Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de sus representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; en razón a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia Familiar o doméstica, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal, que fue declarado Infundado por la Jueza de primera Instancia; ante tal determinación formuló recurso de apelación incidental en audiencia; empero, los Vocales del Tribunal de alzada -ahora demandados-concluyeron erróneamente que dicha apelación no fue presentada en tiempo y forma previstos por los arts. 396, 403 y 404 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 214/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 104/2023 de 8 de marzo, debiendo los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir una nueva resolución ingresando al fondo de la pretensión solicitada, acorde a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del imputado hubiese sido modificada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1607/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57256-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 214/2023, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Sanabria Rojas en representación sin mandato de Jorge Daniel Condori Machaca contra Henry David Sánchez Camacho y Nataly Emma Vargas Vargas, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 11 a 18 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, con Código Único de Denuncia (CUD): 201502022101391, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal 02/2023 de 9 de enero, resuelto por la Jueza de primera instancia, mediante Resolución 218/2023 de 1 de marzo, declarándolo infundado debido a la presión social. Ante dicha determinación, la defensa formuló recurso de apelación incidental en la misma audiencia, que fue resuelto por Henry David Sánchez Camacho y “Virginia” -siendo lo correcto Nataly Emma Vargas Vargas-, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, mediante Resolución 104/2023 de 8 de marzo, confirmando la Resolución fiscal impugnada que solicitó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento sin ingresar al fondo, bajo el argumento que la apelación no cumplió con los requisitos de forma y tiempo previstos en los arts. 396, 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prescindiendo de la fundamentación y motivación de su decisión, incurriendo así en incongruencia omisiva. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 21.7, 115 y 118.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se reestablezcan las formalidades y el debido proceso expuestos en la acción de libertad; y, b) Se exhorte a las autoridades demandadas evitar reproducir en el futuro actos contrarios a los derechos a la vida, así como a la libertad física y de locomoción. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 45 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: Los Vocales demandados malinterpretaron el “artículo 43” con relación al art. 396 del CPP al entender que tiene que haber un formato para la apelación, cuando esta ha sido formulada conforme la norma citada y el art. 404 del mismo cuerpo legal adjetivo, es decir, de forma oral e inmediatamente después de emitida la resolución impugnada, no pudiendo exigirse requisitos no insertos en ella; por lo que, correspondía ingresar al fondo del problema planteado en apelación. I.2.2. Informe de los demandados Henry David Sánchez Camacho y Nataly Emma Vargas Vargas, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de fs. 29 a 33, señalaron que: 1) El art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173, dispone que la parte procesal agraviada con una resolución dictada en audiencia, debe interponer el recurso de apelación en el mismo acto procesal, después de dictada la Resolución cuestionada, a efectos que el Juez a quo remita antecedentes al superior en grado, instancia en la que el apelante fundamentará sus agravios; por su parte el art. 396.3 el mismo cuerpo legal dispone que las apelaciones incidentales contra las resoluciones dictadas en audiencia deben ser interpuestas de forma oral e inmediata; 2) En el caso presente, el accionante con posterioridad a la emisión de la Resolución confutada -218/2023 de 01 de marzo-, se limitó a indicar “la parte imputada va a presentar recurso de apelación”, aludiendo un acto futuro sujeto a su efectiva realización; contrario a un acto procesal presente y cierto; toda vez que, los arts. 403 y 404 del CPP, no reconocen la frase “va a presentar recurso de apelación”, sino que indican de manera expresa que las Resoluciones dictadas en audiencia deben ser apeladas de forma inmediata y oral en el mismo acto procesal; 3) La fundamentación y motivación de la Resolución 104/2023 desarrolló los elementos esenciales de hecho, de derecho y jurisprudenciales, con una motivación y fundamentación clara para las partes, cumpliendo con lo previsto por el art. 124 del CPP; 4) El accionante no señaló de manera clara cuales fueron los agravios sufridos, tampoco estableció el nexo causal entre los actos, derechos y/o garantías constitucionales supuestamente vulnerados; por lo que no cumplió con los esenciales de la acción de “amparo constitucional”; y, 5) La parte accionante, no agotó la subsidiariedad, dado que al no haber entendido los fundamentos de la Resolución impugnada, debió solicitar una explicación, complementación y enmienda, conforme lo dispuesto por el art. 125 del CPP; ya que, al no haber agotado dicha instancia dio a entender tácitamente su conformidad con el mismo. I.2.3. Resolución El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 214/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 52 a 54, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Abigail Belén Aguilar Machaca contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por decreto de 12 de julio de 2023, se señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el prenombrado, la cual fue suspendida para el 26 del mismo mes y año -un día antes a la audiencia de acción de libertad-; no constando en antecedentes la realización de dicha actuación, por lo que, se infirió que la privación de libertad del accionante no fue dispuesta en esta causa penal; ii) No todas las vulneraciones al debido proceso son tutelables a través de la acción de libertad, sino únicamente aquellas que tengan vinculación con el derecho a la libertad; entendiendo que, la vía para la revisión de determinaciones que no sean causa directa para la privación de este derecho es la acción de amparo constitucional; iii) La jurisprudencia constitucional estableció que en los supuestos en los que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad, éstos deben ser utilizados previamente, como ocurrió en el presente caso, circunstancia por la que opera la subsidiariedad excepcional, debiendo estar a la espera de las resultas del recurso de apelación incidental formulado por el accionante; y, iv) En el caso presente, se cuestionó una resolución del Tribunal de alzada, relacionada a un incidente de actividad procesal defectuosa, y no así a una resolución de aplicación o consideración de medidas cautelares; por lo que, no existe un vínculo con el derecho a la libertad y locomoción del accionante, circunstancia que impidió ingresar al análisis de fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 218/2023 de 1 de marzo, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por el accionante; ante dicha resolución, el prenombrado en la misma audiencia interpuso recurso de apelación señalando que: “Al amparo del art. 403 la parte imputada va a presentar recurso de apelación….vamos a reservar el derecho de fundamentar ante la autoridad competente”, aceptándose el mismo por el Juez de primera instancia (fs. 2 a 5 vta.) II.2. Por Auto de Vista 104/2023 de 8 de marzo, Henry Sánchez Camacho y Nataly Vargas Vargas, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declararon inadmisible el recurso de apelación y confirmaron la Resolución 218/2023 (fs. 26 a 27 vta.).
El accionante, a través de sus representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; en razón a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia Familiar o doméstica, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal, que fue declarado Infundado por la Jueza de primera Instancia; ante tal determinación formuló recurso de apelación incidental en audiencia; empero, los Vocales del Tribunal de alzada -ahora demandados-concluyeron erróneamente que dicha apelación no fue presentada en tiempo y forma previstos por los arts. 396, 403 y 404 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:
[Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. (las negrillas nos corresponden) En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante.
Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [El resaltado es nuestro].).
Los precedentes citados han sido aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0172/2025-S3 y 0097/2025-S3, de esta misma Sala.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en razón a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal, que fue declarado Infundado por el Juez a quo; ante tal determinación formuló recurso de apelación incidental en audiencia; empero, los Vocales del Tribunal de alzada -ahora demandados-concluyeron erróneamente que dicha apelación no fue presentada en tiempo y forma previstos por los arts. 396, 403 y 404 del CPP. De los antecedentes que constan en obrados, se tiene que, dentro del proceso penal de referencia, el accionante formuló incidente de actividad procesal defectuosa observando la imputación formal presentada por el Ministerio Público, dicho incidente fue resuelto por Resolución 218/2023, dictado por el Juez de primera instancia declarándolo infundado en audiencia oral fijada al efecto; es así que, el accionante en el mismo acto procesal de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra aquella Resolución, el cual fue admitido por el Juez a quo, remitiendo obrados al superior en grado. El Tribunal de Alzada emitió la Resolución 104/2023 de 8 de marzo, -ahora cuestionado-, por el que consideró que el recurso de apelación incidental formulado en audiencia no cumplía con los requisitos de forma y plazo establecidos en los arts. 396.3, 403 y 404 del CPP, pues el accionante interpuso el mismo con la frase “la parte imputada va a presentar recurso de apelación”, entendiendo que dicha expresión era a futuro y sujeta a realización, contrario a lo que debía ser la interposición del recurso de apelación incidental como un acto presente y cierto; concluyendo en ese sentido, que el impetrante de tutela no interpuso la apelación de manera oral en la misma audiencia donde se dictó la Resolución 218/2023, declarando inadmisible el recurso de apelación y confirmando la resolución impugnada. En ese contexto, se tiene que la determinación asumida por los Vocales demandados se apartó del razonamiento efectuado por este Tribunal, pues conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la simple interposición de la impugnación sin la exigencia de cualquier otro requisito formal es suficiente para la admisibilidad del recurso y la emisión de una decisión de fondo acorde a la fundamentación de agravios realizadas por el apelante en segunda instancia; en ese sentido, si en audiencia el apelante -ahora accionante-expresó que “el imputado va interponer recurso de apelación incidental” (sic), dicha manifestación evidencia de manera expresa y clara la intención de recurrir, más aún si fue realizada en el mismo acto procesal y quedó registrada en el acta de la audiencia. Así, la diferencia entre decir “interpongo recurso” y “va a interponer recurso” es meramente gramatical, no sustancial, y no afecta la existencia del acto impugnado, más aún cuando el mismo: fue realizado en audiencia, se refirió de manera concreta a la Resolución impugnada y se encontraba dentro de plazo legal; por lo que, este Tribunal considera que declarar la improcedencia de la apelación por una cuestión formalista extrema, vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la impugnación, el derecho a la defensa, el principio de informalismo y pro actione; toda vez que, conforme a la progresividad de los derechos, las formas procesales no pueden interpretarse de una manera rígida cuando ello implica sacrificar el acceso a recursos legalmente previstos. En conclusión, los Vocales demandados al declarar la improcedencia de la apelación incidental, únicamente porque el accionante utilizó una expresión en tiempo futuro, cuando de la manifestación realizada en audiencia se desprendía de forma clara la voluntad de impugnar, constituye un exceso manifiesto de formalidad, contrario a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 214/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 104/2023 de 8 de marzo, debiendo los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir una nueva resolución ingresando al fondo de la pretensión solicitada, acorde a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del imputado hubiese sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADO
1 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificaci ón de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1607_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 61630ef9b807b052a74c91042b6cd337fe1542b78b92802b1246a51d7649cdf8
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →