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SCP 1567/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57478-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, por parte de las autoridades demandadas ya que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin justificativo alguno revocó la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral; en tanto, el Juez y la Fiscal de Materia codemandados, remitieron el expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, sin que haya sido notificado con dicho actuado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 64/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1567/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57478-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 64/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adán Zambrana Vaca contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital; y, Verónica Miranda Huanca, Fiscal de Materia del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por oficio manuscrito presentado el 31 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 15 y vta., sin patrocinio de abogado, el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sus derechos fueron conculcados por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital y la Fiscal de Materia ambos del departamento de La Paz, toda vez que, ya que sin ser notificado personalmente su proceso fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal y Violencia contra la Mujer del mismo departamento; por otro lado, la Vocal demandada revocó injustamente su detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Su persona es totalmente inocente del supuesto delito que se le acusó, toda vez que, la denuncia presentada por la madre de su hija fue falsa, solo con el fin que no se lleve adelante su matrimonio, siendo detenido injustamente por la Fiscal de Materia y encarcelado en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, donde se encuentra nuevamente privado de su libertad en aplicación de la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- de la cual las mujeres hacen un abuso y extorsión. En el mencionado Centro Penitenciario, fue víctima de intento de asesinato, donde le causaron varios cortes con arma punzocortante, a tal grado que tuvo que ser evacuado de emergencia al Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, donde el reporte médico indicó lesiones graves en la parte abdominal, todo por culpa de las autoridades demandadas al mandar a un inocente a la cárcel, parcializándose con la supuesta víctima.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la presunción de inocencia, citando al efecto el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó -en audiencia virtual- se conceda la tutela y se ordene su inmediata libertad o se disponga su detención domiciliaria con derecho al trabajo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 27 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola manifestó que: a) Su detención domiciliaria fue revocada sin saber por qué razón, pese a que cumplió con todos los requisitos exigidos por el Juez demandado; por ello, el 14 de julio de 2023, fue detenido por personal de inteligencia de la Policía Boliviana; b) Hoy en día las mujeres están utilizando a nuestras hijas para dar falso testimonio en contra del padre, con el fin de extorsionar y hacerles esta maldad; por otro lado, el 21 de julio de 2023, casi fue asesinado, ya que cuando se encontraba durmiendo, sintió varias puñaladas en el abdomen, motivo por el cuál fue llevado de emergencia al Hospital de Clínicas; y, c) Se le está acusando falsamente de un delito que no cometió, porque jamás podría ingresar al dormitorio de su hija a realizar toques impúdicos, peticionando se disponga su inmediata libertad o detención domiciliaria con derecho al trabajo, porque tiene hijos que mantener.

I.2.2. Informe de los demandados

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 26, solicitó de deniegue la tutela, bajo los siguientes fundamentos: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Cristina Pérez Ramos contra Adán Zambrana Vaca -ahora accionante- por el supuesto delito de abuso sexual, radicó en grado de apelación ante la Sala Penal Segunda, emitiéndose el Auto de Vista 220/2023 de 22 de marzo, que dispuso declarar procedente las cuestiones planteadas por el Ministerio Público, en el fondo revocó la Resolución 746/2022, dictada por el Juez inferior, disponiendo la emisión del mandamiento de detención preventiva, resolución debidamente fundamentada motivada; y, 2) El accionante denunció que su detención domiciliaria sin salida laboral fue injustamente revocada, además de señalar que sería inocente de los hechos que se le investiga y a la fecha se encontraría nuevamente privado de libertad; empero, lo manifestado no está fundamentado de manera correcta, no mencionó que derechos y garantías constitucionales le fueron vulnerados a momento de emitir el Auto de Vista objeto de la presente acción tutelar. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 23 y vta., solicitó de deniegue la tutela, bajo los siguientes fundamentos: i) A través de la Resolución 746/2022 de 8 de diciembre, determinó la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, disponiendo que guarde detención domiciliaria, misma que fue revocada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de apelación incidental, extremo que no es atribuible a su autoridad; y en cumplimiento a lo dispuesto por la citada Sala procedió a emitir nuevamente mandamiento de detención preventiva el 13 de julio de 2023; y, ii) Dentro del proceso penal llegó a su Juzgado el requerimiento conclusivo de acusación formal, motivo por el cual se procedió a sortear la causa a un Juzgado de Sentencia Penal y remitirlo conforme a la normativa vigente. Verónica Miranda Huanca, Fiscal de Materia del departamento de La Paz, en audiencia de garantías virtual manifestó que: a) El accionante no estableció que derechos fueron vulnerados por su autoridad; empero, en la presente causa existe una denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia donde se tiene una víctima menor de edad adolescente de trece años que identificó plenamente a su agresor y el delito que se investiga es abuso sexual, teniendo a la fecha 17 elementos de prueba, seis testigos, acusación formal y será el Juez de Sentencia Penal quien determine a través de una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria la probabilidad de autoría; b) En la etapa preparatoria el Juez de la causa determinó la detención domiciliaria del peticionante de tutela; sin embargo, no habría desvirtuado le referente al trabajo, por ello en audiencia de apelación incidental se demostró el agravió, por lo que, se revocó la medida impuesta, en tal circunstancia se emitió el correspondiente mandamiento de detención preventiva; y, c) El Ministerio Público realizó su actuación conforme manda el procedimiento penal, por lo que no habría lesionado ningún derecho del accionante, solicitando se deniega la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 64/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 31 a 33 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante se refirió en lo fundamental sobre el desempeño del Juez y la Fiscal de Materia demandados y no así sobre el actuar de la Vocal codemandada que emitió el Auto de Vista 220/2023 de 22 de marzo, que dispuso su detención preventiva; 2) Denunció que las autoridades demandadas que intervienen el proceso ordinario se parcializaron o favorecieron a la víctima o a la madre de esta; sin embargo, existen Convenios y Tratados Internacionales que obligan al Estado cuando se trata de víctimas menores de edad o grupos vulnerables, a brindar una protección reforzada, además se debe tomar en cuenta la presunción de verdad establecida en el Código Niña, Niño Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; 3) En lo referente a la remisión del expediente al Juzgado de Sentencia Penal, se tiene del informe del Juez demandado que ante la emisión del requerimiento conclusivo de acusación formal, conforme a procedimiento remitió el caso al Juzgado de Sentencia Penal de turno y es dicha autoridad que recién notificará al accionante para que pueda hacer valer sus derechos; y, 4) Sobre las agresiones sufridas en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, este debe hacer prevalecer sus derechos por cuerda separada, teniendo el Estado la obligación de proteger a las personas privadas de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Resolución 746/2022 de 8 de diciembre, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, -ahora demandado- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Adán Zambrana Vaca -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia resolvió cesar la detención preventiva del imputado, aplicando medidas cautelares personales, entre ellas que guarde detención domiciliaria sin salidas laborales (fs. 7 a 9). II.2. Cursa transcripción del Auto de Vista 220/2023 de 22 de marzo, presentada por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el que determinó la admisibilidad del recurso de apelación, procedente las cuestiones planteadas por el Ministerio Público, en el fondo revocó la Resolución 746/2022, emitido por el Juez a quo, disponiendo se emita el correspondiente mandamiento de detención preventiva (fs. 24 a 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, por parte de las autoridades demandadas ya que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin justificativo alguno revocó la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral; en tanto, el Juez y la Fiscal de Materia codemandados, remitieron el expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, sin que haya sido notificado con dicho actuado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

Respecto a la procedencia de la acción de libertad en el presupuesto de activación por debido proceso, la SCP 0023/2020-S3 de 12 de marzo, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional que desarrolla este tópico de activación procesal constitucional, a partir de la naturaleza y alcance de esta acción de defensa, sostuvo que: «Sobre el particular, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo señaló que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004 R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. (…) …para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas son propias del texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis se puede advertir que el impetrante de tutela denuncia que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin justificativo alguno revocó la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral; en tanto, el Juez y la Fiscal de Materia codemandados, habrían remitido el expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, sin que haya sido notificado con dicho actuado. En el caso concreto como se advierte del informe presentado y la transcripción realizada del Auto de Vista 220/2023, la Vocal demandada resolvió el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público y como querellante Cristina Pérez Ramos, ambos solicitaron la revocatoria de la Resolución 746/2022, pronunciada por el Juez a quo; así se tiene que, la Vocal ahora demandada en su motivación respecto al art. 34.7 del Código de procedimiento Penal (CPP) señaló que: “…se tiene únicamente que la Autoridad Jurisdiccional, habría considerado la suscripción de garantías unilaterales a favor de la madre de la víctima, sin embargo, no habría considerado la declaración de la víctima quien habrá referido que se sentía amenazada, con relación al procesado, y que la misma tendría temor. (…) Que, al respecto este tribunal de alzada a objeto de evaluar el peligro de fuga contenido en el artículo 234 numeral 7, peligro hacia la víctima, ‘Se debe considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la misma, respecto al imputado, tomar en cuenta las características del ilícito’ (…) en el presente caso se investigan ilícito de abuso sexual, cuya probabilidad de autoría se le atribuye al Señor Adan Zambrana Vaca, en ese entendido se debe tomar en cuenta la conducta exteriorizada por este, antes y con posterioridad a la comisión del delito para determinar si dicha conducta puso y pone en riesgo de vulneración a los derechos garantías de la víctima, así como de la parte denunciante; En ese entendido es necesario tomar en cuenta la Resolución primigenia respecto al artículo 234 numeral 7, habiéndose referido que es obligación del Ministerio Público establecer que existe un peligro real y verdadero para la víctima, en referencia a este extremo ha referido que al no haber sido notificado con la misma, vulneraría el derecho a la defensa, aspecto por el cual consideran que establece claramente el artículo 193 inciso 6) de la Ley 548 respecto a la declaración de una víctima menor, la misma tendría presunción de verdad; Consecuentemente se tiene que la víctima es hija de su agresor es decir quien ha inferido las agresiones sexuales presuntamente es su progenitor, que ha sufrido cinco episodios, que al margen de ello habría sido amenazada no solamente la víctima, sino también la madre, por ende se establece la concurrencia del artículo 234 numeral 7, quien merece una doble y reforzada protección conforme lo ha estableció la Sentencia Constitucional Nro. 49/2019…” (sic). Conforme lo expuesto precedentemente, no es evidente que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, haya determinado revocar la detención domiciliaria con la que contaba el accionante sin justificativo alguno; pues como se advierte dicha autoridad al emitir el Auto de Vista 220/2023, realizó la motivación y fundamentación clara y precisa por que seguiría latente el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, al determinar que la declaración de la víctima tiene presunción de veracidad y que la misma habría sufrido amenazas por parte oel imputado ahora accionante, extremos que no consideró el Juez de la causa y que fueron analizados por el Tribunal de alzada para determinar la revocatoria de la detención domiciliaria y disponer la detención preventiva, como se observa dicha disposición cuenta con la debida motivación y fundamentación, por lo que no se vulneró derecho alguno del impetrante de tutela, por consiguiente corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, respecto a la actuación del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, y la Fiscal de Materia -ahora demandados-denunció que habrían remitido el expediente al Juzgado de Sentencia Penal de turno y conforme lo informado por esas autoridades, solo cumplieron con el procedimiento penal vigente, ya que la representante del Ministerio Público conforme sus facultades habría emitido requerimiento conclusivo de acusación formal y puesto a conocimiento del Juez de la causa, quien a su vez, remitió el proceso penal ante el Juzgado de Sentencia Penal de Turno conforme a procedimiento, no observándose de ello que hayan incurrido en lesión a los derecho y garantías del accionante, por lo que, se deniega la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 64/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1567_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): e18044b9a1b511539ad4953f4f86620ef355904d759d0a41c54b05f91ed0c4a8

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