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SCP 1575/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57686-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por el delito de asesinato, se dictó Sentencia 01/2012 de 3 de febrero, a través de la cual se le impuso treinta años de prisión; fallo que no se encuentra ejecutoriado, permaneciendo detenido preventivamente desde hace doce años; por lo que, presentó excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, habiendo en reiteradas oportunidades solicitado se programe día y hora de audiencia para dicho verificativo; sin embargo, “hasta la fecha” no existe pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 20 de julio, cursante a fs. 57 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del debido proceso en su componente celeridad, conforme a los Fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y conforme los alcances de lo determinado por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la trasgresión del principio de seguridad jurídica, al no estar el mismo vinculado con un derecho específico.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1575/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57686-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 57 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Agustín Quispe Bautista contra Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 33 a 34 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público, por el delito de asesinato; el Tribunal de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 01/2012 de 3 de febrero, imponiéndole una pena privativa de libertad de treinta años en el recinto penitenciario San Pedro de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; fallo que no se encontraría ejecutoriado, permaneciendo detenido preventivamente desde hace doce años. El 8 de marzo de 2023, se apersonó ante el Juzgado de Ejecución Penal del citado departamento, para exponer su situación jurídica; en virtud a lo cual, se dispuso que el mencionado Tribunal de Sentencia, emita un informe actualizado sobre el estado del proceso.

Asimismo, el 28 de abril de igual año, presentó un incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que fue rechazado por el Juez de Ejecución Penal. Ante ello, el incidente fue planteado ante el señalado Tribunal de Sentencia, solicitando de forma reiterada la programación de audiencia de extinción de la acción penal por prescripción debido a la demora procesal.

Finalmente, el 6 de julio de 2023, se reiteró la solicitud de señalamiento de audiencia para resolver el incidente planteado; sin embargo, hasta la fecha no existe pronunciamiento alguno. Esta omisión vulnera principios y garantías constitucionales, ya que la Sentencia 01/2012 no se encuentra ejecutoriada ni causa estado, manteniéndose la incertidumbre sobre su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, sin citar las normas constitucionales que los contienen.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y disponga que el demandado resuelva el incidente de extinción de la acción penal y prescripción presentado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 50 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante mediante su abogada, ratificó los fundamentos de la acción de libertad de manera íntegra, solicitando se conceda la tutela.

I.2.2. Informe del demandado

Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe presentado en audiencia de garantías, señaló que: a) Respecto a que no se providenció el memorial presentado el 6 de julio de 2023; conforme a la documentación cursante en el reverso del cargo de recepción; el 19 de ese mes y año se dispuso, pase a despacho; b) Se adjuntó informe de dicha data, emitido por el personal de apoyo judicial del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, manifestando que se entrepapeló el citado memorial, contando únicamente con un legajo del proceso principal; en ese entendido, se emitió decreto de igual data, señalando audiencia de consideración de excepciones y extinción de la acción penal por duración máxima, para el 21 del referido mes y año, a horas 19:45, aplicándose lo previsto por el art. 118 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con habilitación de horas extraordinarias para el cumplimiento del acto; c) Demostró que tomó conocimiento del memorial extrañado el 16 del mismo mes y año; por lo que, no tendría responsabilidad respecto al acto que se invoca con relación a lo manifestado por el acusado; d) El 30 de junio de ese año, suspendió la audiencia programada y dispuso se oficie a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, a fin que remita el cuaderno de acusación original, en razón a que el despacho a su cargo, solo contaba con un legajo que correspondía a una apelación que formuló el acusado -ahora accionante- ante la revocatoria de sus medidas cautelares, y de acuerdo al informe de Secretaría de 1 del citado mes y año, la causa ya contaría con Auto Supremo 129/2013-RA del 13 de mayo, el cual resolvió la impugnación al Auto de Vista 28/2012 de 25 de mayo, en atención a la apelación restringida contra la Sentencia 01/2012; y, e) Se dispuso la remisión del oficio pertinente ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; a fin de que dicha instancia, pueda remitir al Tribunal de Sentencia de Caranavi del citado departamento, los actuados pertinentes a fin de dar cumplimiento a la “SCP 0161/2015-S2 de 26 de octubre”; es decir, para conocer dicha acción y si se encuentran ante una sentencia que no fue ejecutoriada; asimismo, en la audiencia de 30 de junio de 2023, se instó a la abogada del accionante, pueda interponer la extinción de la acción penal en la instancia que corresponda o donde radica el proceso principal; en ese entendido, al haberse remitido en grado de apelación por el Tribunal de ese entonces -gestión 2012- a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en esa instancia donde se encontraría el último registro que se tendría para conocer los antecedentes originales del proceso en cuestión; habiendo exhortado a la abogada del impetrante de tutela, a fin que concurra a dicha Sala y coadyuve con el diligenciamiento dispuesto; asimismo, pueda presentar el recurso que corresponda ante esa Sala; toda vez que, fue la instancia que resolvió la apelación restringida y la remisión del recurso de casación, aspectos que impiden considerar el fondo, tomando en cuenta que se tiene un Auto Supremo publicado en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, y, en tal virtud, deriven en responsabilidad administrativa y penal; toda vez que, dicho fallo puso fin al proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 57 vta. a 61 vta., concedió en parte -no refiere en qué medida-, disponiendo que el demandado: 1) Ordene se remitan antecedentes dentro de las cuarenta y ocho horas y se cumpla la instrucción impartida en relación al oficio a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de determinar cuál es el destino de los expedientes originales de la causa seguida por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de asesinato; orden impartida por providencia de 30 de junio de 2023, y que al presente no estaría siendo cumplida; y, 2) Se verifique el cumplimiento de las instrucciones impartidas al personal de apoyo jurisdiccional de su Tribunal, en relación a los oficios referidos y otras actuaciones que a su criterio sean necesarias para poder determinar la existencia o en su caso, extravío de los cuadernos de juicio y si correspondiese se imprima el trámite de reposición de los cuerpos procesales en caso que se determine que fueron extraviados conforme lo previsto en el art. 127 del CPP, que permita establecer la situación jurídica del accionante. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante providencia de 30 de junio de 2023, se ordenó oficiar a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la remisión del cuaderno de acusación al Tribunal de Sentencia de Caranavi del departamento mencionado; sin embargo, el oficio no habría sido elaborado ni efectivizado debido a la carga laboral del citado Tribunal y la falta de coadyuvancia de la abogada solicitante, sin que se determine el paradero de los expedientes; ii) La autoridad demandada no valoró adecuadamente la posible existencia de responsabilidades, negligencia o dejadez que habrían limitado el ejercicio de los derechos del accionante, ya que no se estableció el resultado del Auto de Vista dictado en apelación ni el estado de los recursos de casación. Asimismo, la falta de asesoramiento al accionante para el seguimiento del proceso en el que se dictó sentencia hace más de diez años, permitió concluir que no existió negligencia intencionada o absoluta por parte del demandado; y, iii) Lo que corresponde tutelar a través de este mecanismo de defensa de forma parcial -en virtud al principio de celeridad- es cumplimiento de las órdenes que la autoridad demandada instruyó, para establecer cuál fue el destino de los cuadernos jurisdiccionales o en su caso, si fueron extraviados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2023, Agustín Quispe Baptista

-ahora accionante-, dentro del proceso penal en su contra seguido en su contra por el Ministerio Publico a instancia de Eulogio Flores Quispe y otros por el delito de asesinato, interpuso ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, formuló excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 29 a 30 vta.). II.2. Por escrito presentado el 1 de junio de igual año, el impetrante de tutela, solicitó al citado Tribunal de Sentencia Penal, señale nuevo día y hora de audiencia de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción de la acción penal; solicitud reiterada, por escrito presentado el 13 de igual mes y año (fs. 31 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por el delito de asesinato, se dictó Sentencia 01/2012 de 3 de febrero, a través de la cual se le impuso treinta años de prisión; fallo que no se encuentra ejecutoriado, permaneciendo detenido preventivamente desde hace doce años; por lo que, presentó excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, habiendo en reiteradas oportunidades solicitado se programe día y hora de audiencia para dicho verificativo; sin embargo, “hasta la fecha” no existe pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En cuanto a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 0212/2019-S4 de 9 de mayo, entendió que: «La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”» (las negrillas corresponden al texto original).

Criterio asumido del mismo modo por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0021/2019-S4 de 1 de abril, 0026/2019-S4 de 1 de abril, 0109/2019-S4 de 17 de abril, 0112/2019-S4 de 17 de abril y 0391/2019-S4 de 24 de junio, entre otras.

De lo que se colige, que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando éstos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones causadas por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad, ya sea de parte de servidores públicos como de personas particulares.

III.2. Del principio de celeridad en la administración de justicia

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0979/2014 de 28 de mayo, estableció que: “…los administradores de justicia, tienen el deber ineludible, en el cumplimiento de sus funciones, aplicar la normativa vigente respecto a la sustanciación de los procesos penales sin dilaciones indebidas, permitiendo el acceso a la justicia materializando los derechos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado, en resguardo de los derechos y garantías del justiciable”. Al respecto la SCP 2543/2012 de 21 de diciembre, reiterando la jurisprudencia constitucional referente al principio de celeridad y su vinculación el debido proceso, que fue establecida en la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, señaló: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 3.7) de la Ley 25 del Órgano Judicial; conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal” (las negrillas son ilustrativas).

III.3. Análisis del caso concreto

Efectuado el marco jurisprudencial para el análisis de la presente causa, de la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidenció que, mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2023, Agustín Quispe Baptista -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico a instancia de Eulogio Flores Quispe y otros por el delito de asesinato, interpuso ante el Tribunal se Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (Conclusión II.1). Asimismo, se tiene que, por escrito presentado el 1 de junio de igual año, el impetrante de tutela, solicitó al citado Tribunal de Sentencia Penal, señale nuevo día y hora de audiencia de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción de la acción penal; solicitud reiterada, por escrito presentado el 13 de igual mes y año (Conclusión II.2). Ahora bien, el peticionante de tutela denunció en la presente acción de libertad, la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por el delito de asesinato, se dictó Sentencia 01/2012 de 3 de febrero, a través de la cual se le impuso treinta años de prisión; fallo que no se encuentra ejecutoriado, permaneciendo detenido preventivamente desde hace doce años; por lo que, presentó excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, habiendo en reiteradas oportunidades solicitado se programe día y hora de audiencia para dicho verificativo; sin embargo, “hasta la fecha” no existe pronunciamiento alguno.

Bajo esa premisa, se advierte que la génesis de la problemática planteada se centra en el hecho de no haberse llevado a cabo la audiencia para considerar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso impetrada por el accionante de forma reiterada; pues a decir, del prenombrado, desde la emisión de la Sentencia 01/2012, la misma no habría adquirido ejecutoria, permaneciendo detenido preventivamente desde hace doce años atrás. Al respecto, corresponde precisar las alegaciones de la autoridad demandada respecto al problema jurídico planteado; pues, en audiencia de garantías, sostuvo que, en el proceso del cual devino la presente acción tutelar; el accionante solicitó día y hora de audiencia -se entiende para considerar el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso-, habiéndose señalado la misma para el 21 de julio de igual año; no obstante, dicho verificativo fue suspendido; toda vez que, del informe prestado por la Secretaria -se entiende del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del citado departamento-; se conoció que el proceso ya contaba con el Auto Supremo 129/2013-RA de 13 de mayo. En virtud a dichos antecedentes el 30 de junio de 2023, habiéndose suspendido la audiencia impetrada por el accionante, se ordenó oficiar a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la remisión del cuaderno de acusación original, a fin de atender la solicitud impetrada, máxime si por el citado informe de Secretaría de su despacho, el proceso ya contaba con el precitado Auto Supremo, emergente de la impugnación del Auto de Vista 28/2012 de 25 de mayo, emitido en atención a la apelación restringida contra la Sentencia 01/2012. De igual manera, dispuso recabar los actuados para verificar el cumplimiento de la “SCP 0161/2015-S2 de 26 de octubre”, y determinar si la Sentencia fue ejecutoriada; y, exhortó, a la abogada del hoy impetrante de tutela a coadyuvar con las diligencias y a plantear los recursos o la extinción de la acción penal ante la instancia competente, advirtiéndose posibles responsabilidades por tratarse de un fallo que puso fin al proceso. De lo precedentemente expuesto, se advierte que la autoridad demandada, considerando la inconcurrencia de antecedentes que permitan discurrir respecto al incidente formulado, ofició a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la remisión del cuaderno de acusación original, a fin de establecer si en el proceso en cuestión, se estaría ante una sentencia no ejecutoriada, a fin de asumir una determinación acerca del incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por el accionante; en efecto, ante tal extrañeza, ciertamente resultó pertinente que, previamente la autoridad demandada se muna de toda la documentación necesaria para determinar lo que corresponda en derecho respecto al incidente formulado, resultando pertinente -en virtud al principio de celeridad-, que el Tribunal de garantías, ordene la remisión de antecedentes dentro de las cuarenta y ocho horas y se cumpla la instrucción impartida respecto al oficio a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de determinar cuál es el destino de los expedientes originales de la causa seguida por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la comisión del delito de asesinato; pues, tal cual se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional plurinacional, se activa este mecanismo de defensa:“…cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos…”; persiguiendo además, que en el proceso del cual devino la presente acción tutelar se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal. En relación, al petitorio expresado en la presente acción tutelar, resulta impreciso, asumir o disponer que el demandado resuelva el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en virtud a lo precedentemente expuesto. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 20 de julio, cursante a fs. 57 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del debido proceso en su componente celeridad, conforme a los Fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y conforme los alcances de lo determinado por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la trasgresión del principio de seguridad jurídica, al no estar el mismo vinculado con un derecho específico. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1575_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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