B.IA.LEGAL

SCP 1610/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57330-2023-115-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; argumentando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, solicitó audiencia de homologación de conciliación el 20 de julio de 2023; no obstante, la autoridad judicial demandada no programó este actuado hasta la interposición de la presente acción tutelar; omitiendo considerar que, se encontraba con detención preventiva, incumpliendo así el plazo dispuesto por el art. 328.II del CPP. En tal virtud, solicita se conceda la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad judicial demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale día y hora de audiencia de homologación del acuerdo conciliatorio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, revisar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al Juez de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata -Ananías Gonzales Ibáñez, suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, en el futuro actúe con celeridad en la tramitación y resolución de las causas puestas a su consideración, observando lo dispuesto por el art. 328.II del CPP, y lo expuesto en el presente fallo constitucional; y, 3º Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la capital del departamento de Oruro -Verónica Fátima Echalar Barrientos-; constituido en Jueza de garantías, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional; toda la prueba que, le sirvió de base para su determinación, según señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa y los actos dilatorios en la tramitación de salidas alternativas en casos con detención preventiva
  3. III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1610/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57330-2023-115-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Manuel Velásquez Nina en representación sin mandato de Nilton Pacheco Peñafiel contra Ananías Gonzáles Ibáñez, Juez de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 y 27 de julio de 2023, cursante de fs. 2 a 4; y, 11 y vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Homicidio, Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y, conducción peligrosa de vehículos, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, habiéndose presentado acusación formal en su contra. En fecha 20 de junio de 2023, solicitó al Juez de Sentencia en lo Penal de Challapata -en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni- del departamento de Oruro, señale audiencia de homologación de conciliación. No obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; dicha autoridad no programó el referido acto procesal, generando una dilación indebida, al haber incumplido lo establecido en el art. 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP); que establece que, el señalamiento de audiencia debe señalarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por dilación indebida; citando al efecto, los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad judicial demandada señale día y hora de audiencia de homologación del acuerdo conciliatorio en el plazo de cuarenta y ocho horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El imperante de tutela, a través de su representante, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliando manifestó que: a) No es evidente lo informado por la autoridad jurisdiccional demandada; de que, no se presentó en las audiencias de 13 y 14 de julio de 2023; siendo que, el único memorial presentado y que es objeto de la presente acción tutelar, es de fecha posterior -20 de julio de 2023-; y, b) Tampoco consta la existencia de audiencia programada para el 3 de agosto de similar año; menos notificación con el referido actuado luego de la acusación fiscal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandado

Ananías Gonzáles Ibáñez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Challapata en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 27 de julio de 2023, cursante a fs. 9 y vta., manifestó que: 1) La solicitud de audiencia de homologación de conciliación; presentada por el accionante, fue programada dentro de plazo legal para el 13 de julio de 2023; no obstante, por un error involuntario del oficial de diligencias se omitió la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de Oruro,; donde se encontraba recluido, siendo reprogramado dicho actuado para el 14 del mismo mes y año, donde el ahora impetrante de tutela ni su abogado; asistieron motivo por el que, fue reprogramado para el 3 de agosto del mencionado año; 2) Como operador jurídico tiene varias competencias, al margen de tener que trasladarse todos los días jueves a la localidad de Huanuni para ejercer la suplencia legal; teniendo que, celebrar juicios orales todos los días viernes con detenidos; razón por la que, al ser programadas las audiencias según su turno, las partes se encuentran; en la misma situación del ahora solicitante de tutela que, obraron con mayor cordura y sensatez; siendo que, ya tienen audiencias señaladas; y, 3) Si el accionante, consideraba vulnerado su derecho de locomoción; debió acudir al Consejo de la Magistratura, solicitando la designación de un Juez titular; en ese entendido, no podría reclamar vulneración alguna; siendo que, no asistió a su audiencia programada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 26 a 29, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad asignada al caso, señale audiencia de consideración de homologación por conciliación en el plazo de veinticuatro horas hábiles a partir de su legal notificación, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante providencia de 21 de julio de 2023, notificado mediante cédula el 24 de idéntico mes y año, se programó audiencia en respuesta al memorial de solicitud de homologación de conciliación, para el 3 de agosto del mismo año; por lo que, este actuado no se realizó con la debida diligencia y celeridad, dentro de los plazos establecidos, tratándose de una salida alternativa en el marco del art. 326.IV del CPP; en la que, existe un detenido preventivo; y, ii) Si bien el demandado, pretendió justificar la demora por la carga procesal y la suplencia legal que, venía cumpliendo no adjuntó documental que acredite esta imposibilidad, con audiencias ya programadas con anterioridad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la solicitud de audiencia de homologación de conciliación, de 20 de julio de 2023, presentada por el ahora accionante ante el Juzgado de Sentencia en lo Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Huanuni de departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; causa dentro la cual, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; argumentando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, solicitó audiencia de homologación de conciliación el 20 de julio de 2023; no obstante, la autoridad judicial demandada no programó este actuado hasta la interposición de la presente acción tutelar; omitiendo considerar que, se encontraba con detención preventiva, incumpliendo así el plazo dispuesto por el art. 328.II del CPP. En tal virtud, solicita se conceda la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad judicial demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale día y hora de audiencia de homologación del acuerdo conciliatorio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, revisar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

De acuerdo a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril establece lo siguiente:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa y los actos dilatorios en la tramitación de salidas alternativas en casos con detención preventiva

El art. 328 del CPP modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, refiriéndose al trámite y resolución de salidas alternativas, así como al plazo de señalamiento de audiencia para su consideración, en caso de personas detenidas preventivamente establece lo siguiente:

Artículo 328. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS). I. La solicitud de criterio de oportunidad reglada, deberá efectuarse acompañando todos los elementos de prueba pertinentes y resolverse sin más trámite, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de la solicitud, sin necesidad de audiencia.

II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante (las negrillas son nuestras). De manera específica la SCP 0537/2024-S3 de 22 de julio, con relación a actuaciones dilatorias relacionadas con la inobservancia de lo previsto en el art. 328.II del CPP, se pronunció respecto a aquellos actos dilatorios en el trámite de salidas alternativas; concretamente resolvió una acción de libertad en la que, se denunciaba que en el trámite y consideración de una solicitud de salida alternativa, se suspendió la audiencia de manera reiterada sin que exista una debida justificación. La citada sentencia, resolviendo el caso; determinó que, el Juez demandado incurrió en dilación indebida, porque:

[No] observó el plazo previsto en el art. 328.II del mencionado Código, de señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas (…) por otro lado, la autoridad judicial (…), suspendió en tres oportunidades la audiencia de consideración de sanciones alternativas, siendo que no podía obrar de esa manera al existir ya audiencias programadas. En ese orden, es posible concluir que con relación a los casos de tramitación de salidas alternativas; se consideran actos dilatorios e indebidos que, se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad o de pronto despacho, en casos de personas privadas de libertad, entre otros supuestos: a) La inobservancia del plazo dentro de las cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia; b) La suspensión de audiencia de consideración de manera reiterada y sin causa justificada; y, c) Los actos dilatorios con traslados previos e innecesarios no previstos por Ley.

III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 1477/2025-S3 de 20 de noviembre, respecto a la acción de libertad innovativa dispone que:

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1., de la citada Sentencia establece: De acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente: Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, habiendo solicitado audiencia para considerar la salida alternativa de conciliación, la autoridad judicial demandada no llevó adelante este actuado, incumpliendo así lo dispuesto por el art. 328.II del CPP; que establece que, el señalamiento del mismo debe ser dentro de las cuarenta y ocho horas cuando el imputado guarde detención preventiva. Identificada la problemática traída en revisión; se advierte que, evidentemente el solicitante de tutela se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; razón por la que, el 20 de julio de 2023 presentó solicitud de audiencia para la homologación de conciliación (Conclusión II.1). Al respecto, la autoridad judicial demandada refirió en su informe, que la audiencia en cuestión fue programada para el 13 de julio de 2023 y por la omisión del personal de apoyo del Juzgado, en la previsión del traslado del ahora impetrante de tutela al encontrarse detenido, dicho acto procesal fue suspendido para el 14 del mismo mes y año; audiencia a la que, el imputado no asistió, reprogramándose para el 3 de agosto del mismo año; asimismo, justificó las dilaciones en virtud a la suplencia legal que, venía asumiendo y la carga procesal existente en el Juzgado a su cargo; no obstante, no adjuntó documento de respaldo, que acredite la existencia de audiencias señaladas con anterioridad, para no programar el acto extrañado dentro de los plazos establecidos; teniendo en cuenta que, el solicitante de tutela se encontraba con detención preventiva. Es necesario precisar que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en consecuencia, ante cualquier petición vinculada a este derecho, la autoridad judicial a cargo debe fijar audiencia con la prontitud necesaria; y sin dilación indebida, cumpliendo los plazos establecidos en la norma; y en caso de no encontrarse un plazo previsto, deberá hacerlo con la celeridad debida dentro de un plazo razonable. En este contexto, no resulta admisible que el Juez demandado pretenda justificar la dilación en el señalamiento de la audiencia para considerar la salida alternativa de conciliación, aduciendo carga procesal y específicamente las audiencias previamente señaladas; toda vez que, la solicitud objeto de la presente acción tutelar, presentada el 20 de julio de 2023, es posterior a las audiencias inicialmente programadas; situación que, fue corroborada por la Jueza de garantías, quién tuvo acceso al expediente; por lo que, el intervalo de trece días transcurrido constituye una omisión dilatoria, que incumple el plazo previsto en el art. 328.II del CPP, modificado por la Ley 1173; es decir, el señalamiento de audiencia dentro de cuarenta y ocho horas, considerando la situación de privación de libertad del accionante. Sobre esta problemática, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial demandada tenía la obligación de señalar audiencia dentro del plazo señalado; en cuyo caso, el incumplimiento a esta obligación impuesta por el Código de Procedimiento Penal, se constituye en un acto dilatorio indebido; que, se encuentra dentro de los presupuestos de activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, por constituirse en restricción indebida del derecho a la libertad del accionante. No obstante, se tiene en obrados el informe de la autoridad judicial demandado; quien señaló que, mediante providencia de 21 de julio de 2023, notificado mediante cédula el 24 de idéntico mes y año, se programó audiencia en respuesta al memorial de solicitud de homologación de conciliación, para el 3 de agosto del mismo año; circunstancia que, si bien da cuenta del cumplimiento del señalamiento del acto extrañado, no demerita la falta de diligencia y celeridad advertida como antecedente de la ilegalidad consumada; por cuanto, se trata de una salida alternativa en la que existe un detenido preventivo, que debió ser tramitada en el marco y los plazos establecidos por los arts. 326.IV; y, 328.II del CPP; correspondiendo aplicar los efectos de la acción de libertad innovativa, descrita en el Fundamento Jurídico III.3, orientada a establecer la responsabilidad de la autoridad demandada, exhortándola a evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales en este caso y en otros de similar naturaleza; en tal sentido, corresponde conceder la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

Por otra parte, es necesario hacer hincapié conforme establece el art. 29.4 inc. e) del Código Procesal Constitucional (CPCo); referido a las reglas generales de tramitación de las acciones de tutela, el expediente constitucional está integrado por los documentos que contengan elementos de prueba. La jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la determinación del Tribunal o Juez de garantías debe estar sustentada en los elementos de convicción presentados por las partes o respecto de los cuales tuvo conocimiento para fundar su decisión; los mismos que, deben ser remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional para constatar los actuados que sustentaron el fallo del Juez o Tribunal de garantías. Así la SCP 0087/2012 de 19 de abril, ha resaltado la importancia que conlleva esta obligación, manifestando:

[Q]ue todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma” (las negrillas corresponden).

Revisados los actuados procesales; se evidencia que, la Jueza de garantías no remitió ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, la documentación a la cual tuvo acceso a partir del principio de inmediación y que le sirvió de base para su determinación, incumpliendo de esta manera lo que establece el art. 38 del CPCo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al Juez de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata -Ananías Gonzales Ibáñez, suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, en el futuro actúe con celeridad en la tramitación y resolución de las causas puestas a su consideración, observando lo dispuesto por el art. 328.II del CPP, y lo expuesto en el presente fallo constitucional; y, 3º Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la capital del departamento de Oruro -Verónica Fátima Echalar Barrientos-; constituido en Jueza de garantías, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional; toda la prueba que, le sirvió de base para su determinación, según señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

3 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1610_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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