Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a una justicia pronta y oportuna, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, por parte del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, quien suspendió por dos oportunidades la audiencia para resolver su solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar, con el argumento de que el nuevo Fiscal de Materia revise y tenga conocimiento del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14/23 de 3 de junio de 2023, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1566/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57475-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/23 de 3 de junio de 2023, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Cardozo Jemio en representación sin mandato de Julio Cesar Sierra Terrazas contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 2 de junio de 2023, cursante de fs. 1 a 10 vta., el accionante señaló que:
Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Margarita Flores Cáceres, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y asociación delictuosa, el Juez demandado el 11 de febrero de 2023, dispuso su detención preventiva, en lugar distinto donde se tramitó el proceso penal (Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”); posteriormente, el 29 de mayo de similar año, solicitó la revocatoria de la medida cautelar, basado en el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP) “Revocatoria de oficio de medida cautelar”, señalándose audiencia para el 31 del referido mes y año. Ante la ausencia del Fiscal de Materia se suspendió la misma difiriéndose la audiencia para el 2 de junio de igual año; el Juez ahora demandado, bajo el argumento de que el nuevo Fiscal de Materia recién estaba ejerciendo funciones, suspendió nuevamente la audiencia por cuarenta y ocho horas, para el martes 6 de junio de 2023.
Añade, que la decisión de suspender por dos veces la audiencia de solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar, se incumplió lo previsto en el art. 130 del CPP, respecto a los plazos procesales.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a una justicia pronta y oportuna, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado en el plazo de veinte cuatro horas, emita Resolución fundamentada y motivada que resuelva su solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar; se remita antecedentes al Ministerio Público y Consejo de la Magistratura por retardación de justicia e incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 39 a 42, se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola manifestó que: a) El Juez demandado para resolver su solicitud de revocatoria de oficio de la medida cautelar, convocó a audiencia con el concurso de las partes, incumpliendo el procedimiento; siendo ese el fondo de la presente acción de defensa, puesto que la norma en ninguna parte prevé suspensión de cuarenta y ocho horas, cuando se alega que el Fiscal de Materia recién habría tomado conocimiento del caso, esa disposición se aplica en etapa de juicio oral y no en etapa preparatoria; y, b) La facultad legal de revocar de oficio una medida cautelar se encuentra contenida en el art. 250 del CPP, así como en la jurisprudencia constitucional.
Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 23.
Margarita Flores Cáceres, a través de su abogado, en audiencia de garantías virtual manifestó que la primera audiencia fue suspendida porque el Fiscal de Materia dejó de ejercer funciones y la segunda fue suspendida, porque sería inhumanamente imposible que en 10 minutos el nuevo representante del Ministerio Público pueda revisar y conocer el caso, motivo por el cual solicitó la suspensión de la audiencia por un plazo de cuarenta y ocho horas; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/23 de 3 de junio de 2023, cursante de fs. 43 a 44 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Se infiere que al momento de plantear la presente acción de libertad, el supuesto factico ya habría desaparecido, lo que implicó que la supuesta vulneración al derecho a la libertad y al debido proceso ya cesó, cuando la autoridad judicial demandada señaló audiencia de revocatoria de medidas cautelares para el 6 de junio de 2023; y, 2) Ya existió fecha para resolver la situación jurídica del accionante donde se emitirá la resolución respectiva, por lo que, en el caso concurre la pérdida del objeto procesal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Revisado el expediente se observa que no se adjuntó documental alguna que refleje lo aseverado por el accionante; sin embargo, se cuenta con al Acta de audiencia virtual que será analizada a efectos de emitir el fallo respectivo (fs. 39 a 42).
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a una justicia pronta y oportuna, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de locomoción, por parte del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, quien suspendió por dos oportunidades la audiencia para resolver su solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar, con el argumento de que el nuevo Fiscal de Materia revise y tenga conocimiento del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sobre la verificación de existencia de mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos y oportunos para restituir el derecho a la libertad o procesamiento indebido vinculado a esta, señala que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” » (las negrillas son nuestras).
En el caso de estudio, conforme se tiene del Acta de audiencia de garantías, el impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos, por cuanto Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, habría suspendido por dos oportunidades la audiencia para resolver su solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar, con el argumento de que el nuevo Fiscal de Materia pueda revisar y tome conocimiento del proceso penal. En el caso concreto, se advierte que el peticionante de tutela, interpuso un medio inidóneo para modificar o revocar la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por el Juez demandado; pues, la solicitud que el planteó de revocatoria de oficio de medida cautelar, no se encuentra contenida en el Código adjetivo penal como un medio que pueda ser invocado a instancia de parte, sino que constituye una facultad privativa del Juez o Tribunal para aplicarla de oficio, en el caso de estudio, el art. 250 del CPP determina que: “El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es modificable o revocable, aun de oficio”; dicha medida no es aplicable directamente, pues en caso de no estar de acuerdo con la medida cautelar impuesta, debió impugnarla a través del planteamiento del recurso de apelación incidental y no como lo interpreto el abogado defensor del accionante y que de paso fue deferido por el Juez de la causa, realizando una errónea interpretación de la norma, con señalamientos de audiencia indebidos. En ese orden de cosas de acuerdo a la línea jurisprudencial descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el accionante previo a plantear la acción de libertad, tenía los medios idóneos de impugnación previstos en el Código adjetivo penal, que en el caso presente el peticionante de tutela hizo uso de un medio inidóneo y no apeló la medida extrema de detención preventiva haciendo uso del recurso de apelación incidental, conforme establece el art. 251 del CPP; por lo que, al no haber agotado el medio idóneo de impugnación, se deniega la tutela por concurrir el principio de subsidiariedad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14/23 de 3 de junio de 2023, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1566_2025-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 968f48a47c568cad32d9321a1af000eee5fa15438c6bbfeb351195d8d5459280
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