Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo solicitado el 12 de enero de 2023, audiencia de consideración de libertad condicional, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso que previamente el Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario San Antonio, remitan la clasificación del primer, segundo y tercer periodos del Sistema Progresivo, sin que dicha orden haya sido acatada hasta la fecha, no obstante las conminatorias respectivas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a los demandados, a que en futuras actuaciones observen el deber que tienen de tramitar con celeridad, toda solicitud que incida en el derecho a la libertad personal de los sujetos procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1597/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57065-2023-115-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Torrez Ortiz en representación sin mandato de Erick Arando Tacuri contra Director Departamental de Régimen Penitenciario y Director del Centro Penitenciario San Antonio, ambos del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante de fs. 10 a 12 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
Desde el 18 de febrero de 2017, se encuentra cumpliendo condena en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba. Obedeciendo los requisitos establecidos en el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; el 12 de enero de 2023, presentó al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitud de audiencia de consideración de libertad condicional; sin embargo, por proveído de 19 de junio de 2023, el titular de dicho juzgado, dispuso que con carácter previo el Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario San Antonio, remitan la clasificación del primer, segundo y tercer periodos del Sistema Progresivo, orden con la que no obstante haber sido notificados, la incumplieron; ante ello, la mencionada autoridad judicial, mediante proveídos de 26 de junio y 4 de julio, conminó a los mencionados para que remitan la documentación extrañada, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a lo determinado, omisión que atentaría contra su derecho a la libertad, ya que por falta de la indicada documentación no se puede señalar su audiencia de libertad condicional.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se declare “procedente” la acción de libertad y se disponga que el Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario San Antonio, en el plazo de veinticuatro horas remitan al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, la clasificación primero, segundo y tercer periodo del sistema progresivo.
Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 42, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
El Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario San Antonio, ambos del departamento de Cochabamba, mediante su abogado, en audiencia informaron que: a) Por Nota de 27 de “julio” de 2023, fueron presentados ante el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital, del departamento de Cochabamba, los informes solicitados con relación a los programas que el privado de libertad hubiera cursado para su clasificación en el cuarto periodo con relación al primero, segundo y tercer periodo; y, b) El 29 de junio, se presentó el certificado de trabajo, requerido mediante conminatoria, con lo cual se habría dado cumplimiento a cabalidad a lo ordenado por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital; por lo que no existiría causal, para que el señalamiento de audiencia, siga suspendiéndose y la autoridad judicial otorgue el beneficio al privado de libertad.
La Jueza Novena de Sentencia en lo Penal de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 43 a 45, concedió la tutela solicitada, en la modalidad innovativa, exhortando a las autoridades accionadas, dar cumplimiento, a la remisión de informes solicitados por las autoridades jurisdiccionales, en peticiones que tengan que ver con privados de libertad; determinación que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Ante la solicitud de libertad condicional, presentada por el ahora accionante, fue emitido el Decreto de 18 de enero de 2023, requiriendo de los demandados informe si el privado de libertad se encuentra en último periodo del Sistema Progresivo, si está preparado para reinsertarse a la sociedad; asimismo, informes evaluativos y del tiempo de permanencia en el penal, si tuviera faltas graves o muy graves en el último año, si tuviese otros procesos penales, si demostró vocación para el trabajo, entre otros; con dicho proveído, los demandados fueron notificados 6 de febrero de 2023 y de la revisión de antecedentes se advierte fueron presentando los distintos informes, pero no de manera completa, así el 23 de ese mes y año, presentaron informe sobre el primero, segundo y tercer periodo solicitado, más no del cuarto, complementándose lo pedido, mediante nota de 11 de julio de 2023; 2) No puede ser que habiéndose ordenado la remisión de información en enero de 2023, se haya dado cumplimiento a la misma recién el mes de julio, habiendo excedido el plazo otorgado para tal fin; y, si bien los demandados estarían dando cumplimiento a lo dispuesto, no debe dejarse de lado que existió dilación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Memorial de 12 de enero de 2023, presentado por el ahora accionante, solicitando a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, libertad condicional, haciendo constar que habiéndose beneficiado con el beneficio de redención de pena, su condena rebajó a ocho años, once meses y cinco días; contando a la fecha, con cinco años, diez meses y quince días que permanece privado de libertad (fs. 2). II.2. Nota presentada por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario el 23 de febrero de 2023, remitiendo informes de áreas de asistencia legal, social, psicológica y médica, así como la Resolución del Consejo Penitenciario San Antonio, sobre la calificación realizada a Erick Arando Tacuri en el cuarto periodo del Sistema Progresivo (fs. 37). II.3. Proveído de 19 de junio de 2023, mediante el cual la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, conmina al Director del Centro Penitenciario San Antonio, y a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, para que en el plazo de cinco días cumplan con la remisión de lo requerido mediante Decreto de 18 de enero del mismo año, es decir, Informe o Certificación de la Junta de Trabajo con firma y sellos de la mayoría de sus integrantes, sobre si hasta la fecha, el interno demostró de manera regular vocación para el trabajo y sea con sustento documental de sus tarjetas personales de control, refiriendo la actividad de trabajo a la que se dedicó durante su permanencia, o en su caso, informen porque no existe registros de las mismas. Información que deberá proporcionarse de manera actualizada hasta la fecha de su remisión dentro del plazo establecido (fs. 22). II.4. Certificado de Permanencia y Conducta de 26 de junio de 2023, que señala que Erick Arando Tacuri, tiene como tiempo de permanencia en el Centro Penitenciario San Antonio, seis años, tres meses y veintiocho días; y, que, durante la misma incurrió en faltas disciplinarias tipificadas en los arts. 127, 128, 129 y 130 de la Ley de Ejecución Penas y Supervisión, existiendo en su file las resoluciones correspondientes (fs. 25). Decreto de 30 de junio de 2023, por el que la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, dispone tener presente el documento antes señalado (fs. 26). II.5. Cursa CITE/TS-127/DDRP/2023 de 28 de junio, remitida por la Trabajadora Social de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, dirigido a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, remitiendo el certificado de trabajo de Erick Arando Tacuri (fs. 27 y 30). II.6. Consta proveído de 26 de junio de 2023, por el que la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, entre otras disposiciones, reiteró el cumplimiento de la conminatoria al Director Departamental de Régimen Penitenciario y al Director del Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba (fs. 24) II.7. Nota de 28 de junio de 2023, suscrita por el Asesor Legal de Régimen Penitenciario, aclarando a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba que, la documentación extrañada consistente en la clasificación de Rick Arando Tacuri, en el Sistema Progresivo, habría sido enviada el 23 de febrero de 2023, junto con los informes correspondientes y que de acuerdo al art. 158 de la Ley 2298, la clasificación tendría una vigencia de 6 meses (fs. 33). II.8. Decreto de 4 de julio de 2023, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba que, dispone la notificación personal al Director Departamental de Régimen Penitenciario a efectos de fiscalizar y supervisar la materialización inmediata del cumplimiento del requerimiento judicial de requerimiento de las Resoluciones del primero, segundo y tercer periodo del Sistema Progresivo, conforme el proveído de 19 de junio de 2023 (fs. 34). II.9. Nota presentada al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, el 12 de julio de 2023, en la que el Asesor Legal de Régimen Penitenciario, en cumplimiento al proveído de 4 de ese mes y año, remite a la titular del mismo, informes de las áreas asistencia social, psicológica y médica, concernientes a los periodos de Sistema Progresivo primero, segundo y tercero, correspondientes al privado de libertad Erick Arando Tacuri (fs. 40).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo solicitado el 12 de enero de 2023, audiencia de consideración de libertad condicional, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso que previamente el Director Departamental de Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario San Antonio, remitan la clasificación del primer, segundo y tercer periodos del Sistema Progresivo, sin que dicha orden haya sido acatada hasta la fecha, no obstante las conminatorias respectivas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
De acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio[1], sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (el resaltado es añadido). Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló por un lado la doctrina de la acción de libertad innovativa y por otro la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia. Con relación a esta causal y su aplicación en la acción de libertad. Al respecto la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, efectuó el siguiente razonamiento:
El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que en relación la acción de amparo constitucional, señala que no procederá: “Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado” (las negrillas nos pertenecen); asimismo a lo establecido en el art. 49.6 de la misma norma, que sobre el procedimiento de la acción de libertad precisa: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (el subrayado y resaltado son nuestros).
De las indicadas normas legales se extrae, que el legislador ordinario estableció expresamente como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación del acto reclamado, en mérito a lo cual la jurisdicción constitucional, se encuentra impedida de ingresar a conocer y resolver el fondo de lo demandado cuando se haya superado el acto vulneratorio de derechos; no obstante, en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, no se advierte mandato expreso ni implícito que establezca como causal de improcedencia de la acción de libertad, a la sustracción de materia, sino más al contrario se observa que el art. 49.6 del CPCo, a tiempo de establecer el procedimiento para la tramitación de dicha acción tutelar, indica claramente que aún hayan cesado las causas que dieron lugar a la interposición de la mencionada acción de defensa, deberá realizarse la audiencia de garantías con la finalidad de establecer responsabilidades contra los demandados; lo que quiere decir, que esta disposición normativa, reconoció de forma expresa a la acción de libertad en su modalidad innovativa, en virtud a la cual deberá llevarse adelante la audiencia de garantías y emitirse resolución de fondo, con la finalidad de disponer que los demandados -cuando se conceda la tutela-no incurran nuevamente en actos lesivos de derechos y además se establezcan responsabilidades en su contra[2].
Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.
En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad (las negrillas son añadidas).
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre[3] se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril[4], incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero[5], entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.
El impetrante de tutela denuncia que, su solicitud de audiencia de consideración de libertad condicional, no puede ser efectuada como consecuencia de la falta de remisión de informes y certificaciones solicitada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, al Director Departamental de Régimen Penitenciario y al Director del Centro Penitenciario San Antonio, al ser quienes encabezan el Consejo Penitenciario.
Previamente al análisis de fondo de la problemática planteada, resulta pertinente referir que conforme lo manifestado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad innovativa, se activa, no obstante la cesación del acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; puesto que la finalidad de esta modalidad de acción de libertad, radica en evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que conforme el entendimiento jurisprudencial, esta acción de defensa, se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objeto de evitar la reiteración de conductas vetadas del ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales.
En ese contexto, no obstante que la documentación requerida fue complementada y remitida al Juzgado Segundo de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Cochabamba, el 12 de julio de 2023 (Conclusión II.9); se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el solicitante de tutela.
Ahora bien, conforme se evidencia de la documentación cursante en el expediente, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Erick Arando Tacuri, por la presunta comisión del delito de homicidio, mediante memorial de 12 de enero de 2023, el ahora accionante, acudió ante la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitando libertad condicional (Conclusión II.1); asimismo, consta el Proveído de 19 de junio de 2023, por el que la mencionada autoridad, conminó a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba y al Director del establecimiento penitenciario San Antonio, a la remisión de la documentación solicitada referida a Informe o Certificación de la Junta de Trabajo con firma y sellos de la mayoría de sus integrantes, sobre si hasta la fecha, el interno demostró de manera regular vocación para el trabajo y sea con sustento documental de sus tarjetas personales de control, refiriendo la actividad de trabajo a la que se dedicó durante su permanencia, o en su caso, informen porque no existe registros de las mismas (Conclusión II.3); del mismo modo, cursan notas de la Trabajadora Social de 29 de junio de 2023 y del Asesor Legal de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba de 17 de febrero y 12 de julio de 2023 (Conclusiones II.2, II. 5 y II.9) mediante las cuales hacen conocer a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, la remisión de la documentación solicitada.
En atención a la documental referida en líneas superiores y acorde lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad traslativa no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda, sin dilación indebida.
En ese entendido, si bien consta que la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, el 23 de febrero de 2023, habría remitido a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, informes de áreas de asistencia legal, social, psicológica y médica, así como la Resolución del Consejo Penitenciario San Antonio, sobre la calificación realizada a Erick Arando Tacuri en el cuarto Sistema Progresivo, no obstante, la misma no se constituía en la única documentación requerida, por ello la emisión de la conminatoria de 19 de junio de 2023 y la de 4 de julio de igual año, habiendo en consecuencia remitido la documentación requerida, en su integridad, recién el 12 de julio de 2023, no obstante que de acuerdo a lo referido en el Decreto de 19 de junio del mismo año, el requerimiento de la documentación descrita en el mencionado proveído tiene como data primigenia la de 18 de enero de 2023, habiendo demorado en la provisión de la documentación completa, casi seis meses, incurriendo en dilación indebida, contraria a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dado que los demandados desconocieron que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad personal, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible. Consiguientemente, no obstante ser evidente que los demandados remitieron la documentación solicitada, inicialmente lo hicieron de forma parcial, completando lo requerido como consecuencia de reiteradas conminatorias, recién el 12 de julio de 2023, lo cual denota una tramitación en la que no se observó la celeridad que amerita una solicitud inherente al derecho a la libertad, razón que conduce a otorgar la tutela impetrada, a objeto que los demandados no incurran en una situación similar, pues si bien en el caso concreto habría cesado día antes a la celebración de la audiencia de garantías, la dilación indebida en la otorgación del mismo fue consumada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a los demandados, a que en futuras actuaciones observen el deber que tienen de tramitar con celeridad, toda solicitud que incida en el derecho a la libertad personal de los sujetos procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa, sistematización que también fue recogida por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
2 De conformidad con la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre “entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona
particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias”.
3 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
4 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
5 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1597_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
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