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SCP 1596/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57056-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, presuntamente en su elemento de la celeridad, ello debido a que dentro del proceso penal que se tramita en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, luego de haber apelado la decisión que resuelve los incidentes promovidos de su parte, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, no remitió ante el superior en grado el cuaderno de control jurisdiccional en el plazo establecido en la norma -no indica que norma-, lo que representa una amenaza a su derecho a la libertad por la inminente posibilidad de que se celebren audiencias posteriores que puedan revertir su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1596/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Libertad Expediente: 57056-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Fabrizzio Gutiérrez Miranda en representación sin mandato de David Alejandro Cortez Saavedra contra Regina Santa Cruz Silva, Juez de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso signado con el numero “201102012107771” en el cual se había anteriormente dejado sin efecto y declarado expresamente la nulidad de la imputación formal -se entiende en contra de su representado-, y pese a varias intimaciones, se dispuso admitir la referida imputación -no indica respecto a que delito o dentro de que proceso- fuera de plazo razonable; decisión que fue apelada de su parte. Sin embargo, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional ante el superior en grado, pese a haber transcurrido “5 veces” (sic), el plazo establecido ni reparó dicho error; hecho que amenaza su libertad, debido a que, se encuentra a la espera de la celebración de una audiencia en la que se va a considerar su situación legal.

Por tal razón, interpone la presente acción de tutela en su modalidad restaurativa y traslativa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se determine la extinción por vencimiento de la “conminatoria” y se remita obrados en el plazo de veinticuatro horas, limitando la celebración de audiencias hasta que se resuelva con carácter previo su apelación formulada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de julio de 2023, según consta en acta de cursante de fs. 6 a 7 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante refirió que: a) En la vía traslativa, se advierte que el legajo procesal fue elevado a conocimiento de la autoridad de alzada “una o dos horas” antes de la celebración de la presente acción tutelar; y si bien, se señaló que no se impuso ninguna medida cautelar en contra del impetrante de tutela, ello no inhibe la afectación al derecho a la libertad que genera la dilación en la remisión de obrados, a efectos de que se resuelva su situación jurídica, respecto a su recurso de apelación; y, b) En su modalidad restaurativa, si bien no se dispuso detención preventiva en su contra, sin embargo, el no haberse resuelto su recurso de apelación, en el tiempo establecido en la norma, no es una obligación que deba ser cumplida por el imputado sino por el Órgano Judicial, por lo que, dicha dilación, implica la lesión al derecho a la libertad, puesto que no se produce la resolución del superior en grado. A las preguntas efectuadas por el Juez de garantías, de que es lo que la parte accionante solicita, el accionante a través de su representante, manifestó que: 1) Solicita que se remita el cuaderno de control jurisdiccional ante el superior en grado y se garantice la admisión de su recurso de apelación, debido a que, solo se tiene certeza de su remisión; y, 2) Que al verificarse la existencia de cuestiones previas que deben resolverse, se limite la adopción o modificación de cualquier medida cautelar o señalamiento de audiencia para su consideración, hasta que se resuelvan las excepciones e incidentes en grado de apelación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Regina Santa Cruz Silva, Juez de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de julio de 2023, cursante a fs. 4 y vta., manifestó que: i) Mediante Auto Interlocutorio 349/2023 de 29 de junio, fueron resueltos las pretensiones del accionante, siendo una de ellas la extinción de la acción penal en relación al Ministerio Público, decisión que fue apelada por el prenombrado; y, ii) El recurso interpuesto ya se encuentra radicado en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, rige el principio de subsidiariedad dado que no existe grado de vulnerabilidad para aperturar la justicia constitucional, más aún, al estar pendiente la resolución del recurso promovido por el impetrante de tutela, resaltando que la libertad del prenombrado no se encuentra en riesgo, ante la ausencia de solicitud de aplicación de detención preventiva en su contra.

I.2.3. Resolución del Juez de garantías

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 17/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., denegó la tutela impetrada, en base en los siguientes fundamentos: a) El recurso de apelación formulado en contra del Auto Interlocutorio 349/2023 de 29 de junio, fue remitido el 7 de julio de similar año a horas 10:12, conforme se tiene de la página 58 del Libro de Remisiones del juzgado a cargo de la autoridad demandada; es decir, con anterioridad a la celebración de la presente audiencia de consideración de la acción tutelar; por lo que, no se evidencia, lesión a derecho o garantía alguna, y al estar pendiente de resolución el aludido recurso, no corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada; b) Los incidentes y excepciones cuando son impugnados, son en efecto devolutivo, no suspenden la tramitación de la causa principal, por lo que, la solicitud de que se paralice el proceso, implica la desnaturalización del procedimiento; y, c) Respecto a la petición de que se ordene que la apelación formulada sea admitida, citó los arts. 54 y 70 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concluyendo que dicho examen le compete a la autoridad de alzada, y no así a la Jueza demandada; en consecuencia, el disponer lo solicitado, implicaría la extralimitación de sus funciones como Juez de garantías.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del Libro de Remisiones del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, de 7 de julio de 2023, que devela que el legajo de apelación del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de David Alejandro Cortez Saavedra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, se radica en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 5)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, presuntamente en su elemento de la celeridad, ello debido a que dentro del proceso penal que se tramita en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, luego de haber apelado la decisión que resuelve los incidentes promovidos de su parte, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, no remitió ante el superior en grado el cuaderno de control jurisdiccional en el plazo establecido en la norma -no indica que norma-, lo que representa una amenaza a su derecho a la libertad por la inminente posibilidad de que se celebren audiencias posteriores que puedan revertir su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubrese pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente:

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados. Entendimiento reiterado en la SCP 1021/2025-S3 de 28 de agosto.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia dilación indebida en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 349/2023 de 29 de junio, donde se resolvieron sus pretensiones, siendo una de ellas la extinción de la acción penal en relación al Ministerio Público, incumpliendo -a su criterio- la Jueza demandada los plazos procesales al no elevar en alzada el mismo hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, lo que generó la necesidad de interponer la presente acción de defensa.

Al respecto, de la revisión de antecedentes y lo manifestado por las partes procesales en la audiencia de garantías, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, mediante Auto Interlocutorio 349/2023, entre otros, la autoridad jurisdiccional demandada, rechazó el incidente de extinción de la acción penal; decisión que fue apelada; por lo que, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 7 de julio de 2023 (Conclusión II.1). Ahora bien, de acuerdo a lo ocurrido en audiencia, dicha remisión hubiere sido confirmada por el accionante, quien, ante las consultas efectuadas por el Juez de garantías, reformuló su petitorio, precisando que solicita que el recurso de apelación formulado sea admitido y se disponga la suspensión de cualquier audiencia de consideración de su situación jurídica entretanto no se resuelva la impugnación referida. Bajo ese margen, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad.

En ese marco, no obstante que el accionante solicita la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en razón a la dilación en la remisión del legajo de su apelación; de lo obrado en la causa se advierte que el impetrante de tutela no se encontraba privado de libertad a momento de activar su acción de defensa; lo que conforme a lo descrito en el párrafo anterior se constituye en una causal para determinar la improcedencia del mecanismo constitucional promovido, puesto que en su esencia, la modalidad traslativa se funda en que la dilación en la solución de la situación jurídica del justiciable -respecto a su libertad- no puede estar supeditada al incumplimiento a los plazos diseñados en la norma adjetiva penal, sino a la decisión de las autoridades judiciales conforme a derecho.

Circunstancia por la cual, en el caso en revisión, al no configurarse el requisito sine qua non, en el marco de los alcances de protección de la acción de libertad de pronto despacho; que se traduce en, resolver con celeridad los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver solicitudes o peticiones vinculadas con la libertad de una persona; por lo que, la situación procesal del impetrante de tutela, impide que este Tribunal pueda ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por dilación indebida; máxime, si en obrados procesales no cursa elemento alguno que demuestre aquello, y que permita a este Tribunal tener certeza sobre la vulneración del derecho invocado.

Por otro lado, se advierte que, la petición formulada en audiencia, da cuenta que la intención del accionante es la paralización de la tramitación de la causa, que se disponga la admisión de su recurso de apelación, atribuciones ajenas a la autoridad demandada; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1596_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 53d8e723f9fae7e66ca8e400ec6d1856f91add3be311edd38d2f9d6e2d067bcd

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