B.IA.LEGAL

SCP 1569/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57502-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) El 28 de junio de 2023, formuló denuncia ante el Ministerio Público contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; la cual recayó en el Fiscal de Materia analista demandado, quien observó la denuncia y una vez enmendada, remitió fuera de plazo -veinticuatro horas- el expediente a la Fiscal de Materia de turno; b) El 4 de julio de 2023, la Fiscal de Materia demandada fue notificada con memorial de solicitud de medidas de protección; asimismo, puso a conocimiento de la autoridad judicial el inicio de las investigaciones; y, c) Esa misma fecha, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, fue notificado con el oficio de solicitud de medidas de protección; empero, no dispuso su aplicación; por lo que, dichas omisiones de las autoridades demandadas pusieron en riesgo su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 57/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia; de la misma manera, con respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; en virtud a los antecedentes y a los Fundamentos Jurídicos citados supra; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia “analista”, en base al Fundamento Jurídico III.1 citado supra; y,

3º Llamar la atención al Juez de garantías, a objeto que en posteriores actuados, no incurra en imprecisiones en el acta de audiencia y en la resolución; asimismo, evitar la remisión errónea de documentación que no corresponda a una determinada acción tutelar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la legitimación pasiva
  2. III.2. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida
  3. III.3. Deberes reforzados del Estado, jueces y fiscales en la protección del derecho a la vida de mujeres madres
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1569/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57502-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Pérez Romero en representación sin mandato de Pamela Castro Morales contra el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-; Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista y Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia, ambos de la Fiscalía Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de julio de 2023, cursante de fs. 6 a 8, la accionante a través de su representante, expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de junio de 2023, falleció su padre; no obstante, dicho suceso fue ocultado por José Luis Castro Mollinedo -hermano del difunto-; sin embargo, se enteró por intermedio de un empleado de la empresa de su progenitor. Posteriormente, cuando acudió al bien inmueble de su padre, se percató que la propiedad y los bienes estaban en posesión del mencionado hermano del difunto y de sus familiares; inclusive cambiaron la chapa de ingreso a la vivienda. El 24 de junio de 2023, citó a José Luis Castro Mollinedo, el cual la chantajeó con la suma de $us80 000.- (ochenta mil dólares estadounidenses) a cambio de lo cual, él le entregaría la documentación de la empresa, las llaves del bien inmueble y la mercadería del negocio -todas pertenecientes a su difunto padre- constituyendo ello violencia económica; además, le dijo con respecto a su padre que, “…no la quería, que el no quería que tenga nada y que practica[mente] casi ni era su hija” (sic), este acto le generó una crisis nerviosa. El 28 de junio de 2023, formuló denuncia ante el Ministerio Público contra José Luis Castro Mollinedo, recayendo en Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista, quien tras haber asumido conocimiento, no realizó ningún pronunciamiento dentro del plazo establecido; no obstante, el 30 del citado mes y año, emitió “…observación con fecha pasada que proceden a notificar en fecha 3 de Julio, es decir cinco días después, cuando la ley prevé veinticuatro horas para la atención de una denuncia, dando recién inicio al proceso en fecha 4 de Julio” (sic); durante el transcurso de esos días José Luis Castro Mollinedo, aprovechó en cambiar las licencias de funcionamiento de la empresa de su hermano fallecido y apropiarse de las demás propiedades, sin tomar en cuenta que los bienes le correspondían por sucesión hereditaria al ser hija única. De la denuncia formulada, se aperturó el proceso penal contra José Luis Castro Mollinedo -hermano de su padre-, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz. El 4 de julio de 2023, presentó memoriales al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-; de igual manera, a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia -ahora codemandados-, solicitando otorguen las medidas de protección en su calidad de víctima, con la finalidad que se protejan, restituyan sus derechos y sus bienes heredados; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, no existió pronunciamiento alguno por parte de las autoridades demandadas en relación a su petitorio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga que: a) Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista, atienda su caso conforme dispone la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, aplicando los principios de unidad, informalidad y celeridad; b) Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia, establezca las medidas de protección impetradas en el memorial de 4 de julio de 2023, asimismo, disponga las directrices preliminares y designe al investigador asignado al caso; y, c) El Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-, disponga las medidas de protección solicitadas en el memorial de 4 de julio de 2023 y homologue las medidas dispuestas por el Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia, por informe escrito, cursante a fs. 13 y vta., manifestó lo siguiente: 1) El 28 de junio de 2023, Pamela Castro Morales -accionante- presentó denuncia contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; dicha acción recayó en el Fiscal de Materia analista del departamento de La Paz; funciones que están previstas en el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de junio de 2012-, que establece: “Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgara el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada”; no obstante, el art. 289 del Código de Procedimiento Penal (CPP) dispone la otorgación del plazo de veinticuatro horas para dar inicio a las investigaciones dentro una denuncia o la comisión de un delito; comprendiéndose que, el citado plazo “…correrá a partir de la presentación de la respuesta a la observación fiscal” (sic); 2) Mediante decreto del Fiscal de Materia analista, de 28 de junio de 2023, la denuncia fue observada, otorgándose el plazo de veinticuatro horas para subsanar dichas observaciones, bajo el apercibimiento de tenerla como no presentada; 3) Conforme al art. 58 de la LOMP, las notificaciones del Ministerio Público, serán realizadas mediante Ciudadanía Digital a las partes y sus abogados; 4) “La observación fiscal fue derivada a la Unidad de Servicios Comunes del Ministerio Público, el 30 de junio de 2023, para la notificación por ciudadanía digital al abogado de la parte accionante, Juan Carlos Camacho, quien fue notificado el día hábil siguiente de solicitada esta notificación por la unidad de servicios comunes, es decir el lunes 3 de julio de 2023, a horas 10:07 a.m., a partir del cual comenzó a correr el plazo de las 24 horas para subsanar las observaciones a la denuncia, conforme el art. 55.II lo establece” (sic); 5) En suplencia legal -del suscrito-, asumió Armando Osman Pereira Rosas, Fiscal de Materia analista, quien en atención al plazo, tanto de la notificación electrónica y la presentación del memorial, “…interopero con el órgano judicial el informe de inicio de investigaciones” (sic); 6) La Unidad de Análisis del Ministerio Público, conforme disponen los arts. 55.II de la LOMP y 289 del CPP, cumplió con los procedimientos y con el plazo respectivo; y, 7) El citado Fiscal en suplencia legal, previo sorteo remitió a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia perteneciente a la Fiscalía especializada en delitos en razón de género, para que cumpla con los actos investigativos y con las medidas de protección a la víctima; no obstante, el 4 de julio de 2023, a horas 10:34, remitió el expediente en formato digital y físico a la Fiscal de Materia -codemandada-. Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia, en audiencia informó lo siguiente: i) No existe denuncia de retardación de justicia en su contra; ii) Emitió las respectivas medidas de protección, las cuales se encuentran registradas en el Sistema de Justicia Libre (JL1); asimismo, fueron remitidas a conocimiento del funcionario policial, conforme dispone el art. 297 del CPP; iii) Señaló que, las citadas medidas, tienen la finalidad de intervenir en situaciones donde la mujer se encuentre en peligro de violencia física, psicológica, económica, sexual, entre otras; iv) Al encontrarse el proceso penal en etapa investigativa, el abogado de la accionante, no precisó si el hecho delictivo constituye una violencia psicológica o económica; motivo por el cual, el Ministerio Público efectuó el análisis respectivo, a objeto de determinar los argumentos de la denuncia y las medidas apropiadas a ser concedidas; v) No se estableció cuál es el fundamento de la presente acción de libertad, ni tampoco la existencia del riesgo a la vida; puesto que, se enmarca en cuestiones de carácter patrimonial; por lo que, no constituyen un peligro inminente hacia la víctima; vi) El abogado de la parte accionante desconociendo las medidas idóneas para la víctima, precisó otras peticiones que no son acorde al caso, obviando lo previsto en el art. 389 ter -párrafo segundo- del CPP; vii) El 4 de julio de 2023, fue notificada con el expediente de la denuncia; no obstante, el 5 de igual mes y año, se remitió las medidas de protección y las respectivas directrices a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a objeto que designen al investigador asignado al caso; y, viii) El Ministerio Público desde que asumió conocimiento, realizó los actuados correspondientes, con el fin de proteger a la víctima; asimismo, solicitaron la homologación de las medidas de protección al Juez de origen. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 11.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 57/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 22 a 25, concedió la tutela impetrada, en relación a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia, otorgándole un plazo de veinticuatro horas, a objeto que emita el requerimiento de medidas de protección a favor de la accionante en aplicación al art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, denegó la tutela solicitada, con respecto a Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista; de la misma manera, con relación al Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-; con los siguientes fundamentos: i) Con respecto al Fiscal de Materia analista -codemandado-, no hubo vulneración; toda vez que, cumplió con sus funciones de revisión y análisis de la denuncia y que posteriormente, remitió a la Fiscal de Materia -codemandada-, la cual aseveró que al asumir conocimiento de la causa, en aplicación al art. 389.II del CPP emitió las medidas de protección a favor de la ahora accionante; precepto que dispone que, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concedidas las medidas de protección, la autoridad fiscal debe poner a conocimiento del Juez donde radica la causa penal, para que las ratifique, modifique o revoque de acuerdo a las circunstancias del caso, situación que debe ser considerada y resuelta dentro de las setenta y dos horas siguientes; ii) La Fiscal de Materia -codemandada- aseveró que remitió las medidas de protección; no obstante, no existe constancia de su envío a la autoridad jurisdiccional y a la FELCV, tampoco el registro en el Sistema de Justicia Libre 2 (JL2); y, iii) En cuanto al Juez a quo -codemandado-, cumplió con la notificación respectiva; incluso, el abogado de la accionante “…Si el doctor Torrejón habría mandado un informe. Sin embargo, esta autoridad en esta audiencia no puede notificar a ningún doctor Torrejón porque ya estamos celebrando la misma y allí, ante incumplimiento de lo que establece el artículo 33, Numeral 2 Del Código procesal constitucional, esta autoridad con un criterio lógico, considera que no existiría vulneración por el juez de control jurisdiccional Tercero de Anticorrupción y Violencia La Paz” (sic). En vía de complementación, enmienda y aclaración, el abogado de la impetrante de tutela, pidió al Juez de garantías referirse a las medidas de protección impetradas; puesto que, no fueron emitidos. En mérito a esa solicitud, dicha autoridad judicial señaló “…no ha lugar a la compensación y aclaración” (sic); toda vez que, en la parte resolutiva se dispuso que la Fiscal de Materia -codemandada- debe emitir las citadas medidas dentro del plazo de veinticuatro horas; asimismo, mencionó que, no le corresponde emitir dichas medidas o modular cuáles son idóneas para la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 29 de junio de 2023, emitido por Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista del departamento de La Paz, de su contenido se advierte que, dentro de la denuncia interpuesta por Pamela Castro Morales -ahora accionante- contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y violencia económica, debe realizarse la enmienda y complementación respectiva, para lo cual, otorgó el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación y en caso de incumplimiento se tendrá por no presentada (fs. 15). II.2. Por memorial con suma “INFORMA INICIO DE INVESTIGACIONES” de 4 de julio de 2023, Armando Osman Pereira Rosas, Fiscal de Materia en suplencia legal de Carlos Renán Cortez Callizaya, dentro de la denuncia planteada por Pamela Castro Morales -ahora accionante- contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y violencia económica, informó el inicio de las investigaciones preliminares caso signado con el código: 201102012305265 (fs. 14 y vta.). II.3. Mediante memorial con suma “SOLICITA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN“ (sic) dirigido a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en razón de Género de la ciudad de La Paz, presentado el 4 de julio de 2023, a horas 12:19:31; Pamela Castro Morales -accionante- dentro de la denuncia planteada contra José Luis Castro Mollinedo, solicitó que en mérito al art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se apliquen las medidas de protección previstas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 19 de dicha norma; hizo constar que, José Luis Castro Mollinedo -imputado-dentro la referida causa penal, realizó amenazas verbales e inclusive coartó sus ingresos económicos como empleada de la empresa que perteneció a su difundo padre (fs. 2 y vta.). II.4. Consta memorial con suma “…SOLICITO DISPONGA MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL…“ (sic) dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, presentado el 4 de julio de 2023, a horas 17:58:07; por el cual, Pamela Castro Morales -impetrante de tutela- dentro del proceso penal seguido contra José Luis Castro Mollinedo, impetró se emitan a su favor medidas de protección especial, al amparo del art. 389 en el párrafo I -en el subtítulo referente a las mujeres- del CPP, pidió la aplicación de los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11; debido a las vulneraciones realizadas por el imputado José Luis Castro Mollinedo; asimismo, solicitó otros petitorios consistentes en: Oficios para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para la retención de cuentas del imputado; a Derechos Reales (DDRR)dependiente del Consejo de la Magistratura, a objeto de que se realice la anotación preventiva de los bienes inmuebles registrados a nombre de Felipe Freddy Mollinedo -padre fallecido de la solicitante de tutela-; así también, a la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), a efecto de realizar la anotación preventiva de los vehículos registrados de Felipe Freddy Mollinedo (fs. 3 a 4). II.5. De acuerdo al extracto de actuados del Sistema de Justicia Libre 2 (JL2), correspondiente al proceso penal seguido por Pamela Castro Morales -ahora accionante- contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; se advierte que, el 28 de junio de 2023 se presentó la denuncia, posteriormente, el 30 del mismo mes y año, fue notificada la impetrante con la observación para enmendar y complementar su oficio; el 1 de julio de igual año, se subsanaron dichas observaciones; no obstante, fue reiterado el 3 y 4 de similar mes y año, se remitieron los obrados a la Fiscal de Materia de turno (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) El 28 de junio de 2023, formuló denuncia ante el Ministerio Público contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; la cual recayó en el Fiscal de Materia analista demandado, quien observó la denuncia y una vez enmendada, remitió fuera de plazo -veinticuatro horas- el expediente a la Fiscal de Materia de turno; b) El 4 de julio de 2023, la Fiscal de Materia demandada fue notificada con memorial de solicitud de medidas de protección; asimismo, puso a conocimiento de la autoridad judicial el inicio de las investigaciones; y, c) Esa misma fecha, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, fue notificado con el oficio de solicitud de medidas de protección; empero, no dispuso su aplicación; por lo que, dichas omisiones de las autoridades demandadas pusieron en riesgo su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la legitimación pasiva

La SCP 0055/2025-S3 de 10 de marzo, estableció que: «Con relación a este acápite, la uniforme jurisprudencia constitucional, indicó que la legitimación pasiva debe ser comprendida como la coincidencia que existe entre la autoridad que ocasionó la lesión a los derechos denunciada y aquella contra la que se dirige la acción de tutela; en ese entendido, la SCP 0072/2014-S1 de 20 de noviembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1485/2014 de 16 de julio, estableció: «“La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesiono los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él. En ese contexto, la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción´”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida

La SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio, estableció que: «El derecho a la vida como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y el rol del Estado en su protección Como ya señaló amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera uniforme, respecto a la tutela del derecho a la vida vía la acción de libertad, su protección puede ser solicitada de manera directa, sin la necesidad o exigencia de agotar la vía jurisdiccional ordinaria; y, aun cuando no existe vinculación con el derecho a la libertad (SC 0589/2011-R de 3 de mayo, por mencionar alguna). En tal contexto, la Constitución Política del Estado, en su art. 15.I, consagra como el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”. Por su parte, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[1], señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (las negrillas fueron añadidas). Así, en la protección del derecho a la vida, surgen obligaciones para el Estado, que cumple un papel esencial a través de la implementación de políticas públicas; política criminal encaminada a disminuir al máximo los índices de criminalidad en la sociedad; establecer políticas públicas que creen mejores condiciones de vida en sociedad, etc. Esa exigencia de acciones estatales muestra una dimensión asistencial del derecho a la vida, que implica una obligación positiva del Estado de actuar con celeridad cuando ésta se encuentra comprometida; así como, a proveer lo indispensable para que las personas puedan subsistir con dignidad.

(…) Los deberes estatales para garantizar el derecho a la vida incluyen aquellos de actuación como la prevención que obliga a que los Estados miembros de la CADH; y a todos sus agentes (incluidos Jueces y Fiscales) para que adopten todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural. …La finalidad y naturaleza de las medidas de protección para interrumpir la escalada letal (…) Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que

impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’. Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala: ‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’. 2. En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor”.

Así también respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…”.

La naturaleza y el alcance de estas medidas, conforme al mandato del art. 32 de la Ley 348, se desglosan en tres acciones fundamentales que los operadores de justicia deben ejecutar: i) Prevenir: Implica una actuación proactiva y anticipatoria. Ante los primeros indicios de violencia o la existencia de un riesgo evaluable, la autoridad debe actuar para evitar que la agresión se materialice o se agrave. No se requiere la existencia de una lesión física consumada; basta la amenaza o el riesgo latente objetivamente demostrados para activar el deber de prevención; ii) Interrumpir: Esta acción se orienta a detener un ciclo de violencia que ya está en curso y fue evidenciado a través de elementos probatorios pertinentes. Su objetivo es cortar de raíz la dinámica de agresión, especialmente en la fase de “acumulación de tensión” o inmediatamente después de una “explosión violenta”. Un ejemplo claro, es el desalojo del agresor del domicilio, que interrumpe físicamente su capacidad de continuar ejerciendo violencia en el espacio vital de la víctima; y, iii) Impedir: Se enfoca en el futuro. Busca crear barreras fácticas y legales para que el agresor no pueda volver a cometer actos de violencia. Las órdenes de restricción o alejamiento son la manifestación más clara de esta finalidad, pues impiden el contacto físico que podría derivar en una nueva agresión. De lo anterior, se desprende que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Su imposición no requiere de un juicio de culpabilidad (juicio de reproche), sino de un juicio de probabilidad y riesgo (juicio de riesgo). El juez o fiscal no debe preguntarse si el agresor es culpable, sino si existe un riesgo probable y creíble para la vida e integridad de la víctima. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas. La frase “son de aplicación inmediata y no podrán suspenderse” refuerza este carácter de urgencia. La ley entiende que la violencia de género es un fenómeno dinámico y que un día de retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A la luz de los datos estadísticos, la finalidad de estas medidas adquiere una dimensión de salvaguarda existencial. No se trata simplemente de evitar una lesión, sino de interrumpir o evitar la escalada de un proceso que ha demostrado ser la antesala de las consecuencias letales en cientos de casos en nuestro país. Son, por tanto, el instrumento más poderoso del Estado para cumplir con su deber de garante y materializar la protección del derecho a la vida ante un peligro real, inminente y progresivo. La omisión o aplicación tardía de estas medidas constituye una falla estatal que debe evitarse. El resguardo del derecho a la vida mediante la aplicación de medidas de protección eficaces contribuye directamente a la materialización de los valores supremos del Estado y especialmente consolida sus deberes de garante respecto al derecho a la vida» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Deberes reforzados del Estado, jueces y fiscales en la protección del derecho a la vida de mujeres madres

La ya citada SCP 0625/2025-S3, estableció que: «La posición de garante del Estado y la debida diligencia reforzada El Estado Plurinacional de Bolivia, al declarar en el art. 15.I de la CPE, que la vida es inviolable, no asume un rol de mero espectador, sino que se posiciona como el principal garante de este derecho. Esta “posición de garante”, como ha sido desarrollada por la jurisprudencia y se tiene brevemente descrito en el acápite anterior, implica una obligación activa de proteger a las personas de riesgos ciertos y previsibles -objetivamente demostrados- para su vida e integridad. En casos de violencia física en escalada contra las mujeres, esta obligación se intensifica. La jurisprudencia de este Tribunal, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ha establecido que el Estado debe actuar con una “debida diligencia reforzada”. Esto significa que, ante la denuncia de un hecho de violencia, todas las autoridades estatales tienen el deber ineludible de actuar con la máxima celeridad y eficacia para prevenir daños mayores. La inacción, la demora o la indiferencia del aparato estatal ante una solicitud de protección constituye una vulneración de esta obligación y puede acarrear su responsabilidad. Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Dichas medidas son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia del Estado, toda vez que se constituyen en muchas ocasiones en el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente sobre el derecho a la vida. Cuando una mujer obtiene una orden de protección, los Estados conocen que existe un riesgo de sufrir daños por causa de la violencia. Si el Estado no hace una protección efectiva con una actuación inmediata, entonces es responsable internacionalmente (…) no es suficiente su emisión, sino debe efectivizarse su ejecución” . …Obligaciones específicas de fiscales y jueces

Esta obligación general del Estado se materializa en deberes concretos para los operadores de justicia que tienen el primer contacto con la víctima, quienes deben actuar conforme a los principios establecidos en el art. 4 de la Ley 348, entre ellos, el de "Celeridad", que obliga a una "atención y tramitación ágil, oportuna y sin dilaciones". a) Fiscales (Ministerio Público): Como directores de la investigación y defensores de los intereses de la sociedad, conforme al art. 39 de la Ley 348, los fiscales tienen el deber de solicitar y disponer de oficio y de manera inmediata las medidas de protección que correspondan a la autoridad jurisdiccional. Su análisis debe basarse en la evaluación del riesgo para la víctima y no en un análisis sobre la culpabilidad del agresor. Asimismo, por su naturaleza preventiva, no requieren de la existencia de una sentencia condenatoria, ni siquiera de una imputación formal; sino que, pueden ser dispuestas sobre la base de la denuncia y la existencia de elementos que objetivamente evidencien una situación de riesgo para la mujer. b) Jueces (Órgano Judicial): La autoridad jurisdiccional, como garante última de los derechos fundamentales, tiene la obligación de disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento, con celeridad. El art. 32 de la Ley 348, es imperativo al señalar que las medidas son de aplicación inmediata y no podrán suspenderse por ningún motivo. Este mandato busca evitar que dilaciones innecesarias pongan en riesgo la vida de la víctima. (las negrillas y subrayado corresponde al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) El 28 de junio de 2023, formuló denuncia ante el Ministerio Público contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; la cual recayó en el Fiscal de Materia analista demandado, quien observó la denuncia y una vez enmendada, remitió fuera de plazo el expediente a la Fiscal de Materia de turno; b) El 4 de julio de 2023, la Fiscal de Materia demandada fue notificada con memorial de solicitud de medidas de protección; asimismo, puso a conocimiento de la autoridad judicial el inicio de las investigaciones; y, c) Esa misma fecha, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, fue notificado con el oficio de solicitud de medidas de protección; empero, no dispuso su aplicación; por lo que, dichas omisiones de las autoridades demandadas pusieron en riesgo su vida. De los antecedentes del presente caso, se tiene que, el 28 de junio de 2023, la accionante presentó denuncia ante el Ministerio Público, la cual se remitió al Fiscal de Materia analista -codemandado-, previa revisión fue observada y una vez enmendada, el 4 de julio del mismo año, se envió el expediente a la Fiscal de Materia de turno; por otra parte, esa misma fecha la autoridad fiscal -codemandada-, asumió conocimiento de la causa; asimismo, fue notificada con memorial de solicitud de medidas de protección de la víctima -impetrante de tutela-; seguidamente, se informó el inició de investigaciones al Juez a quo -codemandado-; de igual manera, fue notificada con el oficio con similar tenor que el citado memorial. Desde la citada fecha, que se impetraron los petitorios tanto al Juez a quo y a la Fiscal de Materia -ahora codemandados-; no emitieron las disposiciones para precautelar el derecho a la vida de la solicitante de tutela (Conclusiones II.1 y II.2). Con relación al Fiscal de Materia analista -codemandado-

Conforme la secuencia de los acontecimientos, se establece que, el 28 de junio de 2023, la accionante interpuso denuncia ante el Ministerio Público del departamento de La Paz, remitiéndose a conocimiento de Carlos Renán Cortez Callizaya, en su calidad de Fiscal de Materia analista, quien posteriormente, el 29 del mismo mes y año, emitió providencia solicitando a la parte impetrante la enmienda y complementación del oficio; seguidamente, el 1 de julio de igual año, se subsanaron observaciones; sin embargo, fue reiterado dicho extremo el 3 de similar mes y año, y al día siguiente -4 de julio de 2023- la mencionada autoridad fiscal emitió decreto de admisión de la denuncia y procedió con la remisión al Fiscal de Materia de turno, a efecto que cumpla con las actos investigativos y con la tramitación de la causa penal. En ese mérito, se advierte que conforme a obrados, la impetrante de tutela alegó dilación en la remisión de obrados a la autoridad fiscal; no obstante, se evidenció que el Fiscal de Materia analista codemandado, carece de legitimación pasiva, conforme prevé el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, la acción tutelar fue dirigida contra una autoridad que no incurrió en dilación, siendo que cumplió con la tramitación respectiva de análisis, valoración y admisión de la causa; cumplido estos extremos, remitió el expediente a la Fiscal de Materia de turno. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela en cuanto a dicha autoridad fiscal, en virtud a lo expuesto supra. Con respecto a la Fiscal de Materia -codemandada- Conforme a los antecedentes de la presente acción tutelar, la Fiscal de Materia -codemandada- alegó que, emitió las medidas de protección; asimismo, remitió a conocimiento del Investigador asignado al caso y que las mismas fueron registradas en el Sistema de Justicia Libre del Ministerio Público; extremo que fue aseverado en la audiencia de garantías; empero, de acuerdo a obrados que cursan en la presente causa, no se advierte que las mismas fueron efectivizadas, tal cual mencionó la citada Fiscal de Materia; toda vez que, no existe documentación que respalde dicho extremo; motivo por el cual, el Juez de garantías dispuso en Resolución 57/2023 de 6 de julio, que la mencionada autoridad fiscal, emita dentro del plazo de veinticuatro horas, las medidas de protección. Bajo ese contexto, no existiendo la documentación que respalde la remisión de las medidas de protección al funcionario policial asignado al caso, tampoco al Juzgado de origen; ante la ausencia de dicha prueba documental que de fe del cumplimiento de dicho actuado, se llega a la conclusión que la Fiscal de Materia -codemandada- incurrió en dilación, falta de diligencia y carencia de celeridad; toda vez que, el 4 de julio de 2023, que asumió conocimiento de la presente causa, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no emitió las medidas de protección en favor de la víctima, tampoco cumplió con la remisión al Investigador asignado y al Juzgado de origen, a efecto que se señale fecha y hora audiencia de consideración de medidas de protección; ante tal incumplimiento, se debe conceder la tutela solicitada respecto a la mencionada autoridad fiscal, siendo innegable que se desconocieron los entendimientos asumidos en la SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio. Respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado- Se tiene que, el 4 de julio de 2023, a horas 17:58:07, Pamela Castro Morales -ahora accionante-, presentó memorial de solicitud de medidas de protección especial, dentro del proceso penal seguido contra José Luis Castro Mollinedo, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia económica; en la cual solicitó se aplique el art. 389 párrafo I -en el subtítulo referente a las mujeres- en sus numerales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11; además, solicitó notificaciones a: ASFI para la retención de cuentas del imputado; a Derechos Reales dependiente del Consejo de la Magistratura, a objeto de que se realice la anotación preventiva de los bienes inmuebles registrados a Felipe Freddy Mollinedo; así también, a la Dirección Nacional de Tránsito, a efecto de realizar la anotación preventiva de los vehículos registrados a nombre del citado propietario. En ese entendido, desde que se planteó la mencionada solicitud -4 de julio de 2023, a horas 17:58:07- hasta la presentación de la acción de libertad -5 de julio de 2023, a horas 16:30-, la autoridad judicial no se pronunció al respecto, tampoco dispuso ninguna medida de protección en favor de la víctima -impetrante de tutela-; actitud que transgredió el principio de celeridad y la debida diligencia, concerniendo que aquello sea de forma inmediata según lo expuesto en la SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela impetrada, en virtud a los antecedentes expuestos.

III.5. Otras consideraciones

Conforme al art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los jueces y tribunales de garantías, así como las Salas Constitucionales, tienen la responsabilidad de remitir los antecedentes de las acciones de defensa al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectiva revisión. Dicho precepto normativo, no está supeditado a la autoridad judicial ni tampoco a las partes procesales; puesto que, constituye un mandato legal; asimismo, la remisión de la documentación debe ser idónea y precisa, para permitir que la máxima autoridad de la justicia constitucional realice su facultad revisora. En ese entendido, es menester hacer referencia a la Resolución 57/2023 de 6 de julio, emitida por el Juez de garantías, debido a que, de su contenido se advierte imprecisiones de redacción; asimismo, el CD que cursa en obrados no corresponde a la audiencia de garantías. Si bien, estos aspectos no obstaculizan la revisión de la presente acción de libertad; empero, son detalles que la autoridad judicial debe manejar con la mayor precisión posible; toda vez que, dicha documentación al remitirse a una instancia superior constitucional para su revisión, la misma requerirá que el expediente cuente con las piezas idóneas y necesarias para ejercer dicha facultad. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela con relación a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia y denegar respecto a Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia analista y al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -no se consigna el nombre-, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 57/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia; de la misma manera, con respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; en virtud a los antecedentes y a los Fundamentos Jurídicos citados supra; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia “analista”, en base al Fundamento Jurídico III.1 citado supra; y,

3º Llamar la atención al Juez de garantías, a objeto que en posteriores actuados, no incurra en imprecisiones en el acta de audiencia y en la resolución; asimismo, evitar la remisión errónea de documentación que no corresponda a una determinada acción tutelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1569_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5de97333c1d7cbaa3cf4f9a1716fad7ce283286a1eb02820dbd54ce78eef9205

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