B.IA.LEGAL

SCP 1605/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57234-2023-115-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de “defensa pronta y oportuna”; por cuanto, habiendo solicitado el 19 de junio de 2023, audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada programó audiencia para el 11 de julio de 2023; es decir, fuera el plazo establecido por el art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo, motivo por el cual pese a que se reiteró la solicitud de resolución, al considerar que se encontraba detenido de manera ilegal, se reprogramó la audiencia solicitada para el 1 de agosto del mismo año; es decir, veinte días después a lo solicitado, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/23 de 25 de julio de 2023, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares
  2. III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1605/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57234-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/23 de 25 de julio de 2023, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mackendy Saintil, contra, Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 19 a 21, el accionante, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 16 de abril de 2023, se llevó adelante su audiencia de consideración de medidas cautelares, emitiéndose el Auto Interlocutorio de igual fecha, que dispuso su detención preventiva por el lapso de sesenta días a ser cumplidos en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, señalándose audiencia de consideración de situación jurídica para el 16 de julio de 2023; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo. A raíz de ello, el 19 de junio de 2023, solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.2 del Código Procesal Penal (CPP), debido a que a esa fecha ya se encontraba privado de libertad de manera ilegal, programando la autoridad demandada audiencia para el 11 de julio de 2023, habiendo transcurrido veintidós días en los que se encontraba privado de libertad de manera ilegal; actuado procesal que tampoco se llevó a cabo debido a que el Juzgado no contaba con electricidad.

Ante tal situación al encontrarse privado de libertad de manera ilegal, mediante, memorial el 12 de julio de 2023, solicitó que se prescinda del señalamiento de audiencia y que de manera directa se resuelva su situación jurídica, conforme dispone la SCP 0469/2020-S2 de 6 de octubre, que moduló al art. 239.2 el CPP.

Si bien la autoridad demandada mediante decreto de 12 de julio de 2023, señaló audiencia para el 1 de agosto de 2023, lo hizo fuera del plazo establecido para dicho fin -veinte días posteriores a la última suspensión-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso en su vertiente de “defensa pronta y oportuna”, sin citar norma alguna de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de 25 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Se encontraba privado de libertad de manera ilegal -treinta y nueve días-, debido a que pese a que la autoridad demandada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva fuera del plazo establecido por ley, la misma fue suspendida; y, b) De la revisión del cuaderno procesal pudo advertir que no existió otro acto procesal, a parte de las solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva efectuada por su persona, motivo por el cual solicitó se otorgue su libertad y las medidas procesales que se puedan considerar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito, presentado el 25 de julio de 2023, cursante a fs. 51, solicitó se deniegue la tutela con base a los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0067/2021-S4 de 30 de abril, estableció que la acción de libertad que esté relacionada a medidas cautelares de carácter personal, solo puede activarse ante un procedimiento indebido que se encuentre directamente relacionado con una amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción, y siempre y cuando se hubieren agotado todos los mecanismos de impugnación, salvo que existiese un estado absoluto de indefensión, lo que no ocurrió en el caso de autos, toda vez que, el accionante no presentó ni un recurso de reposición para impugnar lo determinado por su persona; 2) El impetrante de tutela se apersonó al proceso el 19 de junio de 2023; es decir, tres días después de que efectivamente se venció el término de la detención preventiva; empero debe considerarse a momento de tomar cualquier determinación en el presente caso, las amenazas de muerte contra la víctima, la violencia ejercida contra la hija menor de edad de la víctima, la violencia económica y patrimonial a la que las sometió; 3) Las SCP 055/2012 de 9 de abril, 0002/2015-S3 de 5 de enero; y, 0004/2018-S3 de 27 de febrero, establecen la denegatoria de tutela por no haberse agotado la subsidiariedad excepcional, por cuanto la acción de libertad no puede ser utilizada para subsanarse las omisión en cuanto a las impugnaciones de las Resoluciones emitidas; 4) El accionante pretende alterar el contenido del art. 239 del CPP, indicando que su persona debió dictar una resolución sin necesidad de señalar audiencia; sin embargo, esa determinación esta únicamente ligada a los numerales 3 y 4 de dicho artículo y no así al numeral 2 como pretende el accionante; 5) Respecto a los tiempos que se tomó el Juzgado para señalar la audiencia; los mismos responden a carga procesal del municipio de Cotoca, donde se tiene alrededor de 1800 procesos en materia penal y solo existe un Juzgado Cautelar; y, 6) La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, estableció que es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto, más aun tratándose de casos que emergen de hechos de violencia en razón de género; en consecuencia, no existe un solo motivo para sostener que su autoridad hubiere vulnerado algún derecho del peticionante de tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, con el voto disidente de la Jueza técnica Lilian Zabala Zambrana, mediante Resolución 09/23 de 25 de julio de 2023, cursante de fs. 53 a 54 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, la autoridad demandada señale audiencia de resolución a la cesación a la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) La Ley de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificó el plazo establecido por el art. 239.2 del CPP, disponiendo que el señalamiento de las audiencias de consideraciones de cesación a la detención preventiva debe efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas; en ese sentido, si bien es cierto que la autoridad demandada trató de justificar el señalamiento de la audiencia fuera de dicho plazo, alegando abundante carga procesal; sin embargo, no es justificativo para excederse de manera discrecional de dicho plazo; ii) La SCP 1332/2014 de 30 de junio, establece que la garantía de la libertad personal o de libre locomoción puede ejercerse por medio de una acción de libertad cuando se denuncia un procesamiento ilegal o indebido donde deben concurrir dos presupuestos, la primera, la directa vinculación entre la lesión al debido proceso con el derecho a la libertad como causa directa de su restricción y el segundo, el absoluto estado de indefensión en que se encuentre el accionante, en la causa concurren esas dos causales que habilitan al peticionante a que se tutelado por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, debido a la dilación advertida en el presente caso, empero si bien se considera la dilación existente, no corresponde disponer mandamiento de libertad, toda vez que dicha determinación no se encontraba dentro de sus competencias; y iii) La autoridad accionada debió señalar audiencia en el plazo establecido por el art. 239.2 del CPP, independientemente de lo que se vaya a resolver, en razón al derecho que involucra la libertad ligado al derecho al debido proceso del accionante, tomando en cuenta que el accionante se encontraba detenido preventivamente..

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mackendy Saintil -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 19 de junio de 2023, solicitó cesación de su detención preventiva a efectos de que se aplique medidas menos gravosas a la detención, bajo el argumento de que al haberse dispuesto medida cautelar de carácter personal por el plazo de sesenta días, y debido a que ese plazo ya se encontraba vencido -quince días- debía reconsiderarse su situación jurídica (fs. 5 vta.). Cursa Decreto de 20 de junio de 2023, de señalamiento de audiencia para el 11 de julio de 2023, actuado procesal que no se llevó a cabo conforme lo manifestado por el impetrante de tutela y no controvertido por la autoridad demandada (fs. 6). II.2. Mediante memorial de 12 de julio de 2023, el accionante solicitó se emita resolución sin necesidad de audiencia debido a que pese a estar detenido ilegalmente por más de quince días, la audiencia programada para el 11 de julio de 2023, fue suspendida (fs. 15 a 16). Por decreto de 12 de julio de 2023, la autoridad demandada señaló audiencia para el 1 de agosto de 2023 (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de “defensa pronta y oportuna”; por cuanto, habiendo solicitado el 19 de junio de 2023, audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada programó audiencia para el 11 de julio de 2023; es decir, fuera el plazo establecido por el art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo, motivo por el cual pese a que se reiteró la solicitud de resolución, al considerar que se encontraba detenido de manera ilegal, se reprogramó la audiencia solicitada para el 1 de agosto del mismo año; es decir, veinte días después a lo solicitado, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares

La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:

«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de “defensa pronta y oportuna”; por cuanto habiendo solicitado el 19 de junio de 2023, audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada señaló audiencia para el 11 de julio de 2023, -fuera el plazo establecido por el art. 239 del CPP; la cual no se llevó a cabo; motivo por el cual, pese a que se reiteró la solicitud de resolución, reprogramó la audiencia para el 1 de agosto del mismo año; es decir, veinte días de manera posterior a lo solicitado, incumpliendo nuevamente lo dispuesto en el artículo referido, encontrándose en consecuencia detenido ilegalmente. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II 2 del presente fallo constitucional, se advierte en primer lugar que, la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva fue presentada el 19 de junio de 2023, programándose la misma para el 11 de julio de igual año; es decir, fuera del plazo establecido por el art. 239del CPP, audiencia que además fue suspendida debido a hechos no atribuibles al impetrante de tutela, lo que generó que el accionante mediante memorial de 12 de Julio de 2023, solicite se emita resolución prescindiendo de la audiencia, debido a que a esa fecha ya se encontraba detenido de manera ilegal. Asimismo, se constata que, si bien la autoridad demandada señaló audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva, para el 1 de agosto de 2023; es decir, a desarrollarse veinte días posteriores a la solicitud efectuada por el accionante. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable, dicha demora o dilación también está vinculada a suspensiones de audiencia de consideración de medidas cautelares, por causas o motivos que no justifican su suspensión. En el caso de las audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez o tribunal deberán señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Consiguientemente, ha quedado establecido que no solo la inobservancia del tiempo establecido para el señalamiento de audiencia puede constituir una demora o dilación indebida, sino también la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad por suspensiones reiteradas, como ocurrió en el caso particular, a raíz de la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva del privado de libertad, que se vio reflejada en más de una vez, desde el 11 de julio de 2023, por razones no atribuibles al impetrante de tutela; advirtiéndose además una inobservancia al cumplimiento del plazo de señalamiento dentro de las cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del CPP, pues la primera audiencia fue programada veintidós días después de solicitada, pese a ello fue suspendida, fijándose nueva audiencia, a solicitud del impetrante de tutela, para el 1 de agosto de 2023, - a efectuarse veinte días después de lo solicitado -. Asimismo, se advierte que la autoridad judicial demandada inobservó el deber de señalar nueva fecha y hora de audiencia sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, pues conforme lo aseverado por el accionante y no desvirtuado por la autoridad judicial demandada en la audiencia suspendida de 11 de julio del referido año, no fue reprogramada de oficio, lo que provocó a que el accionante se apersonara a estrados judiciales, solicitando se emita resolución sin necesidad de que se convoque a nueva audiencia debido a que consideraba que se encontraba detenido de manera ilegal al haber cumplido el tiempo de detención preventiva dispuesta por la autoridad demanda. Consiguientemente, la suspensión efectuada, así como los señalamientos de audiencia fuera del plazo previsto en la norma, han provocado una demora injustificada, extremo que hace aplicable el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, pues dicha demora constituye una lesión del derecho a la libertad física del solicitante, en ese sentido, conforme a la Jurisprudencia Constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se reitera, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada.

Finalmente, es importante aclarar que, si bien la autoridad demandada, trató de justificar los señalamientos de audiencia fuera del plazo establecido por el art. 239 del CPP, argumentando la recargada carga procesal, resulta evidente que el señalamiento de audiencia excedido súper abundantemente las cuarenta y ocho horas que establece el art. 239 del CPP, Por consecuencia, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/23 de 25 de julio de 2023, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1605_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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