negarse a viabilizar los trámites bajo el argumento de que el plazo de cinco días otorgado en el Auto Interlocutorio que dispuso la cesación de la detención preventiva se había agotado; y asimismo, el informe el 19 de mayo de 2023 que elaboró sobre el vencimiento de dicho plazo, no lo puso en conocimiento del Juez de manera inmediata, generando una parálisis administrativa que detuvo el trámite dela obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El art. 115 de la CPE, estipula:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.
Entendimiento extraído de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto.
Sobre el particular la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.1, establece:
[E]n este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”, de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa (las negrillas son incorporadas).
Así, la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:
[E]n el nuevo orden constitucional, se va profundizando la incorporación y aplicación de políticas a favor de sectores vulnerables que formalmente, son iguales respecto del resto de las otras personas, pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia… (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 0457/2019-S2 de 24 de junio, en su Fundamento Jurídico III.2, señala:
[…] las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población (…)
…la Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial (las negrillas son agregadas).
Sobre el particular, el art. 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con relación al derecho de acceso a la justicia de un adulto mayor, dispone que:
[…] Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. (…) En ese contexto, los adultos mayores forman parte de un grupo vulnerable de la población en razón a su edad, por la situación de desventaja que se encuentra con relación a los demás; en ese sentido, el Estado a través de las autoridades administrativas, judiciales, funcionarios públicos y profesionales que se encuentren dilucidando asuntos relacionados con este sector poblacional, tienen el deber de aplicar la debida diligencia en sus asuntos, que implica: i) Una atención prioritaria y especial; ii) Un trato preferencial en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales, a favor del interés superior objetivo de este sector poblacional; y, iii) Una protección reforzada traducida en acciones afirmativas y coherentes basadas en el valor justicia; a efectos de materializar su derecho a la tutela judicial efectiva.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial:
«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos 5El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 8El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas]
El accionante denuncia que: a) El Juez demandado, a pesar de ser el encargado del control jurisdiccional, asumió una actitud dilatoria al no dar respuesta efectiva ni oportuna a los memoriales presentados el 25 de mayo del 2023; 6 y 27 de junio, y 10 de julio del mismo año; puesto que sus decretos se limitaron a remitir al accionante a los alcances de la resolución original sin viabilizar materialmente su cumplimiento, lo que provocó que no obstante de haber sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva en virtud de haberse dictado sobreseimiento a su favor; aún permanece recluido injustificadamente por más de dos meses adicionales, sin considerar además su condición de adulto mayor; y, b) La Secretaria codemandada, impidió de forma arbitraria el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas -arraigo, fianza y verificación domiciliaria- al negarse a viabilizar los trámites bajo el argumento de que el plazo de cinco días otorgado en el Auto Interlocutorio que dispuso la cesación de la detención preventiva se había agotado; y asimismo, el informe el 19 de mayo de 2023 que elaboró sobre el vencimiento de dicho plazo, no lo puso en conocimiento del Juez de manera inmediata, generando una parálisis administrativa que detuvo el trámite de la obtención de su libertad; considera que con dichos actos, se vulneró sus derechos, sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso, en su elemento de principio de celeridad y a la protección reforzada de los adultos mayores.
Respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la ciudad de El Alto.
Precisado el objeto procesal, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 establece que la acción de libertad de pronto despacho es el mecanismo idóneo para acelerar los trámites cuando existen dilaciones que retardan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad. Asimismo, el Fundamento Jurídico III.3 refuerza el deber de protección prioritaria a las personas adultas mayores quienes, por su vulnerabilidad, requieren que la administración de justicia actúe con una celeridad reforzada y perspectiva de derechos humanos. De la revisión de los antecedentes y las conclusiones de este fallo, se establece que el impetrante cumple detención preventiva desde el 14 de julio de 2022 por la presunta comisión del delito de abuso sexual. En mérito al sobreseimiento que se dispuso a su favor, mediante Auto Interlocutorio N° 440/2023, el Juez demandado dispuso la cesación de la detención preventiva y en su lugar la aplicación de medidas las medidas cautelares de detención domiciliaria, arraigo y fianzas, otorgando un plazo de cinco días para su cumplimiento (Conclusión II.1). Ante la imposibilidad material de cumplir lo ordenado, la defensa presentó memoriales solicitando el control jurisdiccional y la viabilización de su libertad; así, por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, se apersonó, anunció nuevo copatrocinio y solicitó de ampliación de plazo, para cumplimento de medidas impuestas; ante lo cual, el Juez demandado mediante decreto de 27 del mismo mes y año dispuso: “La parte impetrante este al acta y resolución de fecha 5 de mayo de 2023” …(sic) (Conclusión II.3); determinación ratificada mediante decreto de 8 de junio de igual año, a través del cual rechazó el recurso de reposición que interpuso (Conclusión II.4). Posteriormente, mediante el memorial presentado el 27 de junio de 2023, solicitó que en la vía de control jurisdiccional se señale día y fecha de audiencia; pedido que mereció decreto de 29 del indicado mes y año, que dispuso que se esté a los alcances de la resolución de 5 de mayo. (Conclusión II.5); y a través del memorial presentado el 10 de julio de 2023 solicitó continuar con el trámite para el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la autoridad jurisdiccional; que mereció decreto de 11 de julio del mismo año que señala: “este a los datos del proceso” … (sic.) (Conclusión II.6). De la relación de los referidos actuados procesales, se advierte que el Juez demandado, en lugar de ejercer su rol de director del proceso, se limitó a dictar decretos evasivos, omitiendo pronunciamiento de fondo sobre el pedido de ampliación del plazo de 5 días para el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas para hacer efectiva la cesación de su detención preventiva dispuesto en el Auto Interlocutorio N° 440/2023 de 19 de mayo; desconociendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de que toda autoridad que conozca una solicitud vinculada a la libertad física debe tramitarla con la mayor diligencia; caso contrario, provoca una restricción indebida del citado derecho. Resulta evidente la dilación en la que incurrió el Juez demandado, no solo por el hecho de evadir una respuesta sobre la solicitud que se le hizo para que disponga el cumplimento de las medidas cautelares a pesar de haber vencido el plazo judicial otorgado, sino por el hecho de no haber efectuado la supervisión al cumplimiento de las obligaciones que le son inherentes al personal de apoyo judicial en lo que atañe a la ejecución de sus determinaciones, puesto que la autoridad accionada no puede escudarse en la supuesta impericia de la defensa para justificar la inactividad de su despacho, pues el deber de celeridad es ineludible, más aún cuando el beneficiario es un adulto mayor, en cuyo caso, la diligencia debe ser mayor, en mérito a la protección reforzada de la que gozan las personas que forman parte de este grupo población, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de éste fallo constitucional. Por consiguiente, al constatarse que la demora superó los dos meses sin justificación razonable, vulnerando el estándar de celeridad procesal, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a esta autoridad, toda vez que resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento principio de celeridad; así como con relación a los derechos a la libertad personal, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, puesto que con dicha dilación se ha impedido que el accionante acceda a la cesación de su detención preventiva; y asimismo se ha vulnerado el derecho al trato preferente que tiene en su condición de adulto mayor. Respecto a la Secretaria demandada Conforme al Fundamento Jurídico III.1, los servidores de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando sus omisiones emergen del incumplimiento de funciones normativas. En el caso presente, se advierte que la Secretaria omitió remitir el informe de 19 de mayo al despacho del Juez de manera oportuna, manteniéndolo sin curso hasta la víspera de la audiencia de esta acción de libertad, incumpliendo de esa manera la obligación que le impone el art. 56.1 del Código de procedimiento Penal, de informar al Juez sobre el vencimiento de los plazos, puesto que no se tiene por cumplida esa obligación si es que no se lo pone en conocimiento efectivo de la autoridad judicial competente. Si bien la funcionaria alega negligencia de los abogados, la jurisprudencia sobre la acción de libertad de pronto despacho establece que el personal subalterno debe dar curso inmediato a los trámites vinculados con la libertad; en ese marco, la Secretaria demandada se hallaba también compelida a ejecutar cuanto acto estaba a su cargo para materializar la ejecución de las disposiciones de la autoridad judicial en lugar de paralizar el trámite sin haber recibido orden expresa para no ejecutar la materialización de la cesación a la detención preventiva. Consecuentemente, al constatarse una demora injustificada de la Secretaría demandada, corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente; sobre el pedido que se libre mandamiento de detención domiciliaria, no corresponde dar curso, dado que esta determinación debe ser asumida por el Juez demandado. En consecuencia; el Tribunal de Garantías al haber concedido en parte la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-211/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 146 a 149 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez y Secretaria demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presenté Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DISPONER lo siguiente:
a) Que el Juez demandado o quien se halle a cargo de dicho despacho, se pronuncie en el día de la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional sobre el fondo del informe de la Secretaria de su despacho de 19 de mayo del 2023 y sobre el fondo de las solicitudes efectuadas por el accionante sobre la ampliación de plazo y cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas para hacer efectiva la cesación a la detención preventiva, siempre y cuando aún no se lo haya hecho o haya cambiado la situación jurídica del accionante.
b) La Secretaria demandada, cumpla con los actos inherentes a la ejecución del Auto Interlocutorio N° 440/2023 de 05 de mayo, entre tanto la autoridad judicial no disponga lo contrario. c) Llamar la atención a Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la dilación en la que ha incurrido con la advertencia que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. 3° DENEGAR la tutela con relación al pedido de libramiento de mandamiento de detención domiciliaria, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADO MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron
notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1612_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): ded5978e90f5992ae19c00202ee0ae701e5047336dfcbd197717f1c0acbe064c
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