B.IA.LEGAL

SCP 1595/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57011-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada no emitió el mandamiento de libertad, pese a que fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, y cumplió con las medidas sustitutivas dispuesta en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, manteniéndolo indebidamente privado de libertad, limitándose a disponer que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución “520/2023” de 1 de junio, misma que no existía en el cuaderno procesal; motivo por el cual, solicitó que mediante la presente acción tutelar se conceda la tutela y se disponga la inmediata emisión del mandamiento de libertad, condenándose en costas u costos, y la remisión de antecedentes al ministerio público y al consejo de la magistratura para el procesamiento de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En relación al cumplimiento de medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de libertad
  2. III.2. Materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1595/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57011-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo Vela Condori contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la ciudad del El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de julio de 2023, cursante a fs. 19 a 20, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de un recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 471/2023 de 16 de mayo de 2023, se admitió y declaró procedente dicho recurso, disponiéndose la revocatoria parcial de la resolución apelada y la aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), estableciendo como medidas, entre otras: detención domiciliaria en el domicilio real del sindicado, arraigo, prohibición de acercamiento a la víctima y al lugar del hecho, presentación semanal mediante registro biométrico ante la Fiscalía, presentación de dos garantes solventes, restricción de visitas a la menor referida en la resolución, prohibición de intimidación a la víctima, sometimiento a terapia psicológica mensual y cancelación de terapias psicológicas de la víctima.

Conforme lo expuesto, cumplió con todas las medidas impuestas por el Tribunal de Alzada, mismas fueron presentadas ante el Juez a quo, quien no dio curso a las mismas, limitándose a disponer que se cumpla una Resolución “520/2023” de 1 de junio, misma que no existía, manteniéndolo en detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, pese a lo resuelto en el citado Auto de Vista y haber cumplidos las condiciones impuestas en el mismo; dicha situación vulneró sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, previstos en los arts. 23.I, 115 y siguientes de la Constitución Política del Estado (CPE). Finalmente, sostuvo que la detención que pesa en su contra es ilegal e indebida; toda vez que, conforme a lo dispuesto por el Auto de Vista 367/2023, correspondía que el Juez A quo disponga su cesación de la detención preventiva; razón por la cual, solicitó que en la presente acción tutelar se conceda la tutela.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23.I, 115; y, siguientes de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, condenándose en costas u costos, y la remisión de antecedentes al ministerio público y al consejo de la magistratura para el procesamiento de la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 70, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Todas las medidas dispuestas por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el Auto de Vista 367/2023 fueron cumplidas, extremo que habría sido acreditado mediante memorial presentado el 16 de junio de 2023, en el que solicitó la emisión del mandamiento de libertad, acompañando la documentación correspondiente; asimismo, solicitó que se comisione a una funcionaria judicial para la verificación del domicilio del imputado en la ciudad de Potosí, en concordancia con lo dispuesto en el Auto de Vista; b) No obstante, fue notificado con decreto de 22 de junio de 2023, mediante el cual el Juez A quo tuvo por presentados algunos documentos, pero dispuso que se cumpla la Resolución “520/2023” de 1 de junio, misma que no existía en el cuaderno de resoluciones ni guardaba relación con la solicitud efectuada; e) El Juez A quo no dio cumplimiento al Auto de Vista 367/2023, manteniéndolo privado de libertad pese a que se acreditó el domicilio del imputado, la presentación de dos garantes y el cumplimiento del arraigo y de la fianza personal, conforme a la documentación acompañada; f) Diversas Sentencias Constitucionales establecen que el cumplimiento del arraigo y la acreditación de garantes resultan suficientes para la procedencia de la libertad, citando, entre otras, la SC 0575/2007-R de 5 de julio y la SCP 0480/2020-S4 de 22 de septiembre, en relación a la efectivización de la fianza; y, g) Ante la falta de emisión del mandamiento de libertad, pese al cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, configura una indebida privación de libertad, vulnerando el art. 23 de la CPE.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la ciudad del El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 7 de julio de 2023, cursante de fs. 25 a 29 vta., manifestó que: 1) Mediante Resolución 471/2023 de 16 de mayo, se aceptó la ampliación de la detención preventiva del imputado por 45 días, a efectos de que el Ministerio Público concluya los actos investigativos y emita requerimiento fiscal conclusivo, resolución que fue objeto de apelación por parte del imputado; 2) La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , mediante Resolución 367/2023 de 29 de mayo, revocó parcialmente la Resolución 471/2023 y dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; 3) El cuaderno de control jurisdiccional fue devuelto el 13 de junio de 2023; sin embargo, sostuvo que la verificación domiciliaria ordenada por el Tribunal de Alzada no fue cumplida, ya que el imputado presentó una verificación policial domiciliaria realizada en Potosí a solicitud de su abogado, y no por personal de apoyo jurisdiccional, conforme lo dispuesto en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, observándose además que el inmueble no contaría con medidas de seguridad; 4) El imputado -ahora accionante- presentó verificaciones domiciliarias policiales de dos garantes, así como el talón de inicio del trámite de arraigo; sin embargo, dichas actuaciones no se realizaron conforme a lo dispuesto por el Tribunal de Alzada; toda vez que, habrían sido gestionadas por iniciativa del abogado del imputado y no por el personal de Secretaría o Auxiliatura del Juzgado, como según indica correspondía y ante dichas observaciones, se emitió decreto, mediante el cual se tuvo por cumplido únicamente el arraigo, conminando al imputado a cumplir la Resolución de Alzada; asimismo, el informe emitido por Secretaría del Juzgado respalda la posición de que el imputado no cumplió con todas las medidas cautelares de carácter personal dispuestas por el Tribunal de Alzada; 5) Al tratarse de un juzgado de la especialidad en violencia contra la mujer, corresponde aplicar con preferencia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348-, así como las Convenciones de la CEDAW y Belém do Pará, y las recomendaciones generales 33 y 35 de la CEDAW, resguardando los derechos de la víctima como sujeto vulnerable; 6) La jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 017/2019-S2, señaló que la administración de justicia debe realizarse con perspectiva de género, priorizando los derechos de la víctima; la SCP 1023/2022-S3, refirió que en el caso concreto no concurren los presupuestos de procedencia de la acción de libertad, al no existir estado de indefensión absoluta ni agotamiento de los mecanismos ordinarios; la SCP 1332/2022-S1, afirmó que la jurisdicción constitucional no constituye una tercera instancia ni puede ordenar la emisión de mandamientos de libertad cuando la controversia corresponde a la vía ordinaria; finalmente la SCP 0307/2020-S1, indico que el juez ordinario debe dirigir el proceso dentro de sus competencias, sin asumir funciones asignadas a otros funcionarios, concluyendo que su persona actuó conforme a derecho y que la acción de libertad interpuesta resulta improcedente; y, 7) Por último, afirmó que actuó conforme a sus atribuciones legales, velando tanto por los derechos del imputado como por los derechos de la víctima, aplicando normativa nacional e internacional con perspectiva de género, en consecuencia solicitó se deniegue la tutela solicitada dentro de la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 57/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 71 a 73 vta. denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Si bien consta que el 19 de junio de 2023 se presentó memorial solicitando la emisión del mandamiento de libertad por el supuesto cumplimiento de las medidas impuestas, la providencia de 22 de junio de 2023 dispuso, de manera equivocada, que se dé cumplimiento cabal a la Resolución 520/2023 de 1 de junio, conforme al informe de la autoridad accionada, el cumplimiento debía adecuarse a lo dispuesto en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, que ordenó expresamente la verificación domiciliaria por personal de apoyo jurisdiccional, si bien se presentaron verificaciones domiciliarias del accionante, estas no pueden ser consideradas válidas; toda vez que, no fueron realizadas por el personal de apoyo jurisdiccional señalado de forma taxativa en la resolución, conforme a la Ley del Órgano Judicial y la jurisprudencia constitucional citada; ii) En consecuencia, no se dio cumplimiento a la determinación dispuesta; toda vez que, si bien se presentaron verificaciones domiciliarias de dos supuestos garantes, no cursa en antecedentes el acta de compromiso de garantía personal exigida por el art. 343 del CPP, la cual debe ser firmada formalmente en Secretaría del Juzgado, tanto la suscripción de dicha acta como la verificación domiciliaria corresponden a funciones administrativas del personal de apoyo jurisdiccional y no constituyen obligaciones jurisdiccionales del Juez, quien únicamente puede emitir el mandamiento de detención domiciliaria una vez verificado el cumplimiento íntegro de las medidas impuestas; iii) Asimismo respecto al petitorio de la parte accionante al pretender que la jurisdicción constitucional emita directamente un mandamiento de libertad; sin embargo, ello constituye un acto propio de la jurisdicción ordinaria, en ese entendido, el Juez de garantías constitucionales no puede asumir funciones ordinarias; razón por la cual, denegó la tutela solicitada.

En la vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante a través de su abogado señalo que, si bien se ha pedido la concesión de la tutela, debe precisarse que, en el memorial de 16 de junio de 2023, en su otrosí primero, se solicitó expresamente al Juez de la causa que disponga, en comisión, al personal del despacho la verificación del domicilio del defendido en la ciudad de Potosí, extremo sobre el cual la autoridad no se pronunció en su Resolución. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías rechazo la solicitud efectuada; puesto que, la misma no corresponde, toda vez que la Resolución 367/2023 de la citada Sala Penal Cuarta ya dispuso expresamente que dicha verificación debe ser realizada por el personal de apoyo jurisdiccional, sin requerir una nueva orden judicial; en consecuencia, corresponde a la parte accionante coordinar dicha verificación ante Secretaría del Juzgado y solo en caso de incumplimiento por parte del personal de apoyo, formular el reclamo respectivo ante el Juez.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo emitido por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual, determinó admitir el recurso de apelación y declarando su procedencia y en consecuencia revocó en parte la Resolución 471/2023 de 16 de mayo y dispuso la aplicación de otras medidas entre ellas las establecidas en el art. 231 bis (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Consta memorial de 19 de junio de 2023, por el cual el accionante, señaló que en cumplimiento del Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, presentó Certificado de Registro Domiciliario de sus garantes y de su persona Certificado de Arraigo Nacional, solicitando en consecuencia su mandamiento de libertad, mismo que mereció respuesta mediante providencia de 22 de junio de 2023, que señaló que se tenía presente y por adjuntada la presentación del talón de control de arraigo emitida por la Dirección General de Migración y en cuanto a la solicitud impetrada, “cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la Resolución N° 520/2023 de fecha 01 de junio de 2023” [(sic) fs. 4 a 5]. II.3. Cursa Formulario de Verificación Policial Domiciliaria de Waldo Vela Condori -accionante-, Santiago Avendaño Mamani y Arnulfo Vela Mamani, emitido por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Potosí (fs. 10 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada no emitió el mandamiento de libertad, pese a que fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, y cumplió con las medidas sustitutivas dispuesta en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, manteniéndolo indebidamente privado de libertad, limitándose a disponer que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución “520/2023” de 1 de junio, misma que no existía en el cuaderno procesal; motivo por el cual, solicitó que mediante la presente acción tutelar se conceda la tutela y se disponga la inmediata emisión del mandamiento de libertad, condenándose en costas u costos, y la remisión de antecedentes al ministerio público y al consejo de la magistratura para el procesamiento de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. En relación al cumplimiento de medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de libertad

Sobre el intitulado, la SCP 0460/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez fallos constitucionales anteriores, indicó que: “Inicialmente, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre construyó el siguiente parámetro: ‘…haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa [a] viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’; a partir del cual se desarrolló la jurisprudencia constitucional sobre el tema de cumplimiento de medidas sustitutivas. Eventualmente, la SC 0698/2010-R de 26 de julio, citando la referida jurisprudencia señaló: ‘En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite’. En la SCP 0745/2013 de 7 de junio, se estableció lo siguiente: ‘(…) cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad’. Esos razonamientos fueron continuamente reiterados en la jurisprudencia como en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, SCP 1429/2013 de 19 de agosto, SCP 0652/2015-S2 de 10 de junio, SCP 0150/2016-S2 de 22 de febrero, entre varias otras, que además fueron citadas por la propia parte accionante. Por lo anterior se puede extractar que en los casos en que se haya dispuesto la cesación de la detención preventiva y en su lugar la aplicación de medidas sustitutivas a ésta, la parte que se encuentra privada de libertad tiene la obligación de acreditar de manera adecuada el cumplimiento de aquellas imposiciones y sólo entonces la autoridad jurisdiccional podrá hacer efectivo el mandamiento de libertad, sin establecer requisitos o diligencias adicionales a las que en un principio fueron dispuestas” (las negrillas y subrayado son nuestros).

III.2. Materialización de la cesación de la detención preventiva bajo fianza personal

Efectuadas las precisiones realizadas supra, resulta ineludible que ante la existencia de un fallo que disponga la cesación de la detención preventiva, imponiendo medidas sustitutivas a la restricción de libertad, la persona privada de la misma, cumpla las imposiciones determinadas, siendo la autoridad judicial quien debe verificar aquello a objeto de expedir el respectivo mandamiento de libertad. En ese orden, en cuanto a la observancia de la fianza personal, la referida SCP 0460/2018-S4, efectuando cita también de fallos constitucionales anteriores, concluyó que: «La SC 0241/2010-R de 31 de mayo, sobre este tema desarrolló el siguiente entendimiento en referencia al art. 243 del CPP: “Del precepto citado, se aprecia que la fianza personal consiste en la obligación principal que asume una o más personas de presentar al imputado ante el Juez o Tribunal del proceso las veces que sea requerido; así como en la obligación alternativa de pagar la suma que el juez o tribunal determinen como suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales en caso de incomparecencia del imputado que se encuentra sometido a la medida cautelar personal sustitutiva de fianza personal. Por lo expuesto previamente, es preciso remarcar que como el o los fiadores personales asumen también esa obligación alternativa, que eventualmente se tornará en una obligación económica cuando sea determinada por el Juez o Tribunal a los efectos indicados, si bien no es posible que se desnaturalice la finalidad de la fianza personal con exigencias propias de la de carácter real, por cuanto -a pesar que ambas tienen como objetivo común asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso- cada una de ellas tiene una naturaleza jurídica distinta que ha determinado que el legislador las considere por separado; esto no significa que el órgano jurisdiccional no pueda valorar si aquéllos (los fiadores o garantes) tienen las posibilidades económicas o patrimoniales de cumplir la eventual obligación económica alternativa resultante de la incomparecencia del imputado; ese ha sido el entendimiento que al respecto ha tenido este Tribunal en la SC 1045/2004-R de 6 de julio, que señaló: ‘Las citadas normas, si bien implícitamente exigen que el fiador reúna ciertas condiciones de solvencia, éstas no son las mismas que se exigen cuando se impone una fianza real, pues lo que se ha estipulado es que el fiador deberá presentar a su garantizado -imputado- las veces que sea requerido, y si no lo hace, deberá pagar la suma suficiente para la captura y todo lo que ella demande para tal efecto, de esto resulta obvio que deberá tener ciertos ingresos que le permitan asumir, en una eventualidad como esa, los gastos referidos, pero esta obligación no implica que, al igual que en una fianza real, se deban presentar los mismos documentos que se exigen cuando se impone una fianza real, pues entender y exigir los requisitos de ésta para la personal, sería desnaturalizar esta última; y hacer abstracción de los requisitos de cada una de ellas y dejar sin aplicación material y objetiva un presupuesto jurídico establecido por un cuerpo legal vigente como es el relativo a la fianza personal. Sin embargo, también es importante señalar que el hecho de que para acreditar la solvencia del garante personal, no se exijan los mismos requisitos de la fianza real, no impide al juzgador, que aplique la medida cautelar de fianza personal que valore la situación patrimonial del garante, estableciendo entre otros, si tiene un domicilio y trabajo conocido como también un ingreso mensual, que le permita inferir que en el supuesto de declararse la rebeldía del imputado podrá asumir los gastos de su captura. En este orden de razonamiento, ya se han emitido otras sentencias, entre ellas, las SSCC 0215/2003-R, de 21 de febrero y 0882/2003-R, de 30 de junio’. Es preciso anotar en este aspecto, que en el caso concreto de la fianza personal el examen de la solvencia de los fiadores para determinar su capacidad de cubrir la obligación económica que implicaría la recaptura del imputado ante su incomparecencia, se vincula de manera directa a la finalidad general de las medidas cautelares de carácter personal de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley (art. 225 del CPP). (…) Finalmente, en el contexto jurisprudencial de análisis que se ha glosado, es importante tener en cuenta que a los efectos del art. 245 del CPP, es decir, para que se haga efectiva la libertad es preciso que previamente se haya otorgado la fianza, sea esta juratoria, real o personal, es decir, que se haya hecho efectiva; debiendo en este último supuesto, considerarse que como ya se ha referido, dentro del marco del respeto al derecho a la igualdad procesal y en sujeción al principio de celeridad corresponderá al juez o tribunal determinar si los garantes personales se encuentran o no en condiciones de cumplir con la eventual obligación económica emergente de la incomparecencia del imputado…”» (las negrillas y subrayado nos corresponden). Jurisprudencia extraída de la SCP 0182/2025-S3 de 31 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada no emitió el mandamiento de libertad, pese a que fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, y cumplió con las medidas sustitutivas dispuesta en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, manteniéndolo indebidamente privado de libertad, limitándose a disponer que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución “520/2023” de 1 de junio, misma que no existía en el cuaderno procesal. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, se advirtió que dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo determinó admitir el recurso de apelación, declarando su procedencia y en consecuencia revocó en parte la Resolución 471/2023 de 16 de mayo y dispuso la aplicación de otras medidas entre ellas: a) Detención en el domicilio real del sindicado a ser verificado por personal de apoyo; b) Arraigo; c) Prohibición de acercamiento al lugar de los hechos y a la víctima; d) Presentación mediante registro biométrico de manera semanal en la fiscalía dependiente de la ciudad de El Alto; e) La presentación de dos garantes solventes que en caso de incomparecencia deberán cancelar Bs15 000.- (quince mil bolivianos) cada uno; f) Restricción de visita de la menor referida en el proceso; y, g) Someterse a terapia psicológica en CEPROSSI de manera mensual; asimismo, cancele las terapias psicológicas de la víctima. En ese contexto, mediante memorial de 19 de junio de 2023, el accionante , señaló que en cumplimiento del Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, presentó Certificado de Registro Domiciliario de sus garantes y de su persona Certificado de Arraigo Nacional, solicitando en consecuencia su mandamiento de libertad, mismo que mereció respuesta mediante providencia de 22 de junio de 2023, señalando que se tenía presente y por adjuntada la presentación del talón de control de arraigo emitida por la Dirección General de Migración y en cuanto a la solicitud impetrada, “cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la Resolución N° 520/2023 de fecha 01 de junio de 2023” (sic). Asimismo, se tiene Formularios de Verificación Policial Domiciliaria de Waldo Vela Condori -accionante-, Santiago Avendaño Mamani y Arnulfo Vela Mamani, emitido por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Potosí. Por su parte, la autoridad demandada en audiencia afirmó que, si bien el imputado presentó verificaciones domiciliarias policiales y el talón de inicio del trámite de arraigo, así como ofreció garantes personales; sin embargo, dichas actuaciones no fueron realizadas conforme a lo dispuesto en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, toda vez que las verificaciones domiciliarias fueron gestionadas por iniciativa del abogado del imputado y no por el personal de apoyo jurisdiccional, conforme lo dispuesto en el citado Auto de Vista, señalando además que no se dio cumplimiento íntegro a las medidas cautelares de carácter personal dispuestas por el Tribunal de Alzada. Ahora bien, conforme el Fundamentos Jurídicos III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que: “ en los casos en que se haya dispuesto la cesación de la detención preventiva y en su lugar la aplicación de medidas sustitutivas a ésta, la parte que se encuentra privada de libertad tiene la obligación de acreditar de manera adecuada el cumplimiento de aquellas imposiciones y sólo entonces la autoridad jurisdiccional podrá hacer efectivo el mandamiento de libertad, sin establecer requisitos o diligencias adicionales a las que en un principio fueron dispuestas.” Bajo ese entendimiento jurisprudencial, correspondió analizar si en el caso concreto el accionante acreditó el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, en los términos exactos en que fueron dispuestas por el Tribunal de Alzada, advirtiéndose que respecto a la medida consistente en la detención en el domicilio real del sindicado, dicha resolución estableció de manera expresa que la verificación debía ser realizada por personal de apoyo jurisdiccional, extremo que no fue cumplido; toda vez que, las verificaciones domiciliarias cursantes en el cuaderno procesal fueron emitidas por la Dirección Departamental de la FELCC de Potosí, gestionadas por iniciativa del abogado del imputado, sin intervención ni constancia alguna de actuación del personal de Secretaría o Auxiliatura del juzgado de la causa, incumpliéndose así la forma específica determinada por la autoridad de alzada para la acreditación de dicha medida. De igual manera, en relación a la presentación de dos garantes solventes, si bien el accionante ofreció documentación relativa a verificaciones domiciliarias policiales de los mismos, no se evidenció que éstos hubieran comparecido ante la autoridad jurisdiccional para su evaluación y eventual aceptación conforme a las exigencias del Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, ni que se hubiera cumplido el procedimiento correspondiente para su validación formal como garantes. Al respecto, conforme el la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional en los casos de fianza o garante personal, tiene la facultad de valorar la situación patrimonial de los mismos, verificando que cuenten con domicilio, trabajo conocido y capacidad económica suficiente que permita inferir que, ante una eventual incomparecencia del imputado, podrán asumir la obligación económica alternativa derivada de los gastos de recaptura, verificación que resulta indispensable para que la fianza se considere efectivamente otorgada y, en consecuencia, se materialice la cesación de la detención preventiva mediante la emisión del mandamiento de libertad. En consecuencia, al no haberse acreditado que los garantes ofrecidos hubieran comparecido ante la autoridad jurisdiccional para su valoración y aceptación conforme a las exigencias establecidas en el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional citada, se concluyó que el accionante no dio cumplimiento efectivo e íntegro a la medida sustitutiva relativa a la presentación de garantes solventes, razón por la cual la autoridad demandada no se encontraba habilitada para disponer la emisión del mandamiento de libertad. Por tanto, en atención a que no se acreditó de manera plena el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas por el Auto de Vista 367/2023 de 29 de mayo, tanto en lo referente a la verificación del domicilio real por personal de apoyo jurisdiccional como a la presentación y validación de garantes solventes, se concluyó que la actuación de la autoridad demandada se ajustó a derecho, no constituyendo vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad ni al principio de seguridad jurídica invocados por el accionante; por lo que, no corresponde la disposición de costas y costos, ni la remisión de antecedentes al ministerio público y al consejo de la magistratura, conforme lo solicitado por el impetrante de tutela, debiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1595_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9e5bedd8249db7214192f1ae63108ba35a0e62a458369e796987d441b3e93fbf

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