Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y a los principios de legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica; ello debido a que dentro de un proceso de asistencia familiar tramitado en su contra, el accionante se encuentre detenido injustamente, debido a que este no tuvo conocimiento efectivo de las diferentes liquidaciones de planillas de asistencia familiar, todas estas que fueron notificadas tanto en tablero como Secretaria del Juzgado Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, sin tomar en consideración que este vive en Warnes, lo que le causó indefensión; por lo que solicitó se le conceda la tutela, en consecuencia, se reestablezca el debido proceso y se deje sin efecto el mandamiento de apremio de 3 de julio de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 139 a 144 vta., pronunciada por la Jueza de Perdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1604/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Libertad Expediente: 57211-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 139 a 144 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pura Altagracia Ortiz Cabrera en representación sin mandato de Primo Nataniel Cabrera Carrizales contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, cursantes de fs. 117 a 121 vta., el accionante, señaló que:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Julia Paredes Chacón en su contra; la Jueza Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 133/17 de 23 de febrero de 2017, a través de la cual le impuso la obligación de cancelar la suma de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) en favor de su hija niña AA. El 27 de septiembre de 2017, Julia Paredes Chacón, presentó liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs2 800.- (Dos mil ochocientos bolivianos), razón por la cual la Jueza de la causa, mediante decreto de 28 del mismo mes y año, en atención al art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- dispuso el traslado correspondiente, notificándosele en tablero judicial.
Posteriormente, se presentó nueva liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs14 800.- (Catorce mil ochocientos bolivianos), notificándosele con la planilla en secretaria de juzgado; similar procedimiento se realizó hasta generale el monto de Bs22 000.- (Veintidós mil bolivianos), notificándosele en tablero judicial y secretaria de juzgado. Sin embargo, para el conocimiento de esta última planilla, Julia Paredes Chacón, solicitó Comisión Instruida para que se proceda a la notificación del accionante en la jurisdicción de Warnes del departamento de Santa Cruz; posteriormente a obtener la aprobación y la conminatoria a su cumplimiento, solicitó que esta sea puesta a conocimiento del obligado en su domicilio real. Mas adelante solicitó la emisión de mandamiento de apremio en contra del accionante, a lo que la autoridad demandada, dispuso que, con carácter previo, se adjunte la notificación con la aprobación de la liquidación; asimismo, se tiene el informe del Oficial de Diligencias del Juzgado Publico de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, que indica que el obligado ya no vive en el lugar al que se apersonó. No obstante, ante la nueva solicitud de mandamiento de apremio en contra del accionante, la Jueza demandada, atendió lo pedido por medio de la providencia de 26 de mayo de 2023; por lo que, el nexo causal de la presente acción de defensa, decanta en que el impetrante de tutela nunca tuvo conocimiento de las diferentes liquidaciones presentadas por la demandante y la beneficiaria, pese a que la referida autoridad judicial, ordenó se le notifique en cumplimiento del art. 415.I del CFPF; por lo que, se encuentra indebidamente procesado, afectando su libertad, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la legalidad.
Denunció la vulneración a su derecho a la libertad, y a los principios de legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se les conceda la tutela, en consecuencia, se reestablezca el debido proceso y se deje sin efecto el mandamiento de apremio de 3 de julio de 2023.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 136 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representación sin mandato, en audiencia ratificó íntegramente su acción tutelar, y agregó que: a) La autoridad judicial demandada, ante el informe del Oficial de Diligencias del Juzgado Publico de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, que refirió que el accionante no vivía ya en el lugar donde ordenó se practique la diligencia, debió agotar las instancias a efectos que el prenombrado sea notificado de manera personal, pues no tenía conocimiento de las liquidaciones y menos del mandamiento de apremio librado en su contra; y, b) Concluyó que el acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, han sido vulnerados, generando que el accionante se encuentre detenido injustamente; por lo que, solicito se le conceda la tutela para reestablecer el derecho a la defensa, citando al efecto la SCP 0032/2017-S3 de 8 de febrero.
Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito a fs. 135 y vta. manifestó lo siguiente: 1) Mediante escrito de 12 de enero de 2017, el accionante contestó a la demanda de asistencia familiar y fijo como domicilio la secretaria de su juzgado; 2) La notificación de 8 de junio de 2022, realizada al impetrante de tutela, se practicó en el mismo lugar en la que se efectuó la de 15 de mayo de 2023, conforme al muestrario fotográfico adjunto; y, 3) Ordenó se realice la notificación -se entiende de la planilla de liquidación de asistencia familiar- en el domicilio real del accionante, en resguardo de los derechos de las partes y del interés superior del menor; por lo que, a fs. 101, conforme al informe del Oficial de Diligencias del Juzgado Publico de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, este indicó que se practicó la notificación mediante cedula; razón por la cual, la diligencia cumplió su finalidad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
Verónica Vanesa Jiménez Rocha, Jueza de Perdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 09/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 139 a 144 vta., denegó la tutela impetrada; en base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad judicial demandada, tenía el deber de cuidar que el obligado sea notificado de forma legal con la conminatoria de pago de asistencia familiar dentro del plazo legal, y al no haberse formulado observación alguna se emite el mandamiento de apremio; en ese entendido se advierte la notificación realizada mediante cedula en el último domicilio que señaló el accionante, resaltando que a la fecha de la emisión del aludido mandamiento el prenombrado únicamente hubiere procedido a cancelar Bs2 000.- (dos mil bolivianos); y, ii) No se evidencia lesión al debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa, seguridad jurídica ni acceso a la justicia, debido a que el accionante tiene conocimiento de su obligación de cumplir con la asistencia familiar fijada, y actualizar su domicilio procesal a efectos de que se proceda a su notificación, caso contrario, provoca su propia indefensión, conforme la SCP 0015/2015-S1 de 29 de enero.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa muestrario fotográfico e informe de notificación por cédula practicada por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz a Primo Nataniel Cabrera Carrizales, en cumplimiento a la comisión instruida de 28 de febrero de 2023 librada por la Jueza Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del mismo distrito judicial (fs. 99 a 107). II.2. Consta mandamiento de apremio, librado por la Jueza Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz en contra de Primo Nataniel Cabrera Carrizales, en cumplimiento al decreto de 23 de junio de 2022 (fs. 111).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y a los principios de legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica; ello debido a que dentro de un proceso de asistencia familiar tramitado en su contra, el accionante se encuentre detenido injustamente, debido a que este no tuvo conocimiento efectivo de las diferentes liquidaciones de planillas de asistencia familiar, todas estas que fueron notificadas tanto en tablero como Secretaria del Juzgado Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, sin tomar en consideración que este vive en Warnes, lo que le causó indefensión; por lo que solicitó se le conceda la tutela, en consecuencia, se reestablezca el debido proceso y se deje sin efecto el mandamiento de apremio de 3 de julio de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (el resaltado es añadido).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:
a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite.
Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art.366 del mismo cuerpo legal indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 del Código referido menciona: ‘…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (lo resaltado es añadido).
De acuerdo a los datos del proceso, se advierte que la problemática propuesta por el accionante, se funda en el supuesto desconocimiento efectivo por parte del accionante de las diferentes liquidaciones de asistencia familiar notificadas en estrados judiciales, y más precisamente en la diligencia practicada mediante cédula en su domicilio real, pese a que el Oficial de Diligencias del Juzgado Publico de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, informó que ya no vivía ahí, por lo que, se le afectó el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. En ese entendido, se debe precisar que a criterio del accionante, la génesis de la lesión acusada, radica en el supuesto desconocimiento de lo ordenado por la autoridad judicial demandada; sobre el particular, conforme tiene de obrados, se tiene la diligencia de notificación por cedula practicada al impetrante de tutela con el auto de 23 de junio de 2023, que aprueba la planilla de liquidación por asistencia familiar (Conclusión II.1); asimismo, cursa mandamiento de apremio librado en contra del prenombrado ante el incumplimiento de pago de asistencia familiar impetrado por Julia Paredes Chacón (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme el relato de la acción de libertad interpuesta, y lo manifestado en audiencia, esta tiene la finalidad de dejar sin efecto el mandamiento de apremio por incumplimiento de pago de asistencia familiar, fundada en el desconocimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial demandada, a raíz del incumplimiento de la finalidad de las notificaciones practicadas dentro del proceso familiar; argumentación relevante de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, producto de que la acción de libertad se rige excepcionalmente por el principio de subsidiariedad, siempre y cuando existan mecanismos de defensa intraprocesales idóneos para restaurar la lesión acusada ante la justicia constitucional, escenario que de evidenciarse, impide el análisis de fondo de la problemática planteada, pues no se agotó los recursos en la Ley especial para resguardar los intereses del justiciable. Bajo dicha premisa, es menester traer a colación el entendimiento vertido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, dentro del proceso familiar se tiene al incidente como recurso idóneo para reclamar el defecto procesal de una notificación tildada de erróneamente practicada; lo que devela la existencia de un mecanismo de defensa contenido en la norma ordinaria especial, orientado a la restitución de la lesión a derechos y garantías denunciadas en la presente acción de tutela; en consecuencia, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al haberse evidenciado que el accionante no agotó las instancias intraprocesales contenidas en la norma adjetiva en materia familiar. En consecuencia, el Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 139 a 144 vta., pronunciada por la Jueza de Perdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1604_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 13fafc23c8dba487daa006d86920eae009c367b8394f108369b92e3d2cb9eba5
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