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SCP 1582/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
78791-2025-158-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela a través de su representante, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y el debido proceso; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por cuarenta y cinco horas por los demandados, sin orden de aprehensión en un proceso penal por el supuesto delito de abuso sexual, sin haber sido identificados como autores. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48 de 10 de octubre de 2025, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad exige que arbitrariedades cometidas por autoridad fiscal o por funcionarios policiales deben denunciarse ante juez cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1582/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 78791-2025-158-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 48 de 10 de octubre de 2025, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José León Plata y Mayerlin Moza Guaji en representación sin mandato de AA y BB contra Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia y Oscar Copa Mamani, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de octubre de 2025, cursante de fs. 9 a 11 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el supuesto delito de abuso sexual, fueron detenidos arbitrariamente y llevados a dependencias de la FELCV de Montero del departamento de Santa Cruz, el 8 de octubre de 2025 por Oscar Copa Mamani, Investigador asignado al caso -codemandado-, a denuncia de CC, por hechos ocurridos el 29 de septiembre del mismo año; sin existir flagrancia, ni haber orden de aprehensión por parte de la Fiscalía, vulnerando la Constitución Política del Estado y el Código Niño, Niña y Adolescente; sin identificarse al autor, ni existir elementos de convicción, aplicando una responsabilidad colectiva y siendo prohibida “la práctica de aprehender para investigar” (sic), actos que fueron convalidados por Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia -ahora demandado-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se ordene su libertad inmediata, dejando sin efecto las actuaciones y medidas derivadas de la aprehensión ilegal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 17 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, manifestaron que: a) Los demandados desconocieron la normativa juvenil y el principio de especialidad; b) La actuación de los demandados evidenció la aplicación de la detención preventiva como un mecanismo de investigación; c) La jurisprudencia constitucional determinó que la aprehensión sin orden judicial, ni flagrancia es ilegal; d) Bajo el principio de oralidad e informalidad solicitó que la autoridad jurisdiccional del proceso penal sea también parte demandada al haber convalidado los actos ilegales, el día de la audiencia de garantías; e) Estuvieron detenidos por cuarenta y cinco horas en conocimiento de los demandados; f) La Jueza de control jurisdiccional determinó que la detención fue ilegal; pero, asimismo impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, g) Pidieron sanciones y remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección de asuntos internos de la Policía, para los procesos disciplinarios correspondientes.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia, en audiencia informó que: 1) La acción de libertad se basa en la violación del derecho a la libertad de los impetrantes de tutela relacionado a la aprehensión ilegal; 2) Rechazó la solicitud de ampliación de esta acción contra la autoridad jurisdiccional al no haber sido notificada con la demanda tutelar; 3) La legitimación pasiva recae en quien provocó la vulneración; por lo que, carecería de la misma en esta acción; 4) Respecto a la ponderación de derechos, la libertad del impetrante de tutela y los derechos de la víctima, al ser ambas partes del proceso penal menores de edad; debe priorizarse a la víctima; 5) No pudo remitir el cuaderno de investigación al haberse efectuado horas antes, la audiencia de medidas cautelares de los accionantes; y, 6) Aclaró que, en la señalada audiencia se determinó medidas personales a los accionantes, sin aplicarse la medida extrema de la detención preventiva. Oscar Copa Mamani, Investigador de la FELCV del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 16.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 48 de 10 de octubre de 2025, cursante de fs. 19 a 23, denegó la tutela impetrada, basándose en los siguientes fundamentos: i) En relación al indebido procesamiento, la vía idónea para reclamar las presuntas lesiones es la acción de amparo constitucional; pero, cuando afecta directamente el derecho a la libertad física o de locomoción del accionante corresponde la acción de libertad, previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional; ii) A los accionantes les impusieron medidas personales en audiencia cautelar, sin detención preventiva; iii) La autoridad jurisdiccional determinó que la aprehensión de los impetrantes de tutela, fue ilegal y los sometió a audiencia de medidas cautelares; pero, al no haber sido demandada, no tiene legitimación pasiva; por lo que, no corresponde analizar su proceder en esta acción tutelar; iv) La imposición de medidas cautelares a los detenidos es para garantizar su presencia en el proceso, aunque sean menores de edad y más aún si la víctima también lo es; y, v) El reclamo de la aprehensión ilegal se resolvió por la autoridad jurisdiccional a cargo y el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares fue lo correcto; determinándose la probabilidad de autoría por lo que se impuso medidas cautelares.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 27 a 32); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Del memorial de acción de libertad presentado por los accionantes, se estableció, que no acudieron previamente ante el Juez que lleva el control jurisdiccional de la causa, para denunciar la detención ilegal y el indebido procesamiento, que se cometió en su contra (fs. 9 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela a través de su representante, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y el debido proceso; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por cuarenta y cinco horas por los demandados, sin orden de aprehensión en un proceso penal por el supuesto delito de abuso sexual, sin haber sido identificados como autores. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad exige que arbitrariedades cometidas por autoridad fiscal o por funcionarios policiales deben denunciarse ante juez cautelar

La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, efectuando una integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció lo siguiente: “…la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que ‘…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria’.

Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del antes recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación) Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que ‘i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito’. La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: ‘1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2.

Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de sus representantes, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y el debido proceso; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por cuarenta y cinco horas por los demandados, sin orden de aprehensión en un proceso penal por el supuesto delito de abuso sexual, sin haber sido identificados como autores. De la revisión de antecedentes, se tiene que, el 8 de octubre de 2025, Oscar Copa Mamani, Investigador de la FELCV del departamento de Santa Cruz detuvieron a los accionantes, transcurridos diez días posteriores al supuesto delito de abuso sexual contra una menor, aprehensión consentida por Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia, vulnerando el art. 23 de la CPE y 287 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), sin cumplir los presupuestos establecidos en el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP); siendo ilegalmente detenidos. Ahora bien, en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad; por lo que, los accionantes no acudieron con su reclamo ante el Juez de la causa que lleva el control jurisdiccional de su proceso, debiendo haber agotado los mecanismos y recursos intraprocesales existentes e idóneos en la vía ordinaria, denunciando la supuesta orden de aprehensión ilegal; siendo, dicha autoridad la garante de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en la etapa procesal, de quienes son parte en el proceso, por tener la competencia para atender las denuncias vinculadas a la vulneración de sus derechos. En este acápite, es relevante el hecho informado por el Fiscal de Materia demandado, en sentido que se hubiere desarrollado la audiencia de medidas cautelares e incidente de ilegalidad de la aprehensión por la autoridad jurisdiccional, aspecto que fue reconocido y no controvertido por el accionante, lo que refuerza que operó la subsidiariedad excepcional; por lo cual, no se puede ingresar al fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, se concluye que el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48 de 10 de octubre de 2025, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1582_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): a8ee4091cfbe326420275b8cc62f86cefa2e35c1751884164798e99ebb4f7931

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