B.IA.LEGAL

SCP 1568/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57023-2023-115-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal concluido (Caso FELCV: 412/21) seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no realizó el señalamiento de fecha y hora de audiencia de verificación de incumplimiento de las medidas de protección; y, b) La Jueza Pública Mixta Civil Comercial de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del mismo departamento, dentro del proceso penal (Caso FELCV: 82/2023) seguido por el Ministerio Público contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no celebró la audiencia de consideración de incremento de riesgos procesales, donde debía tratarse la revocatoria de las medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023 y la ampliación del plazo de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR la Resolución de 04/23 de 8 de julio de 2023, cursante de fs. 78 vta. a 81 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Vigésima -Distrito Municipal 9- de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho a la vida; 2° Disponer que los Jueces accionados se pronuncien y actúen con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia y en el marco de las previsiones contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, atendiendo y resolviendo con la celeridad necesaria los reclamos de la impetrante de tutela en los casos y términos descritos en los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si es que no lo hubieran hecho todavía. 3° Se llama severamente la atención a la Jueza de Sentencia Penal Vigésima -Distrito Municipal 9- de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, conforme lo señalado en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones (aplicación de la debida diligencia en el caso concreto)

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1568/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57023-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/23 de 8 de julio de 2023, cursante de fs. 78 vta. a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Valeriana Canaviri Kilo contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza y Susana Zabala Dávila, Jueces Públicos Mixtos Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero y Segundo, respectivamente, de la Guardia del departamento de Santa Cruz

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 24 vta., la accionante expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz; el 15 de junio de 2023, en audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado, se emitió Auto Interlocutorio, por el cual fue favorecido con medidas cautelares de carácter personal, sin considerar el peligro efectivo hacia su persona en su calidad de víctima, previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Desde que pronunciaron dicho Auto Interlocutorio, el incriminado la amedrentó, señalando que no la dejaría vivir y que terminará con su vida; generando un ambiente de zozobra, puesto que corre riesgo su vida e integridad física y emocional.

Ante tales circunstancias, el 23 del citado mes y año, presentó solicitud de incremento de riesgos procesales y revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, pidiendo la detención preventiva del imputado; por lo que, en aplicación a los arts. 11, 132.1 y 247 del CPP, debió emitirse decreto de señalamiento de fecha y hora de audiencia dentro las veinticuatro horas; sin embargo, dicho actuado fue suspendido en tres ocasiones -el 5, 7 y 12 de julio del mismo año-; “…EMPERO LA AUTORIDAD ACCIONADA YA SABIA QUE EMITIO MANDAMIENTO DE LIBERTAD Y EN CONNIVENCIA CON EL PENAL DE PALMAZOLA ORDENAN SU DESCONEXION A FIN DE NO CELEBRAR LA AUDIENCIA Y BENEFICIARLO CON LA LIBERTAD EJECUTANDO HOY UN MANDAMIENTO CON EL CUAL RECIBI FOTO DEL MISMO Y LA AMENAZA DE QUE ESTAN CONTADAS MIS HORAS DE VIDA” (sic). El 5 de julio de 2023, presentó memorial expresando que, el “24 de julio de 2021” el Ministerio Público formuló imputación formal dentro de la denuncia correspondiente al Formulario Único de Denuncias (FUD) 701402100872 contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la cual fue resuelta mediante proceso abreviado, habiéndose pronunciado Sentencia condenatoria de 26 de julio de 2021; sin embargo, las disposiciones emergentes de la referida Sentencia, como también las medidas de protección establecidas no fueron cumplidas por el procesado; puesto que viene cometiendo nuevos actos de violencia física y emocional en su contra. Hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, “…NO SE TIENE A LA VISTA EL EXPEDIENTE EXISTIENDO UN INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y DE DEBIDA DILIGENCIA que viene poniendo en riesgo mi integridad ya que EL CONDENADO SE VIENE BENEFICIANDO DE LA OMISION A SEÑALAR AUDIENCIA PUBLICA para el CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; en consecuencia, se ordene: a) Al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, fijar fecha y hora de audiencia de consideración de “…SANCION POR INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE PROTECCION Y REMISION DEL MANDAMIENTO DE CONDENA AL RECINTO PENITENCIARIO DE PALMAZOLA” (sic); y, b) A la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda del citado asiento judicial, “…QUE CONOCE POR VERDAD MATERIAL LA EXISTENCIA DE UN MANDAMIENTO DE CONDENA EN CONTRA EL AGRESOR RAMIRO VARGAS DELGADILLO CORREGIR PROCEDIMIENTO Y CONSIGNE EN EL MANDAMIENTO DE LIBERTAD QUE ES UNA DETENCION DOMICILIARIA SIEMPRE QUE NO ESTUVIERA DETENIDO POR OTRO PROCESO. CONMINANDO CELEBRAR DE INMEDIATO LA AUDIENCIA DE INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES Y REVOCATORIA DE MEDIDA CAUTELAR” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 78, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por intermedio de sus abogados, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Dentro el proceso penal concluido identificado con el número 412/2021, a cargo de Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -accionado, el 26 de julio de 2021, dictó Sentencia condenando a Ramiro Vargas Delgadillo a dos años de privación de libertad, disponiendo medidas de protección para la víctima y sanciones alternativas; constando en obrados un mandamiento de condena de esa misma fecha, que no fue remitido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, motivo por el cual reclamó a la autoridad judicial la observancia de dicho actuado; 2) El 5 de ese mes y año, presentó memorial a efecto que se ponga a vista el cuaderno procesal, denunciando el incumplimiento de las medidas de protección y solicitando señalamiento de audiencia para su tratamiento; 3) El 23 de junio de igual año, interpuso otro proceso penal contra el mismo sentenciado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado ante la Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del citado asiento judicial coaccionada, ante la cual presentó memorial de incremento de riesgos procesales, fijándose audiencia para 30 del mes y año señalados, a horas 9:00; actuado que no pudo realizarse, más al contrario fue diferida para el 5 de julio del mismo año; sin embargo, el día de la audiencia virtual, no pudieron dar con el imputado quien cumplía detención preventiva y por ende se suspendió el acto procesal, lo que conllevó a que formulara denuncia contra el encargado de la sala virtual y el Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por incumplimiento de deberes; 4) El 7 de julio del citado año, fue ejecutado el mandamiento de libertad emitido por la Jueza codemandada; sin embargo, no obstante que a través del mismo dispuso su detención domiciliaria, debió considerar que “…no este detenido por otro proceso…” (sic), exponiéndola al peligro inminente; puesto que, el imputado mediante WhatsApp le escribió: “…inmediatamente salga será el último día de tu vida…” (sic), lo cual obstaculizó la realización de sus labores cotidianas; 5) En cuanto al Juez accionado, debió pronunciarse con relación al memorial de 5 de julio de 2023 -incumplimiento de medidas de protección-, aplicando los arts. 132 del CPP, y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), a objeto que realice la audiencia de sanción por incumplimiento a las medidas de protección, evitar el levantamiento de la detención preventiva y remitir el mandamiento de condena al referido Centro Penitenciario; 6) Con respecto a la Jueza coaccionada, no emitió correctamente el mandamiento de libertad; puesto que, omitió precisar la “…detención domiciliaria…”; y, 7) Interpuso denuncia, por las acciones y omisiones de los funcionarios del mencionado Centro Penitenciario.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza y Susana Zabala Dávila, Jueces Públicos Mixtos Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero y Segundo, respectivamente, de la Guardia del departamento de Santa Cruz, no remitieron informe escrito ni comparecieron en la audiencia, pese a su legal citación efectuada a fs. 30 y 33.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Vigésima -Distrito Municipal 9- de la Capital del departamento de Santa Cruz constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/23 de 8 de julio de 2023, cursante de fs. 78 vta. a 80 vta., denegó la tutela solicitada, determinación asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) No se encuentra afectado el derecho a la libertad personal de la accionante, incumpliendo los presupuestos de procedencia de la acción tutelar, conforme determina la SCP 1865/2004-R de 1 de diciembre, la cual menciona que “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados esos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso…” (sic); ii) Respecto a la SCP 0824/2020-S1 de 8 de diciembre, señalada por la impetrante de tutela, con relación al principio de veracidad de los hechos y actos demandados; no se emitió pronunciamiento alguno; puesto que, no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, iii) En relación a la otra jurisprudencia citada por la solicitante de tutela, SCP 0033/2013 de 4 de enero, no resulta aplicable al caso de autos.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2021, pronunciada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por el cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dispuso:

 “...CONCEDE el BENEFICIO DE SANCIONES ALTERNATIVAS conforme al art. 76 y sgtes. de la ley 348 concordante con la SC. 0721/2018-S2 se van a disponer lo siguiente: 1.- Una multa tal como lo establece el art. 77 de 10 bs por día estableciéndose que esta multa empezará a correr desde la presente fecha durante 365 días (…). 2.- Un trabajo comunitario de conformidad al art. 79, estableciendo que este trabajo comunitario deberá realizarse por la condenada los fines de semanas de 4 horas diarias de 08:00 a 12:00 a.m. (…) por un plazo de 365 días. Se van a disponer las medidas de seguridad y protección de conformidad a lo establecido por el art. 80 y 82 de la Ley 348, a favor de la condenada:

 La prohibición de ejercer cargos públicos. - La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes.  Prohibición de concurrir a lugares donde se expendan bebidas alcohólicas o estupefacientes incluidos los lenocinios.  Prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la víctima, sea por cualquier medio de manera directa o indirecta y medios electrónicos.  La desocupación inmediata del inmueble donde han sucedidos los hechos de violencia, aclarando que una vez concluida esta presente audiencia deberá constituirse el condenado en presencia del policía asignado al caso y retirar sus enceres personales bajo constancia.  Se fija de manera provisional una asistencia familiar en la suma de Bs.- 900 por los dos menores beneficiarios (…). Estableciéndose un periodo de cumplimiento de estas sanciones alternativas, como las medidas de protección de 2 años a partir de la presente fecha, en caso de incumplimiento se le hace la advertencia al condenado de que se van a revocar las mismas y se va disponer el cumplimiento íntegro de la sentencia en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.” (sic [fs. 5 a 7]). II.2. Consta mandamiento de condena de 26 de julio de 2021, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, disponiendo:

“AL GOBERNADOR DEL CENTRO DE REHABILITACION SANTA CRUZ PALMASOLA que deberá poner bajo su segura custodia y exclusiva responsabilidad al sentenciado:

RAMIRO VARGAS DELGADILLO (…) habiéndose dictado Sentencia por el cual fue condenado a cumplir la pena de (2) DOS AÑOS de reclusión, dentro del Proceso Penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO (CASO FELCV LG:412/21) contra RAMIRO VARGAS DELGADILLO por la comisión del delito VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado en el art. 272 BIS del Código Penal (…) El sentenciado debe guardar condena hasta el 26 de julio de 2023.” (sic [fs. 8]).

II.3. Mediante Mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas de 26 de julio de 2021, el mencionado Juez, dispuso:

“…AL COMANDANTE DEL MODULO POLICIAL DE LA GUARDIA PONGA EN INMEDIATA LIBERTAD AL IMPUTADO:

RAMIRO VARGAS DELGADILLO Por haberse dispuesto mediante RESOLUCION DE SANCIONES ALTERNATIVAS de fecha 26 de julio del presente año, dentro del Proceso Penal (CASO FELCV-LG 412/2021) que sigue EL MINISTERIO PUBLICO contra RAMIRO VARGAS DELGADILLO por la comisión del delito VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado en el Art. 272 BIS del Código Penal, debiendo su autoridad darle la inmediata libertad bajo las siguientes sanciones alternativas:

 TRABAJO COMUNITARIO LOS FINES DE SEMANA y FERIADOS, (4 horas diarias de 08:00 a 12:00) EN FAVOR DE LA SOCIEDAD (…).  MULTA DE 10 Bs.- POR DIA, DURANTE LOS 365 DIAS DEL AÑO (…).”

(sic [fs. 9]). II.4. Por Certificado de Ejecutoría de 6 de junio de 2023, la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, expresó:

“Dentro del PROCESO PENAL (CASO FELCV-LG: 412/21) que sigue MINISTERIO PÚBLICO a denuncia de VALERIANA CANVIRI KILO contra RAMIRO VARGAS DELGADILLO por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA PREVISTO y SANCIONADO EN EL ART. 272 BIS DEL CODIGO PENAL, NO habiéndose presentado recurso de apelación y ningún recurso ulterior contra la Sentencia de fecha 26 de julio de 2021; la suscrita Secretaría (…) certifica en honor a la verdad que la respectiva Sentencia, se encuentra Ejecutoriada.-“ (sic [fs. 10]). II.5. Del Oficio 1292/2023 de 6 de junio, con suma “HACE CONOCER REGISTRO DE ANTECEDENTES”, con cargo de recepción de 29 del mismo mes y año, a horas 8:26, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal (CASO FELCV-LG: 412/21) seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Canaviri Kilo contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado en el art. 272 bis del Código Penal (CP), dispuso el registro de antecedentes penales emergentes de la Sentencia condenatoria de 26 de julio de 2021(fs. 11). II.6. Cursa memorial presentado el 5 de julio de 2023, con suma

“ANUNCIA NOTIFICACION Y DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITANDO AUDIENCIA VIRTUAL PARA VERIFICATIVO DE SU INCUMPLIMIENTO”, presentado por Valeriana Canaviri Kilo -accionante-, dentro del proceso penal (CASO FELCV-LG: 412/21) seguido por el Ministerio Público a denuncia de la prenombrada contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, señalando que las medidas de protección dispuestas en el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2021, no fueron cumplidas por el sentenciado; motivo por el cual, solicitó la verificación de las citadas disposiciones y el señalamiento de fecha y hora de audiencia; asimismo, se deje sin efecto el mandamiento de libertad emitido en la citada fecha y se dé cumplimiento al mandamiento de condena. En el otrosí, solicitó se autorice el traslado del sindicado al salón de audiencias virtuales en la fecha y hora establecida del mencionado actuado, puesto que, cumple detención preventiva dentro de otra denuncia instaurada por la ahora accionante, la cual radica en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz. En el otrosí segundo, puso a conocimiento que el 29 de junio de 2023, recién fue remitido el oficio de registro de antecedentes penales. En el otrosí tercero, pidió que una vez concluida la citada audiencia, se proceda con la remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento (fs. 12 a 13). II.7. Por memorial con suma “INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES”

de 22 de junio de 2023, con timbre de recepción de 23 de igual mes y año, la accionante dentro el proceso penal (CASO FELCV: 82/2023) solicitó a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del departamento de Santa Cruz, que en aplicación del principio de informalidad, trato diferenciado y conforme a los arts. 4.11 y 12 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; 247.2 y 3, 250 y 389 del CPP; y, citando la SCP 0051/2023-S3, disponga señalamiento de audiencia pública virtual para considerar el “…INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES POR SUS ACCIONES REITERATIVAS (…) REVOCATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES dispuestas en la Resolución de fecha 15 de junio de 2023 DISPONIENDO LA DETENCION PREVENTIVA…” (sic [fs. 14 a 15]). II.8. Consta memorial con suma “ADJUNTA DOCUMENTOS Y JURISPRUDENCIA A FIN DE CONSIDERAR AMPLIACIÓN DE DETENCION PREVENTIVA HASTA 06 DE AGOSTO DE 2023, con timbre de recepción de 30 de junio de 2023, por el cual la impetrante de tutela, solicitó a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del departamento de Santa Cruz, que ante el incremento de riesgos procesales por parte de Ramiro Vargas Delgadillo, se procedió a la revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, a cuyo efecto adjuntó documentación y jurisprudencia, a fin se considere la ampliación de la detención preventiva hasta el 6 de agosto de 2023 (fs. 17). II.9. Mediante Oficio 117/23 de 5 de julio de 2023, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal (CASO FELCV: 82/2023) seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola el traslado del prenombrado, a la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, a realizarse el 7 de mes y año señalados, a horas 9:10 (fs. 19). II.10. Por memorial con suma “ADJUNTA PRUEBA” de 6 de julio de 2023, con timbre de recepción de la misma fecha, Valeriana Canaviri Kilo -ahora accionante-, presentado al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz, solicitó que la audiencia señalada para el 7 de igual mes y año, sea de modalidad mixta; asimismo, puso a conocimiento la existencia de un recurso de apelación y su realización para la citada fecha (fs. 20 a 21). II.11. Mediante mandamiento de libertad y detención domiciliaria de 6 de julio de 2023, la referida Jueza, ordenó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a cumplir con el citado mandamiento en favor de Ramiro Vargas Delgadillo, debiendo cumplir detención domiciliaria sin escolta policial (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal concluido (Caso FELCV: 412/21) seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no realizó el señalamiento de fecha y hora de audiencia de verificación de incumplimiento de las medidas de protección; y, b) La Jueza Pública Mixta Civil Comercial de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del mismo departamento, dentro del proceso penal (Caso FELCV: 82/2023) seguido por el Ministerio Público contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no celebró la audiencia de consideración de incremento de riesgos procesales, donde debía tratarse la revocatoria de las medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023 y la ampliación del plazo de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida

Al respecto la SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio, de manera puntual estableció: «III.1.1. El derecho a la vida como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y el rol del Estado en su protección

Como ya señaló amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera uniforme, respecto a la tutela del derecho a la vida vía la acción de libertad, su protección puede ser solicitada de manera directa, sin la necesidad o exigencia de agotar la vía jurisdiccional ordinaria; y, aun cuando no existe vinculación con el derecho a la libertad (SC 0589/2011-R de 3 de mayo, por mencionar alguna). En tal contexto, la Constitución Política del Estado, en su art. 15.I, consagra como el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”. Por su parte, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Así, en la protección del derecho a la vida, surgen obligaciones para el Estado, que cumple un papel esencial a través de la implementación de políticas públicas; política criminal encaminada a disminuir al máximo los índices de criminalidad en la sociedad; establecer políticas públicas que creen mejores condiciones de vida en sociedad, etc. Esa exigencia de acciones estatales muestra una dimensión asistencial del derecho a la vida, que implica una obligación positiva del Estado de actuar con celeridad cuando ésta se encuentra comprometida; así como, a proveer lo indispensable para que las personas puedan subsistir con dignidad. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido de manera consistente que el goce del derecho a la vida es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Así, en los casos Villagrán Morales y otros vs. Guatemala y Montero Aranguren y otros vs. Venezuela, entre otros, la Corte IDH ha dispuesto que los Estados no solo tienen la obligación de impedir que sus agentes atenten contra la vida, sino también de crear las condiciones para que no se produzcan violaciones a este derecho, determinando en el caso García Ibarra y otros vs. Ecuador, que la lesión al derecho a la vida puede configurarse por acciones u omisiones estatales que permitan dichas transgresiones. Los deberes estatales para garantizar el derecho a la vida incluyen aquellos de actuación como la prevención que obliga a que los Estados miembros de la CADH; y a todos sus agentes (incluidos Jueces y Fiscales) para que adopten todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural.

III.1.2. La escalada de la violencia física como amenaza directa a la vida

Es un hecho empírico y criminológicamente verificable que los atentados contra la vida de las mujeres, tipificados como feminicidios, no suelen ser actos espontáneos o aislados. Por el contrario, representan la culminación letal de un continuo de violencia sistemática y progresiva. Sostener que un feminicidio fue un “hecho aislado” es desconocer la dinámica de la violencia de género, la cual opera en una espiral ascendente de agresión y control. Las estadísticas oficiales en Bolivia demuestran esta trágica y previsible realidad. Los informes periódicos de la Fiscalía General del Estado sobre violencia feminicida revelan patrones consistentes. Durante la gestión 2024, por ejemplo, se registraron 89 feminicidios. Una constante en estas estadísticas es que el principal agresor se encuentra en el círculo íntimo de la víctima. Informes de la Fiscalía General del Estado señalan que en aproximadamente el 85-90% de los casos, el feminicida es la pareja, expareja, cónyuge, conviviente o enamorado de la víctima. Esto confirma que el mayor riesgo para la vida de una mujer proviene de la persona con quien mantiene o mantuvo una relación sentimental. Por otra parte, el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, en sus análisis anuales, ha sostenido de manera consistente que un alto porcentaje de las víctimas de feminicidio, a menudo superando el 70%, habían denunciado previamente a sus agresores por violencia física . Estas denuncias previas, que constan en registros policiales o fiscales, representan las alertas tempranas y las oportunidades de intervención que el sistema de justicia no logró atender eficazmente para salvar una vida. Este patrón responde a lo que la teoría ha denominado el “Ciclo de la Violencia”, un modelo que explica cómo la violencia de género se perpetúa y escala. Este ciclo, generalmente, consta de tres fases: De acumulación de tensión; de explosión violenta o agresión aguda; y, de luna de miel o reconciliación. La peligrosidad de este ciclo radica en que, con cada repetición, la violencia en la fase de explosión tiende a ser más grave y el tiempo entre una fase y otra se acorta. La escalada se produce desde la amenaza, pasando por el empujón y la bofetada, hasta llegar a golpizas que requieren atención médica y, finalmente, al uso de armas o la fuerza física letal que culmina en el feminicidio. Lo antedicho evidencia que cada acto de violencia física denunciado debe ser visto por los operadores de justicia como una etapa de ese ciclo, cuya escalada debe evitarse considerando factores como la gravedad de la violencia, si existe repetición; y, tomando en cuenta que cada repetición avanza y puede llevar a un desenlace letal. Por tal razón, si bien la primera denuncia de violencia puede considerarse una alerta temprana; sin embargo, cuando el ciclo se reproduce y escala, se traduce en una amenaza directa y previsible contra el derecho a la vida. La existencia de denuncias previas no es solo un dato estadístico, es la prueba de que la víctima buscó ayuda y de que el Estado tuvo la oportunidad de intervenir. Por tanto, la obligación de imponer medidas de protección eficaces y oportunas es el deber más fundamental para interrumpir dicho ciclo y evitar una muerte previsible.

III.1.3. La finalidad y naturaleza de las medidas de protección para interrumpir la escalada letal

Ante la realidad estadísticamente demostrada de que el feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia preexistente, el Estado ha dispuesto de instrumentos normativos cuya finalidad es precisamente interrumpir dicha escalada. El mecanismo más importante es el de las medidas de protección, establecidas en la Ley 348. Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación

inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’. Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala: ‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’. En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor”. Así también respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…”. La naturaleza y el alcance de estas medidas, conforme al mandato del art. 32 de la Ley 348, se desglosan en tres acciones fundamentales que los operadores de justicia deben ejecutar: i) Prevenir: Implica una actuación proactiva y anticipatoria. Ante los primeros indicios de violencia o la existencia de un riesgo evaluable, la autoridad debe actuar para evitar que la agresión se materialice o se agrave. No se requiere la existencia de una lesión física consumada; basta la amenaza o el riesgo latente objetivamente demostrados para activar el deber de prevención; ii) Interrumpir: Esta acción se orienta a detener un ciclo de violencia que ya está en curso y fue evidenciado a través de elementos probatorios pertinentes. Su objetivo es cortar de raíz la dinámica de agresión, especialmente en la fase de “acumulación de tensión” o inmediatamente después de una “explosión violenta”. Un ejemplo claro, es el desalojo del agresor del domicilio, que interrumpe físicamente su capacidad de continuar ejerciendo violencia en el espacio vital de la víctima; y, iii) Impedir: Se enfoca en el futuro. Busca crear barreras fácticas y legales para que el agresor no pueda volver a cometer actos de violencia. Las órdenes de restricción o alejamiento son la manifestación más clara de esta finalidad, pues impiden el contacto físico que podría derivar en una nueva agresión. De lo anterior, se desprende que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Su imposición no requiere de un juicio de culpabilidad (juicio de reproche), sino de un juicio de probabilidad y riesgo (juicio de riesgo). El juez o fiscal no debe preguntarse si el agresor es culpable, sino si existe un riesgo probable y creíble para la vida e integridad de la víctima. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas. La frase “son de aplicación inmediata y no podrán suspenderse” refuerza este carácter de urgencia. La ley entiende que la violencia de género es un fenómeno dinámico y que un día de retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A la luz de los datos estadísticos, la finalidad de estas medidas adquiere una dimensión de salvaguarda existencial. No se trata simplemente de evitar una lesión, sino de interrumpir o evitar la escalada de un proceso que ha demostrado ser la antesala de las consecuencias letales en cientos de casos en nuestro país. Son, por tanto, el instrumento más poderoso del Estado para cumplir con su deber de garante y materializar la protección del derecho a la vida ante un peligro real, inminente y progresivo. La omisión o aplicación tardía de estas medidas constituye una falla estatal que debe evitarse. El resguardo del derecho a la vida mediante la aplicación de medidas de protección eficaces contribuye directamente a la materialización de los valores supremos del Estado y especialmente consolida sus deberes de garante respecto al derecho a la vida» (el resaltado corresponde al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; alegando que: 1) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal concluido (Caso FELCV: 412/21) seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no realizó el señalamiento de fecha y hora de audiencia de verificación de incumplimiento de las medidas de protección; y, 2) La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de la Guardia del mismo departamento, dentro el proceso penal (Caso FELCV: 82/2023) seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no celebró la audiencia de consideración de incremento de riesgos procesales, donde debía tratarse la revocatoria de las medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023, y la ampliación del plazo de la detención preventiva. Antes de ingresar al análisis del presente caso, concierne aclarar que conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona que considere que su vida está en peligro, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal, por ende, concierne el examen de fondo de la problemática planteada. De acuerdo a los antecedentes del caso que se examina, se tiene que por una parte existe Sentencia condenatoria de 26 de julio de 2021, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, fallo en el que también fueron establecidas sanciones alternativas y otras medidas de seguridad, entre ellas la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la víctima, sea por cualquier medio de manera directa o indirecta y medios electrónicos; por un periodo de dos años, las que en caso de incumplimiento serían revocadas, disponiendo el cumplimiento íntegro de la mencionada Sentencia en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusión II.1). A cuyo efecto fue emitido por una parte mandamiento de condena de igual fecha (Conclusión II.2); y por otra, mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas (Conclusión II.3). La citada Sentencia adquirió ejecutoria conforme Certificado de Ejecutoría de 6 de junio de 2023, de la Secretaria de ese despacho judicial (Conclusión II.4). Es así que a traves de Oficio 1292/2023 de 6 de junio, con suma “HACE CONOCER REGISTRO DE ANTECEDENTES”, con cargo de recepción de 29 del mismo mes y año, a horas 8:26, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal (CASO FELCV-LG: 412/21) seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Canaviri Kilo contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado en el art. 272 bis del CP, dispuso el registro de antecedentes penales emergentes de la Sentencia condenatoria (Conclusión II.5). Dentro el mencionado “CASO FELCV-LG: 412/21”, el 4 de julio de 2023, mediante memorial con suma “ANUNCIA NOTIFICACIÓN Y DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOLICITANDO AUDIENCIA VIRTUAL PARA VERIFICATIVO DE SU INCUMPLIMIENTO”, la impetrante de tutela, hizo conocer que las medidas de protección dispuestas en el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2021, no fueron cumplidas por el sentenciado; pidiendo se deje sin efecto el mandamiento de libertad emitido y procedan con la remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento, entre otros aspectos (Conclusión II.6).

Por otra parte, a través de memorial con suma “INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES” de 22 de junio de 2023, esta vez dentro el proceso penal identificado como “CASO FELCV: 82/2023” seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Canaviri Kilo contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentado al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz; la prenombrada solicitó señalamiento de audiencia pública virtual para considerar el “…INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES POR SUS ACCIONES REITERATIVAS (…) REVOCATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES dispuestas en la Resolución de fecha 15 de junio de 2023 DISPONIENDO LA DETENCION PREVENTIVA…” (Conclusión II.7). De igual forma y en el mismo proceso, la impetrante de tutela pidió la ampliación de la detención preventiva del imputado hasta el 6 de agosto de 2023 (Conclusión II.8). Es así que en dicho proceso por Oficio 117/23 de 5 de julio de 2023, la Jueza a cargo, pidió el traslado de Ramiro Vargas Delgadillo -imputado-, para concurrir a la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, a realizarse el 7 de mes y año señalados, a horas 9:10 (Conclusión II.9). Por memorial con suma “ADJUNTA PRUEBA” de 6 de julio de 2023, la peticionante de tutela solicitó que la audiencia señalada para el 7 de igual mes y año, sea de modalidad mixta; asimismo, puso a conocimiento la existencia de un recurso de apelación y su realización para la citada fecha (Conclusión II.10). Mediante mandamiento de libertad y detención domiciliaria de 6 de julio de 2023, la Jueza de la causa, ordenó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz que, Ramiro Vargas Delgadillo, cumpla detención domiciliaria sin escolta policial (Conclusión II.11). De lo descrito precedentemente, se advierte la existencia de dos procesos penales seguidos por el Ministerio Público a denuncia de la ahora accionante contra Ramiro Vargas Delgadillo, por el ilícito penal de violencia familiar o doméstica, a cuyo efecto, resulta pertinente discriminar lo acontecido en cada uno de ellos, a efectos de establecer si las autoridades judiciales demandadas lesionaron con su accionar el derecho a la vida de Valeriana Canaviri Kilo, en su condición de víctima de violencia. En el caso CASO FELCV-LG: 412/21, sustanciado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, se advierte que Ramiro Vargas Delgadillo fue condenado a dos años de privación de libertad; empero, mediante Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2021 imponiéndole medidas alternativas de seguridad, conforme sale de la parte dispositiva de dicho fallo, las que en caso de incumplimiento daría lugar a su revocatoria, debiendo cumplirse su condena en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin embargo, y no obstante que el 4 de julio de 2023, la impetrante de tutela, hizo conocer que las referidas medidas, no fueron cumplidas por el sentenciado; pidiendo se deje sin efecto el mandamiento de libertad emitido y procedan con la remisión del mandamiento de condena al Director del citado Centro Penitenciario, petitorio que no fue atendido oportunamente por el Juez accionado, quién además de no presentar informe alguno ni comparecer a la audiencia de la acción de libertad, no habría emitido pronunciamiento alguno ante el reclamo y denuncia de Valeriana Canaviri Kilo, elementos éstos que permiten inferir que la autoridad judicial demandada al no asumir las medidas necesarias de protección, en favor de la prenombrada estaría poniendo en riesgo la vida e integridad física de esta. Nótese que, en el marco de la Ley 348 se establece que, en los procedimientos judiciales o administrativos de protección a mujeres en situación de violencia, las acciones además de una debida diligencia, están dirigidas a proteger la vida e integridad física de la víctima hoy accionante; en cambio con el accionar del Juez demandado, la expusieron a mayor peligro frente a su agresor, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada.

Respecto al caso CASO FELCV: 82/2023 seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Canaviri Kilo contra Ramiro Vargas Delgadillo, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de la Guardia del departamento de Santa Cruz; se advierte que el mismo fue iniciado de forma posterior a la Sentencia emitida en el anterior caso, señalando la impetrante de tutela que en su demanda tutelar que debido a las amenazas recibidas por parte de su agresor, solicitó la revocatoria de medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio de 15 de junio de 2023 y se disponga la detención preventiva del imputado; de igual forma y en el mismo proceso, la impetrante de tutela pidió la ampliación de la detención preventiva del imputado hasta el 6 de agosto de ese año; sin embargo, en el referido proceso la Jueza de la causa señaló audiencia para el 7 de julio de 2023, conforme se infiere del Oficio 117/23 de 5 de julio de 2023, por el que la Jueza a cargo, pidió el traslado de Ramiro Vargas Delgadillo -imputado-, para concurrir a la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, a realizarse el 7 de mes y año señalados, a horas 9:10, emitiendo posteriormente mandamiento de libertad y detención domiciliaria de 6 de julio de 2023, ya que la audiencia señalada fue suspendida para el 12 del igual mes y año, según lo señalado por la accionante, no existiendo al respecto ningún otro pronunciamiento de la indicada autoridad judicial, quién tampoco presentó informe ni se hizo presente en la audiencia de acción de libertad, pese a su legal citación, infiriéndose en consecuencia, que tampoco la indicada autoridad judicial tomó las medidas necesarias a fin de precautelar la vida e integridad física de la impetrante de tutela, colocándola en un estado de peligro inminente, razón por la cual corresponde concederse la tutela solicitada.

III.3. Otras consideraciones (aplicación de la debida diligencia en el caso concreto)

Ahora bien, de acuerdo a la normativa en vigencia, en los casos de violencia contra la mujer, que pone en riesgo su vida e integridad física, las autoridades accionadas no cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer. Consecuentemente, es evidente que las autoridades accionadas en ambos casos, no cumplieron con los estándares internacionales e internos para la protección de los derechos humanos, vulnerando los derechos de la víctima de violencia familiar; siendo necesario su reproche constitucional, por transgresión del principio de la debida diligencia. Consiguientemente, en el marco de la Ley 348, corresponde asumir acciones inmediatas en resguardo de la vida e integridad física y psicológica de Valeriana Canaviri Kilo -hoy accionante-, asumiendo en caso extremo que la vida de la prenombrada podría encontrarse en peligro, máxime si ya existen antecedentes penales de esa naturaleza contra el condenado y nuevamente imputado por similar ilícito. Aspectos que, tampoco fueron considerados por la Jueza de garantías en el caso que se examina, apartándose de la jurisprudencia constitucional ampliamente desarrollada por este Tribunal Constitucional Plurinacional, llamándose severamente la atención por este motivo. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR la Resolución de 04/23 de 8 de julio de 2023, cursante de fs. 78 vta. a 81 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Vigésima -Distrito Municipal 9- de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho a la vida; 2° Disponer que los Jueces accionados se pronuncien y actúen con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia y en el marco de las previsiones contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, atendiendo y resolviendo con la celeridad necesaria los reclamos de la impetrante de tutela en los casos y términos descritos en los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si es que no lo hubieran hecho todavía. 3° Se llama severamente la atención a la Jueza de Sentencia Penal Vigésima -Distrito Municipal 9- de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, conforme lo señalado en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Norma aplicable en nuestro ordenamiento jurídico en mérito a que Bolivia se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el 20 de julio de 1979, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Posteriormente, el Congreso Nacional le dio fuerza legal interna a través de la Ley 1430 del 11 de febrero de 1993. Esta ley aprueba y ratifica formalmente la Convención, y además reconoce la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2 Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C 306

3 Fiscalía General del Estado. (enero de 2025). Informe de Gestión 2024: Casos de Feminicidio y Violencia en Razón de Género. Sucre, Bolivia.

4 Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres. (2025). Informe de Monitoreo de Feminicidios en Bolivia - Gestión 2024. Cochabamba, Bolivia. (Este documento se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Fundación Voces Libres).

5 Cfr. Walker, L. E. (1991). La mujer maltratada. Desclée de Brouwer. El "Ciclo de la Violencia" fue teorizado por la Dra. Lenore E. Walker y se compone de tres fases que se repiten y escalan en intensidad: a) Fase de Acumulación de Tensión: Se caracteriza por un incremento gradual de la hostilidad, agresiones verbales, celos, control y actos de violencia física menores. El agresor se muestra irritable y la víctima intenta calmarlo para evitar una agresión mayor. b) Fase de Explosión Violenta (o Agresión Aguda): Es la descarga incontrolable de la tensión acumulada. Se manifiesta a través de la agresión física y/o sexual más severa, representando el momento de mayor peligro para la vida e integridad de la víctima. c) Fase de "Luna de Miel" (o Arrepentimiento y Reconciliación): El agresor muestra arrepentimiento, pide perdón, promete no volver a hacerlo y se comporta de manera cariñosa. Esta fase refuerza el vínculo afectivo y dificulta que la víctima abandone la relación, garantizando la repetición del ciclo.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1568_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): ae1152ce0a57b20c5d2dcae6e28af54d285f29e8127203d78f2768bdca8fd5ad

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