B.IA.LEGAL

SCP 1586/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56887-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en los elementos de una resolución motivada y congruente, como los principios de seguridad jurídica y legalidad, puesto que el Auto de Vista impugnado revocó la resolución que dispuso su cesación a la detención preventiva, determinación en la que: 1) No se realizó una valoración razonable de la prueba que presentó, como es el Dictamen Pericial Psicológico del IITCUP, en el que se estableció que no se constituye en un peligro para la víctima, por lo que debió haberse enervado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP; 2) No se efectuó una motivación adecuada, porque la relación fáctica se basó en “suposiciones”, como que la testigo denunciante podría tener una actitud reticente, pese a ello no se dio por desvirtuado el riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 de la norma penal adjetiva; y, 3) Se violentó sus derechos de adulto mayor, que accedió a la cesación de la detención preventiva, sin respetarse la proporcionalidad, la presunción de inocencia y legalidad; por todo lo que solicita se conceda la tutela, disponiéndose: i) La nulidad del Auto de vista 61/2023; y, ii) Se emita nuevo Auto de Vista en base a parámetros que el Juez o Tribunal de garantías establezca, respetando los principios de motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 115 a 119 vta, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal, del Juzgado de Perdida de Dominio Primero de la Capital, del mismo departamento; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia (sexual)
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1586/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56887-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/23 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 115 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorenzo Orlando Quiroz Villarroel contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Segunda y Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de julio de 2023, cursante a fs. 2 y 92 a 95 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, por el delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 bis y 310 del Código Penal (CP), que sigue de oficio, el Ministerio Público, dentro del caso FELCV 1867/2021, en su contra; en audiencia de medidas cautelares de 22 de noviembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el arts. 234 núms. 2 y 7, así como en el 235 núms. 1, 2 y 4, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, solicitó cesación a su detención preventiva, y en audiencia de la misma, se emitió Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2022, confirmando su detención preventiva; sin embargo, en dicho fallo se razonó la forma como se debería enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, que es a través de una pericia de tipo psicológica, que señale que el procesado no es un peligro para la víctima. En apelación, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 537/2022 de 21 de septiembre, en el que se enervó los riesgos procesales señalados en el art. 235 núms. 1 y 4 del CPP, quedando latentes los establecidos el art. 234 núm. 2, en cuanto puede permanecer oculto, no habiendo sido objeto de apelación los arts. 234 núm. 7 y 235 núm. 2, todos de la norma penal adjetiva. Si la enervación del riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP, es través de un informe psicológico y pericial -así lo entendió la autoridad judicial-, por lo que acudió ante el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que emitió el Dictamen Pericial Psicológico de 28 de diciembre del 2022, en el que se estableció que no constituye en ningún peligro para la víctima, dictamen que fue presentado en audiencia de cesación a la detención preventiva llevada adelante el 12 de enero de 2023, enervándose el riesgo del art. 234 núm. 7 de la norma señalada; asimismo, adjuntó su historial clínico en el que se evidenció que tuvo reiteradas intervenciones quirúrgicas en distintas gestiones, por lo que pasó a servicio pasivo a efectos de hacer los controles médicos; es decir, que nunca permaneció oculto, con lo que se dio por enervado el riesgo del art. 234.2 del CPP, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva a través de Auto Interlocutorio 06/23 de 12 de enero de 2023. Impugnando la determinación antes señalada; la Fiscal de Materia y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), planteó recurso de apelación, denunciando agravios al debido proceso, alegando que el Auto Interlocutorio señalado, no tiene una fundamentación adecuada y carece de una valoración razonable de la prueba; dicho recurso fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 61/2023 de 16 de febrero; que es lesivo a sus derechos, porque: a) Es una determinación con reforma de prejuicio, toda vez que indicó que se debe aplicar un procedimiento para el informe pericial, cuando se está en un instituto jurídico sobre cesación a la detención preventiva, no obstante de haber demostrado con nuevos elementos que justifica su cesación de la detención preventiva; b) Pese a que indicó que no se debe tener en cuenta la gravedad del hecho, sin embargo, de manera contraria en su motivación fáctica, contradice a la jurisprudencia citada; c) Determinó que el informe pericial, es para condenados, cuando él se encuentra en calidad de detenido preventivo, apreciación que contradice a la jurisprudencia citada por el mismo Auto Interlocutorio 06/23; d) En la motivación fáctica, se realizaron suposiciones referidas a “que la persona estaría en una actitud reticente”; y, e) Es una motivación exagerada que afecta al principio de legalidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, citando al efecto los arts. 14, 21 núm. 7, 23, 109, 115, 116, 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) La nulidad del Auto de Vista 61/2023; y, 2) Se emita; siendo reconformada la Sala impugnada, constituida ahora por el Vocal Ever Álvarez Orellana; un nuevo Auto de Vista en base a parámetros que el Juez o Tribunal de garantías establezca, respetando los principios de motivación y congruencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 114vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: i) El Auto de Vista 61/2023 impugnado, violó los derechos de los adultos mayores, no respetó ni la legalidad y seguridad jurídica en su vertiente motivación congruente; ii) No respetó el principio de presunción de inocencia, pues en el informe de la autoridad accionada se señala que tendría autoría; iii) Se realizó una pericia psicológica mediante la IITCUP, asimismo se remitió el historial clínico para demostrar que no existe peligro de fuga; iv) Existe contradicción interna en el Informe de la autoridad demandada, pues se señala que el adolescente pertenece a un grupo vulnerable, pero también que el impetrante es un adulto mayor; v) Aplicando un enfoque diferencial, debió respetarse los derechos de un adulto mayor, cesando su detención preventiva; y, vi) El Vocal demandado señaló que deberían proponer peritos, extralimitándose en su apreciación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs.102 a 105 vta., señaló que: a) Emitió el Auto de Vista cuestionado en forma debidamente fundamentada, motivada y congruente, aplicando un enfoque interseccional previsto en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de julio de 2018 y SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero de 2019; b) Es obligación de las autoridades jurisdiccionales, considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, realizando una ponderación y aplicando el test de proporcionalidad, pues por un lado se tiene los derechos de la víctima, que en el presente caso es un adolescente varón de doce años frente a un adulto mayor, acusado de haber cometido el ilícito en su condición de abuelo de la víctima, ex militar jubilado que abusó del adolescente cuando se encontraba a su cargo, debiendo prevalecer los derechos de la víctima; c) El informe pericial del IITCUP, debió merecer un análisis profundo de acuerdo al contexto del caso, verificando si fue un trabajo ajustado a la ciencia, además no se evidencia que hubiera sido notificado el Ministerio Público, tampoco el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), ni la víctima, para que puedan cuestionar los puntos de la pericia, o ser sometido a una contra pericia a la cual tiene derecho el Ministerio Público como la propia víctima; d) No se conocen los estudios de especialidad del Sargento que elaboró la pericia, el informe pericial no goza de idoneidad, aplicándose indebidamente diferentes técnicas: d.1) Se utilizó la “Entrevista Forense de NICHD”, técnica que no sería la correcta, porque en la misma se indica entrevista a testigos vulnerables, se aplicó al acusado que no es un testigo vulnerable, d.2) Se utilizó el “instrumento de valoración 20 Ítem” el “SVR-20 de valoración de riesgo sexual”, ese tipo de valoración de factores de riesgo, se aplica a contextos carcelarios, a condenados, pero en el presente caso no se está frente a un condenado que esté buscando la reducción de su pena, por lo que no es aplicable al presente caso, d.3) No es aplicable el “protocolo para valoración de riesgo de comportamiento violentos HCR-20” que se aplica para la salida o cambio de medida de reclusión de un interno, no para una persona que todavía está sometida a la tramitación de un proceso, d.4) En cuanto al “Instrumento de Evaluación para Delincuentes sexuales Static-99”, este no se encuentra contemplado dentro de las pruebas que deba ser utilizadas en la aplicación de la Psicología en la Administración de Justicia; y, respecto a la escala de impulsibilidad, inventario de hostilidad, “inventario de personalidad DSM IV”, no se identifica como prueba que sea aplicada a presuntos agresores sexuales; y, d.5) Hay dudas de la idoneidad del perito, que aplicó la entrevista al procesado como si fuera un testigo vulnerable, aspecto que no se puede dejar de valorar; e) En cuanto a la valoración de posibles agresores sexuales, se debe establecer el perfil y rasgos de personalidad -no hacer una entrevista al presunto agresor sexual sobre el hecho-, determinando su comportamiento sobre su personalidad, de ahí se desprende el tema de la peligrosidad, más aún cuando se trata de una agresión sexual a una persona indefensa de doce años, debiéndose indagar si la persona tiene inclinaciones de pedofilia; f) El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no aplicó las reglas de la sana crítica, conforme el art. 173 del CPP, ni los parámetros de una debida fundamentación o motivación de sus determinaciones; g) En un análisis ponderado y valoración de elementos probatorios, no se han presentado nuevos elementos para desvirtuar el riesgo del art. 234 núm. 7 de la norma penal adjetiva; h) Con relación al riesgo establecido en el art. 235 núm. 2 de la referida norma, el Juez de instancia consideró que el acusado sería influencia negativa en los testigos (prima y abuela); pero de la revisión de la acusación, ninguna de ellas han sido ofrecidas como testigos de cargo, pero sí fue ofrecida como testigo Yenny Claure Bonilla que sería la denunciante, madre de la presunta víctima y ex pareja del hijo del acusado; y, i) Existe riesgo de obstaculización respecto a la declaración de la testigo denunciante, quién podría ser influenciada negativamente, para que desista o actúe en forma reticente, porque no participó de la audiencia en la que se dispuso la cesación, pese haber sido notificada, por lo que no se ha desvirtuado el riesgo del art. 235 núm. 2 del CPP.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: i) Como parte que planteó el recurso de apelación y obtuvo el Auto de Vista ahora en control constitucional; ii) El Vocal demandado en ningún momento se extralimitó en su fundamentación y apreciación; únicamente ha protegido los derechos del menor que es la víctima, por lo que solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal, del Juzgado de Perdida de Dominio Primero de la Capital, del mismo departamento, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/23 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 115 a 119 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista 61/2023; impugnado, aplicó el estándar jurisprudencial más alto del proceso, que no siempre se encuentra de manera necesaria en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino que también puede estar en el sistema interamericano o el universal de protección de derechos humanos, conforme han establecido la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, siendo el método de identificación, el examen o análisis integral; b) El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el Auto de Vista, hizo una diferencia entre el adulto mayor y la víctima, aplicando la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, en cuanto a las consideraciones de ponderación, inclinándose por la víctima, al tratarse de un delito sexual; c) La autoridad demandada, ha emitido una decisión que cumple con los requisitos de fundamentación y motivación; y, d) Al establecer que los riesgos del art. 234 núm. 7 y 235 núm.2 del CPP, siguen latentes; en ningún momento se atacó la presunción de inocencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, y la DNA , a denuncia de Yenny Claure Molina, en contra de Lorenzo Orlando Quiroz Villarroel –accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de A.J.Q.C., presuntamente de doce años cuando sucedió el hecho; el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 22 de noviembre de 2021, dispuso en contra del imputado, detención preventiva, por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 2 y 7, así como el 235 núms. 1, 2 y 4 del CPP (fs. 56 a 62 vta.). II.2. En audiencia de cesación a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2022, en el que se rechazó y declaró infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 56 a 62 vta.). II.3. En audiencia de apelación a la cesación de la detención preventiva, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 537/2022 de 21 de septiembre, a través del cual se revocó parcialmente la resolución apelada, enervándose los riesgos señalados en el art. 235 núms. 1 y 4 del CPP, haciéndose notar que no fue objeto de agravio, el riesgo establecido en el art. 235 núm. 2 de la misma norma (fs. 51 a 55). II.4. La Policía Boliviana, a través de Dictamen Pericial Psicológico de 28 de diciembre de 2022, del IITCUP, llegó a la conclusión que Lorenzo Orlando Quiroz Villarroel, no presenta conductas o comportamientos impulsivos o de agresividad, que no hay riesgo de peligrosidad (fs. 34 a 49). En la misma fecha, dicha pericia fue remitido a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 50) II.5. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, desarrolló la audiencia de cesación a la detención preventiva, habiéndose emitido Auto Interlocutorio 06/23 de 12 de enero de 2023, en el que se enervó los riesgos procesales que estaban vigentes (arts. 234 núms. 2 y 7 y 235 núm. 2 del CPP) y se concedió la cesación a la detención preventiva de Lorenzo Orlando Quiroz Villarroel; disponiéndose medidas sustitutivas, de detención domiciliaria de horas 7:00 a 19:00, sin escolta; arraigo; fianza económica de Bs3 000 (tres mil bolivianos); firma cada quince días en Secretaría del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, prohibición de acercarse a la víctima (fs. 23 a 29 vta.). II.6. Habiéndose planteado recurso de apelación por el Ministerio Público y la DNA, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 61/2023 de 16 de febrero; a través del cual, se declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación, revocándose la determinación de cesación a la detención preventiva, de 12 de enero de 2023, dándose por desvirtuado solamente el art. 234 núm. 2 del CPP, manteniéndose subsistente los riesgos procesales de los arts. 234 núm. 7 y 235 núm. 2 de la misma norma (fs. 6 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en los elementos de una resolución motivada y congruente, como los principios de seguridad jurídica y legalidad, puesto que el Auto de Vista impugnado revocó la resolución que dispuso su cesación a la detención preventiva, determinación en la que: 1) No se realizó una valoración razonable de la prueba que presentó, como es el Dictamen Pericial Psicológico del IITCUP, en el que se estableció que no se constituye en un peligro para la víctima, por lo que debió haberse enervado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP; 2) No se efectuó una motivación adecuada, porque la relación fáctica se basó en “suposiciones”, como que la testigo denunciante podría tener una actitud reticente, pese a ello no se dio por desvirtuado el riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 de la norma penal adjetiva; y, 3) Se violentó sus derechos de adulto mayor, que accedió a la cesación de la detención preventiva, sin respetarse la proporcionalidad, la presunción de inocencia y legalidad; por todo lo que solicita se conceda la tutela, disponiéndose: i) La nulidad del Auto de vista 61/2023; y, ii) Se emita nuevo Auto de Vista en base a parámetros que el Juez o Tribunal de garantías establezca, respetando los principios de motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La cesación de la detención preventiva

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha pronunciado sobre los presupuestos de la cesación de la detención preventiva y el deber de valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP; asimismo, en su Fundamento Jurídico III.1.3., ha hecho mención a las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base de la causal prevista en el 239.1 del CPP, estableciendo el siguiente razonamiento: «El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2)

Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva. […] Conforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar». [el resaltado es añadido].

El razonamiento antes señalado, ha sido complementado por la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha referido al fundamento normativo y fáctico de la resolución de apelación de la cesación de detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en la que se hizo mención a la 1340/2005-R de 25 de octubre, que señaló que el análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1 del CPP, también vincula al tribunal de alzada; el cual, lo debe hacer en el marco de lo establecido en el art. 398 del citado Código; es decir, en una primera fase, el análisis de los requisitos que fundaron la medida y los nuevos elementos; y en una segunda fase, contrastando los elementos de juicio presentados en la primera, con los fundamentos de la apelación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:

[La] SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualizando la línea relativa al contenido de la resolución del tribunal de alzada, que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, estableció que la resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos:

1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?. [el resaltado es añadido]

III.2. Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia (sexual)

La SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmando el precedente constitucional contenido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sobre el peligro efectivo a la víctima en delitos relacionados a la violencia, estableció lo siguiente: «[Para] la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito referido al peligro de fuga y de obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los arts. 234 y 235 del señalado cuerpo normativo. Sobre el peligro de fuga, contenido en el art. 234 del citado Código, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”. Dicha norma establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral de las mismas, entre las que se encuentra, el numeral 2 del art. 235 de ese cuerpo legal, referido a que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; así como el numeral 10 del art. 234 (ahora art. 234.7) del aludido Código, el “Peligro efectivo para la víctima o el denunciante”. […] Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados por esta Sala, que consideró la normativa internacional e interna, transcritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización; pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos en base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente; pues, de lo contrario se produciría una “revictimización”; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra esta población.

Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye a dicho imputado y la conducta exteriorizada por éste contra las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si esa conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad en la que se encuentran; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación deben tomar en cuenta los derechos de la víctima evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida cautelar a imponerse al imputado o la modificación que pretenda a quien se atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, en el marco de lo señalado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial las medidas de protección a la mujer víctima de violencia a las que está obligado el Estado Boliviano, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

i) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y, en general, mujeres, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, (…) ». [el resaltado es añadido].

III.3. Análisis del caso concreto

La presente acción tutelar, se planteó como consecuencia de la tramitación de un proceso penal, seguido por el Ministerio Público, y la DNA; a partir, de una denuncia presentada por la madre de un niño/adolescente, de aproximadamente doce años, de cuando sucedió el supuesto ilícito de violación, que habría sido cometido por su abuelo, adulto mayor, ex militar y jubilado; respecto al cual, inicialmente se habría dispuesto detención preventiva; sin embargo, como consecuencia de un trámite de cesación, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; dispuso, medidas sustitutivas a la detención preventiva, determinación que fue apelada y dio lugar a que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emita el Auto de Vista 61/2023; a través del cual, se revoca la decisión del inferior, manteniendo subsistentes, los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núm. 7 y 235 núm. 2 del CPP. En ese mérito, se pasa analizar los extremos denunciados por el accionante; a fin de determinar, si en el presente caso, se ha producido o no la lesión de derechos, garantías y principios señalados como lesionados, en la acción tutelar. a) Con referencia a la garantía al debido proceso, en su elemento relativo a la valoración probatoria del Dictamen Pericial Psicológico de IITCUP, por el de instancia y el de alzada, con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP

El accionante, señaló que conforme al art. 239 núm. 1 del CPP, presentó un nuevo elemento probatorio, como es el informe pericial emitido por el IITCUP, a través del cual demostró que el acusado ya no era un peligro para la víctima; por lo que, ya no concurría el motivo por el que se dispuso su detención preventiva, enervándose el riesgo procesal señalado en el art. 234 núm. 7 de la norma penal adjetiva, como así valoró y lo reconoció el tribunal de instancia que dispuso su libertad; sin embargo de ello, habiéndose apelado esa determinación, el tribunal de alzada, no valoró en forma razonable el referido informe pericial, en cuanto se entendió que los instrumentos utilizados eran para un condenado, cuando su persona solo es un detenido preventivo, que aportó ese nuevo elemento con el que trataba de justificar la cesación de su detención. Cuando una autoridad judicial, va a resolver una solicitud de cesación de detención preventiva, debe efectuar un análisis ponderado, considerando los elementos probatorios que dieron origen a la imposición de la detención, contrastando con los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado/acusado; esos nuevos elementos deben ser valorados, en una determinación judicial debidamente fundamentada y motivada, no solo en cuanto al derecho, sino también en cuanto a los hechos, analizándolos en forma integral, conforme a las circunstancias que motivaron la medida; así se entiende de lo expresado en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. De obrados se evidencia; que la parte acusada, solicitó se elabore una valoración pericial psicológico, por el IITCUP, por el que emitió el Dictamen Pericial Psicológico (Conclusión II.4); que luego de realizar una entrevista basada en el protocolo “SVR-20” y criterios “HCR-20” y otros; llegó a la conclusión, de que Lorenzo Orlando Quiroz Villarroel, ahora impetrante: “no presenta Conductas o Comportamientos Impulsivas o de Agresividad […] No presenta riesgo de peligrosidad, no muestra antecedentes biográficos/históricos o estáticos”. El dictamen pericial de referencia, fue presentado por el acusado a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que emitió el Auto Interlocutorio 06/23 de 12 de enero de 2023 (Conclusión II.5); a través del que, se hizo mención en unas líneas al señalado informe pericial, sin mayores razones y argumentos, refiriéndose de manera directa a la conclusión del mismo, por lo que a su vez, también llegó a la conclusión de que el acusado no sería peligro para la sociedad ni para la supuesta víctima, por no mostrar antecedentes biográficos estáticos; nuevo elemento de juicio por el que, enervó el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP, disponiéndose su libertad. Cuando una autoridad judicial, conoce una prueba, como un nuevo elemento que se presenta, a través del que se pretende justificar una cesación de detención preventiva, tiene la obligación de realizar una verdadera valoración de esa prueba o de ese nuevo elemento, no debiéndose limitar a ir a las últimas líneas de la conclusión; sino que, corresponde realizar un análisis integral de ese documento presentado como nueva prueba, con todos los demás elementos probatorios, para verificar si el mismo se ajusta o no a un análisis razonable y válido, lo que en el presente caso no se dio y se pasa a demostrar aquello, a partir de la valoración probatoria que de ese instrumento ha realizado la autoridad superior, a través del Auto de Vista impugnado en la presente acción tutelar. La valoración de la prueba -para justificar una solicitud de cesación de detención preventiva u otra razón-, no puede ser una actividad que se limite a la determinación que pueda asumir la autoridad de instancia, en cuanto esa decisión, que bien puede ser cuestionada o impugnada a través del planteamiento de un recurso de apelación, que tiene que ser resuelto por la autoridad superior, en el marco de lo previsto y de lo regulado por el art. 398 del CPP, que establece que es competencia de los tribunales de alzada circunscribir sus determinaciones, a los aspectos cuestionados en la apelación de la decisión que se impugna. En ese marco normativo, corresponde a la autoridad de alzada compulsar y analizar en su integridad, todos esos nuevos elementos y circunstancias; es decir que, conforme se ha señalado en forma expresa, en el precedente jurisprudencial desarrollado en Fundamento Jurídico III.1. de esta determinación constitucional; se tiene que, el deber de compulsar los nuevos elementos que se presentan, no solo alcance al Juez de instrucción, sino también al tribunal que conozca en apelación la determinación que conceda o rechaza la cesación de la detención preventiva; es decir, que no solo el juez de instancia, sino el de apelación, tiene el deber procesal de valorar la prueba que presenten las partes, para justificar una determinada situación o posición que tengan las mismas. De obrados se tiene que; la autoridad de instancia, dispuso la libertad del ahora accionante, determinación que obviamente agraviaba los derechos e intereses de la víctima; razón por la que, la representación del Ministerio Público y la DNA, plantearon recurso de apelación, conocido y resuelto por la autoridad demandada, que emitió el Auto de Vista 61/2023, a través del que se revocó el Auto Interlocutorio de cesación a la detención, por mantenerse subsistente los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núm. 7 y 235 núm. 2 del CPP (Conclusión II.6). El Auto de Vista impugnado, ha realizado un análisis integral de la pericia psicológica, ha apreciado y valorado cada uno de los instrumentos que han sido utilizados en el señalada pericia, contrastándose los mismos con la conclusión a la que se ha llegado; así se ha mencionado que, se ha aplicado el “Protocolo de Entrevista Forense de Nichd”, entrevista que se emplea a testigos vulnerables, no siendo correcta esa técnica para utilizarla en el caso de autos, donde el entrevistado es el acusado, que no es un testigo vulnerable. Esa valoración es correcta, en cuanto el acusado no es quién se ha encontrado en situación de vulnerabilidad, al contrario, la parte denunciante como la supuesta víctima, son quienes presumiblemente se habrían encontrado en situación de desventaja, como se puede apreciar de la propia entrevista que se efectuó, pese a ser una técnica que no correspondía utilizarse para el objeto del informe; para ello, basta contrastar la incoherencia que se dió entre la aplicación de la técnica con la conclusión a la que se llegó; para el efecto, se transcribe algunas expresiones utilizadas por el entrevistado, quién al referirse a la madre de la supuesta víctima y denunciante, señaló que le dijo: “No se has bruta le digo … le agarro a mi hijo y le digo tu mujer me está queriendo cobrar pensiones a mí, entonces para que no allá problema habla con la mujer y anulemos la paternidad biológica” (textual); expresiones que en todo caso, no se consideran vertidas por quién fuera una persona vulnerable. Por el contrario, son manifestaciones agresivas que evidencian que la madre del niño, como probable víctima indirecta, que además es denunciante y testigo de cargo del Ministerio Público, se encuentra en peligro evidente, por la agresividad y discriminación, por las aseveraciones realizadas, aspectos que no fueron ni remotamente considerados por el perito especializado, quién a partir de esa entrevista llegó a la conclusión de que el entrevistado “No presenta riesgo de peligrosidad”, no entendiéndose en forma razonable esa conclusión. El tribunal de alzada también ha evaluado la valoración del riesgo sexual, a través de la aplicación del instrumento “SVR-20”, sosteniendo que sería aplicable en contextos carcelarios o condenados; sin embargo, no aplicable al caso de autos, en el que hay acusado, pero no condenado; de similar manera, el perito aplicó el protocolo para la valoración de riesgo por comportamiento violento “HCR.20”, que por la misma razón no correspondía aplicarse, es decir porque no hay condenado, al seguir el proceso en trámite. Con relación a la aplicación del instrumento de evaluación para delincuentes sexuales “Static-99”, no se expresó porque esa prueba sería aplicable a presuntos agresores sexuales; que, en todo caso, para ese tipo de conducta se debe establecer un perfil de personalidad (no una entrevista con el presunto agresor), indagando si esa persona tiene inclinación a la pedofilia, por estar denunciado de violación a su nieto adolescente de 12 años. De la relación precedente; se evidencia que el tribunal de alzada, ha analizado y valorado en su integridad el informe pericial, con bastante diferencia de la actuación del tribunal de instancia, pues no se limitó a asumir como verdad, la conclusión a la que se llegó en el informe pericial; al contrario, analizó si esa conclusión tenía o no coherencia con los instrumentos utilizados para llegar a la misma, dejando en evidencia las razones que consideró convenientes, para ir desestimando la aplicación de cada uno de ellos, dando los motivos suficientes, que justifican desvirtuar o tener la duda razonable, de que ese informe pericial adolecía de deficiencias profundas, en cuanto a la necesaria técnica que debió de tener; más aún, si se considera que el mismo viene de una institución académica de la Policía boliviana. Además; en casos como el presente, en el que uno de los sujetos procesales -imputado- propone como prueba un informe pericial, corresponde que con carácter previo, sea de conocimiento de la contra parte, a fin de que tengan la posibilidad de cuestionar, observar, proponer una contra pericia u otro, de un informe que se supone que es especializado, en el marco del respeto del derecho de igualdad procesal que tienen las partes, consagrado en el art. 14.II de la CPE, antes de que la autoridad judicial, proceda a valorarlo de manera directa, más aún en casos de especial sensibilidad, cuando se encuentra comprometido el interés superior de un niño, niña o adolescente; por lo que, corresponde a la autoridad jurisdiccional, asegurarse que el contenido de un informe pericial sea de su conocimiento y representación, pues no solo se debe notificar con el señalamiento de una audiencia de cesación de detención preventiva, sino también con la prueba que -como nuevo elemento- se hubiera presentado o que sustente su solicitud. En el caso de autos, el tribunal de instancia, recibió la solicitud de cesación de la detención preventiva, con el Informe pericial que sería el nuevo elemento probatorio que estaría aportando la parte solicitante, haciéndose conocer a las partes la realización de una audiencia de cesación de detención preventiva, en la que de manera directa valoró la nueva prueba, sin que la contra parte, es decir, la denunciante, el Ministerio Público u otro, tengan la posibilidad de cuestionar los puntos de la pericia, directamente admitió la prueba y la valoró en sus últimas líneas. Eso ha motivado que en el trámite de apelación, las autoridades ahora demandadas, con la facultad que les reconoce el art. 398 del CPP, hayan analizado y compulsado en su integridad el informe pericial, que como nuevo elemento probatorio, no fue suficiente para sostener la credibilidad de la conclusión a la que se llegó la misma pericia, pues los instrumentos utilizados no serían los apropiados, conforme se encuentra razonado en el Auto de Vista señalado; por lo que no es cierto que con el informe pericial señalado, se habría desvirtuado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP, dejándose claramente establecido que en esas circunstancias, se mantiene ese riesgo procesal, en cuanto el acusado, sí sería un peligro efectivo para la víctima, como para la parte denunciante. En consecuencia y por todo lo manifestado, la valoración probatoria efectuada por el tribunal de alzada; que, al haber sido realizada en forma integral, además en forma adecuadamente motivada, no ha lesionado la garantía al debido proceso, por lo que en este punto corresponde denegarse la tutela que ha sido planteada. b) Con relación a la denuncia de lesión de la garantía al debido proceso, en su vertiente relativa a la motivación, vinculada al riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP En la acción tutelar, así como lo expresado por su abogado en audiencia, se ha manifestado que el razonamiento del Auto de Vista impugnado contendría una motivación exagerada, porque se ha establecido la existencia del riesgo procesal conforme el art. 235 núm. 2 del CPP, relativo al peligro de obstaculización, cuando: “el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos”, riesgo que en el caso concreto, se habría realizado a partir de suposiciones, como el hecho de que podría haber una actitud reticente de la parte denunciante -madre de la probable víctima-, que es testigo; ese tipo de suposiciones, en criterio del accionante, estaría impedido por la SCP 0407/2018-S1 de 16 de agosto. Con relación al riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP, el tribunal de instancia, desestimó ese riesgo procesal, porque lamentablemente, el Ministerio Público no ofreció como prueba testifical, la declaración de la abuela del menor -esposa del acusado- o de la prima -nieta del acusado-, en consecuencia al no ser testigos, no tendría razón de ser ese riesgo procesal; esa apreciación de la autoridad de instancia, ha sido desestimada por la autoridad demandada, quien en el Auto de Vista 61/2023, impugnado en esta acción tutelar; señaló, que si bien era cierto que el Ministerio Público no ofreció como testigos a la abuela y a la prima, no era menos evidente, que un testigo de cargo ofrecido ha sido la denunciante, que resulta ser la madre de la presunta víctima, quien por el vínculo que tuvo con su ex pareja, que resulta ser el hijo del acusado, existiría un riesgo de obstaculización, porque pueden influenciar negativamente en ella, quién ha demostrado una actitud reticente, en la audiencia de cesación de detención preventiva de 12 de enero de 2023, pues la misma que pese haber sido legalmente notificada no participó en su desarrollo, agregándose el hecho que en el desarrollo del juicio oral, la denunciante y testigo, todavía no ha prestado su declaración. En ese sentido, en el Auto de Vista cuestionado, se expresó que: “en esa audiencia de cesación de detención preventiva la del 12 de enero del año 2023, pese a ser legalmente notificada la denunciante la madre del adolescente no habría participado, aspectos que obviamente se considera como se entendería de que la persona estaría en una actitud reticente, a esto agregado el hecho de que todavía esta persona no ha declarado en juicio Oral y Público y Contradictorio”.

El razonamiento señalado, resulta ser una apreciación válida, en cuanto responde a los antecedentes que cursan en obrados, pues es cierto que en la audiencia de cesación de detención preventiva, efectuada el 12 de enero de 2023, en el acta elaborada por la Secretaria se señaló la presencia del representante del Ministerio Público, de la DNA, del acusado como de su abogado defensor y con relación a: “otros sujetos intervinientes: No”, es decir que en dicha audiencia no participó de la misma la denunciante como correctamente aprecio el hecho la autoridad demandada; lo que lleva a la conclusión de que ese razonamiento, no responde a una “suposición” como señala la parte denunciante, sino que más que ello, responde a lo que sucedió en la tramitación de la causa. Esa actitud reticente, no solo se dio durante el desarrollo de la audiencia de cesación de detención preventiva, sino también se reiteró en el desarrollo de la audiencia de apelación a la cesación de detención preventiva, que tuvo la oportunidad de conocer y resolver la autoridad demandada; en dicha audiencia, efectuada el 16 de febrero de 2023, según informe de la Secretaria de Cámara, se encuentra: “ausente la parte civil Yenny Claure Bonilla a pesar de su legal notificación”; con lo que se reconfirma una vez más, que hay cierta reticencia de la parte denunciante a intervenir y actuar de manera directa, en el proceso que se inició a su denuncia, más aún cuando también es cierto lo razonado en esa audiencia, en sentido de que dicha denunciante todavía no prestó su declaración testifical en el desarrollo del juicio oral y público, habiendo un temor fundado y no una simple suposición, en sentido de que el acusado probablemente esté amenazando o tal vez influyendo en forma negativa, en la denunciante y testigo del Ministerio Público, por lo que en forma correcta las autoridad demandada, llegó a la conclusión que en el presente caso no se ha enervado el riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP. En consecuencia, en el presente caso es aplicable el razonamiento expresado en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en cuanto en la decisión impugnada, no hay una ausencia de la relación fáctica; al contrario, los hechos a los que hace referencia, no son producto de simples suposiciones, sino que responden a hechos que se evidencian en obrados; por lo que, la aseveración de la parte accionante, en sentido de que las autoridades demandadas, habrían lesionado el principio de presunción de inocencia, como se ha manifestado en la audiencia tutelar o el principio de legalidad, o la garantía al debido proceso en su elemento motivación, no es evidente, en cuando se trata de un auto con motivación y argumentos fácticos pertinentes, razonables y que responden a los propios antecedentes que cursan en obrados; por estas razones, corresponde denegarse la tutela al no ser evidente la lesión al debido proceso denunciado, en cuanto a la ratificación de la vigencia del riesgo procesal previsto en el art. 235núm. 2 del CPP, determinado por el Auto de Vista impugnado. c) En cuanto a la necesidad de un análisis de la prueba a partir del principio de proporcionalidad, efectuando una ponderación necesaria, máxime si se trata de una víctima adolescente, por un delito sexual

En la audiencia tutelar; el accionante, extrañó que las autoridades demandadas, en su apreciación no hayan aplicado un enfoque diferencial, en cuanto no habrían considerado que su persona, como adulto mayor, debió ser tutelado, por pertenecer a un grupo vulnerable, correspondiendo cesarse su detención preventiva y disponerse su libertad, como así razonó y ordenó el tribunal de instancia, cuya determinación, en su criterio, fue ilegalmente modificada por las autoridades ahora demandadas, en el Auto de Vista cuestionado.

Es obligación de las autoridades jurisdiccionales, realizar una valoración de la prueba, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, determinando si la medida cautelar -de detención preventiva- es necesaria y proporcional, efectuando una ponderación de los derechos que se encuentran en cuestión; conforme se ha razonado en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. El análisis ponderado, también se aplica cuando una autoridad jurisdiccional debe resolver la existencia o no de un peligro de fuga o de obstaculización, particularmente cuando se trata del riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del CPP, relativo a que el imputado se constituya en un peligro efectivo para la sociedad, la probable víctima o denunciante, el cual debe ser materialmente verificable; más aún, tratándose de aquellos casos de violencia sexual, donde se encuentra en debate el interés superior de la niña niño o adolescente, cuando los mismos son víctimas de violencia sexual, circunstancia en la cual surge una obligación para las autoridades del poder público, de asegurar que su actuación se someta al deber de una debida diligencia, en cuanto a la prevención, procesamiento, sanción y reparación; a lo que se suma, el deber que tienen las mismas de actuar en forma ética, impidiendo que una víctima en situación de vulnerabilidad, sea revictimizada a tiempo de enfrentarse con la tramitación de un proceso penal; todo en el marco de lo razonado por el Fundamento Jurídico III.2. de la presente determinación constitucional y del entendimiento que de dicho razonamiento se extrae. Como se ha expresado, la parte accionante extrañó que la autoridad judicial no hubiera utilizado en el caso concreto, un enfoque diferencial, a través del cual pudo haber visualizado a un adulto mayor; de la revisión de obrados se tiene que, es cierto que el imputado, es una persona de la tercera edad, se trata de un ex militar, jubilado, quién es abuelo paterno del menor de aproximadamente doce años de edad que presumiblemente habría sido víctima de violación; encontrándonos frente a dos partes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es un adulto mayor y un menor de edad, circunstancias que por sí sola obligan a cualquier autoridad del poder público, evaluar la prueba que se ofrece como un nuevo elemento, efectuando un análisis ponderado de los derechos de ambos sujetos procesales.

El enfoque diferencial, a partir de la consagración constitucional contenida en la regulación del art. 14.II de la CPE, se basa en las cláusulas de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación, como en las demás cláusulas que integran el bloque de constitucionalidad, que permiten que toda autoridad jurisdiccional determine una protección reforzada de quienes forman parte de grupos de atención prioritaria, que bien puede obedecer a razones generacionales, vinculada a la temporalidad en la vida de los seres humanos: niños, adolescentes y adultos mayores; dentro de estos dos grupos vulnerables, precisamente por el tema generacional, hay una diferencia cronológica de los mismos, que conlleva diferencias físicas como psicológicas que son evidentes. Un niño, niña y adolescente, al no haber completado su desarrollo físico y emocional, es un ser humano que en forma natural se encuentra más susceptible al abuso, manipulación y otros que sobre los mismos, puedan ejercer personas mayores, quienes física y mentalmente poseen mayor madurez a partir de la experiencia y el criterio que tienen para asumir ciertas decisiones, más aún cuando los mismos se encuentran en cierta situación de estabilidad económica, que es un elemento más con el que los unos -adultos, adultos mayores- ejercen poder sobre otros -niños, niñas, adolescentes-.

Esa relación desproporcional, que en una circunstancia concreta pueda tener un menor frente a un adulto mayor, no son aspectos que puedan obviar o desconocer las autoridades jurisdiccionales, quienes en su razonamiento deben siempre cuidar los intereses y derechos de quienes se encuentren en una circunstancia concreta, como ha sucedido en el caso de autos, que en un contexto familiar y de confianza, un menor de doce años de edad, ha sido entregado al cuidado del abuelo, quién por su situación personal, de ser una persona mayor, con el natural sentido de orden que pueda tener como militar del servicio pasivo, ejerce poder sobre el nieto, más allá de una situación económica que puede haber como un jubilado militar, sino como autoridad que desde muchos sentidos ejerce respecto a su nieto. Consecuentemente, estando en curso un proceso penal, por la presunta violación de un menor, por su abuelo, la autoridad jurisdiccional, a tiempo de analizar los riesgos procesales, relativo al señalado en el art. 234 núm. 7 del CPP, debe visualizar y cuidar siempre el interés superior que tiene el niño, niña, adolescente; aún, frente al interés de protección y tutela que pueda tener quién integra a otro grupo vulnerable, como es un adulto mayor, por las desventajas y asimetrías que existen y la especial vulnerabilidad en la que se encuentra; en ese mérito, la exigencia para que se desvirtúe ese riesgo procesal, tiene que ser más exigente, y en un trámite de cesación de detención preventiva no disponer la libertad, sin que con carácter previo no se hubiere efectuado una valoración integral de la prueba, en forma proporcional y en forma ponderada, única manera de efectuarse un verdadero razonamiento judicial. En el caso de autos; el tribunal de instancia, de manera directa, consideró que por un informe pericial que de manera escueta concluyó que el acusado no es peligroso, dispuso medidas cautelares personales, pero sin valorar el contenido de la pericia, como se ha razonado en el Fundamento Jurídico III.3. a) del presente fallo constitucional, aplicando instrumentos -como entrevistas y otros- que no corresponden a la situación procesal del acusado -que no es condenado-, sin ponderar a cabalidad el interés de la otra parte -adolescente-, que con esa ausencia de razonamiento y valoración probatoria, se provocó a la probable víctima -también a su familia-, quiénes se encontrarían en una situación de mayor vulnerabilidad sobre la que en forma natural ya se encontraba. En una situación normal y regular, un nieto tiene temor y respeto a la autoridad que deviene de su abuelo, quien en el caso concreto, es una persona que goza de solvencia y autoridad respecto de su familiar, hijo de su propio hijo, el que difícilmente podrá no dar lugar a las instrucciones que se le mande en esas circunstancias; donde además hay un poder económico del abuelo -militar jubilado-, intereses de tipo material que dejó en evidencia en la “entrevista” que el perito le habría realizado, ante quién -el abuelo- dejó en evidencia el hecho de que se encuentra dentro de un proceso penal, que dio mérito a la presente acción tutelar, aludiendo a su vez problemas de cancelación de pensiones por asistencia familiar.

La autoridad demandada; de manera correcta, ha evidenciado que al haberse determinado medidas cautelares personales, de quién se encontraba en una relación de poder, sin haber visualizado el riesgo en el que colocaba a la probable víctima, por no haber valorado adecuadamente la pericia que se presentó como nuevo elemento probatorio; no ha hecho más que evidenciar que se puso al menor en un inminente escenario de revictimización; en todo caso, de manera directa se provocó una lesión de los derechos, que han sido correctamente reparados por el tribunal de alzada, sin que con ello se hubiera cometido una lesión de los derechos que ha denunciado el peticionante de tutela. Por todo lo manifestado, el enfoque diferencial que se ha utilizado en el presente razonamiento, ha estado dirigido a visualizar la necesaria protección, de la parte que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, que en el presente caso, no se trata del adulto mayor, por ser la parte imputada, que supuestamente, habría cometido el delito de violación, encontrándose en mayor situación de vulnerabilidad respecto al mismo, quién es su nieto, adolescente que es quién requiere una protección plena e inmediata por todas las autoridades del poder público.

Por todo lo manifestado, no se considera que la autoridad demandada, al fallar conforme la protección necesaria que requiere el menor, supuestamente víctima de una violación, cuando revocó la decisión del tribunal de instancia -que emitió medidas sustitutivas a la detención preventiva-, habría afectado los derechos, garantías y principios denunciados como vulnerados por el accionante; en consecuencia, la autoridad demandada, no ha cometido ninguna ilegalidad al valorar la prueba en forma integral, realizando un análisis conforme al principio de proporcionalidad, efectuando una adecuada ponderación de los derechos de los sujetos procesales. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 115 a 119 vta, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal, del Juzgado de Perdida de Dominio Primero de la Capital, del mismo departamento; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1586_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.

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