Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra por la falta de pago de la asistencia familiar; sin considerar que, al estar sujeto a la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral, se encuentra imposibilitado de cubrir la asistencia familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1581/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57766-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 081/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adán Zambrana Vaca contra Janeth Cuellar Chávez, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 a 24, el accionante expresó que:
En el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, le vulneraron sus derechos al librarse en diferentes oportunidades mandamientos de apremio con allanamiento de domicilio y ruptura de candados por la falta de pago, sin considerar su situación económica; encontrándose privado de libertad desde el 25 de agosto de 2022, en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, “…por un testimonio falso de parte de mi pequeña hija…” (sic) bajo instrucción de la madre, con el fin de ser perjudicado y destruir su nuevo hogar; ya que, su expareja lo hostiga con el pago de pensiones, por el hecho de haber formado una nueva familia, contratando sicarios que atentaron contra su vida en el referido Centro Penitenciario, para quedarse con sus bienes.
El accionante no señaló cuales fueron los derechos lesionados.
No existe solicitud expresa alguna; empero, del tenor de la acción de libertad, se deduce que el accionante pidió que la Jueza demandada no emita mandamientos de apremio en su contra, por no poder cancelar la asistencia, al estar privado de libertad y sin trabajo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 30 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) La Jueza demandada libró mandamientos de apremio con allanamiento de domicilio para la cancelación de asistencia familiar; b) El 25 de agosto de 2022, fue detenido injustamente por el Ministerio Público, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a denuncia falsa de su hija por manipulación de su madre, siendo conducido al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; c) El 9 de diciembre del mismo año, se le aplicó la medida cautelar de detención domiciliaria sin salidas laborales; d) El 14 de julio de 2023, fue detenido y remitido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, canceló el monto de la asistencia y fue liberado; empero, fue nuevamente detenido y conducido al Centro Penitenciario Chonchocoro de la misma ciudad, donde fue apuñalado por otro interno, por orden de su ex pareja; y, e) Exteriorizó la imposibilidad de cancelar la asistencia familiar, desde su injusta detención de 25 de agosto de 2022; dado que, al no poder trabajar no puede generar ingresos en el referido Centro Penitenciario.
Janeth Cuellar Chávez, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 28 a 29, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante no precisó los supuestos en los que ampara su acción de libertad; 2) En el Juzgado a su cargo se tramita el proceso de homologación de asistencia familiar, iniciado por Cristina Pérez Ramos contra Adán Zambrana Vaca -ahora impetrante de tutela- por un acuerdo voluntario de Bs1000 (mil bolivianos); 3) Ante el incumplimiento del pago de asistencia familiar, corresponde aplicar todas las medidas necesarias para la cancelación de la obligación; por lo que, la emisión de mandamientos de apremio se encuentra respaldada por ley; 4) La detención preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, no fue dispuesta en el proceso familiar, confundiendo los dos procesos que tiene en su contra; 5) Los problemas del accionante con su anterior pareja, no son objeto del proceso familiar de homologación de asistencia; pero, en obrados cursan antecedentes de un proceso penal por el delito de abuso deshonesto iniciado en su contra; 6) La asistencia familiar no es definitiva, puede ser modificada conforme los mecanismos legales como el hecho de que el obligado no se encuentre trabajando; y, 7) La acción carece de fundamentos, además que no especifica si esta ilegalmente perseguido, procesado o detenido por orden emanada por la Juez demandada. El Juez de garantías solicitó a la autoridad demandada, aclare, si libró mandamiento de apremio a nombre del impetrante de tutela; por el cual, el accionante se encuentre detenido actualmente. Respondiendo que no, que de los antecedentes se puede evidenciar que cuando el solicitante de tutela era detenido, el día que cancelaba el monto de la asistencia familiar, se expedía el respectivo mandamiento de libertad.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 081/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 33 a 34 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Debe haber relación directa entre la vulneración generada por la autoridad demandada y la privación de la libertad del accionante, a efectos de poder ingresar a considerar la acción de libertad; ii) Se estableció la existencia de dos procesos, uno de homologación de asistencia familiar y el otro procedente de una causa penal, ambos contra el accionante, según documentación presentada por éste; encontrándose privado de libertad en el Centro Penitenciario Chonchocoro de la Paz por el proceso penal; y, iii) La privación de libertad del solicitante de tutela no fue generada por la Jueza demandada, deviene del proceso penal en el cual debió agotar los mecanismos intraprocesales antes de acudir a la justicia constitucional; por lo que, no se puede ingresar al análisis de la problemática planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan mandamientos de apremio de 24 de agosto de 2022 y el de libertad de 14 de julio de 2023, ambos librados por la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- a nombre de Adán Zambrana Vaca -hoy accionante-, en el proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Cristina Pérez Ramos en su contra (fs. 2 y 3). II.2. Por Auto Interlocutorio 746/2022 de 8 de diciembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de abuso sexual, resolvió cesar la detención preventiva de éste y aplicar medidas cautelares personales como “Guardar detención DOMICILIARIA sin salidas laborales…” (sic), una fianza económica, prohibición de contactarse con la víctima y concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, presentación al Ministerio Público los lunes y viernes, arraigo; y, someterse a terapias (fs. 15 a 17). II.3. Consta mandamiento de detención preventiva de 13 de julio de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por el que se ordenó: “AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y/O AL INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO, EN COLABORACIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD HÁBIL Y NO IMPEDIDA POR LEY, para que proceda con la aprehensión del imputado que responde que responde al nombre de: **ADAN ZAMBRANA VACA** (…) Disponiéndose sea remitido para cumplir la DETENCION PREVENTIVA del ahora Imputado en el CENTRO PENITENCIARIO DE CHONCHOCORO…” (sic), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el solicitante de tutela (fs. 4).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra por la falta de pago de la asistencia familiar; sin considerar que, al estar sujeto a la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral, se encuentra imposibilitado de cubrir la asistencia familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron añadidas). En ese sentido la SCP 1352/2014 de 7 de julio, determina que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada… (…) Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión” (énfasis añadido). De lo anteriormente señalado, se colige que la acción de libertad constituye el medio de defensa extraordinario instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física, locomoción o circulación cuando esté vinculado directamente a la libertad física o a la vida conforme ha entendido la SC 0023/2010-R de 13 de abril, por mencionar alguna; y, el derecho a la vida, en pos del restablecimiento de la afectación, cuando estos derechos se encuentren en peligro, exista persecución o procesamiento ilegal o indebido. A partir del contenido normativo desarrollado precedentemente, la jurisprudencia ha desarrollado los presupuestos de activación de la acción de libertad, señalando que estos: “…a la luz de la ingeniería del art. 125 de la CPE, son cuatro: a) Los atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación del derecho a la libertad; c) Cualquier acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Cualquier acto o omisión que implique persecución indebida…” (SC 0697/2011-R de 16 de mayo [énfasis añadido]), con la aclaración de que el derecho a la libertad se entiende como aquella física y la de circulación-locomoción.
Respecto a este contenido, la uniforme jurisprudencia constitucional, indicó que la legitimación pasiva debe ser comprendida como la coincidencia que existe entre la autoridad que ocasionó la lesión a los derechos denunciada y aquella contra la que se dirige la acción de tutela; en ese entendido, la SCP 0055/2025-S3 de 10 de marzo asumiendo el entendimiento de la SCP 0072/2014-S1 de 20 de noviembre, que reiteró el sentido de la SCP 1485/2014 de 16 de julio, estableció que: «“La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesionó los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él. En ese contexto, la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción´”» (las negrillas son nuestras). Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece “…que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos.” Entendimiento ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra por la falta de pago de la asistencia familiar; sin considerar que, al encontrarse sujeto a la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral, se encuentra imposibilitado de cubrir la asistencia familiar. La acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos a la libertad física como de locomoción, en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos, procesamientos ilegales o indebidos, por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. La problemática planteada, conforme a la revisión de antecedentes que originaron la interposición de esta acción tutelar, se enfoca en los mandamientos de apremio que emitió la Jueza demandada a consecuencia de la falta de pago en el proceso de homologación de asistencia familiar (Conclusión II.1), sin considerar la situación económica del accionante; ya que, con la finalidad de poder cancelar el monto adeudado en el proceso familiar salió de su domicilio incumpliendo con la orden de detención domiciliaria dispuesta por Auto Interlocutorio 746/2022 de 8 de diciembre, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en el proceso por la presunta comisión del delito de abuso sexual que sigue el Ministerio Público en su contra (Conclusión II.2); por lo que, el 13 de julio de 2023, fue librado el mandamiento de detención preventiva por la autoridad antes señalada, disponiendo su detención en el Centro Penitenciario Chonchocoro del indicado departamento (Conclusión II.3). En ese sentido, si bien el argumento plasmado en la acción de libertad es incomprensible y los datos que señala el accionante son desordenados, al haber sido redactada a pulso, sin intervención de abogado; en virtud del principio de informalismo que la rige, se extrae de la misma, que el accionante reclama la emisión frecuente de mandamientos de apremio en su contra, en el proceso de homologación de asistencia familiar, los cuales fueron librados por la falta de pago del monto mensual acordado y homologado de asistencia en aplicación del art. 127 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); sin embargo, el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, por la orden de detención preventiva librada por la autoridad jurisdiccional que está a cargo del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, sin ninguna intervención de la Jueza demandada; situación que, según la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, configuraría la falta de legitimación pasiva de la aludida autoridad, extremo por el cual, el incumplimiento del señalado requisito imposibilita a este Tribunal a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo la denegatoria de la tutela impetrada. Finalmente, la presente acción de libertad no se adecúa en las causales establecidas por la ley, que se centran en la vulneración de derechos fundamentales como la libertad, la vida y el debido proceso y aunque se rija por el principio de informalismo, debe existir una afectación concreta que justifique su procedencia. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1581_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c44d857e5132420e83477f16511d9b27cf8a3238161bfbb786ce2dafb39b7f36
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