Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad; a la dignidad; y, al debido proceso en sus componentes defensa y acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; producto de la presentación de acusación formal su causa fue remitida ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; no obstante, fue devuelta al Juzgado de origen a cargo de la autoridad demandada para subsanar algunos pendientes; en virtud a ello, el 6 de julio de 2023, impetró audiencia de cesación de la detención preventiva mereciendo como respuesta que debía estarse al Auto de 26 de junio de igual año, que dispuso la señalada remisión; en virtud a ello, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no fue sustentado, existiendo una demora indebida en esa solicitud que está vinculada a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR CORRESPONDE A LA SCP 1570/2025-S3 (viene de la pág. 8). en parte la Resolución 63/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 57 a 60, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con este fallo constitucional Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, programe y celebre audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; salvo que aquello ya habría sido materializado; y, 2º Denegar respecto a los derechos a la dignidad; y, al debido proceso en su componente defensa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1570/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57507-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 63/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 57 a 60, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Zenón Guzmán Aira contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de julio de 2023, cursantes de fs. 42 a 49 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por Auto Interlocutorio 088/2023 de 15 de febrero, el Juez demandado dispuso su detención preventiva; en mérito a ello, por memorial de 12 de junio de ese año, solicitó se fije audiencia de cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalándose audiencia para el 19 del mismo mes y año, la cual no se celebró y fue reprogramada para el 23 de idéntico mes y año, oportunidad en la que tampoco se sustanció ese verificativo. En ese ínterin, se presentó acusación en su contra y por Auto de 26 del referido mes y año, la autoridad demandada dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de su pedido de cesación de la detención preventiva, por haberse ordenado la remisión de antecedentes al juzgado de sentencia penal de turno el 16 del señalado mes y año.
Posterior a ello, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia de su similar Quinto, previo a disponer la radicatoria de la causa, solicitó a su Secretaria informe del estado del proceso; es así que la referida servidora de apoyo judicial, identificó que existía un incidente de actividad procesal defectuosa de 6 de enero del merituado año, sin resolver; razón por la que, el expediente fue devuelto al despacho de origen, fijando el Juez demandado audiencia para considerar ese incidente para el 10 de julio del indicado año. Anoticiado de ese extremo, el 6 de mismo mes y año, solicitó nuevamente cesación de la detención preventiva, mereciendo como respuesta “…estese a auto de 26 de junio…” (sic fs. 26) contra esa decisión, el 14 de idéntico mes y año, interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por providencia de 19 del citado mes y año, replicando la autoridad demandada “…debiendo estar a lo dispuesto mediante auto de fecha 26 de junio de 2023...” (sic. fs.31); de esa forma la autoridad demandada dilató la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad; a la dignidad; y, al debido proceso en sus componentes defensa y acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, citando a ese efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado que disponga día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, por no existir mayores elementos para mantenerlo privado de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 54 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante, ratificó in extenso el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar y ampliando su contenido manifestó que debió considerarse la SCP 0939/2017-S3 y la SC 1584/2000-R, respecto a que mientras no radique la causa en un juzgado superior producto de una acusación formal la competencia para conocer medidas cautelares se mantiene en el juzgado de origen.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, sostuvo que: a) La Fiscal de Materia de la causa formuló acusación formal contra el accionante, producto de ello dispuso la remisión ante el juez de sentencia penal de turno del expediente; b) La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, devolvió la causa penal del impetrante de tutela a raíz de un informe que solicitó a su Secretaria, del cual podía advertirse que únicamente faltaba celebrar una audiencia de actividad procesal defectuosa sin hacer referencia a la situación jurídica del prenombrado; y, c) No lesionó ningún derecho y “…mucho menos podría señalar audiencia de situación jurídica cuando ya ha sido resuelto y no ha sido observado por el juzgado tercero de Sentencia…” (sic). Ante la pregunta del Juez de garantías de cuándo se resolvió la situación jurídica del accionante, contestó, que por Auto de 26 de junio de 2023; señalando la referida autoridad que aquello no era verdad, por cuanto existía una nota marginal de 23 de ese mes y año que indicaba que no se instaló la audiencia.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 63/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 57 a 60, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas desde su legal notificación el Juez demandado señale día y hora de audiencia de consideración de la situación legal del accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP 263/2020-S2 de 31 de julio, es precisa al establecer que la competencia de un juez de instrucción sigue vigente mientras no esté radicada la causa y en el caso de autos no se evidencia que el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, hubiese ordenado la radicatoria del proceso; y, 2) El Juez demandado admitió que tiene pendiente para resolver un incidente de actividad procesal defectuosa, el que tendría que llevarse a cabo; empero, no manifestó cuándo tiene señalado audiencia a ese fin entendiéndose que sigue ejerciendo la competencia respecto a la causa penal del impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto de 26 de junio de 2023, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, dispuso la remisión de antecedentes ante el juzgado de sentencia penal de turno previo sorteo, y paralelamente determinó dejar sin efecto señalamiento de cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP (fs. 19) II.2. Por nota de 5 de julio de 2023, dirigida al “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PRIMERO DE LA CAPITAL”, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera en suplencia legal de su similar Quinto, dispuso la devolución de obrados en originales del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Zenón Guzmán Aira -accionante-, con cargo de recepción de 6 de idéntico mes y año (fs. 22). II.3. Por memorial de 6 de julio de 2023, el impetrante de tutela impetró al Juez demandado se señale día y hora de cesación de su detención preventiva, conforme el art. 239.2 del CPP; en respuesta obtuvo el decreto de 10 de idéntico mes y año, que señaló: “…estese al auto de 26 de junio de 2023” (fs. 26).
El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad; a la dignidad; y, al debido proceso en sus componentes defensa y acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; producto de la presentación de acusación formal su causa fue remitida ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; no obstante, fue devuelta al Juzgado de origen a cargo de la autoridad demandada para subsanar algunos pendientes; en virtud a ello, el 6 de julio de 2023, impetró audiencia de cesación de la detención preventiva mereciendo como respuesta que debía estarse al Auto de 26 de junio de igual año, que dispuso la señalada remisión; en virtud a ello, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no fue sustentado, existiendo una demora indebida en esa solicitud que está vinculada a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el intitulado la citada SCP 0627/2018-S2 de 8 de octubre, señaló: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.
Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.
Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando, no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.
En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva.
Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.
Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, ii) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras” (énfasis añadido).
El accionante refiere que, desde el 12 de junio de 2023, viene solicitando audiencia de cesación de la detención preventiva al Juez demandado, quien por Auto de 26 de mismo mes y año, dispuso dejar sin efecto cualquier señalamiento de esa naturaleza y la remisión del expediente ante el juzgado de sentencia de turno (Conclusión II.1); revisados los antecedentes la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercera en suplencia legal de su similar Quinto dispuso la devolución de obrados en originales del proceso penal en cuestión por nota de 5 de julio del referido año (Conclusión II.2); habiendo retornado su causa al Juzgado de origen; el impetrante de tutela reiteró por memorial de 6 del merituado mes y año, dirigido a la autoridad demandada, audiencia de cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP; en respuesta obtuvo el decreto de 10 de idéntico mes y año que señaló “…estese al auto de 26 de junio de 2023” (Conclusión II.3). Al respecto y de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…” (las negrillas son nuestras [SC 1584/2005-R]); llegándose a inferir que, la competencia para celebrar la referida audiencia está sujeta al momento en que se pronunció la providencia de radicatoria. Bajo ese contexto, y de una compulsa a los elementos que componen esta acción tutelar, se advierte que la causa penal seguida contra el accionante estaba ingresando a fase de juicio oral tras la presentación de la acusación formal; toda vez que, inclusive se remitió ante el juzgado de sentencia de turno; no obstante, fue devuelta, por cuanto faltaban actuados que cumplir; en ese ínterin, estando nuevamente bajo su tuición el referido proceso y no existiendo aun auto de radicatoria del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, correspondía que el Juez demandado celebre la audiencia de cesación de la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela el 6 de julio de 2023; por lo cual desde ese momento hasta la interposición de esta acción de defensa el 24 de idéntico mes y año transcurrieron dieciocho días y si se considera la primera solicitud del accionante de esa naturaleza que data de 12 de junio del citado año, existió inclusive una mayor demora; en ese entendido, es previsible conceder la tutela solicitada ante la lesión a los derechos a la libertad en relación al de acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, ocasionada por la autoridad demandada. Respecto a la presunta lesión a los derechos a la dignidad; y, al debido proceso en sus componentes defensa, no se advierte mayor carga argumentativa que permita establecer de qué forma fueron transgredidos, en ese entendido corresponde denegar la tutela al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR CORRESPONDE A LA SCP 1570/2025-S3 (viene de la pág. 8). en parte la Resolución 63/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 57 a 60, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con este fallo constitucional Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, programe y celebre audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; salvo que aquello ya habría sido materializado; y, 2º Denegar respecto a los derechos a la dignidad; y, al debido proceso en su componente defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1570_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9478dbe938c3563cf2840aa28c8ed8138d6c6bae573254a0edecdfd51cdd4db6
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