B.IA.LEGAL

SCP 1578/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57731-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar iniciado en su contra por Edgar Cárdenas Espinoza, la Jueza demandada -primer acto lesivo- dictó la Sentencia 190/22 el 23 de septiembre de 2022, pero fue notificada recién el 28 de junio de 2023, ocho meses después. Formuló incidente solicitando dejar sin efecto la asistencia familiar devengada; sin embargo, mediante decreto de 3 de julio de igual año, observó el cumplimiento del art. 259 inc. b) y c) del CFPF, otorgándole el plazo de tres días para su cumplimiento; no obstante, sin cumplir dicho término, dictó el Auto Interlocutorio 356/23 del mismo mes y año, aprobando la liquidación presentada por el Edgar Cárdenas Espinoza y ordenando el pago a favor de “un tercero”, -Eliseo Paniagua Gonzales-, lo que derivó en un mandamiento de apremio en su contra.-segundo acto lesivo- Desde el 29 de junio de 2023 la demandada no tramitó ni resolvió el mencionado incidente, generando indefensión y la falta de una respuesta oportuna; y, -tercer acto lesivo- la Oficial de Diligencias de ese despacho judicial -codemandada- incumplió lo previsto en el art 187.9 de la LOJ. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/23 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 139 a 153, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al examen de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, manteniendo inmutables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión en parte de tutela dispuesto por el Juez de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar
  2. III.2. Del oportuno suministro de la asistencia familiar sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación.
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Dimensionamiento de efectos de la determinación asumida por el Juez de garantías

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1578/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57731-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/23 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 139 a 153, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Daniel Maes Rodas y Bladimir Coronado Almanza en representación sin mandato de Seferina Janco Espinoza contra Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza y Sulema Sencka Laime, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 3 a 6 vta., la accionante a través de sus representantes, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar que le siguió Edgar Cárdenas Espinoza, la Jueza ahora demandada, emitió la Sentencia 190/22 de 23 de septiembre de 2022; fallo con el que fue notificada luego de ocho meses; es decir, el 28 de junio de 2023; por lo que, al día siguiente interpuso un incidente a través del cual, pidió dejar sin efecto el pago de la asistencia familiar devengada, en virtud a lo cual, la mencionada autoridad judicial emitió el decreto de 3 de julio de ese año, ordenando -con carácter previo-dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo, en el término de tres días a partir de su notificación. Sin embargo, la Jueza demandada, de forma mecánica, sin advertir si fue notificada y cumplir el plazo establecido en dicha providencia, dictó el Auto Interlocutorio 356/23 de 6 julio de 2023, donde de forma escueta y sin fundamento, dispuso aprobar la liquidación presentada por Edgar Cárdenas Espinoza, conminando a pagar la supuesta suma de dinero, por concepto de asistencia familiar a Eliseo Paniagua Gonzales, no así a su persona, lo que generó que se librara en su contra, un ilegal mandamiento de apremio. Asimismo, dicha autoridad judicial, desde el 29 de junio de 2023 “hasta la fecha”, no dio curso ni imprimió el trámite previsto para el incidente que interpuso, sin que se emita resolución alguna, situación que le produjo indefensión y el derecho a contar con una respuesta oportuna. Finalmente, la Oficial de Diligencias -codemandada-, al no realizar las notificaciones respectivas con la Sentencia, el “auto” de 3 de julio de 2023, el trámite del incidente interpuesto el 29 de junio de ese año y demás actuaciones procesales, enmarcó su conducta a lo previsto en el art 187.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), provocando su indefensión y la privación indebida de su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar la norma constitucional que los contiene.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio 356/23 de 6 de julio de 2023 y las actuaciones emergentes de dicho actuado judicial, como el mandamiento de apremio librado en su contra, ordenando su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 135 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que, la Jueza demandada, previamente a disponer el mandamiento de apremio, debió exigir al demandante, los datos de su domicilio real a efectos de su notificación o disponer que dicho acto se realice mediante edictos, y no efectuar la comunicación en el tablero judicial; debió resolver la observación que se realizó a la planilla de liquidación e imprimir el trámite previsto para el incidente formulado, por el que conminó a pagar la asistencia familiar a Eliseo Paniagua Gonzales; debió controlar a su personal de apoyo jurisdiccional, respecto al cumplimiento de los plazos de notificación; y, se remitan antecedentes de la codemandada al Juzgado disciplinario para su procesamiento.

I.2.2. Informe de las demandadas

Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 131 a 132, refirió lo siguiente: a) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Edgar Cárdenas Espinoza contra la impetrante de tutela, se pronunció la Sentencia 190/22, habiendo el demandante, presentado liquidación actualizada, que fue corrida en traslado de manera conjunta con el mencionado fallo judicial, el 28 de junio de 2023, no habiéndose presentado recurso de apelación de acuerdo al art. 443 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; tampoco se observó la liquidación en el plazo de tres días, tal cual estipula el art. 415.I del citado Código; b) La impetrante de tutela solicitó la cesación de la asistencia familiar devengada, misma que fue observada por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 259 incs. b) y c); y, habiendo transcurrido los tres días hábiles para objetar la planilla de liquidación, el demandado pidió su aprobación, pronunciándose en consecuencia, el Auto Interlocutorio 356/23, a través del cual se intimó a pagar la suma de Bs11 700.- (once mil setecientos bolivianos) al tercer día de su legal notificación -10 de julio de 2023-; contra dicha determinación, la solicitante de tutela, contestó y formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, contra el citado fallo, el 14 de igual mes y año, incumpliendo los requisitos establecidos por el art. 415.II del CFPF, en el cual, ante el incumplimiento del mismo, de acuerdo con lo previsto en el art. 127 del citado Código, que manifiesta: “Su oportuno suministro no puede deferirse por recurso o procedimiento alguno” (sic) -se entiende de la asistencia familiar-, procedió a librar el mandamiento de apremio para el efecto; y, c) Se deniegue la tutela impetrada. Sulema Sencka Laime, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 133 a 134, señaló que: 1) La accionante fue notificada con la Sentencia 190/22, en su domicilio real mediante cédula y testigo idóneo, conforme el art. 307.I del CFPF, el 28 de junio de igual año tal cual constaría de fs. 29 a 30; y, 2) En cuanto al incidente interpuesto el 29 de junio de 2023, fue observado mediante decreto de 3 de julio de igual año, por no haber dado cumplimiento al art. 259 incs. b) y c) del citado Código y otorgado el plazo de tres días para subsanar el mismo; en virtud a ello, no incurrió en demora dolosa o negligencia en la tramitación y los plazos; toda vez que, el mencionado incidente no fue admitido, siendo más bien observado; por lo que, no existe una orden de traslado de citación a la parte “incidentada”.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/23 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 139 a 153: i) Concedió en parte la tutela solicitada, en cuanto a la vulneración del debido proceso vinculado a la libertad y a juzgar con perspectiva de género, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 356/23 de 6 de julio de 2023, el mandamiento de apremio de 17 de igual mes y año, librado contra la accionante, ordenando que la Jueza demandada dicte un nuevo fallo de aprobación de liquidación de asistencia familiar y conminatoria de pago conforme a los fundamentos jurídicos expuestos y aplicando la perspectiva de género; ii) Concedió la tutela en relación a la Oficial de Diligencias demandada, por la vulneración al debido proceso vinculado al derecho a la defensa, disponiendo que, conforme a la Ley del Órgano Judicial cumpla con sus atribuciones y en lo sucesivo notifique actuados procesales cumpliendo los plazos procesales, sin responsabilidad por ser excusable; y, iii) Denegó la tutela impetrada, en relación al debido proceso en su componente de falta de fundamentación respecto al mencionado Auto Interlocutorio 356/23; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La Jueza demandada incumplió los criterios fijados por la SCP 0029/2017-S3 de 8 de febrero, que exige que, antes de ordenar el pago de asistencia familiar devengada o emitir mandamiento de apremio, el juez requiera a la parte demandante señalar el domicilio actual del obligado y, si se desconoce, efectuar notificaciones por edictos previa declaración jurada. En este caso, no consta que la autoridad haya solicitado a Edgar Cárdenas Espinoza el domicilio de la accionante ni que haya realizado notificaciones por edicto; por el contrario, la accionante fue notificada el 10 de julio de 2023, mediante tablero judicial, lo cual contradice también lo establecido en la SCP 0659/2018-S3 de 5 de noviembre, sobre los actos de comunicación en procesos de asistencia familiar. Además, ya existía un domicilio procesal señalado por la abogada de oficio de la impetrante de tutela en memorial de 24 de mayo de 2023, dirección que fue aceptada por decreto de 25 de ese mes y año; pese a ello, la autoridad no practicó la notificación en ese domicilio procesal; b) En el trámite de asistencia familiar, la autoridad demandada no consideró de manera integral la condición de víctima de la accionante, las medidas de protección emitidas en su favor dentro del proceso por violencia familiar contra Edgar Cárdenas Espinoza ni el hecho que ambos convivieron con sus hijos antes de la aprobación de la liquidación, desconociendo el deber de incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia; y, c) En cuanto a la Oficial de Diligencias, codemandada, dicha funcionaria no cumplió con sus obligaciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial, ya que desde el 23 de septiembre de 2022 -fecha de emisión de la Sentencia- al 28 de junio de 2023 -fecha de notificación con el citado fallo-, ciertamente transcurrieron más de nueve meses y cinco días, para recién notificar con la respectiva Sentencia. Al margen de ello, la prenombrada, no procedió a notificar con el decreto de 3 de julio de 2023, generando indefensión a la accionante, no siendo óbice el hecho de encontrarse en suplencia legal para no cumplir con el trabajo judicial, traducido en obrar con la celeridad posible, máxime, cuando la prenombrada se encuentra privada de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 190/22 de 23 de septiembre de 2022, la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -demandada-. declaró probada la demanda de asistencia familiar seguida por Edgar Cárdenas Espinoza contra Seferina Janco Espinoza -accionante- (fs. 83 a 85). II.2. A través del memorial presentado el 25 de mayo de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Yapacaní del citado departamento, Edgar Cárdenas Espinoza, presentó planilla de asistencia familiar devengada, solicitando “…que SE PROCEDA A LA NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO PROCESAL señalado en el memorial de fs. 15, ‘ DOMICILIO PROCESAL en Barrio Comercial, calle libertad, en inmediaciones de la Notaría de Fe Publica N° 1 del Municipio de Yapacaní…” (sic [fs. 87 a 88]). II.3. Cursa notificación de 28 de junio de 2023, a Seferina Janco Espinoza -impetrante de tutela-, con la Sentencia 190/22, en su domicilio real “…B/Alianza Norte C/Cochabamba por c[é]dula con testigo id[ó]neo (fs. 90 vta.). II.4. Consta requerimiento fiscal de medidas de protección, dispuestas por el Ministerio Público, dentro la denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica presentada por Seferina Janco Espinoza contra Edgar Cárdenas Espinoza (fs. 105). II.5. Por escrito presentado el 29 de junio de 2023, la accionante -en la vía incidental-, solicitó a la Jueza demandada, dejar sin efecto la asistencia familiar devengada fijada y el cese de la misma (fs. 109 a 111 vta.). II.6. Mediante providencia de 3 de julio de 2023 -en cuanto al incidente de cese de asistencia familiar-, la Jueza ahora demandada dispuso que, con carácter previo, la accionante cumpla con lo dispuesto por el art. 259 incs. b) y c) del CFPF, concediendo al efecto el plazo de tres días a partir de su notificación (fs. 112).

II.7. Edgar Cárdenas Espinoza, mediante escrito presentado el 4 de julio de 2023, solicitó a la autoridad demandada, se dicte auto interlocutorio de aprobación de liquidación (fs. 112 vta.). II.8. Cursa Auto Interlocutorio 356/23 de 6 de julio de 2023, a través del cual, la Jueza demandada, determinó: “…APRUEBA la liquidación de fs. 26 a 27 (11/04/22 al 11/05/23) y se CONMINA al Sr. SEFERINA JANCO ESPINOZA, a cancelar la suma de Bs. 11. 700.- (once mil setecientos 00/100 bolivianos) y sea al tercer día de su legal notificación…” (sic [fs. 113 vta. a 114]). II.9. Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2023, la impetrante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 356/23 (fs. 121 y vta.). II.10. Por escrito exteriorizado el 14 de julio de 2023, Edgar Cárdenas Espinoza pidió a la Jueza demandada, se expida mandamiento de apremio contra la obligada -ahora impetrante de tutela- (fs. 125). II.11. A través del decreto de 17 de julio de 2023, la Jueza demandada, conforme el art. 369.II del CFPF, dispuso el traslado del recurso de reposición bajo alternativa de apelación formulado por la accionante (fs. 25 y vta.) II.12. Mediante decreto de 17 de julio de 2023, la mencionada Jueza, estableció: “…siendo evidente que la aprobación y conminatoria de pago de fs. 64 y vta., se encuentra legalmente notificado, tal como consta de fs. 65 el obligado a presentado recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mismo que [se] encuentra en trámite, y no habiendo cancelado la totalidad de la liquidación, de conformidad al art. 127 y 415 del Código de las Familias y del proceso Familiar, líbrese mandamiento de apremio con las facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad no impedida por ley en contra de la Sra. SEFERINA JANCO ESPINOZA…” (sic [126 vta.]). II.13. Cursa mandamiento de apremio librado el 17 de julio de 2023, contra Seferina Janco Espinoza (fs. 127).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de asistencia familiar iniciado en su contra por Edgar Cárdenas Espinoza, la Jueza demandada -primer acto lesivo- dictó la Sentencia 190/22 el 23 de septiembre de 2022, pero fue notificada recién el 28 de junio de 2023, ocho meses después. Formuló incidente solicitando dejar sin efecto la asistencia familiar devengada; sin embargo, mediante decreto de 3 de julio de igual año, observó el cumplimiento del art. 259 inc. b) y c) del CFPF, otorgándole el plazo de tres días para su cumplimiento; no obstante, sin cumplir dicho término, dictó el Auto Interlocutorio 356/23 del mismo mes y año, aprobando la liquidación presentada por el Edgar Cárdenas Espinoza y ordenando el pago a favor de “un tercero”, -Eliseo Paniagua Gonzales-, lo que derivó en un mandamiento de apremio en su contra.-segundo acto lesivo- Desde el 29 de junio de 2023 la demandada no tramitó ni resolvió el mencionado incidente, generando indefensión y la falta de una respuesta oportuna; y, -tercer acto lesivo- la Oficial de Diligencias de ese despacho judicial -codemandada- incumplió lo previsto en el art 187.9 de la LOJ. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

Al respecto, la SCP 0478/2025-S3 de 2 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0127/2025-S3 de 26 de marzo, estableció que: «Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que a acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Del oportuno suministro de la asistencia familiar sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación.

Sobre dicho tópico, la SCP 0334/2023-S2 de 10 de mayo, sostuvo que: “III.5. Sobre el particular, corresponde recordar, que la uniforme jurisprudencia sentada por este Tribunal –entre ellas- la SC 1492/2003-R, de 22 de octubre, ha declarado que: ‘(...) de conformidad al art. 22 del Código de familia (CF), la obligación de asistencia familiar se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidades vencidas, y corre desde el día de la citación con la demanda. El primer párrafo del art. 149 CF preceptúa que la pensión de asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno suministro. Por su parte, el art. 436 del indicado Código señala que la obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con allanamiento, en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno...)’.

La actuación de la autoridad recurrida obedece al hecho de que la asistencia familiar está destinada a los gastos de manutención del hijo menor del recurrente, atención que debe ser cubierta de manera inmediata y oportuna, sin que pueda soslayarse el cumplimiento de esta obligación con la interposición de un incidente o recurso; con mayor razón si se tiene en cuenta, que si el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la pensión devengada es menor a la que arroja la liquidación practicada, es legalmente factible la compensación de los montos efectivamente cancelados.

En materia familiar, por previsión expresa del art. 223 del CPC, modificado por el art. 20 de la LAPCAF, la apelación concedida en efecto devolutivo, no impide al Juez proseguir con el trámite del proceso y por ende, proceder a la efectivización del pago de las pensiones de asistencia familiar devengadas; tal como aconteció en el caso que se analiza, con cuya actuación la autoridad recurrida no restringió el derecho de locomoción del ahora recurrente, en razón de que la orden para librarse mandamiento de apremio emana de autoridad competente, dispuesta dentro de un debido proceso”.

En un nuevo orden constitucional, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, sobre ese tópico señaló que: “Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios.

Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: ‘La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal” (el resaltado y subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Revisados los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, dentro de la demanda de asistencia familiar promovida por Edgar Cárdenas Espinoza contra Seferina Janco Espinoza -ahora accionante- la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -demandada-, dictó la Sentencia 190/22 el 23 de septiembre de 2022; posteriormente, a través del memorial presentado el 25 de mayo de 2023, Edgar Cárdenas Espinoza exteriorizó planilla de asistencia familiar devengada, solicitando “…que SE PROCEDA A LA NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO PROCESAL señalado en el memorial de fs. 15, ‘ DOMICILIO PROCESAL en Barrio Comercial, calle libertad, en inmediaciones de la Notaría de Fe Publica N° 1 del Municipio de Yapacaní…” (sic [Conclusión II.2]), teniendo asimismo constancia de la notificación de 28 de junio de 2023, con la Sentencia 190/22, en su domicilio real de la impetrante de tutela, “…B/Alianza Norte C/Cochabamba por c[é]dula con testigo id[ó]neo (Conclusión II.3). Por otro lado, se tiene que, mediante escrito presentado el 29 de junio de 2023, la accionante -en la vía incidental-, solicitó a la Jueza demandada, dejar sin efecto la asistencia familiar devengada fijada y el cese de la misma (Conclusión II.5). Por providencia de 3 de julio de 2023 -en cuanto al incidente de cese de asistencia familiar-, la citada autoridad judicial dispuso que, con carácter previo, la prenombrada cumpla con lo dispuesto por el art. 259 incs. b) y c) del CFPF, concediendo al efecto, el plazo de tres días a partir de su notificación (Conclusión II.6). Por su parte, Edgar cárdenas Espinoza, mediante escrito presentado el 4 de julio de 2023, pidió a la autoridad demandada, se dicte auto interlocutorio de aprobación de liquidación (Conclusión II.7), solicitud satisfecha mediante Auto Interlocutorio 356/23, a través del cual, la Jueza demandada, determinó: “…APRUEBA la liquidación de fs. 26 a 27 (11/04/22 al 11/05/23) y se CONMINA al Sr. SEFERINA JANCO ESPINOZA, a cancelar la suma de Bs. 11. 700.- (once mil setecientos 00/100 bolivianos) y sea al tercer día de su legal notificación…” (sic [Conclusión II.8]), determinación que fue objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación por parte de la solicitante de tutela (Conclusión II.9) corrido en traslado mediante decreto de 17 de julio de 2023 (Conclusión II.11). Siguiendo la secuencia de actuaciones, se advierte que, mediante escrito exteriorizado el 14 de julio de 2023, Edgar cárdenas Espinoza, pidió a la citada Jueza, expida mandamiento de apremio contra la obligada (Conclusión II.10), deferido, mediante decreto de 17 de julio de 2023, a través del cual la referida autoridad judicial, estableció que: “…siendo evidente que la aprobación y conminatoria de pago de fs. 64 y vta., se encuentra legalmente notificado, tal como consta de fs. 65 el obligado a presentado recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mismo que [se] encuentra en trámite, y no habiendo cancelado la totalidad de la liquidación, de conformidad al art. 127 y 415 del Código de las Familias y del proceso Familiar, líbrese mandamiento de apremio con las facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad no impedida por ley en contra de la Sra. SEFERINA JANCO ESPINOZA…” (sic [Conclusión II.12]). Ahora bien, de la necesaria relación de antecedentes efectuado, se advierte que la génesis de la problemática planteada por la accionante, radica fundamentalmente en cuestiones de orden procesal dentro el trámite se asistencia familiar cuestionado; no obstante, de acuerdo con lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en situaciones en las que exista recursos legales concretos de defensa que sean adecuados, eficaces y oportunos para restituir el derecho a la libertad o procesamiento indebido, estos deben ser empleados en primera instancia por la o las recurrentes; en estos casos, la acción de libertad se activará cuando se hayan agotado las vías específicas en la jurisdicción ordinaria; pues, este mecanismo de defensa no debe perder su esencia y propósito fundamental; por lo que, es necesario prevenir que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque un conflicto jurídico con la jurisdicción ordinaria; en virtud a dicho precedente; el primer y segundo agravio formulados por la impetrante de tutela a través de este mecanismo de defensa, se centran fundamentalmente en el incidente formulado por la accionante, mediante el cual solicitó dejar sin efecto la asistencia familiar devengada; sin embargo, conforme señala la prenombrada el mismo no habría sido resuelto. Pese a ello se habría, seguido con el trámite para la aprobación de la asistencia familiar devengada presentada por Edgar Cárdenas Espinoza, que se efectivizó mediante el Auto Interlocutorio 356/23, determinación que fue objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación, antecedente, que no puede ser objeto de estudio por este Tribunal, en virtud al principio de subsidiariedad. Seguidamente se tiene que ante la solicitud de expedir mandamiento de apremio contra la obligada (Conclusión II.10), dicha petición fue deferida por la Jueza demandada, mediante decreto de 17 de julio de 2023, considerándose que la obligada no canceló la totalidad de la liquidación, en virtud a lo cual dicha autoridad judicial libró mandamiento de apremio en contra de la accionante. En ese orden, en cuanto a dicha providencia, a fin de que la autoridad judicial demandada, advertida de su error, pueda modificar o dejar sin efecto el referido decreto, la impetrante de tutela -previamente a acudir ante la jurisdicción constitucional-, debió solicitar a la ahora Jueza demandada, la reposición de dicha actuación judicial conforme lo previsto en el art. 168 del CFPF, situacion que en la especie no aconteció; por lo tanto y de igual manera incumplió el principio de subsidiariedad. En relación al mandamiento expedido, por la citada autoridad judicial, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: “…La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial…” (SCP 0334/2023-S2 [énfasis añadido]); por consiguiente, la determinación asumida por la Jueza demandada al respecto, no transgredió el derecho a la libertad de la impetrante de tutela. Finalmente, en relación a otras actuaciones, tales como las notificaciones irregulares, incumplimiento de plazos procesales y/o actuaciones irregulares del personal de apoyo jurisdiccional, correspondía sean reclamadas a través de los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos que la ley prevé.

III.4. Dimensionamiento de efectos de la determinación asumida por el Juez de garantías

Si bien la presente Sentencia Constitucional Plurinacional determina denegar la tutela sin ingresar al examen de fondo de la problemática planteada, es oportuno tomar en cuenta el alcance de la concesión inicialmente dispuesta por el Juez de garantías, que, determinó conceder en parte de la tutela impetrada, bajo la óptica de un enfoque interseccional; en tal sentido, conforme precisó la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia, determinando que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (negrillas añadidas). Por consiguiente, en ejercicio de la mencionada labor previsora que faculta a este Tribunal, resulta necesario dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, estableciendo mantener la validez y subsistencia de lo resuelto mediante la Resolución 09/23 de 27 de julio de 2023, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, así como de todos los actos emergentes de la concesión parcial de la tutela impetrada, en consideración a que, por el transcurso del tiempo, dicha determinación ya habría sido cumplida. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/23 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 139 a 153, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al examen de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, manteniendo inmutables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión en parte de tutela dispuesto por el Juez de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1578_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3852e6ac63b98aa58aa0987fd6e56c0e5db3d7a8aa0dd6a2cf0ea17311937d5e

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