Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido que las autoridades demandadas incumpliendo el expreso mandato del art. 232.I.5 del CPP, dispusieron su detención preventiva sin considerar que el delito por el que es procesado no tiene pena privativa de libertad mayor de cuatro años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 8 de julio, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1598/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57130-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2023 de 8 de julio, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandro Esteban Chambi Poma contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, del mismo departamento.
Por memorial presentado el 8 de julio de 2023, cursante de fs. 6 a 9 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 30 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses, tras haberse considerado que concurrían los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), exponiendo el Juez demandado, un criterio erróneo porque no consideró la previsión del art. 232.I.5 de la norma procesal penal, puesto que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años, sólo pueden disponerse medidas sustitutivas, criterio que es aplicable aun cuando se trate de delitos en razón de género. Tras ser apelada tal determinación, de dictó el Auto de Vista 523/2023 de 6 de julio, siendo rechazada la misma haciendo mención a la existencia de delitos especializados en razón de género omitiendo la aplicación del citado art. 232.I.5 del CPP, de manera que se pronunció una resolución abusiva y contraria al orden público incurriendo en delito de prevaricato.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a las autoridades judiciales demandadas revoquen la detención preventiva dispuesta.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de julio de 2023, según consta en acta cursante 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó su demanda y aclarándola señaló que: a) Fue detenido el 27 de junio de 2023, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares el 30 de similar mes y año, acto procesal en el que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, dispuso su detención preventiva porque consideró que podía influir negativamente en la víctima, testigos y partícipes; sin embargo, inobservó de manera flagrante la aplicación del art. 232.5 del CPP, que en otro caso, motivó la condena del Juez de Pucarani por el delito de prevaricato; y, b) El delito que se está investigando -que es modificable- es violencia familiar o doméstica cuya pena es de uno a cuatro años, de manera que no procede la detención preventiva aún si trata de delitos en razón de género porque la ley lo prohíbe.
Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia expresó: 1) El accionante, al formular su recurso de apelación no señaló como agravio el actual reclamo sobre la aplicación del art. 232.I.5 del CPP; y, 2) El impetrante de tutela señala que no era posible determinar su detención preventiva en estricta observancia de lo dispuesto por la señalada norma procesal penal; toda vez, que el delito por el que es procesado es sancionado con pena privativa de libertad que no excede de cuatro años; sin embargo, omitió considerar que el propio art. 232.III del CPP, prevé excepciones, entre ellas, que se trate de delitos contra la vida, la integridad corporal y la libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, como ocurre en el caso, en el que el impetrante de tutela es procesado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto, no asistió a la audiencia y tampoco presentó informe, constando su notificación en la diligencia de fs. 11 y 12.
El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12/2023 de 8 de julio, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Se ha logrado entender que la parte accionante está siendo procesada por un delito ordinario que tiene un juez natural que determinó su detención preventiva mediante Resolución que fue apelada, pronunciándose el Auto de Vista que confirmó la decisión de primera instancia; b) Como principal fundamento de la acción de libertad se refiere que el art. 232.I.5 del CPP, establece claramente la improcedencia de la detención preventiva respecto a dicho delito con pena menor a un año y pena mayor de cuatro años; no obstante, el parágrafo III de la misma norma legal, establece que no se aplicará como causa de improcedencia de la detención preventiva el quantum de la pena cuando se trate de delitos contra la vida, la integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; así, en los delitos de violencia familiar o doméstica podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva e igualmente, debe aplicarse el protocolo de juzgamiento en perspectiva de género; y, c) El Juez que conoció la medida cautelar emitió un entendimiento que fue cuestionado en apelación, en ejercicio del derecho a recurrir, de manera que la autoridad judicial que resolvió la impugnación no pudo actuar más allá de lo solicitado en la audiencia de apelación, si no se efectuó una correcta valoración ni fundamentación, respecto a los elementos que le pudieron causar agravio, los jueces y vocales se encuentran impedidos de suplir las omisiones de las partes; consecuentemente, al no haberse cuestionado en la apelación incidental la aplicación del art. 232.5 del CPP, no existe ninguna vulneración a los derechos y garantías del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De la revisión tanto de la acción de libertad como el informe verbal de la Vocal demandada y la Resolución 12/2023 de 8 de julio, se extrae que el accionante es sometido a proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva al considerar que existía peligro de obstaculización debido a que el imputado podía amenazar o influir negativamente sobre la víctima, aplicando en su razonamiento, la perspectiva de género (fs.6 a 9 vta. y 13 a 17). II.2. Cursa Resolución 12/2023 de 8 de julio, donde se hace referencia al rechazo de la solicitud de apelación de la audiencia de medidas cautelares (fs. 15 a 17).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido que las autoridades demandadas incumpliendo el expreso mandato del art. 232.I.5 del CPP, dispusieron su detención preventiva sin considerar que el delito por el que es procesado no tiene pena privativa de libertad mayor de cuatro años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al manejo de la prueba en las acciones de defensa, las normas generales establecidas por el Código Procesal Constitucional prevén que al presentar la acción quien la interpone, debe presentar las pruebas que tenga en su poder o señalar el lugar donde se encuentran (art. 33.7). El art. 35 de la misma norma procesal constitucional, señala que presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal, debe señalar audiencia pública; disponer la notificación de la parte demandada y ordenar la remisión de la prueba que esta tenga en su poder, resultando así, que el deber de recolección de elementos probatorios recae en las juezas, jueces, tribunales de garantías y de las Salas Constitucionales. No obstante, en el caso específico de la acción de libertad, que por mandato del art. 125 de la CPE, no requiere de ninguna formalidad procesal, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sobre la prueba en la acción de libertad, señala que dicho deber de recolección de elementos probatorios de los jueces y tribunales de acciones de libertad debe desarrollarse en el marco de la celeridad. El mismo fallo constitucional señala que todo juez o tribunal de garantías tiene la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a) Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad; y, b) La prueba que de oficio pudo producirse, máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. Se entiende que a partir de la promulgación de la Ley 1104 de 5 de julio de 2018, tal obligación se extiende a las Salas Constitucionales.
La referida SCP 0097/2012, aclara igualmente, que:
El entendimiento asumido en la remisión de elementos de convicción a este Tribunal, no menoscaba la facultad conferida por el art. 41 de la LTCP e incluso independientemente a la responsabilidad funcionaria que pueda evidenciarse, ante la inobservancia de lo anteriormente referido por parte de los jueces y tribunales de acción de libertad, bajo el principio de informalismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede resolver la causa sin requerir la remisión de prueba omitida cuando de las circunstancias del caso pueda conformarse convicción, conforme a la naturaleza sumaria de esta acción de defensa.
En los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, como así se desarrolló y manifestó en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que es una sistematizadora de línea y a continuación se pasa hacer la mención correspondiente.
La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se refirió al equilibrio entre los derechos del imputado señalando lo siguiente:
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. (…)
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental. En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento. Asimismo, la SCP 0017/2019-S2 refiriéndose al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia debida a género, determinó:
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. (…) Finalmente, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional abordó un conjunto de razonamientos respecto al análisis integral en aquellos casos en los que se identifiquen víctimas de violencia, señalando al efecto, el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia y del deber de aplicar un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa, estableciendo lo siguiente:
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales (…) En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. Siguiendo dicha línea de entendimiento más tarde la exigencia del análisis del problema jurídico integral en las acciones de defensa, ha sido extendida a los diferentes procesos. Así, se tiene expresado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, que estableció lo siguiente:
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
Con carácter previo a delimitar la problemática planteada por la parte accionante, es preciso señalar los siguientes dos aspectos: En la acción de libertad venida en revisión no se adjuntó la resolución pronunciada por el Juez a quo, ni los fundamentos con los que el accionante sostuvo su recurso de apelación incidental y menos, el Auto de Vista pronunciado por la Vocal demandada, observándose que aunque el Juez de garantías, al admitir la demanda, ordenó a la autoridad demandada la remisión de los antecedentes en su poder, tal instrucción no fue observada, presumiblemente porque la audiencia fue celebrada el mismo día; no obstante, al haberse entendido que se reclama la detención preventiva dispuesta en su contra por errónea aplicación del art. 232.I.5 del CPP, este Tribunal Constitucional pronunciará resolución de fondo en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. Por otra parte, aunque el accionante denunció la existencia de actos ilegales atribuibles tanto al Juez a quo como a la Vocal demandada, atribuyéndoles vulneración de su derecho a la libertad por errónea aplicación de la norma contenida en el art. 232.I.5 del CPP, resulta necesario aclarar que lo resuelto por el Juez del proceso fue impugnado mediante recurso de apelación incidental, cuyo conocimiento correspondió a la autoridad de segunda instancia quien emitió resolución efectuando el control correspondiente; razón por la cual, el presente fallo constitucional se referirá únicamente a lo resuelto por esta última autoridad de la jurisdicción ordinaria; respecto a ello, se señala que al conocer la impugnación planteada debió revocar la detención preventiva dispuesta en cumplimiento del expreso mandato del art. 232.I.5 del CPP, debido a que el delito por el que es procesado no tiene pena privativa de libertad mayor de cuatro años, norma legal que debe ser aplicada en todos los casos, incluidos los delitos por razón de género. En ese orden, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo, en los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, último que debe efectuarse en el contexto del proceso penal para verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia; así como, los derechos de los imputados. Respecto a las víctimas, prevalece el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, como a una vida libre de violencia que obligan al Estado y sus agentes, a su resguardo. De esa forma, el enfoque interseccional contribuye a la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia por ser grupos altamente vulnerables que los sitúa en el ámbito de la doctrina del estándar más alto de protección, razonamiento que debe ser aplicado tanto en las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales, que como se menciona en la acción de libertad, fue aplicado por la Vocal demandada al resolver la apelación incidental del accionante respecto a su detención preventiva. A ello se añade que el art. 232 del CPP, vigente con las modificaciones dispuestas por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 -que a su vez modificó la Ley 1173 de 3 de mayo del mismo año-, establece las causas de improcedencia de la detención preventiva en ciertos casos, como en aquellos delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando los delitos sean sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal, sea inferior o igual a cuatro años, supuesto en el que como previene el parágrafo II, es posible aplicar otras medidas cautelares personales como las previstas en el art. 231 bis de la misma norma procesal penal; no obstante, el parágrafo IV del citado art. 232, establece que en delitos por violencia familiar o doméstica podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva, previsión legal que es coherente con el principio procesal de protección señalado por el art. 86. 7 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y con el enfoque interseccional que no se limita a analizar el problema jurídico de manera unilateral sino que examina el contexto y los derechos en conflicto; más aún, tratándose de los casos de víctimas de violencia en razón de género; en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, por ser grupos altamente vulnerables situados en el ámbito de la doctrina del estándar más alto de protección, razonamiento que debe ser aplicado tanto en las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales, que como se menciona en la acción de libertad, fue aplicado correctamente por la Vocal demandada al resolver la apelación incidental del accionante respecto a su detención preventiva. Finalmente, corresponde aclarar que la norma estudiada; vale decir, el art. 232.I. del CPP, en su conjunto, regula la improcedencia de la detención preventiva; sin embargo, el parágrafo III, señala que los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del parágrafo I del art. 232, no se aplicarán como causal de improcedencia cuando se trate de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra; contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas o con afectación al Estado, de corrupción o vinculados; y de narcotráfico y sustancias controladas. En conclusión, la norma revisada, si bien establece la improcedencia de la detención preventiva de acuerdo a la casuística detallada en párrafos precedentes, establece excepciones a tal posibilidad cuando existen delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en los que no es posible invocar la protección inicialmente brindada por el art. 232.I del CPP. Finalmente, cuando se trata de delitos de violencia familiar o doméstica resulta plenamente aplicable la detención preventiva como señala, el parágrafo IV del artículo citado. Consecuentemente, el impetrante de tutela expone un argumento erróneo al plantear un entendimiento único del art. 232.I.5 del CPP, que emerge de una lectura sesgada que no considera el contexto íntegro de la norma legal señalada que en su parágrafo IV, posibilita la detención preventiva en delitos de violencia familiar o doméstica en respuesta a la necesidad de protección de las víctimas de violencia en el marco de los más altos estándares de protección a dicho grupo vulnerable; razón por la cual, su argumento es insostenible. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 8 de julio, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1598_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6a591a0f09c98306bb56c5abfd218c96d930657cdf6b7ce6c22c75504e4773e9
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