Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 4 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1589/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 62481-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2024 de 4 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yuri Von Ballesteros Fernández en representación sin mandato de Diego Prat Serrano contra Rensso Elwis Mercado Heredia, Director Departamental de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) de La Paz y Juan Carlos Silvestre León, funcionario policial.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de apropiación indebida y falsedad de documento mercantil instaurado en el Reino de España, se emitió mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, el cual una vez presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia se procedió a su sorteo, radicando en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, instancia que libró mandamiento de detención preventiva con fines de extradición el 14 de febrero de 2019. Mandamiento que fue ejecutado el 3 de marzo de 2024, es decir cinco años después de ser librado el mismo, sin haber constatado si existía autorización o actualización del sello rojo por parte del Reino de España; razón por la que, el referido mandamiento resulta ser ilegal. Por lo que, solicitó que los ahora accionados le “…pongan en inmediata libertad…” (sic). Rensso Elwis Mercado Heredia, Director Departamental de la INTERPOL -accionado-, mediante CITE 063/2024 de 4 de marzo, señaló que en la misma fecha dio cumplimiento al mandamiento de detención preventiva con fines de extradición del accionante emitido por la Jueza de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento del Auto Supremo 87/2018 de 2 de octubre. Juan Carlos Silvestre León, funcionario policial -coaccionado-, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 12. La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 08/2024 de 4 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, denegó la tutela solicitada, por considerar que en el caso no existió acto ilegal o indebido por parte de la INTERPOL; puesto que, la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición fue librado por autoridad competente en cumplimiento del Auto Supremo 87/2018; aclarando que, en la normativa boliviana la emisión de un mandamiento de aprehensión tiene vigencia indefinida, hasta que se cumpla el objeto para el cual fue librado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad, establece que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son nuestras). En armonía con dicho entendimiento, la SCP 0671/2023-S2 de 18 de julio, respecto a las posibles incidencias que pudieran presentarse con relación a la situación jurídica de personas extraditables, reiterando jurisprudencia constitucional señaló que, con carácter previo a la interposición de la acción de libertad, deben ser presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, señalando que: “…es necesario que el accionante, acuda a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a que la prenombrada determinó su detención preventiva con fines de extradición, y lo único que hizo la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz fue dar cumplimiento a la orden dispuesta por dicho Tribunal. (…) …al ser un aspecto incidental e instrumental relacionado con el trámite de extradición inexcusablemente debió ser presentada ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, quienes pudieron haber analizado la pretensión del impetrante de tutela y responder mediante una resolución fundamentada y motivada; más aún si esa instancia en pleno es la que de acuerdo a ley, debe conocer y resolver la extradición, y por ende, sus incidencias vinculadas a la situación jurídica del extraditable, en ese contexto, se tiene que el ahora accionante al no haber formulado su petición en dicha instancia no obró correctamente; y con relación a su solicitud de su cesación a su detención preventiva, tampoco debió haber sido requerida ante la autoridad jurisdiccional del Juzgado de San Lorenzo, dado que tal como se demostró ésta carecía de competencia para atender dicha solicitud” .
Precisado el objeto procesal de esta acción de defensa; así como, de los antecedentes relevantes, se advierte que, el 14 de febrero de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió Mandamiento de Detención Preventiva con la finalidad de extradición contra el accionante, mandamiento que fue librado en cumplimiento del Auto Supremo 87/2018; y, que por Informe DDI-DIV.TR.TF.523/2024 de 4 de marzo, Ronal Guillermo Villegas Rodríguez, Jefe de la División de Trata y Tráfico informó al Director Departamental de la INTERPOL ahora accionado que, en atención a alerta migratoria por registro de dicho mandamiento se procedió a la detención del accionante; el referido informe también fue puesto a conocimiento del Director Nacional O.C.N. de la INTERPOL mediante Cite 684/2024/RVR de 4 de marzo.
En ese contexto, se establece que el accionante reclama la ejecución del Mandamiento de Detención Preventiva con la finalidad de Extradición de 14 de febrero de 2019; puesto que, fue ejecutado cinco años después de ser librado, es decir el 3 de marzo de 2024; razón por la cual, su detención resultaría ilegal e indebida; debido a que, los ahora accionados no verificaron que el sello rojo se encuentre con autorización y actualización vigente; al respecto, resulta necesario señalar que, el art. 184.3 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra la de conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición; de la misma manera establece el art. 38.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en ese sentido, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se establece que todas las incidencias que se encuentren vinculadas a la situación jurídica del extraditable, deben ser conocidas y resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia; puesto que, es la instancia que aceptó la solicitud de Mandamiento de Detención Preventiva con la finalidad de Extradición del Reino de España; en ese sentido, el accionante con carácter previo a la activación de esta acción tutelar, debió acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de exponer las supuestas vulneraciones en las que hubieran incurrido los ahora accionados a momento de la ejecución del mencionado Mandamiento, y en caso corresponda, sea reparado. Por consiguiente, al no haber acudido el accionante ante la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, no agotó los mecanismos intraprocesales pertinentes para que el Tribunal Supremo de Justicia, tenga la oportunidad de proteger o restablecer el derecho supuestamente vulnerado, correspondiendo denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 4 de marzo, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1589_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6f0154a9fd686054957601fe03dbc8be67bf74fb269b833084527cf3dcc23c44
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