Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; por cuanto, habiéndose dispuesto su detención preventiva por el plazo de noventa días, cumplido el mismo, a la fecha de interposición de la acción de libertad trascurrieron aproximadamente dieciocho días sin que su situación jurídica hubiera sido resuelta, debido a que su expediente fue remitido a varios Juzgados emergente de la presentación de la acusación formal; por lo que, solicitó se conceda la tutela, se disponga que el Juez que se encuentre en poder de su proceso, resuelva en el día su situación jurídica . En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto al derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad y el principio de celeridad, únicamente respecto a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 2° DENEGAR la tutela con relación a las demás autoridades accionadas:
Ramiro Brigido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui; Aldo Zenteno Saavedra Juez Publico Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Segunda de Guaqui y Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia; así como al principio de seguridad jurídica, conforme los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1583/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49930-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dafnin Anida Huaman Ccente contra René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto Paz; Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui, Aldo Zenteno Saavedra, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Segundo de Guaqui, todos del departamento de La Paz y Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 3, la accionante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa; el 1 de mayo de 2022, Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia, presentó imputación formal, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, al encontrarse de turno en fin de semana; por lo que, René Eduardo Foronda Escobar -ahora codemandado- dispuso su detención preventiva por el lapso de noventa días, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, señalando audiencia de consideración de situación jurídica para el 1 de agosto del referido año.
Posteriormente, debido a la presentación de la imputación formal, la causa fue remitida al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, a cargo del Juez Ramiro Brígido Caritas Quispe, autoridad que, pese a que el proceso ya contaba con pliego de acusación fiscal, remitió nuevamente el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, en cumplimiento a un Auto Constitucional, situación que derivo en que ninguno de los tres Jueces demandados radicaran la causa. En ese sentido, Aldo Zenteno Zaavedra, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Guaqui del departamento de La Paz, sin radicar la causa dispuso la devolución del expediente al Juez natural debido a que advirtió que el expediente no contaba con ciertos actuados procesales, privándole en consecuencia de su libertad. Ramiro Brigido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui, no ejerció el control jurisdiccional de la causa para resolver su situación jurídica. Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, pese a que se le devolvió el expediente debido a las observaciones efectuadas, a la fecha de interposición de la acción de libertad, no emitió pronunciamiento a efectos de sanear dichas observaciones, situación que atentó el debido proceso, y lo dispuesto por el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), provocando una prolongación indebida de su detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto el art. 23 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el Juez que se encuentre en poder de su proceso, resuelva en el día su situación jurídica.
Celebrada la audiencia virtual de 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 10 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) A la fecha su proceso no cuenta con control jurisdiccional, -ausencia de Juez natural-, situación que conlleva a que su situación jurídica no sea resuelta, debido al incumpliendo de los plazos procesales establecidos por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; así como la falta de remisión oportuna del expediente y la inactividad del Ministerio Público, situaciones que derivó en una retardación procesal injustificada, vulnerando sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la seguridad jurídica, reconocidos en los arts. 23, 115 y 117 de la CPE; b) Transcurrieron dieciocho días, sin que su situación jurídica sea resuelta; y c) El Fiscal de Materia no presentó la ampliación de la medida cautelar, conforme establece la SCP 741/2020-S2 de 1 de diciembre, que establece la obligación de fundamentar toda prórroga o ampliación de detención preventiva, motivo por el cual solicitó se conceda la tutela impetrada. Ante las interrogantes del Tribunal de garantías, la impetrante de tutela señaló que: el Juez natural es Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Civil y Comercial Instrucción Penal de Guaqui del departamento de La Paz; autoridad jurisdiccional que devolvió el expediente al Juez Eduardo Foranda Escobar, debido a una observación; sin embargo, dicha autoridad hasta esa fecha no devolvió el expediente.
Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 19 de agosto de 2023, cursante a fs. 6 y vta., y en audiencia de garantías señaló que: 1) El 18 de mayo de 2022, mediante Oficio 413/2022, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, remitió a su Juzgado el cuaderno del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dafnin Anida Huamán Ccente y otros; deponiendo su radicatoria el 19 de igual mes y año; 2) El 30 de mayo, el Fiscal de Materia presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal contra los coimputados Dafnin Anida Huamán Ccente y otros, siendo notificados con dicho actuado procesal el 1 de junio de 2022; 3) El 3 de junio del referido año, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -codemandado-, solicitó nuevamente la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, requerimiento que fue atendido el 6 de junio de 2022, remitiéndose el expediente el mismo día; 4) El 9 de agosto de 2022, el referido Juez -René Eduardo Foronda Escobar- devolvió el expediente a su despacho, con un total de cuatrocientas ocho fojas, por lo que, al haberse presentado la acusación formal procedió a remitir el expediente al Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Segundo de Guaqui, Juzgado que procedió a devolver el expediente debido a la inexistencia del acta de audiencia de 1 de agosto de 2022, entre otras actuaciones procesales, y, 5) El 10 de agosto de 2022, mediante Oficio 177/2022, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juez René Eduardo Foronda Escobar, a efecto de que subsane las observaciones efectuados debido a que dicha autoridad se encontraba ejerciendo el control jurisdiccional de la causa desde el 6 de junio de 2022 hasta el 9 de agosto del referido año. Aldo Zenteno Saavedra, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui, en audiencia de garantías informó que: i) Evidentemente se remitió la acusación Fiscal al Juzgado de Instrucción el mismo día que fue remitido el expediente a su despacho -9 de agosto de 2022- , por lo que haciendo la revisión del mismo su persona efectuó dos observaciones, la primera que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 CPP, relativo a la remisión de antecedentes al Juez de Ejecución Penal; y la segunda que el proceso carecía de actas de audiencias previas, hecho que le impidió verificar el estado de las mismas y consecuentemente radicar la causa; y, ii) Ante dichas irregularidades, dispuso la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción de Guaqui, con el objeto de que se subsanen los actuados faltantes. Ante las interrogantes del Tribunal de garantías el impetrante de tutela señaló que se devolvió en el día -9 de agosto de 2022- el expediente al Juzgado de Instrucción de Guaqui, empero ese Juzgado hasta la fecha no le devolvió los antecedentes del proceso. Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia de sustancias controladas de la localidad de Desaguadero, manifestó que: a) La impetrante de tutela refiere que su persona no realizó el seguimiento respectivo del caso; sin embargo, en cumplimiento de sus funciones realizó todos los actuados correspondientes, presentando el pliego de acusación formal el 1 de agosto de 2022, conforme al procedimiento inmediato aplicable en casos de hechos flagrantes; b) Si bien se advirtieron actuados pendientes, dicha situación se hizo conocer de manera verbal, ello debido a la imposibilidad de presentar los reclamos escritos, toda vez que, los mismos eran rechazados -por criterios administrativos- por los Juzgados que estuvieron conociendo el proceso; en consecuencia, dichos hechos no eran atribuibles a su persona; y, c) Las dilaciones procesales observadas no fueron atribuibles a su despacho, sino al traslado y observaciones judiciales efectuadas entre los despachos intervinientes, por lo que, corresponde a las autoridades jurisdiccionales subsanar las deficiencias advertidas. Ante las interrogantes del Tribunal de garantías, el codemandado manifestó que: Presentó la acusación Fiscal al Juzgado de Instrucción el 1 de agosto de 2022, acompañada de la documental correspondiente, esa acusación se remitió al Juzgado de Sentencia, posteriormente se devolvió al Juzgado de Instrucción debido a las observaciones efectuadas. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 5 y vta.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 11 a 14 concedió en parte la tutela, únicamente respecto a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, disponiendo que en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de su notificación, remita el cuaderno procesal al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui -Ramiro Brígido Caritas Quispe-; quien de manera inmediata deberá señalar audiencia para resolver la situación jurídica de la impetrante de tutela, y denegó la tutela con relación a las demás autoridades demandadas Ramiro Brígido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui; Aldo Zenteno Saavedra, Juez Publico Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Segunda de Guaqui; y, Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El conflicto en el presente caso se centra en determinar qué autoridad jurisdiccional se encuentra en poder del expediente y si evidentemente existe dilación en la Resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela; en ese sentido, se advirtió que el expediente se encontraba en poder de Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, debido a que fue devuelto a dicha instancia ante la inexistencia de actuados procesales que fueron desarrollados entre el 6 de junio y 9 de agosto de 2022; 2) El Fiscal de Materia en cumplimiento de sus funciones presentó la acusación formal al Juez competente; en consecuencia, no goza de legitimación pasiva en el presente causa, motivo por el cual debe denegarse la tutela respecto a dicha autoridad codemandada; 3) El 1 de mayo de 2022, Rene Eduardo Foranda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de El Alto, dispuso la detención preventiva de la accionante por noventa días; en consecuencia, debió resolverse la situación jurídica de la impetrante de tutela el 1 de agosto de igual año, situación que no ocurrió; 4)Se constató que ante la presentación de la acusación formal el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido, Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui, en ejercicio de sus funciones devolvió el expediente el 9 de agosto de igual año, debido a la ausencia de actuados procesales; 5) Evidentemente transcurrieron los noventa días dispuestos para la detención preventiva; sin embargo, se constató que el expediente nuevamente el 10 de agosto de 2022, fue remitido al Juez Rene Eduardo Foronda Escobar a efecto de que complete los actos procesales desarrollados entre el 6 de junio de 2022 hasta el 9 de agosto de igual año, situación que resulta lógica, toda vez que, para resolver la situación jurídica de la impetrante de tutela se debe contar con todos los actuados procesales; 6) Desde el 10 de agosto del referido año, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el cuaderno procesal se encontraba en poder de Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto; es decir, la referida autoridad jurisdiccional no devolvió el expediente al Juez remitente, aspecto que se concluye de los informes presentados por las autoridades codemandadas, aplicándose además la presunción de veracidad debido a que dicha autoridad no presentó su respectivo informe, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, situación que impidió que la situación jurídica de la impetrante de tutela sea resuelta, vulnerando en consecuencia el derecho a la libertad del impetrante de tutela, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 1173, motivo por el cual debe concederse la tutela respecto a dicha autoridad jurisdiccional; 7) El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las SSCCPP 127/2018-S1, 379/2021-S3, estableció que la acción de libertad de pronto despacho procede cuando existen dilaciones indebidas en la tramitación de un proceso que afecten el derecho de una persona privada de libertad a la resolución oportuna de su situación jurídica; de ese modo, concluyó que la conducta omisiva del Juez, constituyó una restricción inconstitucional del derecho a la libertad personal; y, 8) El Fiscal de Materia y los Jueces codemandados, no incurrieron en vulneración de derechos, pues actuaron dentro de sus competencias y conforme al procedimiento penal vigente
La presente causa fue sorteada el 12 de febrero de 2025 (fs. 18) y por decreto constitucional de 19 de febrero de 2025, cursante a fs. 19, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo a efectos de recabar documentación complementaria; transcurridos aproximadamente cinco meses sin que dicha documentación haya sido remitida, por lo que, mediante decreto de 9 de julio del año en curso, se conminó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz su cumplimiento; (fs. 27), recibido el informe, se ordenó su reanudación del plazo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 12 de noviembre de 2025 (fs. 39); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Dafnin Anida Huamán Ccente-ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio de 1 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela por el plazo de noventa días, programándose audiencia de resolución de situación jurídica de la impetrante de tutela para el 1 de agosto de igual año, actuado procesal que no se llevó a cabo (fs. 2 a 3). II.2. Cursa Informe de la autoridad codemandada Ramiro Brijido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui, en la que señala que el 31 de mayo de 2022, se dispuso la notificación a las partes con la acusación fiscal, situación que fue concretizada el 1 de junio de 2022. El 3 de junio de 2022, mediante Cite 471/2022, Rene Eduardo Foranda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento La Paz, solicitó que se remita el cuaderno procesal del impetrante de tutela, motivo por el cual el 6 de junio de 2022, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juez requirente. El 9 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento La Paz, señalado supra procedió a devolver el expediente, la cual a su vez fue remitido el mismo día al Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia. Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui, debido a la acusación Formal presentada, expedienté que fue devuelto el mismo día debido a la observación efectuada -existencia de actuados procesales incompletos, entre ellos el acta de audiencia de 1 de agosto de 2022-, motivo por el cual el 10 de agosto de 2022, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional ante el Juez Rene Eduardo Foranda Escobar, debido a que dicha autoridad se encontraba en poder del expediente del impetrante de tutela desde el 6 de junio hasta el 9 de agosto de 2022, hecho constatado por el Tribunal de garantías, no controvertido por el impetrante de tutela, ni por las demás autoridades codemandadas (fs.6 y vta.).
La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; por cuanto, habiéndose dispuesto su detención preventiva por el plazo de noventa días, cumplido el mismo, a la fecha de interposición de la acción de libertad trascurrieron aproximadamente dieciocho días sin que su situación jurídica hubiera sido resuelta, debido a que su expediente fue remitido a varios Juzgados emergente de la presentación de la acusación formal; por lo que, solicitó se conceda la tutela, se disponga que el Juez que se encuentre en poder de su proceso, resuelva en el día su situación jurídica . En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;
1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´(SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las SSCCPP 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada en las SSCCPP 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Entendimiento extraído de la SCP 0473/2025 -S3 de 2 mayo.
El rol del juez en cualquier proceso judicial es fundamental para la administración de justicia, su función se centra en garantizar que el 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y conforme a la ley, al respecto la SCP 0015/2012[10] de 16 de marzo, refiriéndose al principio de dirección del proceso, concluyó lo siguiente: [Al] respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso. Entendimiento extraído de la SCP 0172/2025 -S3 de 31 de marzo.
La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, el debido proceso y a la “seguridad jurídica” puesto que, permaneció detenida de manera arbitraria por más de dieciocho días, toda vez que, el cuaderno procesal fue indebidamente retenido entre distintas autoridades jurisdiccionales sin que ninguna de ellas asuma el control efectivo de su situación jurídica, hecho que generó la ausencia de control jurisdiccional, además que prolongó injustificadamente su detención preventiva. Previamente a realizar el análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario resaltar que habiéndose realizado la solicitud de remisión de documentación complementaria debido a que se consideró relevante para la resolución de la presente causa; se tiene que, en mérito al informe de 23 de mayo de 2025, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; remitido a este Tribunal, el 12 septiembre de 2025, puesto a conocimiento de esta Sala Constitucional el 25 de septiembre de 2025, se informó que no se encontró ningún antecedentes del proceso penal seguido por el impetrante de tutela. En ese entendido respecto a Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, autoridad jurisdiccional que dispuso la detención preventiva de la accionante, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, por lo que, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en Fundamento Jurídico III.1, se presumen por ciertos los hechos expuestos por la impetrante de tutela, en tanto no fueron desvirtuados por informe, ni por prueba alguna presentada en contrario.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, así como de los informes remitidos por las autoridades codemandadas, se advierte que la accionante, al momento de interponer la acción de libertad, se encontraba privada de libertad en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz desde el 1 de mayo de 2022. En ese sentido también se constató que, el 30 de mayo de 2022, el Fiscal de Materia, Diego Boris Farrachol Pinto, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, notificándose a las partes el 1 de junio de 2022; en ese entendido, ante la solicitud efectuada el 3 de junio de 2022; por el Juez Rene Eduardo Foronda Escobar -codemandado-, el expediente fue remitido a dicho Juzgado el 6 de igual mes y año, siendo devuelto al Juzgado remitente recién el 9 de agosto de 2022; por lo que, en razón a la existencia de la acusación formal, en la misma fecha se remitió el expediente al Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segunda de Guaqui; sin embargo, dicho Juzgado advirtiendo la existencia de actuados procesales incompletos, sin radicar la causa dispuso la devolución del expediente a efecto que sean subsanadas, devolviendo en consecuencia el expediente al Juez de Instrucción Anticorrupcion y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de Guaqui del departamento de La Paz. Ahora bien, realizando un análisis sobre la participación y responsabilidad de los demandados se tiene que:
Respecto a esta autoridad Jurisdiccional, conforme lo constatado por el Tribunal de garantías bajo el principio de inmediatez, se advierte que el referido Juez de Instrucción Anticorrupcion y contra la Violencia Tercero de El Alto del departamento de La Paz -Juez de turno de fin de semana-, el 1 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela por el plazo de noventa días, que si bien dicha autoridad procedió a remitir el expediente al Juez natural -, se constató que una vez remitido el expediente al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de familia, Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui -debido a la acusación Fiscal presentada-, dicha autoridad advirtió la existencia de actuados procesales incompletos, entre ellos el acta de audiencia de 1 de agosto de 2022; en consecuencia, se procedió a devolver el expediente al Juez remitente, Ramiro Brjido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui, del referido departamento, autoridad que a su vez devolvió el expediente al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -Juez de turno de fin de semana-advertido de que desde el 6 de junio hasta el 9 de agosto del referido año, el expediente se encontraba en poder de dicha autoridad. Consiguientemente, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la acción de libertad de pronto despacho, está destinada a evitar las dilaciones o demoras indebidas e injustificadas en los procesos jurisdiccionales, cuando se trate de la situación jurídica de personas privadas de libertad; por lo tanto, el rol del Juez en todo proceso judicial reviste especial relevancia para la administración de justicia, en tanto constituye el principal garante del respeto a los derechos fundamentales y del cumplimiento de los principios que rigen la función jurisdiccional; por consiguiente, su obligación se centra en asegurar que el desarrollo del proceso se lleve a cabo de manera justa, eficiente y conforme a la ley. En ese sentido, conforme informaron las autoridades codemandadas, una vez puesto el expediente a conocimiento del Juez de Sentencia, esta autoridad jurisdiccional ordenó la devolución de los actuados procesales, debido a que evidenció la inexistencia de actuados incompletos, motivo por el cual el expediente fue devuelto al Juez Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto, debido que su persona se encontraba en poder del expediente desde el 6 de junio de 2022, hasta el 9 de agosto del referido año; sin embargo, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad dicha autoridad jurisdiccional no devolvió el expediente al Juez natural a efecto que se resuelva la situación jurídica de la impetrante de tutela, conducta que constituye la causa directa de la dilación procesal y de la vulneración de los derechos de la impetrante de tutela, toda vez que, impidió que se efectúe el control judicial de la detención preventiva; por lo que, su actuación omisiva trasgredió los principios de celeridad y eficacia procesal, configurando una restricción inconstitucional al derecho de acceso a la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada en el bloque de constitucionalidad relativas a la acción de libertad de pronto despacho, evidenciándose el transcurso de nueve días desde que se devolvió el expediente para la subsanación de los defectos procesales observados, que derivó en que la situación jurídica del impetrante de tutela no sea resuelta de manera oportuna.
En consecuencia, al evidenciarse la demora injustificada, de nueve días, no existiendo justificativo de las circunstancias que impidieron la devolución oportuna del expediente, y al no haberse presentado dicha autoridad demandada a la audiencia de garantías, menos presentado su informe, se constata que dicha autoridad jurisdiccional codemandada, incumplió su deber de tramitar con la mayor celeridad los casos de personas que se encuentran detenidas preventivamente, inobservando la celeridad procesal con la que debe resolverse todas las solicitudes emergentes de procesos penales en los que el derecho a la libertad pueda verse afectado; vulnerando consecuentemente dicha autoridad codemandada el derecho al debido proceso del impetrante de tutela vinculado con el principio de celeridad; motivo por el cual corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica denunciado como lesionado, se tiene que la vía constitucional no tutela principios de manera independiente, si no, cuando están vinculados a un derecho comprendido dentro de los presupuestos de activación de esta acción tutelar; en consecuencia, al no evidenciarse dicho extremo, no existe mérito para resolver al respecto y por ende, se debe denegar la tutela en relación a la vulneración del principio a la seguridad jurídica señalado supra.
Del informe cursante en obrados se establece que el Juez Ramiro Brígido Caritas Quispe, actuó conforme a sus atribuciones, radicando el proceso, notificando a las partes y remitiendo los antecedentes cuando fueron requeridos por el Juez de El Alto; por lo que, su participación en la dilación se circunscribe al cumplimiento formal de requerimientos interinstitucionales, sin evidenciarse omisión o negligencia procesal; por tanto, su conducta no vulnera derechos fundamentales, limitándose a mantener el orden y control jurisdiccional del proceso una vez que el expediente sea devuelto a su despacho.
Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui del departamento de La Paz.
De la documental adjuntada y los informes presentados, se acredita que la autoridad codemandada, recibió el cuaderno procesal el 9 de agosto de 2022; por lo que, al advertir que el expediente no contaba con ciertos actuados procesales, entre ellos el acta de la audiencia celebrada el 1 de igual mes y año, efectuó observaciones conforme dispone el art. 238 del CPP, ordenando en consecuencia la devolución del expediente al Juzgado remitente a efecto que sean subsanadas, enmarcándose en consecuencia su actuación, al principio de control de legalidad, procediendo además a remitir el expediente dentro de las veinticuatro horas de puesta a su conocimiento; en consecuencia, no se evidencia que la autoridad demandada hubiere generado ninguna vulneración de los derechos del impetrante de tutela; por el contrario, se advierte que actuó con la debida celeridad a efecto de que dichos defectos formales sean subsanados; por lo que, su grado de participación en el conflicto es meramente formal y no constitutivo de responsabilidad constitucional.
De los antecedentes se advierte que el Fiscal cumplió con la presentación de la acusación y la remisión de pruebas pertinentes, conforme a las normas del procedimiento penal; si bien existieron dilaciones procesales, éstas no son atribuibles al Ministerio Público, toda vez que las observaciones que provocaron la devolución del expediente corresponden al ámbito de control jurisdiccional. En consecuencia, no se evidencia responsabilidad directa, ni omisión funcional que haya vulnerado los derechos de la accionante, motivo por el cual debe denegarse la tutela respecto a esta autoridad codemandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 11 a 14, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto al derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad y el principio de celeridad, únicamente respecto a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 2° DENEGAR la tutela con relación a las demás autoridades accionadas:
Ramiro Brigido Caritas Quispe, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Guaqui; Aldo Zenteno Saavedra Juez Publico Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal Segunda de Guaqui y Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia; así como al principio de seguridad jurídica, conforme los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1583_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 053eb5b4f52647928d2779bd413e8d46060b8233d9fadac8ab12b66192249252
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