Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad física y a la “seguridad jurídica”, toda vez que: a) El 23 de julio de 2023, los funcionarios policiales demandados ejecutaron la orden de aprehensión emitida en su contra por determinación de la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022; la cual, fue legalizada por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, sin observar que la misma fue dejada sin efecto a consecuencia de la representación efectuada por el Investigador asignado al caso; por lo que, al estar viciada de nulidad su privación de libertad se constituye en ilegal; y, b) Habiendo puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, los referidos actos ilegales e indebidos de su aprehensión, el 22 de julio de 2023, la mencionada autoridad judicial, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, ni resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-217/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 59 a 62 vta., pronunciada por Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia; y, “ROBERTO L. DEL RIO” y Juan Carlos Calle Calle, funcionarios policiales, así como con relación al derecho a la “seguridad jurídica”.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1564/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57450-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-217/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 59 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Eugenia Quispe Condori en representación sin mandato de Guillermo Torrez Suarez contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia; y, “ROBERTO L. DEL RIO” y Juan Carlos Calle Calle, funcionarios policiales.
Por memorial presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 36 a 38 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro de la denuncia penal interpuesta en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante, que se encuentra bajo la dirección funcional del Fiscal de Materia hoy demandado, la entonces autoridad fiscal dictó la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022, la cual fue representada por el Investigador asignado al caso el 19 de diciembre de igual año, sugiriendo la notificación por edicto. El 7 de junio de 2023, el Fiscal de Materia demandado legalizó la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022, pese a existir una representación por el Investigador asignado al caso, siendo ejecutada por los efectivos policiales demandados el 21 de julio de 2023 a horas 11:00; por lo que, denunció que su privación de libertad se constituye en ilegal, al haberse efectuado con base a una resolución y orden de aprehensión que están viciadas de nulidad, además de no haberse puesto a su conocimiento -en el momento de su aprehensión- las razones de su detención, para luego ser remitido al Ministerio Público, instancia en la cual, ante la insistencia de su abogado defensor, recién se le notificó con los mencionados actuados, a horas 11:27. En tal sentido, el 21 de julio de 2023, en horas de la tarde denunció ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la ilegalidad de su aprehensión; es así que, mediante decreto de 22 de igual mes y año, se programó audiencia para la consideración de la aplicación de medidas cautelares a horas 18:00 y de su incidente, la misma que se instaló a horas 21:30, para luego ser suspendida y reprogramada para el 23 del citado mes y año a horas 12:15, debido a que el funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) no se conectó a la plataforma virtual y por ende su persona no compareció ante la autoridad judicial. Finalmente, señaló que la audiencia de 23 de julio de 2023, tampoco pudo ser celebrada debido a que “…el juez de turno ‘NO ES HABIDO’…” (sic); motivo por el que, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, suspendió ese verificativo, sin consignar el día y la hora; por lo que, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no se definió su situación jurídica, ni se consideró la legalidad o ilegalidad de su aprehensión.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad física y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 15.I, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela declarando expresamente la ilegalidad de su aprehensión y ordenando a la autoridad judicial demandada restituya sus derechos vulnerados, disponiendo su libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 55 a 58 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándola refirió que: a) Después de interponer la presente acción de defensa fue notificado con la providencia -no señaló de qué fecha- que programó la audiencia de consideración de la aplicación de medidas cautelares para el 24 de julio de 2023, a horas 10:00; b) El 20 de marzo de igual año, la autoridad fiscal demandada presentó la Resolución de imputación formal en su contra, sin haberle tomado su declaración informativa; y, c) El Juez demandado no cumplió con su obligación de contralor de garantías constitucionales, pues mediante Auto Interlocutorio de 24 de julio del mismo año convalidó las arbitrariedades e ilegalidades suscitadas en la ejecución del mandamiento de aprehensión, fallo con el cual se cumplió con el principio de subsidiariedad.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 46 a 47, señaló que el 22 de julio de 2023, tuvo conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de “…VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE CON AGRAVANTE…” (sic), circunstancia por la cual programó audiencia de aplicación de medidas cautelares para el citado día a horas 18:00, empero, por la carga laboral que existe en su despacho judicial, se instaló a horas 22:00, y ante la falta de conexión a la plataforma virtual por parte de los funcionarios policiales de la FELCV de El Alto que no presentaron al peticionante de tutela, se suspendió y reprogramó para el “…24 DE JULIO DE 2023 A HORAS 10:00…” (sic), actuado procesal en el que luego de resolver el incidente de aprehensión ilegal formulado por el prenombrado, se determinó su detención preventiva; por lo que, solicitó se deniegue la tutela, al no haberse conculcado derecho alguno. Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: 1) Si bien no emitió la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022, empero, al constar el original en el cuaderno de investigaciones, se extendió una fotocopia legalizada; 2) El Investigador asignado al caso informó que el mandamiento de aprehensión, no pudo ser ejecutado debido a que el denunciado no fue encontrado en su domicilio ni en su fuente laboral; 3) Las representaciones efectuadas por los investigadores dentro de una denuncia penal, no dejan sin efecto las resoluciones u órdenes de aprehensión que son pronunciadas por el director funcional de la investigación, ya que, las mismas únicamente pueden ser dejadas sin validez por una autoridad judicial o por la propia autoridad fiscal; 4) En cumplimiento del art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 21 de julio de 2023 a horas 18:08 se puso en conocimiento del Juez de la causa la aprehensión del accionante, es decir, dentro de las veinticuatro horas, quien señaló audiencia para el 22 de igual mes y año a horas 18:00; no obstante, debido a las recargadas funciones, ese verificativo se instaló a horas 21:00, siendo suspendida por la falta de conectividad del imputado, reprogramándose para el 23 del señalado mes y año a medio día, empero dicha audiencia también fue suspendida porque “…hubo un caso fortuito de fuerza mayor que le puede pasar a cualquiera, pero que sin embargo la audiencia ha sido celebrada el día de hoy a horas 10 de la mañana” (sic); y, 5) Desarrollada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el 24 de julio de 2023, a horas 10:00, el Juez de la causa resolvió rechazar el incidente de aprehensión ilegal, interpuesto por el accionante.
En tal sentido, corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo, ya que los hechos denunciados ya fueron de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. “ROBERTO L. DEL RIO” y Juan Carlos Calle Calle, funcionarios policiales, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su legal citación cursante de fs. 40 a 41.
El Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-217/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 59 a 62 vta., concedió en parte la tutela impetrada con relación al Juez de Instrucción Penal Primero del mismo asiento judicial, exhortándole a que no vuelva a incurrir en alguna dilación indebida, en casos similares que sean puestos a su conocimiento; y, denegó respecto a Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia; y, “ROBERTO L. DEL RIO” y Juan Carlos Calle Calle, funcionarios policiales. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El 21 de julio de 2023 se ejecutó la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022 y el correspondiente mandamiento emitido contra el accionante, motivando que, su abogado defensor el mismo día a horas 21:40 presente memorial ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional denunciado dicho extremo; es así que, la indicada autoridad programó audiencia para el 22 del mismo mes y año a horas 18:00; no obstante, fue suspendida y reprogramada para el 23 del mencionado mes y año a horas 12:15, debido a que el encausado no se conectó a la plataforma virtual, estando presentes su abogado defensor, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los abogados de la víctima y el representante del Ministerio Público; ii) Existe una contradicción entre el informe presentado por la autoridad judicial demandada y el acta de suspensión de audiencia de 22 de julio de 2023, pues por una parte se tiene que se informó que suspendió el verificativo para el 24 del mencionado mes y año, a horas 10:00, no obstante, en el acta de suspensión de 22 del referido mes y año, se precisó que se reprogramó para el 23 del señalado mes y año a horas 12:15, pese a ello se evidencia que no se dio cumplimiento al art. 303 del CPP que prevé el plazo de veinticuatro horas para que se resuelva la situación jurídica del aprehendido; iii) Lo expuesto denota que no existe justificativo alguno para que se haya suspendido la audiencia programada para el 23 de julio de 2023, actuado procesal en el que, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, informó que la autoridad judicial “NO FUE HABIDO”, lo cual, constituye una irregularidad y dilación indebida que amerita la concesión de la tutela, habida cuenta que la audiencia debió llevarse a cabo dentro de las veinticuatro horas y si existió algún impedimento o caso fortuito como manifestó la autoridad fiscal debió haberse realizado la justificación correspondiente; y, iv) Las denuncias relativas a la aprehensión ilegal que hubieren sido cometidas por el Fiscal de Materia y los funcionarios policiales demandados fueron, puesto a conocimiento del Juez de la causa, quien resolvió el incidente de aprehensión ilegal, estando pendiente de formulación los recursos de impugnación; por lo que, no se puede ingresar analizar el fondo de la problemática planteada al no haberse cumplido con el principio de subsidiariedad, con relación a dicho extremo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022, la entonces Fiscal de Materia asignada al caso, en previsión del art. 226 del CPP, ordenó la aprehensión de Guillermo Torrez Suarez -ahora accionante- emitiéndose la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por los funcionarios policiales demandados el 21 de julio de 2023 a horas 11:00, para luego ser trasladado a la Fiscalía de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de brindar su declaración informativa (fs. 21 a 23 vta.). II.2. El impetrante de tutela mediante memorial presentado por buzón judicial el 21 de julio de 2023 a horas 21:40, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, denunció la aprehensión ilegal ejecutada por el Fiscal de Materia y los funcionarios policiales demandados (fs. 4 a 7 vta.). Mediante decreto de 22 del citado mes y año se dispuso su traslado a las partes, refiriendo que se consideraría en la audiencia programada (fs. 33). II.3. Por escrito presentado el 22 de julio de 2023, a horas 10:30 -conforme al cargo de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia -ahora demandado-, remitió en calidad de aprehendido al accionante ante el Juez de la causa. Escrito que fue derivado al Juzgado de la citada autoridad judicial, el indicado día a horas 14:30, mereciendo la providencia de igual fecha, por la cual, se fijó audiencia para la consideración de aplicación de medidas cautelares para el mismo día a horas 18:00 (fs. 34 a 35). II.4. Cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 22 de julio de 2023, por el cual, el Juez demandado suspendió el referido actuado procesal debido a que el impetrante de tutela no ingresó a la plataforma virtual, pese haberse dado un plazo prudente para que se conecte; por lo que, determinó reprogramar dicho verificativo para el 23 del referido mes y año a horas 12:15, en razón a que todavía se encontraría dentro del plazo de veinticuatro horas para resolver la situación jurídica del prenombrado, toda vez que, el memorial presentado por el Fiscal de Materia asignado fue enviado por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 22 de julio de 2023 a horas 14:30 (fs. 54 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad física y a la “seguridad jurídica”, toda vez que: a) El 23 de julio de 2023, los funcionarios policiales demandados ejecutaron la orden de aprehensión emitida en su contra por determinación de la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022; la cual, fue legalizada por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, sin observar que la misma fue dejada sin efecto a consecuencia de la representación efectuada por el Investigador asignado al caso; por lo que, al estar viciada de nulidad su privación de libertad se constituye en ilegal; y, b) Habiendo puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, los referidos actos ilegales e indebidos de su aprehensión, el 22 de julio de 2023, la mencionada autoridad judicial, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, ni resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular la SCP 0236/2025-S3 de 10 de abril precisó que “En ese orden, para que proceda esta garantía constitucional, la o el impetrante de tutela, se hallan compelidos en causa propia, a activar previamente a su formulación, los medios ordinarios de defensa eficaces y oportunos existentes para proteger su derecho a la libertad presuntamente vulnerado; exigiendo la subsidiariedad excepcional que la caracteriza que ante la concurrencia de mecanismos intra procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para reparar la lesión cometida, éstos sean utilizados por el agraviado, antes de plantear la acción de libertad, siendo viable la misma, únicamente si no se reparan los derechos afectados pese al agotamiento de dichas vías específicas. Ahora bien, en los supuestos que no sea exigible el agotamiento de vías ordinarias de reclamo (…) pero la parte accionante voluntariamente las activa, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno en virtud al principio de lealtad procesal y de equilibrio, no siendo viable acudir a la justicia constitucional estando abierta la jurisdicción ordinaria para resolver los hechos fácticos denunciados en sede constitucional. En ese sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció en el examen de la problemática que resolvió, que la parte accionante en esa oportunidad: ‘…de manera paralela ha activado esta acción de defensa, lo cual al margen de desnaturalizar la esencia y naturaleza jurídica de esta acción tutelar, como se tiene explicado anteriormente, provocaría un conflicto entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, lo cual neutraliza e impide ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, (…) ha provocado una situación irregular y la dualidad de medios de defensa tendientes al mismo fin, y que en base a su pedido voluntario ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria a cargo del control jurisdiccional de la investigación, -al menos hasta el momento de la interposición de la acción-, es a ella a quien le corresponde dilucidar su situación jurídica, no así al Tribunal Constitucional’” (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: “Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: ‘…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: «El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’». (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)’”. La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado nos pertenece).
El accionante denuncia que: 1) El 23 de julio de 2023, los funcionarios policiales demandados ejecutaron la orden de aprehensión emitida en su contra por determinación de la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022; la cual, fue legalizada por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, sin observar que la misma fue dejada sin efecto a consecuencia de la representación efectuada por el Investigador asignado al caso; por lo que, al estar viciada de nulidad su privación de libertad se constituye en ilegal; y, 2) Habiendo puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, los referidos actos ilegales e indebidos de su aprehensión, el 22 de julio de 2023, la mencionada autoridad judicial, hasta la data de interposición de esta acción de libertad, no celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, ni resolvió su situación jurídica. Actuaciones con las cuales se lesionó sus derechos al debido proceso, a la libertad física y a la “seguridad jurídica”. En ese entendido, a fin de resolver la denuncia relacionada a la presunta aprehensión ilegal efectuada por el Fiscal de Materia y los funcionarios policiales demandados el 23 de julio de 2023, resulta importante considerar el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que la acción de libertad está regida por el principio de subsidiariedad excepcional, en virtud del cual, el peticionante de tutela con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional a través de esta acción de defensa, debe agotar todos los mecanismos de protección idóneos e inmediatos establecidos por la ley; no siendo factible que habiendo activado un mecanismo de defensa en la jurisdicción ordinaria, la parte agraviada sin agotar la misma, acuda también a la jurisdicción constitucional, interponiendo de manera paralela la acción de libertad; en razón a que, ese proceder generaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico. En ese orden de ideas, de los antecedentes del expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, la entonces Fiscal de Materia asignada al caso pronunció Resolución de Aprehensión y orden de aprehensión de 21 de octubre de 2022, que fue ejecutada por los funcionarios policiales demandados el 21 de julio de 2023 a horas 11:00, procediendo a su traslado a la Fiscalía de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de brindar su declaración informativa (Conclusión II.1); ante esa situación, el indicado día, mediante buzón judicial denunció la aprehensión ilegal ejecutada por el Fiscal de Materia y los funcionarios policiales demandados ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.2). Conforme a lo anotado, este Tribunal Constitucional Plurinacional constata la existencia de activación en forma paralela de la jurisdicción constitucional y la ordinaria, con el mismo fin, pues pese haber puesto a conocimiento de la autoridad judicial que se encuentra a cargo del control jurisdiccional las presuntas irregularidades y arbitrariedades que se hubiesen cometido por parte del Fiscal de Materia y los funcionarios policiales demandados al momento de la ejecución de la orden de aprehensión, emitida a consecuencia de la Resolución de Aprehensión de 21 de octubre de 2022, de forma paralela denunció a esta instancia constitucional los mismos hechos lesivos reclamados en la vía ordinaria, desconociendo que no es permisible la activación paralela de dos jurisdicciones con el mismo objeto; es decir, la ordinaria y la constitucional, toda vez que, tal proceder generaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Siendo necesario aclarar que si bien del Informe de 24 de julio de 2023 presentado por el Juez de la causa -que fue confirmado por el abogado defensor del accionante en la audiencia de garantías-, durante la tramitación de esta acción de defensa, se celebró la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares del peticionante de tutela, donde sustanció y resolvió el incidente de aprehensión ilegal que interpuso, siendo rechazado; empero, no se agotó los mecanismos de impugnación previstos en la vía ordinaria, pues, pese a que no consta en actuados si el Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2023 que resolvió el mencionado incidente fue recurrido o no, en el supuesto que haya sido impugnado, el mismo se encontraría pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; y en el caso que no hubiere sido refutado no se habría cumplido con el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, en virtud del cual antes de activarla se debe agotar los recursos previstos en la jurisdicción ordinaria penal; Situaciones -ambas- que impiden a esta instancia constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; correspondiendo denegar la tutela. Ahora bien, con relación a la denuncia relativa a la dilación ilegal e indebida en que hubiere incurrido el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, para resolver su situación jurídica, así como el incidente de aprehensión ilegal que formuló el 21 de julio de 2023, corresponde aclarar que a pesar de haber asumido conocimiento que al momento de desarrollarse la audiencia de garantías de esta acción tutelar, el Juez demandado ya habría celebrado la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que también resolvió el mencionado incidente; por lo que, el objeto de la presente acción de defensa estaría cumplido; no obstante, en consideración de la acción de libertad en su modalidad innovativa y del art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que permite su presentación inclusive cuando el hecho lesivo que se denuncia hubiere cesado con el objeto de determinar la responsabilidad que amerita el caso y evitar que en el futuro se repitan las acciones ilegales denunciadas por los servidores públicos o particulares; no existe impedimento para analizar la problemática denunciada, correspondiendo ingresar al fondo. En ese contexto, a fin de resolver la problemática consistente en la dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante y el incidente de aprehensión ilegal, es necesario considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relacionado a la obligación que tiene toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre implicado el derecho a la libertad física de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues caso contrario, provocaría una restricción indebida del mencionado derecho. En ese mérito, de las actuaciones desarrolladas por la autoridad judicial demandada, este Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia que una vez ejecutado la orden de aprehensión de 21 de octubre de 2022 contra el impetrante de tutela, el 21 de julio de 2023 a horas 11:00, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, mediante escrito presentado el 22 de julio de 2023, a horas 10:30, remitió en calidad de aprehendido al accionante ante el Juez de la causa, quien por providencia de igual data, programó audiencia para la consideración de aplicación de medidas cautelares para el referido día a horas 18:00 (Conclusión II.3), evidenciando que si bien inicialmente se señaló audiencia dentro de las veinticuatro horas dispuestas por la norma procesal penal; no obstante, luego de ser postergada para horas 21:11, a consecuencia de las recargadas labores desarrolladas en ese despacho judicial; tuvo que ser suspendida, por cuanto del informe prestado por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante no se encontraba conectado a la plataforma virtual, estando detenido en celdas policiales de la FELCV de El Alto. Ante esa situación, la aludida autoridad judicial, luego de esperar un tiempo oportuno en el que se procuró conseguir la participación del encausado, decidió suspender dicho verificativo y reprogramarlo para el día siguiente 23 de julio a horas 12:15 (Conclusión II.4); al considerar encontrarse dentro del plazo de veinticuatro horas desde la recepción -en su Juzgado-. Empero, conforme denunció el accionante, dicho verificado tampoco pudo ser instalado en razón a que el Juez demandado no se conectó a la plataforma virtual, habiendo informado la servidora de apoyo jurisdiccional, que “…el juez de turno ‘NO ES HABIDO’…” (sic), extremo que fue confirmado por la autoridad fiscal demandada, en su informe oral expuesto en la audiencia de garantías al expresar que la mencionada audiencia no se desarrolló porque “…hubo un caso fortuito de fuerza mayor que le puede pasar a cualquiera, pero que sin embargo la audiencia ha sido celebrada el día de hoy [24 de julio de 2023] a horas 10 de la mañana” (sic). Con base en lo expuesto, se concluye que el Juez demandado no cumplió con el plazo previsto en el art. 226 del CPP que instituye: “La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios” (negrillas añadidas); toda vez que, habiendo sido remitido el accionante a su disposición el 22 de julio de 2023, a horas 10:30 -conforme el cargo de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- del informe presentado por la propia autoridad judicial, se tiene que recién celebró la audiencia de consideración de aplicación de medidas cuartelares el “…24 DE JULIO DE 2023 A HORAS 10:00…” (sic [negrillas añadidas]) actuado procesal en el que luego de resolver el incidente de aprehensión ilegal formulado por el prenombrado se determinó la detención preventiva del peticionante de tutela; coligiéndose de ello que, la mencionada autoridad judicial superó el término máximo de veinticuatro horas para la definición de la situación jurídica, en casos de remisión de la persona aprehendida ante autoridad judicial, lo cual, lesionó sus derechos a la libertad y al debido proceso, habida cuenta que se evidencia una dilación indebida e injustificada de veintitrés horas con treinta minutos; motivo por el que, atinge conceder la tutela en su modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad como se expresó, es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Finalmente, con relación al derecho a la “seguridad jurídica”, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno al no encontrarse dentro de los presupuestos de tutela que atingen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución V-217/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 59 a 62 vta., pronunciada por Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia; y, “ROBERTO L. DEL RIO” y Juan Carlos Calle Calle, funcionarios policiales, así como con relación al derecho a la “seguridad jurídica”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1564_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
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