B.IA.LEGAL

SCP 1594/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56979-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante interpuso la presente acción de defensa alegando que, habiendo formulado recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 337/2023, por el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada llevó a cabo la audiencia de consideración de la apelación incidental sin su presencia ni la de su abogado defensor, ni tampoco designó defensa técnica de oficio; y que, en dicho actuado procesal, se emitió el Auto de Vista 603/2023, mediante el cual se confirmó la resolución pronunciada por el Juez de primera instancia, sin haberse otorgado al ahora accionante la oportunidad de exponer y fundamentar sus agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 24 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos por el Juez de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares
  2. III.2. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación en el marco de la Ley 1173 y los supuestos de inasistencia o demora del imputado a la audiencia programada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1594/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56979-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 24 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Llujtaparu en representación sin mandato de Edwin Rodrigo Ticona Yupanqui contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2023, cursante a fs. 11 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, el pedido fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 337/2023 de 29 de junio, razón por la cual el accionante interpuso apelación contra dicha resolución. Esta apelación fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 603/2023 de 5 de julio, que confirmó la resolución apelada, sin que la parte accionante tuviese oportunidad de expresar sus agravios, toda vez que no fue notificada con antelación suficiente sobre la audiencia correspondiente. Asimismo, el accionante sostuvo que la autoridad demandada debió suspender el acto procesal referido y señalar nueva audiencia, en atención a que dependía de la disponibilidad del régimen penitenciario para acceder a la conexión virtual y/o se debió designar un abogado de oficio, a fin de garantizar su derecho a la defensa y permitirle exponer los agravios de la apelación interpuesta.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante si bien no señaló ningún derecho vulnerado; sin embargo, del memorial de interposición de la presente acción de defensa se colige que es su derecho a la libertad y a la defensa.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 603/2023, debiendo convocarse a una nueva audiencia a fin de escuchar los agravios, con notificaciones válidas y respetando la antelación mínima de veinticuatro horas, garantizando la participación del accionante y/o de su defensa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia refirió que: a) El Tribunal de alzada aplicó indebidamente una sanción procesal, dado que la falta de comparecencia virtual del imputado impidió que fundamentara su apelación, considerando que la ausencia no se debió a su voluntad, negligencia o desistimiento, sino a una imposibilidad material derivada de su condición de detenido preventivo, cuya conexión a audiencias virtuales dependía del centro penitenciario; b) La deserción o desistimiento de una apelación debía formalizarse por escrito, y que la “inactividad” consignada en el Auto de Vista no equivalió a desistimiento válido, lesionando así el principio de recurribilidad; c) Bajo las reglas de audiencias virtuales, el centro penitenciario estaba obligado a conectar al imputado de forma gratuita e inmediata, y no correspondía atribuir al accionante las consecuencias de una eventual falla administrativa del penal; d) Asimismo, refirió que, el Bajo las reglas de audiencias virtuales, el centro penitenciario estaba obligado a conectar al imputado de forma gratuita e inmediata, y no correspondía atribuir al accionante las consecuencias de una eventual falla administrativa del penal; y, e) La audiencia se desarrolló sin garantías suficientes de defensa y sin la revisión oficiosa correspondiente, lo que generó indefensión y afectación a los derechos vinculados a la libertad y al recurso efectivo.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 14 de julio de 2023, cursante a fs. 17 a 20 vta., refirió lo siguiente: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, Edwin Rodrigo Ticona Yupanqui, por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, radicó -previo sorteo por sistema informático- en la Sala Penal Tercera, en grado de apelación incidental de medida cautelar; 2) La causa fue remitida a dicha Sala para considerar la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 337/2023, mediante el cual el Juez de Instrucción Penal rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva y mantuvo la situación jurídica del accionante; 3) La antes mencionada La Sala Penal Tercera convocó a audiencia virtual dentro del plazo legal para el 5 de julio de 2023 a horas 09:10, habiendo cumplido con las notificaciones correspondientes, incluida la comunicación al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, en la audiencia no compareció el imputado ni su abogado defensor, y dicha inasistencia no fue justificada objetiva ni documentalmente; por ello, no se expusieron agravios oralmente ni se presentaron elementos de convicción, situación cuya responsabilidad -según indicó- recayó en el accionante y su defensa; 4) El Tribunal de alzada se circunscribió a los parámetros establecidos en los arts. 221, 233, 234, 235 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y conforme al art. 398 del mismo cuerpo legal, no correspondía pronunciarse sobre aspectos no cuestionados o no fundamentados, a fin de evitar una decisión ultra petita; 5) Asimismo, refirió que, no se suspendió la audiencia por el principio de celeridad y por los plazos perentorios e improrrogables -arts. 251 y 406 del citado Código, Ley 1173-; 6) Conforme al art. 250 del adjetivo penal, las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas incluso de oficio; además, ante nuevos elementos, el accionante podía solicitar nuevamente la modificación de su situación jurídica, así como la revocatoria por incumplimiento conforme al art. 247 del mismo cuerpo normativo; 7) La Sala Penal Tercera admitió el recurso de apelación por haber sido interpuesto dentro de plazo; sin embargo, al no haberse fundamentado agravios en audiencia, confirmó el Auto Interlocutorio 337/2023 mediante Auto de Vista 603/2023; 8) Ahora bien, respecto a la acción de libertad interpuesta, señaló que la parte accionante no destruyó los fundamentos del Auto de Vista, no acreditó la supuesta vulneración al debido proceso o a la defensa, no adjuntó documentación que justificara la inasistencia, ni agotó mecanismos inmediatos como la explicación, complementación y enmienda contenido en el art. 125 del CPP; y, 9) Por último refirió que, el Tribunal de alzada no dispuso su detención preventiva ni vulneró derechos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 57/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 24 a 31, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 603/2023, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y ordenando que la autoridad demandada señale nueva audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, a efectos de considerar la fundamentación del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 337/2023. Determinación fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes se evidenció que mediante Auto Interlocutorio 337/2023 se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, manteniéndose la situación jurídica del imputado -ahora accionante-; decisión contra la cual éste interpuso recurso de apelación incidental, el mismo que fue admitido y resuelto por Auto de Vista 603/2023, que confirmó la resolución apelada al no haberse fundamentado agravios en audiencia; ii) El accionante, en la presente acción de defensa, sostuvo que si bien su recurso de apelación fue remitido al superior en grado y se señaló audiencia para su consideración, fue notificado recién el 4 de julio de 2023 a horas 18:23, es decir, con escasas horas de anticipación y fuera del horario de recepción del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que concluye a horas 17:00; circunstancia que vulneró la garantía mínima de notificación con antelación suficiente, que conforme jurisprudencia constitucional debe ser de al menos veinticuatro horas; iii) Si bien la deficiente notificación no fue atribuible directamente al Vocal demandado -por corresponder su diligenciamiento a los funcionarios de apoyo jurisdiccional-, en audiencia de garantías se dispuso la verificación del número telefónico al que se habría efectuado la notificación para la conexión virtual, estableciéndose, según informe de secretaría, que el número 71299719 no correspondía al Centro Penitenciario San Pedro, e incluso fue atendido por un abogado particular; extremo que permitió concluir que la notificación de 4 de julio de 2023 no se practicó válidamente, no habiéndose puesto en conocimiento real del imputado ni del recinto penitenciario la audiencia fijada para el día siguiente, imposibilitando su participación efectiva; y, iv) En consecuencia, se determinó que no se garantizó la notificación legal al accionante, al centro penitenciario ni a su abogado defensor, lo que provocó vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa, a la impugnación y a la libertad personal, al haberse frustrado la revisión efectiva de la medida cautelar impuesta; razón por la cual correspondía otorgar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Juez de Instrucción Penal Séptimo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 337/2023 de 29 de junio, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el ahora accionante Edwin Rodrigo Ticona Yupanqui, resolución que fue apelada en la misma audiencia por la defensa del prenombrado (fs. 2 a 6). II.2. Consta la notificación practicada al ahora accionante Edwin Rodrigo Ticona Yupanqui el 4 de julio de 2023 a horas 18:23, para la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto, diligencia realizada al número de celular 71299719 (fs. 21). II.3. El Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandado, mediante Auto de Vista 603/2023 de 5 de julio, admitió el recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 337/2023 (fs. 7 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante interpuso la presente acción de defensa alegando que, habiendo formulado recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 337/2023, por el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada llevó a cabo la audiencia de consideración de la apelación incidental sin su presencia ni la de su abogado defensor, ni tampoco designó defensa técnica de oficio; y que, en dicho actuado procesal, se emitió el Auto de Vista 603/2023, mediante el cual se confirmó la resolución pronunciada por el Juez de primera instancia, sin haberse otorgado al ahora accionante la oportunidad de exponer y fundamentar sus agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 [de] 14 de mayo, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad:

…si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa. Así, la referida SCP 0155/2012, al analizar el problema jurídico planteado, referido a la lesión del derecho a la defensa del accionante, por cuando la audiencia de apelación de medidas cautelares se desarrolló sin presencia de su abogado, concedió la tutela por lesión del derecho a la defensa técnica, toda vez que, los Vocales demandados la instalaron sin tomar en cuenta que el abogado del impetrante de tutela no estaba presente; añadiendo que las autoridades demandadas no podían ingresar a analizar las medidas cautelares en ausencia del abogado, y que en todo caso, debieron nombrar a un defensor de oficio.

Posteriormente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0045/2014-S3 de 14 de octubre y 0068/2015-S3 de 30 de enero, confirmaron el criterio de la SCP 0155/2012, concediendo la tutela, porque los Vocales demandados instalaron la audiencia del recurso de apelación de medida cautelar, sin tomar en cuenta que el abogado del demandante de tutela, no estaba presente. Cabe señalar, que todas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la SC 1556/2002-R analizadas precedentemente, fueron pronunciadas en acciones de libertad, al existir una vinculación directa del derecho a la defensa con el de libertad física; por cuanto, la falta de nombramiento de abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares, indudablemente supone una vulneración del derecho a la defensa, que repercute directamente en la imposición o confirmación de la detención preventiva contra el imputado, medida cautelar extrema rodeada de garantías constitucionales, a efecto de no tornarse en ilegal o arbitraria, siendo una de ellas, precisamente, la de ser impuesta previo ejercicio del derecho a la defensa, tanto material como técnica.

Los razonamientos precedentemente extraídos fueron desarrollados por la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, pronunciada en un caso similar al presente.

III.2. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación en el marco de la Ley 1173 y los supuestos de inasistencia o demora del imputado a la audiencia programada

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con el objeto dinamizar el desarrollo de las audiencias durante la tramitación de todo el proceso penal, en su Disposición Transitoria Décima Tercera determinó que: “Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal”.

En ese entendido, el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: “I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente”.

Respecto a la normativa precitada la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento:

“De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’. Se tiene entonces, que en el caso de personas con detención preventiva, su concurrencia a un acto procesal no depende únicamente de su voluntad, sino está condicionada a la actuación de la autoridad jurisdiccional, quien debe ordenar su conducción al acto procesal en el que se requiere su presencia, y de la autoridad administrativa encargada del recinto penitenciario donde se encuentra recluido, que en cumplimiento a dicha disposición debe presentarlo ante la autoridad requirente, asumiendo las medidas necesarias para cumplir con aquello, consiguientemente, en una audiencia de apelación de medidas cautelares, si el Tribunal de alzada no ordena su conducción o, no obstante de existir dicha orden, el director del recinto penitenciario no lo presenta ante la autoridad que lo solicita, dicha situación no puede surtir efectos procesales en desmedro del propio privado de libertad pues su inasistencia no obedece a su voluntad sino a la desidia o problemas internos de organización del propio sistema penal, entonces en esas situaciones, no es posible aplicar simple y llanamente lo dispuesto por el art. 25.II del aludido Reglamento, y celebrar en su ausencia la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, más aun si es el detenido preventivo el apelante, sino que el Tribunal de alzada a fin de no lesionar el derecho a la defensa material, debe verificar que la ausencia no se debió a una deficiencia y/o negligencia del sistema judicial o penal y que existe el consentimiento del privado de libertad mediante su abogado defensor -presente en audiencia- de llevar a cabo dicha actuación aun de la existencia de esa falencia no atribuible a su persona que tuvo como resultado su incomparecencia, y si este manifiesta su conformidad será plenamente viable la celebración de la audiencia en aplicación del mencionado artículo reglamentario y resolver el recurso interpuesto en base a los agravios expuestos por dicho abogado defensor, pues habrá certeza que el procesado consiente en no ejercer su defensa material, siendo para él suficiente su defensa técnica ejercida y garantizada por su abogado; de contrario, si la ausencia se debe a una renuencia u otra situación no justificada del procesado a asistir a la audiencia cautelar en apelación, entonces habrá constancia que el mismo no tiene la intención de ejercer su derecho a defensa material en esa actuación procesal, sino únicamente de su derecho a la defensa técnica a ser desplegado y garantizado por su abogado defensor’” (las negrillas son agregadas). Con similar entendimiento se ha expresado la SCP 0525/2023-S4 de 22 de junio, la que a tiempo de resolver una acción de libertad en la que se denunciaba que el Centro Penitenciario, donde se encontraba recluido el accionante no se lo trasladó a la sala de audiencias virtuales, por falta de notificación, concluyó lo siguiente:

En ese contexto, en el caso de los privados de libertad, no es pertinente aplicar de manera imperativa y literal lo previsto en el art. 25.II del aludido Reglamento, sino que la autoridad jurisdiccional a fin de no lesionar el derecho a la defensa material del imputado, debe realizar un análisis particular; i) En el caso de los imputados que están en libertad debe verificarse que la ausencia o cierta demora a la audiencia programada, no se debió a una deficiencia y/o negligencia del sistema judicial o penal; y, ii) en caso de los privados de libertad, igualmente se verifique cuál el impedimento que generó su inasistencia, si se debe a su negligencia, a motivos de falta de emisión de orden de salida y traslado, o en el caso de audiencias virtuales, si el privado de libertad contaba con el medió informático para acceder a la misma.

El aseguramiento señalado obedece a materializar el derecho a la defensa material del imputado, conforme concluyó la SCP 0525/2023-S4 de 22 de junio, al señalar lo siguiente:

[El] derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejercicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”. De otra parte, en cuanto a la inconcurrencia del abogado de la defensa a la audiencia el art. 24 del Reglamento citado establece que la Oficina Gestora asignará inmediatamente un abogado defensor estatal, en el caso de que el mencionado abogado antes de las cuarenta y ocho horas de tal audiencia haya hecho conocer su inconcurrencia a la misma; sin embargo, cuando no asista a ese acto procesal por caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, y haya dado a conocer tal impedimento a la citada Oficina Gestora, excepcionalmente se señalará otra audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, garantizando de esta forma el derecho a la defensa técnica del imputado.

Sobre el particular, la SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio refiriéndose a los casos de ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, estableció el siguiente entendimiento:

a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, prepare su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores. El razonamiento precedente se entiende en los casos en los que el abogado defensor fue debidamente notificado, conforme entendió la SCP 0241/2019-S3 de 1 de julio, que precisó el siguiente entendimiento:

[De] acuerdo a las causales que hacen permisible la suspensión de audiencia, corresponde manifestar conforme al art. 335 inc. 2) del CPP, que si el defensor no comparece a una audiencia para la cual fue convocado, encontrándose debidamente notificado, corresponderá su reemplazo inmediato a cargo del juez o tribunal, esto con el fin de que las partes no se queden sin la defensa técnica, en virtud del derecho a la igualdad que les asiste a las partes procesales y la garantía del derecho a la defensa.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante sostiene que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 337/2023, mediante el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, la autoridad demandada llevó a cabo la audiencia de consideración de la apelación incidental sin su presencia, ni la de su abogado defensor, ni tampoco designó defensa técnica de oficio; actuado procesal en el que se emitió el Auto de Vista 603/2023, a través del cual se confirmó la resolución pronunciada por el Juez de primera instancia, sin que se hubiera otorgado al ahora impetrante la oportunidad de exponer y fundamentar sus agravios.

En el caso concreto, se advierte que el Vocal demandado, en audiencia de 5 de julio de 2023, destinada a la consideración del recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por el accionante, mediante Auto de Vista 603/2023 de la misma fecha, confirmó la resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva, bajo el argumento de no haberse presentado fundamentación oral de agravios; sin embargo, dicha audiencia se desarrolló sin la presencia del accionante ni de su abogado defensor. En ese entendido, se constata que el Vocal demandado inobservó el deber de garantizar el ejercicio de la defensa material y técnica en toda determinación que defina la situación jurídica de una persona sometida a proceso penal, con mayor razón cuando se trata de la revisión de medidas cautelares, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, al tratarse de un imputado privado de libertad, su concurrencia al acto procesal se encontraba condicionada a la actuación de la autoridad jurisdiccional, encargada de disponer su conducción a audiencia, así como de la autoridad administrativa responsable del recinto penitenciario donde se encontraba recluido, quienes debían adoptar las previsiones necesarias para asegurar su asistencia, ya sea de manera presencial o virtual, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Dicha obligación no fue observada por la autoridad judicial demandada, toda vez que el accionante no pudo ser conducido a las instalaciones correspondientes para su conexión a la audiencia virtual señalada, debido a que la notificación del señalamiento fue realizada al número de celular 71299719, el cual, de acuerdo con la verificación efectuada por el Tribunal de garantías, no correspondía al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sino que al ser contactado respondió un abogado particular; este extremo evidencia que el ahora accionante no fue debidamente notificado con la audiencia de consideración de la apelación interpuesta, circunstancia que no fue valorada por el Vocal demandado al momento de instalar la audiencia y emitir la resolución respectiva, afectando el derecho a la defensa material que asiste a toda persona sometida a proceso penal; asimismo, se advierte que dicha autoridad no verificó las razones de la inasistencia del impetrante de tutela ni de su defensa técnica, cuando correspondía determinar si existió notificación válida, renuencia o causa justificada de ausencia.

Por otra parte, e evidencia que el Vocal demandado tampoco aseguró la defensa técnica del accionante al momento de resolver la apelación de medida cautelar, pues al advertir la inasistencia del abogado defensor, y de manera contraria al derecho a la defensa, decidió emitir resolución bajo el argumento de ausencia de fundamentación oral de agravios, determinación que lesionó gravemente el derecho a la defensa técnica, máxime cuando el imputado no fue debidamente notificado. Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo judicial, en caso de ausencia del abogado defensor, ya sea de forma injustificada o cuando el mismo abandone la audiencia, la autoridad demandada estaba obligada a designar un abogado defensor de oficio y a solicitud de este -a objeto de preparar su defensa- suspender la audiencia, programando una nueva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al no haberse podido desarrollar una audiencia con la participación del abogado defensor. En consecuencia, considerando que el imputado se encontraba privado de libertad, la autoridad demandada, en su rol de director del proceso y garante de los derechos fundamentales, debió verificar las causas reales de la inasistencia tanto del accionante como de su defensa técnica y, en su caso, designar defensor de oficio, posibilitando la fundamentación y exposición de los agravios formulados en la apelación incidental; empero, al no haber procedido de ese modo, se vulneró el derecho a la defensa del ahora accionante, correspondiendo, en consecuencia, conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 24 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos por el Juez de garantías y conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”.

2 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”.

3 El FJ III.2, refiere: “…se hace mención a lo señalado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que dice: `…la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…´; estableciéndose además en el citado caso, que: `…las autoridades demandadas no deben permitir durante el proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria

asistencia técnica, de lo contrario, deberían haber nombrado un defensor de oficio; vulnerándose su derecho a la defensa´”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1594_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6992c87c2b7bc6f093b9f8ce5541ae8c4ec8468bbe2e0a505c12b6e683ef4cac

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →