B.IA.LEGAL

SCP 1600/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57153-2023-115-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y de locomoción, en vinculación con el debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, la autoridad demandada, mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, omitió pronunciarse respecto a la objeción formulada contra la resolución fiscal que rechazó su solicitud de pericia psicológica, requerida como elemento probatorio necesario para sustentar una eventual petición de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con sentencia condenatoria en primera instancia; asimismo, sostuvo que dicha determinación fue asumida sin considerar que, conforme a la previsión de los arts. 204 y 209 del CPP, la pericia constituye un acto investigativo que puede ser propuesto por las partes en cualquier etapa del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 003/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente Fallo Constitucional; y, 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, considerando el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1600/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57153-2023-115-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 003/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Javier Lucio Alanes contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, cursante de fs. 8 a 12, el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, y ante la negativa del Ministerio Público de dar curso a una pericia psicológica destinada a sustentar una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, el accionante interpuso acción tutelar; sin embargo, la misma fue denegada por incumplimiento del principio de subsidiariedad, conforme a la Resolución 2/2023 de 3 de marzo, concluyéndose que dicha negativa debió ser impugnada por su parte ante la Fiscal Departamental. En cumplimiento de lo determinado por el Tribunal de garantías, el accionante acudió ante la Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-objetando la resolución emitida por la Fiscal de Materia. Dicha objeción fue resuelta mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, en la cual se señaló que la atribución de revisión, análisis y pronunciamiento respecto a la objeción no correspondía al Fiscal Departamental, indicando que no se abría atribución alguna para conocerla, por cuanto dicha facultad únicamente procedía ante una objeción vinculada al rechazo de proposición de diligencias o frente a la negativa de puntos de pericia; asimismo, se sostuvo que en el memorial presentado por el accionante no se identificaba ni se especificaba de manera clara, concreta y precisa cuál requerimiento fiscal era objeto de objeción, razón por la cual la Fiscal Departamental carecería de competencia para emitir pronunciamiento al respecto. La Resolución Jerárquica referida, ahora cuestionada, evidencia en su contenido que la autoridad demandada eludió su competencia para atender solicitudes vinculadas a derechos fundamentales, denegando un petitorio relacionado con el derecho a la libertad, sin establecer cuál sería la autoridad competente ni considerar que, conforme a lo previsto por los arts. 204 y 209 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la pericia constituye un acto investigativo que puede ser propuesto por las partes en cualquier etapa del proceso penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad física y de locomoción, en vinculación con el debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); los arts. 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y los arts. 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) se deje sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo; y, b) se ordene a la autoridad demandada emitir nueva resolución disponiendo que el Fiscal de Materia atienda las postulaciones vinculadas al derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 37; estando presente el accionante a través de su representante sin mandato, y ausente la autoridad demandada, se desarrollaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por medio de su representante sin mandato, ratificó los términos de su demanda constitucional, y ampliándolos, señaló que: 1) En la anterior acción de defensa, el Tribunal de garantías emitió la Resolución 02/2023, y la Fiscalía prohibió realizar investigaciones que sirvieran para viabilizar su derecho a la libertad; motivo por el cual presentó dicha resolución para su análisis; 2) No podía sostenerse que no se especificó cuál era el requerimiento objetado, toda vez que el mismo correspondía al que rechazó la pericia psicológica; asimismo, en su oportunidad solicitó se considere la jurisprudencia establecida en la SCP 0505/2019 de 26 de agosto, que facultaría al Ministerio Público emitir requerimientos que permitan al imputado impetrar la cesación a la detención preventiva; y, 3) Si bien el art. 306 del adjetivo penal regula los actos de investigación para la etapa preparatoria, y el proceso ya cuenta con sentencia condenatoria, ante la interposición de apelación restringida existe la posibilidad de que dicha sentencia no se encuentre ejecutoriada, aspecto que -según indicó- fue desconocido por la Fiscal Departamental.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, a través de informe escrito presentado el 21 de julio de 2023, cursante de fs. 25 a 26 del expediente, señaló lo que sigue: i) Correspondía establecer que la vida del accionante no se encontraba en peligro, ni se hallaba ilegalmente perseguido, procesado o privado de libertad; es decir, que su situación jurídica no obedecía a la Resolución Jerárquica de 24 de marzo de 2023, ni la privación de libertad fue consecuencia de algún requerimiento emitido por su autoridad; ii) Al encontrarse dentro de la función estatal en defensa de la sociedad, el rol constitucional del Ministerio Público, conforme precisa la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), es velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, lo cual implica resguardar el derecho al debido proceso en todos sus elementos constitutivos, entre ellos el principio de legalidad; iii) No vulneró derecho fundamental ni garantía constitucional alguna del accionante, considerando que la resolución jerárquica cuestionada se encontraba debidamente fundamentada y motivada, exponiendo los motivos de hecho y de derecho por los cuales no se ingresó a realizar el análisis del memorial de objeción formulado por el procesado, tomando en cuenta que la causa se encontraba con sentencia condenatoria; iv) Si bien el art. 306 del adjetivo penal permite a las partes proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria, en el caso concreto existía sentencia condenatoria; por lo que, bajo el principio de legalidad previsto en el art. 5.1 de la LOMP, no correspondía atender la petición; además, el procesado no individualizó el requerimiento fiscal que era objeto de objeción, incurriendo en ausencia de carga argumentativa; v) No emitió resolución alguna que disponga la detención del accionante al margen de la ley, ni realizó actos de hostigamiento o persecución ilegales que comprometan la libertad del encausado, ni puso en riesgo su vida; en consecuencia, no se configuraban los supuestos necesarios para la procedencia de la acción de libertad; vi) Mediante la resolución jerárquica cuestionada, ratificó la determinación emitida el 24 de marzo de 2023 por la Fiscal de Materia, señalando que se encontraba debidamente fundamentada y motivada, y que, de manera contraria, la solicitud de pericia carecía de debida fundamentación y se hallaba fuera de lo establecido por la norma procesal penal; y, vii) debía considerarse que se investigaba un delito de orden sexual, cuya víctima era una mujer menor de edad al momento del hecho, situación que merecía especial consideración en atención al interés superior del niño previsto en el art. 63 de la Ley Fundamental. Asimismo, Andrés Soruco, en representación del Ministerio Público, en audiencia de acción de libertad y haciendo uso de la palabra, señaló que: a) El accionante pretendía generar confusión respecto a los requerimientos vinculados a una solicitud de cesación o modificación de medida cautelar; toda vez que, en el caso analizado, mediante memorial de 23 de noviembre de 2022, solicitó la realización de una pericia psicológica, invocando lo previsto en los arts. 306, 204 y 209 del CPP, sin adecuar su petición al art. 125 de la CPE, al no encontrarse indebidamente procesado ni perseguido, pudiendo además acudir ante el juez que ejercía el control jurisdiccional; asimismo, el proceso ya contaba con sentencia condenatoria; en consecuencia, la Fiscal Departamental no vulneró derecho alguno del accionante y garantizó la presunción de inocencia; y, b) La situación de privación de libertad del encausado se encontraba sujeta a modificación por su carácter provisional, pudiendo variar en el transcurso del proceso, no siendo posible realizar actos investigativos respecto a hechos ya debatidos en juicio oral; por lo que, ante tales antecedentes, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de Tarija, a través de la Resolución 003/2023 de 21 de julio, cursante de fs.31 vta. a 37, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica RS/ESGS/114/2023 de 24 de marzo, y disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas, la autoridad demandada emita nueva resolución, poniendo en conocimiento de la Fiscal de Materia para que, a su vez, emita el requerimiento correspondiente; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela denunció que la autoridad demandada no aplicó la determinación asumida por el Tribunal Constitucional mediante la SCP 0505/2019-S3, pese a que en el momento procesal oportuno solicitó la realización de una pericia psicológica, con la finalidad de sustentar una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva; empero, dicha petición le fue negada, aspecto que motivó la interposición de una acción de libertad, cuya tutela fue denegada por subsidiariedad a través de la Resolución 02/2023, señalándose que dicha negativa debió ser impugnada ante el Fiscal Departamental; 2) En cumplimiento de lo dispuesto en la primera acción tutelar, el accionante acudió ante la Fiscal Departamental de Tarija -hoy demandada- objetando el requerimiento que rechazó su solicitud de pericia psicológica, lo cual dio lugar a la Resolución Jerárquica 114/2023 de 24 de marzo, en la que se concluyó que dicha autoridad no tenía atribución para revisar la objeción planteada, toda vez que su competencia se activaba únicamente ante una objeción por rechazo de proposición de diligencias o por observación a puntos de pericia, conforme a los arts. 306 y 209 del CPP; asimismo, se sostuvo que no se identificaba el requerimiento objeto de objeción, al no haber sido precisado de forma clara, concreta y concisa por el impetrante, generándose agravios al impedirle recabar elementos probatorios de manera lícita para una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva; 3) La SCP 0505/2019-S3 constituía precedente constitucional, al modular respecto a los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, estableciendo que el hecho de contar con sentencia condenatoria en primera instancia o que la víctima sea niña, niño o adolescente, merecedora de protección prioritaria, no justificaba negar un requerimiento fiscal; 4) La autoridad demandada debió ordenar a la Fiscal de Materia emitir resolución aplicando el referido precedente constitucional, en atención a que el accionante pretendía obtener prueba de manera lícita para que sea considerada por el juez de la causa dentro de una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, correspondiendo a dicha autoridad jurisdiccional resolver lo pertinente; 5) El ejercicio de supervisión respecto al desarrollo de las investigaciones constituye una atribución exclusiva de los Fiscales Departamentales, y en el caso concreto se evidenció que la Fiscal de Materia negó la solicitud presentada el 24 de noviembre de 2022, el 29 de diciembre del mismo año y el 13 de enero de 2023, bajo el argumento de que ya existía sentencia condenatoria en primera instancia; 6) Si bien el art. 306 del CPP establece que las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria, ello no impedía la emisión de requerimientos con posterioridad; por tal motivo, el acusado acudió ante la Fiscal Departamental buscando la protección de sus derechos mediante la vía del recurso jerárquico; sin embargo, la autoridad demandada no abrió su atribución para revisar la objeción sobre el rechazo de proposición de diligencias, pese a que era de su conocimiento que cualquier persona podía acudir ante la autoridad en virtud del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, sin que de ninguna manera pueda considerarse que dicho acto investigativo determinaría por sí mismo la modificación de la situación jurídica del acusado, pues el Fiscal únicamente emitiría el requerimiento, con el cual el procesado podría solicitar la cesación a la detención preventiva, instancia en la cual el juez competente valoraría los elementos obtenidos; 7) Al haberse planteado la objeción respecto al rechazo de la pericia psicológica, la autoridad demandada debió aplicar los estándares jurisprudenciales desarrollados en la SCP 0505/2019-S3, tomando en cuenta que dentro de las funciones del Ministerio Público y de la Fiscalía Departamental se encuentra velar por los intereses de la sociedad en general y no únicamente por los de la víctima, conforme lo previsto por la Ley 260 y el art. 225 de la CPE; 8) El accionante Javier Lucio Alanes, en ejercicio de su derecho de petición, solicitó a la Fiscal de Materia la realización de una pericia psicológica y, ante su rechazo, acudió ante la Fiscal Departamental; en consecuencia, correspondía a la autoridad jerárquica ordenar a la inferior que, en aplicación de la sentencia constitucional citada, emita el pronunciamiento correspondiente, sin que el hecho de existir sentencia condenatoria en primera instancia por el presunto delito de violación agravada contra un menor de edad en situación de vulnerabilidad constituya fundamento suficiente para negar la pretensión, pues la solicitud de acceso a una pericia psicológica no implicaba discutir las causales previstas en el art. 239 del CPP. Además, el acusado tenía derecho a solicitar en cualquier etapa procesal la modificación de las medidas cautelares, dada su naturaleza instrumental, excepcional y variable en el tiempo; y, 9) Para solicitar la modificación de la medida cautelar ante el juez que ejerce el control jurisdiccional, el impetrante de tutela requería prueba idónea, la cual debía ser valorada conforme a las reglas previstas en el art. 239 del adjetivo penal; por consiguiente, correspondía garantizar un efectivo acceso a la justicia para todas las partes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia Constitucional 02/2023 de 3 de marzo de 2023, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado, en representación sin mandato de Javier Lucio Alanes –accionante-, contra Irma Marina Castellón Betancourt, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Primero de la referida capital, y Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia, se denegó la tutela impetrada por incumplimiento del principio de subsidiariedad (fs. 2 a 4). II.2. Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2023, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Javier Lucio Alanes -accionante- por la presunta comisión del delito de violación agravada de infante, niño, niña o adolescente, el imputado formuló objeción contra el requerimiento que rechazó su pretensión de pericia psicológica (fs. 5 a 6 vta.). II.3. A través de la Resolución Jerárquica R.J/ESGS/114/2023 de 24 de marzo, Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, dispuso: “Devolver los antecedentes del cuaderno de investigación signado CUD 601102012103456, al Fiscal de origen, al no abrirse atribución alguna… para la revisión a la objeción interpuesta… por lo que, en consecuencia, a ello, la Fiscal de Materia deberá continuar la secuencia procesal que corresponda en el presente caso” (sic) (fs. 7 y vta.). II.4. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcpbolivia.bo), se evidencia que el accionante interpuso con anterioridad otra acción de libertad contra Pablo Reynaldo Zelaya Villanueva, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Primero de Tarija, así como contra Moisés Álvaro Cardona Sánchez y Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscales de Materia, proceso registrado con el número de expediente 52762-2022-106-AL, en el cual denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; en dicha acción se alegó que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, con el objeto de solicitar la cesación a la detención preventiva -no obstante encontrarse la causa con sentencia condenatoria y en trámite de apelación restringida-, solicitó a las autoridades demandadas, en su oportunidad, promover una pericia psicológica, debiendo resaltarse que la misma fue requerida para ser practicada a su persona y no a la víctima; empero, dichas solicitudes fueron denegadas pese a su vinculación con el derecho a la libertad; como resultado, se concedió la tutela parcialmente, disponiéndose que el Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia a cargo del proceso, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo pronunciamiento considerando los lineamientos del fallo constitucional y el Protocolo Interinstitucional para la atención y protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Violencia, por tratarse de una víctima menor de edad, debiendo evitarse su revictimización, al producirse prueba válida únicamente para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva- debe evitarse.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y de locomoción, en vinculación con el debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, la autoridad demandada, mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, omitió pronunciarse respecto a la objeción formulada contra la resolución fiscal que rechazó su solicitud de pericia psicológica, requerida como elemento probatorio necesario para sustentar una eventual petición de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con sentencia condenatoria en primera instancia; asimismo, sostuvo que dicha determinación fue asumida sin considerar que, conforme a la previsión de los arts. 204 y 209 del CPP, la pericia constituye un acto investigativo que puede ser propuesto por las partes en cualquier etapa del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

En relación a la fundamentación y motivación que deben observar los requerimientos del Ministerio Público la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, entendió que:

“La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’. La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos pertenecen). Criterio reiterado en la SCP 1260/2025-S3 de 14 de octubre.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y de locomoción, en vinculación con el debido proceso; toda vez que la autoridad demandada, mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, omitió pronunciarse respecto a la objeción planteada contra la resolución fiscal que denegó su solicitud de pericia psicológica, requerida como elemento probatorio necesario para sustentar una eventual petición de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con sentencia condenatoria en primera instancia; sin considerar que, conforme a la previsión de los arts. 204 y 209 del CPP, la pericia constituye un acto investigativo que puede ser propuesto por las partes en cualquier etapa del proceso penal. De la documentación adjunta a la acción de libertad, así como de lo manifestado por las partes, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación agravada, mediante reiterados memoriales el sindicado solicitó la realización de una pericia psicológica, con la finalidad de hacerla valer en una futura solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad fiscal determinó no ha lugar a dicha petición, esta circunstancia motivó la interposición de una anterior acción de defensa, resuelta por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la capital del departamento de Tarija, mediante Sentencia Constitucional 02/2023 de 3 de marzo, que denegó la tutela por subsidiariedad, señalando que si el accionante consideraba que la negativa era lesiva a sus derechos, correspondía impugnarla ante la autoridad jerárquica (Conclusión II.1).

En atención a lo determinado por la Jueza de garantías, el impetrante de tutela objetó el requerimiento fiscal a través del memorial de 16 de marzo de 2023, al amparo del art. 34.3 de la LOMP, solicitando a la Fiscal Departamental de Tarija -hoy demandada- que revoque el requerimiento fiscal que negó la obtención de prueba vinculada a su derecho a la libertad, en resguardo de su presunción de inocencia, considerando además que la sentencia de primera instancia no se encontraba ejecutoriada (Conclusión II.2).

En virtud de ello, mediante Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo, la autoridad demandada determinó no abrir su atribución de revisión respecto a la objeción interpuesta y dispuso la devolución de los antecedentes del cuaderno de investigación al Fiscal de origen (Conclusión II.3).

Considerando que la problemática planteada emerge de una presunta omisión atribuida a la Fiscal Departamental demandada, al momento de resolver el memorial cuya suma expresa: “OBJETA REQUERIMIENTO QUE RECHAZA MI PRETENSIÓN DE PERICIA PSICOLÓGICA” (sic), en el cual -según refiere el accionante- no se habría ejercido el debido control jerárquico sobre la Fiscal de Materia, resulta pertinente precisar el contenido del memorial de impugnación de 16 de marzo de 2023, presentado por el impetrante de tutela, cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…) mediante memorial de fecha 24 de noviembre de 2022; memorial de fecha 29 de diciembre de 2022 y memorial de fecha 13 de enero de 2023, se propuso pericia psicológica, fundando que existe una Sentencia Condenatoria en primera instancia en mi contra, la misma que ha sido recurrida, señalando también que el art. 306 del Código de Procedimiento Penal no es aplicable en esta instancia y a los efectos de promover la CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, se impetra se pueda dar lugar a mi pretensión, pero la autoridad fiscal DETERMINÓ NO HA LUGAR nuestra petición una y otra vez, siendo un derecho primigenio el derecho a la libertad y al encontrarme en orfandad, se presentó ACCIÓN DE LIBERTAD en fecha 02 de marzo de 2023 que fue sorteado a conocimiento del Juzgado de Sentencia N°4 de nuestra ciudad quien se convirtió en Tribunal de Garantías” (sic); y luego de transcribir la previsión del art. 34.3 de la Ley 260, y los fundamentos de la “Sentencia Constitucional N°2/2023 de fecha 03 de marzo de 2023” (sic), pidió revocar el requerimiento fiscal que negó la obtención de prueba ligada a su derecho a la libertad, aclarando que la finalidad era accesoria, para solicitar una cesación a su detención preventiva.

Ante ello, la Fiscal Departamental demandada, al emitir la Resolución Fiscal Departamental RJ/EGS/114/2023 –hoy impugnada–, argumentó lo siguiente:

La norma establece de manera expresa en qué supuestos se habilita el recurso jerárquico para que el Fiscal superior emita pronunciamiento; en ese entendido, el art. 306 del CPP dispone que las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria; y que el Fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles, debiendo fundamentar toda negativa. Es decir, las partes, únicamente en la etapa preparatoria, pueden proponer diligencias, justificando su pertinencia y utilidad, para que la Fiscal de Materia las admita o rechace; asimismo, el citado artículo prevé que, cuando el Fiscal rechace la proposición de diligencias consideradas esenciales, las partes podrán objetar dicho rechazo ante el superior jerárquico. En el caso de autos, el proceso se encuentra con sentencia condenatoria en primera instancia; no obstante, corresponde dejar claramente establecido que la pericia constituye un acto investigativo previsto en el art. 204 del CPP y que, conforme al art. 209 del mismo cuerpo legal, las autoridades dentro del proceso penal pueden designar peritos en las distintas etapas procesales de una investigación penal.

En ese entendido, conforme a los parámetros establecidos por la ley y las normas procedimentales, no se abre atribución de revisión, análisis y pronunciamiento por parte de la Fiscal Departamental, advirtiéndose que dicha competencia únicamente se activa ante una objeción por rechazo de proposición de diligencias emitido por el Fiscal de Materia, conforme establece el art. 306 del CPP, o ante una objeción a los puntos de pericia a realizar, de acuerdo a lo previsto por el art. 209 del mismo cuerpo legal; y, de la revisión de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, no se pudo evidenciar cuál era el requerimiento fiscal objeto de objeción, toda vez que en el memorial presentado por el objetante no se lo especificó de manera clara, concreta y precisa; en consecuencia, por lo expuesto y en aplicación de la normativa vigente, la autoridad jerárquica carece de atribución para emitir pronunciamiento al respecto.

A partir de esa relación de puntos de agravio y argumentos vertidos en respuesta, se advierte que la Fiscal Departamental demandada, centró su argumentación en que el ahora accionante si bien tenía la posibilidad de proponer un acto investigativo nuevo, correspondía hacerlo durante la etapa investigativa y no cuando ésta había concluido; ello, considerando que ya existía sentencia condenatoria en primera instancia; aspecto que no aperturaba su actuación revisora jerárquica, al no poder considerarse el reclamo como una objeción al rechazo de la proposición de diligencias investigativas formulada conforme a los parámetros previstos por la ley y las normas procedimentales; asimismo, señaló que el impetrante de tutela no identificó de manera expresa cuál era la resolución fiscal cuestionada; base motivacional fue sustentada en un marco normativo específico y pertinente respecto a las atribuciones de los Fiscales Departamentales, así como en lo relativo a los actos investigativos, pericias y dictámenes, desplegando una fundamentación concreta que permite esclarecer la razón por la cual la autoridad demandada consideró no tener atribución para pronunciarse sobre la “objeción” planteada.

Al efecto, corresponde señalar que el numeral 17 del art. 34 de la Ley 260 -Ley Orgánica del Ministerio Público-, relativo a las atribuciones del Fiscal Departamental, establece: “Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimientos, conforme a procedimiento”; es decir, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento procesal penal vigente; en consecuencia, obrar en sentido contrario implicaría que la potestad revisora del fiscal superior exceda las atribuciones conferidas por ley, extremo que fue precisamente considerado por la Fiscal Departamental demandada.

De la revisión de la norma, en cuanto a la objeción a la proposición de diligencia, se tiene que el art. 306 del CPP, se debe aplicar cuando las partes soliciten o propongan actos investigativos, y los mismos fueron rechazados por el Fiscal de Materia, y en ese entendido, se tiene que no se puede considerar como una objeción a la denuncia efectuada por el accionante, puesto que este tipo de objeción ya está regulada por la norma legal aplicable, por ende no correspondía pronunciarse sobre la objeción presentada, toda vez que, se reitera, no existía rechazo a una proposición de un nuevo acto investigativo.

De lo expuesto se desprende que, en efecto, la Fiscal Departamental de Tarija, al emitir la Resolución Jerárquica RJ/EGS/114/2023 de 24 de marzo y determinar no ingresar al análisis de fondo de la impugnación formulada por el ahora accionante contra un Requerimiento Fiscal no identificado, mediante el cual se habría rechazado su pretensión de realización de una pericia psicológica destinada a sustentar una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, actuó con base en la normativa vigente aplicable a sus atribuciones; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna a la garantía ni al derecho al debido proceso, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.

Finalmente, corresponde señalar que, no obstante la denegatoria de la tutela, en previsión de lo dispuesto por el art. 28.II del CPCo, que establece: “La parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción, demanda, consulta o recurso podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto” (las negrillas y el subrayado son nuestros), corresponde dimensionar en el presente caso los efectos de lo decidido; ello, tomando en cuenta que, inicialmente, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la resolución jerárquica cuestionada y disponiendo la emisión de una nueva resolución. En tal mérito, bajo una interpretación previsora a la que se encuentra sujeta la jurisdicción constitucional y en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde disponer la subsistencia y validez de dicha actuación; determinación asumida con la finalidad de evitar que los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional repercutan de manera negativa, máxime si se considera que, desde la interposición de la acción de libertad el 20 de julio de 2023 hasta la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, transcurrieron más de dos años, por razones no atribuibles a las partes ni a este Tribunal. Otras consideraciones Asimismo, es preciso señalar que, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal y de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcpbolivia.bo), se evidencia que el accionante interpuso con anterioridad otra acción de libertad contra Pablo Reynaldo Zelaya Villanueva, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Primero de Tarija, así como contra Moisés Álvaro Cardona Sánchez y Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscales de Materia, proceso signado con el número de expediente 52762-2022-106-AL, en el cual también denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; en dicha acción sostuvo que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, con el objeto de solicitar la cesación a la detención preventiva -no obstante encontrarse la causa con sentencia condenatoria y en trámite de apelación restringida-, solicitó a las autoridades demandadas, en su oportunidad, promover una pericia psicológica, debiendo destacarse que la misma fue requerida para ser practicada a su persona y no a la víctima; sin embargo, tales peticiones fueron rechazadas pese a encontrarse vinculadas con el derecho a la libertad; la referida acción tutelar fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, que denegó la tutela mediante Resolución 07/2022 de 29 de diciembre; empero, traída en revisión, fue revocada parcialmente por esta Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0547/2025-S3, concediendo la tutela en parte y disponiendo que el Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia a cargo del proceso, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo pronunciamiento considerando los lineamientos de dicho fallo constitucional y el Protocolo Interinstitucional para la atención y protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Violencia, por tratarse de una víctima menor de edad, cuya revictimización -al producir prueba válida únicamente para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva- debe evitarse; asimismo, se aclaró en sus fundamentos que, si bien el Ministerio Público, a través de sus representantes, formula acusación formal constituyéndose en parte contraria del imputado, ello no imposibilita que aún pueda emitir requerimientos debidamente fundamentados, gestionando o dando curso a solicitudes de elementos que permitan viabilizar una petición de cesación a la detención preventiva; máxime si la cesación se configura como un instituto accesorio al proceso principal, en el cual no se debate el fondo del asunto (Conclusión II.4). De lo expuesto se colige que, en una anterior acción de libertad, planteada por el mismo accionante, cuya pretensión principal estaba referida a la solicitud de pericia psicológica para hacer valer en una futura solicitud de cesación a la detención preventiva, ya fue resuelta, por esta misma Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 003/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente Fallo Constitucional; y, 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, considerando el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1600_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42adc9e61145feef038e0130569605b80008f18ac24993b1fa04508ea4fdc31b

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