Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, dignidad, libertad, “los principios ético - morales ama quilla, ama llulla, ama suwa” (sic); por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Auto de Vista que resolvió la apelación de medida cautelar el 29 de mayo de 2023, no fue transcrito ni remitido al juzgado de origen de la Localidad de Copacabana del departamento de La Paz, hasta la interposición de la acción tutelar el 6 de junio del mismo año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1°CONCEDER la tutela solicitada en contra de Yuri Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, en relación a no remitir la Resolución de apelación incidental al Juzgado de origen en la localidad de Copacabana del referido departamento, en iguales términos y alcances a lo dispuesto por el citado Juez de garantías, conforme al Fundamento Jurídico III.1 expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2°DENEGAR la tutela en relación a Beatriz María Condori Choque, oficial de diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1577/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57708-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2023 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Condori Almanci, contra Yuri Gómez Pérez, y Beatriz María Condori Choque, Secretario y Oficial de diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 3 y vta., el accionante manifestó que:
Sustanciada la audiencia de apelación de medida cautelar el 29 de mayo de 2023, que confirmó su detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio 146/2023 de 24 de mayo, el legajo de apelación de la referida medida cautelar, no fue remitido al juzgado de origen hasta la interposición de la acción tutelar el 6 de junio del mismo año.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, a la defensa, dignidad, libertad, “los principios ético - morales ama quilla, ama llulla, ama suwa” (sic), citando al efecto los arts. 8.I, 22, 23, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que en el día se remita el legajo de apelación al “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE COPACABANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ” (sic) y los consiguientes antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 11 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: habiéndose sustanciado la audiencia de apelación de medida cautelar el 29 de mayo de 2023, Beatriz María Condori Choque auxiliar dactilógrafo -demandada-, a la fecha no transcribió el Auto de Vista pese a sus reclamos. El juez de garantías preguntó, si los funcionarios de la Sala le comunicaron que no tienen transporte para llevar la Resolución al municipio de Copacabana del departamento de La Paz. Respondiendo de forma negativa e indicó que personal de esa localidad -que recoge los cuadernos cada viernes-, le manifestó que todavía la resolución no estaba transcrita.
Yuri Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó que se deniegue la tutela argumentando que: La Resolución de la audiencia de apelación de medida cautelar fue emitida el 29 de mayo de 2023, contando con tres días para trascribirla, lo cual no se cumplió por la recarga laboral; sin embargo, la misma ya se encuentra firmada y lista para ser remitida, pero no tienen a disposición movilidad para la remisión, considerando que las Salas recaban los recursos de apelación de las provincias. El Juez de garantías consultó si dicho funcionario vio la referida Resolución impresa, si puede mostrar en cámara las firmas y dar lectura a la parte de adelante. Respondió que sí, en ese momento cuenta con el Auto de Vista 417/2023, exhibiendo la firma de la Vocal mediante la cámara y dando lectura a la parte inicial de la Resolución. Beatriz María Condori Choque, oficial de diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó que se deniegue la tutela argumentando que: Es la oficial de diligencias de la referida Sala Penal y no auxiliar dactilógrafo como refiere el accionante, indicó que el Auto de Vista pasó a despacho para revisión y firmas y sale directamente para la firma del secretario. La remisión es a la localidad de Copacabana, diligencia que se realiza cuando ellos vienen cada viernes por la Sala, debido a que no cuentan con vehículo y que la remisión como tal no está a su cargo sino es responsabilidad de auxiliatura del despacho. El Juez de garantías consultó, el número del Auto de Vista, si cuando el abogado del accionante acudió al despacho la misma ya estaba impresa y si dicho profesional es el que se encuentra en audiencia. Respondiendo que el número del Auto de Vista es: 417 de 29 de mayo, la cual ya estaba impresa y que las personas que acudieron son los asistentes del abogado. El Juez de garantías preguntó cada cuanto tiempo vienen de provincia a recoger las resoluciones. Respondiendo que es cada viernes, sin embargo, el viernes pasado no vinieron.
El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 47/2023 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 15, Concedió en parte la tutela solicitada, en contra de Yuri Gómez Pérez Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que remita el legajo de apelación incidental con la Resolución “419”/2023 de 29 de mayo, -lo correcto es 417- al juzgado de origen en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación con su pronunciamiento el 6 de junio de 2023, solicitando al abogado del accionante coadyuve con la remisión hasta la localidad de Copacabana; y, se Denegó la tutela solicitada en contra de Beatriz María Condori Choque, Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, argumentando que: a) Respecto de Yuri Gómez Pérez Secretario de la citada Sala Penal, -demandado-desde el 29 de mayo de 2023, en que se desarrolló la audiencia de apelación incidental confirmando la detención preventiva del ahora accionante no remitió el legajo de apelación al juzgado de origen de la Localidad de Copacabana, siendo que conforme el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, es responsabilidad del Secretario labrar el acta de audiencia y supervisar la labor de los servidores de apoyo, sin ser justificante la carga procesal del despacho, habiendo reconocido el referido Secretario que la resolución ya estaba firmada y que no se cuenta con transporte para remitir el señalado legajo al Juzgado de origen; y, b) En relación a la demandada Beatriz María Condori Choque, existe falta de legitimación pasiva, al ser funcionaria subalterna, quien además manifestó ser oficial de diligencias y no auxiliar dactilógrafa para realizar la transcripción de las actas de audiencia. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó que: el día de mañana se remita la apelación siempre y cuando la defensa coadyuve con los pasajes, que uno de sus asistentes estaría con un motorizado para su cumplimiento y que el plazo sea de veinte cuatro horas. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el precitado Juez de garantías, señaló que no ha lugar a la complementación, debido a que las partes ofrecen coadyuvar en los actuados de diligencias; sin embargo, llegado el momento no es así, además de que los funcionarios subalternos no cuentan con recursos extraordinarios para hacer la remisión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de acción de libertad interpuesto por Edgar Condori Almanci, -accionante- contra Yuri Gómez Pérez, y Beatriz María Condori Choque, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. (fs. 3 y vta.). II.2. Mediante acta de audiencia virtual de acción de libertad, se tiene la intervención y argumentación del impetrante de tutela y las respuestas a la acción tutelar de Yuri Gómez Pérez, y Beatriz María Condori Choque, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- (fs. 3 y vta.).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, dignidad, libertad, “los principios ético - morales ama quilla, ama llulla, ama suwa” (sic); por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Auto de Vista que resolvió la apelación de medida cautelar el 29 de mayo de 2023, no fue transcrito ni remitido al juzgado de origen de la Localidad de Copacabana del departamento de La Paz, hasta la interposición de la acción tutelar el 6 de junio del mismo año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, manifestó al respecto que la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas nos corresponden).
El Tribunal Constitucional Plurinacional sistematizó la línea jurisprudencial e identificó el estándar más alto a través de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, reiterada por la SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, por lo que asumió el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.
Establecida la problemática jurídica, en razón de que, no se transcribió ni remitió al Juzgado de origen el Auto de Vista 417/2023 de 29 de mayo, de apelación incidental de medida cautelar, incluso hasta la fecha de interposición de la acción tutelar el 6 de junio del mismo año, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el cual es taxativo al señalar que:“…la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE…”.
En tal sentido del acta de audiencia virtual de acción de libertad (Conclusión II.2) Yuri Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-señaló que una vez concluida la audiencia de apelación de medida cautelar el 29 de mayo de 2023, el Auto de Vista fue emitido y contaba con tres días para realizar la transcripción, reconociendo que tal labor no se cumplió debido a la carga procesal del despacho y que no cuenta con movilidades para remitir los legajos de apelación al Juzgado de origen en la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, justificativo que no es suficiente tratándose de la solicitud de una persona que se encuentra con privación de libertad, siendo prioridad obrar bajo el principio de celeridad y debida diligencia al tratarse del derecho a la libertad del sindicado conforme lo estableció el Fundamento Jurídico III.1, además de que en la referida acta consta también que, a la interrogante del Juez de garantías el abogado del accionante señaló que personal de Copacabana que recoge los recursos de apelación indicó que el acta no estaba transcrita, lo cual es concordante con los argumentos vertidos en el memorial de acción de libertad (Conclusión II.1) el que manifestó que ante las constantes solicitudes en secretaría de la citada Sala Penal sobre el referido Auto de Vista, no se contaba con el mismo. Además se pudo evidenciar de la referida acta de audiencia virtual de acción de libertad, que la Resolución extrañada recién fue exhibida por el Secretario de Sala en el desarrollo de ese acto, constatándose una dilación indebida en la remisión del legajo de apelación de medida cautelar al Juzgado de origen, vulnerando su derecho al debido proceso y a la libertad, razón por la cual corresponde conceder la tutela en contra de Yuri Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-.
Respecto de Beatriz María Condori Choque, oficial de diligencias de la citada Sala Penal, en la indicada acta de audiencia virtual de acción de libertad, manifestó que se encuentra desempeñando la función de oficial de diligencias y no de auxiliar dactilógrafo como manifiesta el accionante en su memorial de acción de libertad, lo cual no fue refutado ni contradicho por el prenombrado ni su abogado que se encontraban presente en audiencia, señalando también dicha funcionaria que la resolución sale de despacho para firma del secretario y que no es su función la remisión de la misma, lo cual se realiza cada viernes cuando personal del despacho de la localidad de Copacabana se apersona por la Sala Penal, además de no contar con vehículo para el traslado del legajo de apelación.
En virtud de tales argumentaciones debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el cual es taxativo al inferir que: la SCP 0018/2012 de 16 de señala, que “para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción”.
En consecuencia, de lo manifestado se puede evidenciar que Beatriz María Condori Choque -ahora demandada- en su calidad de oficial de diligencias de la citada Sala Penal, no se encontraba con la obligación o las atribuciones para realizar la transcripción, ni la firma de la resolución emitida, como tampoco la remisión del legajo de apelación de medida cautelar al Juzgado de origen en la localidad de Copacabana de departamento de La Paz, siendo ese el reclamo de acto ilegal o dilatorio del solicitante de tutela en su acción de libertad corroborado por el petitorio que realiza en la misma, donde solicita que se disponga que la señalada remisión sea en el día, consiguientemente la ahora demandada Beatriz María Condori Choque, no es la persona o funcionaria que cometió el acto ilegal o dilatorio reclamado, no existiendo la coincidencia que se debe da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción, conforme se estableció en el referido Fundamento Jurídico II.2.
Por consiguiente, no es evidente que el accionar de la referida demandada sea la causa del acto dilatorio, o la persona que tenía la responsabilidad de realizar la señalada remisión, existiendo una falta de legitimación pasiva, razón por la cual corresponde denegar la tutea solicitada en contra de Beatriz María Condori Choque.
Del mismo modo en relación al reclamo de vulneración de los derechos a la defensa, dignidad, “los principios ético - morales ama quilla, ama llulla, ama suwa” (sic), no se evidencia argumentación alguna en el memorial de acción de libertad, ni en el consiguiente acta de audiencia, sobre cuál el accionar de los demandados que presuntamente causó agravio a los mismos, además de considerar que el ahora accionante tuvo acceso a los antecedentes del proceso y a ejecutar los medios recursivos que le confiere la ley, como es el recurso de apelación incidental de medida cautelar, además del reclamo en la presente vía constitucional, la cual fue tramitada y resuelta conforme a derecho, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada en relación a los referidos derechos.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1°CONCEDER la tutela solicitada en contra de Yuri Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, en relación a no remitir la Resolución de apelación incidental al Juzgado de origen en la localidad de Copacabana del referido departamento, en iguales términos y alcances a lo dispuesto por el citado Juez de garantías, conforme al Fundamento Jurídico III.1 expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2°DENEGAR la tutela en relación a Beatriz María Condori Choque, oficial de diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1577_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): af8e66866c1db8c6ad134689f0e86a2a068362e8540da68aba93fc4fb0ce89e3
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