B.IA.LEGAL

SCP 1562/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57412-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa y a la vida e integridad física; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya contra Martín Cecilio Condori Chambi, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la ex Secretaria y el actual Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, propiciaron la libertad ilegal del agresor, al emitir un mandamiento de libertad sin contar con la resolución de procedimiento abreviado, ni con la que otorgaba sanciones alternativas, basándose en un decreto judicial anterior a esa audiencia. Asimismo, le impidieron el ejercicio del derecho a impugnar como víctima al no adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, ni le notificaron con ninguno de esos actuados generándole una situación de alto riesgo -acoso, persecución, amenazas de muerte por parte del imputado-, contraviniendo el deber del Estado de diligencia reforzada para garantizar la seguridad y protección de las mujeres víctimas de violencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución AL-26/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, bajo los mismos términos que la precitada Jueza de garantías respecto a la ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, disponiendo que el actual Secretario de ese mismo Juzgado, coadyuve en la reposición de los documentos extrañados y se pongan en conocimiento de la accionante Alicia Acarapi Chambilla, conforme a ley. 2º Se exhorta a la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, a revisar que las resoluciones de acciones de defensa estén completas, antes de su envío en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico.
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1562/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57412-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-26/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alicia Acarapi Chambilla contra Jharmila Yara Zotez Lara y Edson José Beltrán Mamani, ex y actual Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 52 a 56, la accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue víctima de hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de su ex concubino Martín Cecilio Condori Chambi, quien de forma sistemática y permanente generó actos violentos que le dejaron secuelas psicológicas y emocionales. Denunciados que fueron éstos ante el Ministerio Público, se dio inicio a las investigaciones el 27 de diciembre de 2021; posteriormente, el 4 de mayo de 2022 se emitió Resolución de Imputación Formal contra el prenombrado, a quien mediante Resolución 430/2022 de 5 de mayo, se le impuso la medida de detención preventiva a cumplirse en la Carceleta Prov. Patacamaya. Mediante Resolución 878/2022 de 31 de agosto, se amplió la detención por dos meses, hasta el 31 de octubre de 2022. El 3 de noviembre de ese año, el Ministerio Público emitió Resolución de procedimiento abreviado, y mediante providencia de 24 de igual mes y año, se señaló audiencia de procedimiento abreviado para el 28 del indicado mes y año; sin embargo, el 4 de ese mes y año -casi 20 días antes de la audiencia-, Martín Cecilio Condori Chambi presentó memorial solicitando se emita mandamiento de libertad. Extrañamente, mediante decreto de 5 de noviembre de 2022, el Juez del proceso dispuso que por Secretaría se emita el mandamiento correspondiente. Desde entonces, a la fecha, ha resultado casi imposible dar seguimiento al proceso. Esto se debe a la ausencia en el expediente de documentos clave: La resolución de sentencia del procedimiento abreviado, la resolución que otorga las sanciones alternativas y el mandamiento de la libertad; sin embargo, su agresor, de quien durante el proceso se acreditó que tiene doble identidad y nacionalidad, existiendo alta probabilidad de riesgo de fuga, se encuentra en libertad pura y simple, burlando la acción de la justicia porque las autoridades ahora demandadas no adjuntaron al cuaderno de control jurisdiccional los documentos mencionados, y menos se le notificó con dichas resoluciones a efectos de hacer uso de su derecho a recurrir y/o impugnar. Lo más grave es que, a la fecha, su agresor en libertad la persigue y acosa; toda vez que, recibe llamadas telefónicas de cabinas con amenazas de muerte, es seguida en el trayecto de regreso a su domicilio desde el trabajo y es contactada indirectamente a través de terceras personas. Situación que le genera inestabilidad emocional y psicológica; puesto que, conforme a la pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), fue diagnosticada durante el proceso con: Daño psicológico producto del hecho denunciado, dolor emocional por haber sido agredida, humillada y abusada sexualmente, depresión grave y trastorno de estrés postraumático. Las obligaciones propias de los secretarios de juzgado, ahora demandados, están descritas en la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, obligaciones que no dieron cumplimiento, lo que desenlaza en que como víctima continúe siendo hostigada por su agresor al no contar con ningún tipo de resolución que justifique la cesación de su detención preventiva. En los hechos y ante la realidad jurídica, el agresor Martin Cecilio Condori Chambi se encuentra ilegalmente libre a raíz del actuar de los secretarios del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz. Con relación a la legitimación pasiva de las autoridades demandadas, la SCP “0052/2021-S3”, establece que los funcionarios judiciales de apoyo cuentan con la misma en una acción de libertad, cuando su actuar genera vulneración de derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa y a la vida e integridad física; citando al efecto los arts. 15.II y III y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga: a) Que en el día se adjunten al cuaderno de control jurisdiccional, todas las resoluciones faltantes (resolución de procedimiento abreviado, resolución de sanciones alternativas, mandamiento de libertad del ciudadano Martin Cecilio Condori Chambi y demás actuados procesales faltantes); b) Se le notifique con dichas resoluciones, a efectos de poder ejercer su derecho a recurrir; c) La inmediata verificación del cumplimiento de las medidas de protección, ya sea por parte de la autoridad judicial o fiscal; y, d) El respectivo procesamiento penal y/o administrativo de los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 75 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia de garantías, ratificó íntegramente los fundamentos de su demanda de acción de libertad, añadiendo que: 1) Su concubino fue detenido preventivamente por Resolución 430/2022; es así que, el Ministerio Público emitió Resolución de procedimiento abreviado y la audiencia fue señalada para el 24 de noviembre de 2022; 2) El 4 de igual mes año (casi 20 días antes de la audiencia de procedimiento abreviado), el imputado, Martín Cecilio Condori Chambi, solicitó mandamiento de libertad, y el Juez, junto con la Secretaria ahora demandada, Jharmila Yara Zotez Lara, dio curso a la solicitud y emitió el mandamiento correspondiente; 3) A partir del 3 de referido mes y año, el imputado en libertad comenzó a hostigarla; 4) Se acredita que se encuentra en situación de riesgo y peligro para su vida mediante una pericia del IITCUP; 5) Se denuncia la omisión de los funcionarios demandados del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, debido a que desde noviembre de 2022 “hasta la fecha”, no existe en el cuaderno la resolución que otorgó la libertad, el mandamiento de libertad, la resolución de sentencia del procedimiento abreviado (si se hubiera llevado) o una resolución de sanciones alternativas; esta omisión genera que la vida de la víctima esté en peligro al no existir control jurisdiccional sobre el imputado; 6) Se justifica la activación de la acción de libertad porque su vida e integridad física se encuentran en peligro por las omisiones de los operadores de justicia; 7) Cumpliendo con el principio de subsidiariedad, se presentó un memorial ante la autoridad judicial el 19 de junio de 2023. El Juez dispuso notificación con la sentencia y puso el cuaderno en orden; pero “a la fecha”, el cuaderno sigue sin estar ordenado, manteniendo el riesgo para la víctima; 8) El art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece las obligaciones de las secretarias de juzgado, como emitir mandamientos -lo que ocurrió con el mandamiento de libertad- y labrar actas; la falta de diligencia de la secretaria y otros funcionarios genera la vulnerabilidad de la víctima y contradice el art. 15 de la CPE; 9) La SCP 0052/2021-“S3” -lo correcto es S2 de 19 de abril-, establece que las autoridades tienen legitimación pasiva para la acción de libertad cuando se vulneran derechos fundamentales por la omisión de sus funciones propias; por lo que, existe la misma en ambos demandados.

I.2.2. Informe de los demandados

Jharmila Yara Zotez Lara, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni asistió a audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 57. Edson José Beltrán Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: i) El abogado de la accionante hace referencia a que se habría agotado la instancia de subsidiariedad, lo cual considera extraño; toda vez que, remitió a la autoridad el cuaderno de control jurisdiccional en “Fs. 98” el “presente día” a las 15:07; ii) Si bien se menciona una audiencia de procedimiento abreviado, de la revisión del Libro de Resoluciones, existe la Resolución 1112/2022 de 3 de noviembre; iii) El procedimiento abreviado se llevó a cabo en la semana de descongestionamiento; empero, desconocía del proceso, ya que fue posesionado recién el 18 de mayo de 2023; iv) La accionante refiere la falta de resoluciones de procedimiento abreviado, sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, y de la revisión del cuaderno es evidente la falta de esas piezas; v) Intentó comunicarse con el Juez titular, René Eduardo Foronda Escobar, quien refirió que las piezas se encontrarían en los archivos, pero una revisión exhaustiva no permitió encontrarlas; vi) Existe un memorial de Martín Cecilio Condori Chambi, solicitando el mandamiento de libertad el 4 de noviembre de 2022, pero no se evidencia en el Juzgado que se haya recibido dicho mandamiento ni de la Carceleta Prov. Patacamaya ni por la Gestora de Procesos; vii) Fue posesionado recientemente, tiene mucha carga procesal, no cuenta con un auxiliar titular, y el Juzgado está con un Juez suplente; por otra parte, desconoce el número de teléfono de la anterior funcionaria; viii) De la revisión del cuaderno de resoluciones, se tiene que sí existiría la Resolución 1112/2023; ix) Solicita que se rechace la acción de libertad; toda vez que, la parte accionante no habría agotado los actuados pertinentes para acudir a la vía constitucional; x) Pone en conocimiento la presentación de un memorial el 16 de junio de 2023, con providencia de 19 de igual mes y año, donde se reclama que el cuaderno de control jurisdiccional fue extraviado y se solicita el franqueo de fotocopias y la notificación con la sentencia; xi) No tuvo conocimiento de la audiencia de noviembre de 2022, y no se pudo generar la notificación correspondiente, porque no se encontró la resolución en el Libro de Tomás de Razón; y, xii) Solicitó denegar la tutela y pidió un tiempo prudencial para revisar los audios correspondientes, ya que la audiencia se llevó a cabo en la semana de descongestionamiento y no se le hizo entrega de los inventarios de activos fijos ni de la grabadora del Juzgado por parte de los funcionarios anteriores.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución AL-26/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 76 a 79 vta., denegó la tutela respecto a Edson José Beltrán Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz y la concedió con relación a Jharmila Yara Zotez Lara, ex Secretaria del referido Juzgado, disponiendo que se oficie al Consejo de la Magistratura, a efecto de que se conmine a la indicada ex funcionaria, a adjuntar en el plazo de veinticuatro horas la Resolución 1112/2022 de 3 de noviembre (Sentencia de Procedimiento Abreviado), mandamiento de libertad, acta de audiencia de “…03 de noviembre de 2023…” (sic) y demás actuados procesales solicitados por la parte impetrante de tutela dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Alicia Acarapi Chambilla -accionante- contra Martín Cecilio Condori Chambi (extraído del Oficio CITE OF: 511/2023 de 25 de julio, al Consejo de la Magistratura). Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la prueba acompañada tanto por la parte demandada, se tiene que en el proceso penal seguido contra Martín Cecilio Condori Chambi, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Resolución 430/2022 de 5 de mayo, se dispuso su detención preventiva en el Carceleta Prov. Patacamaya de La Paz por dos meses, manteniéndose el mismo por dos meses más mediante Resolución 878/2022 de 31 de agosto; b) El Ministerio Público a través de memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, formuló procedimiento abreviado a favor del imputado Martín Cecilio Condori Chambi con una pena de tres años por el delito acusado, previsto en el art. 272 bis. del Código Penal (CP), el que mediante decreto de 24 de igual mes y año, fue señalado para el 28 de mismo mes y año; es decir, para las Jornadas de Descongestionamiento al Sistema Penal; empero, de lo señalado por el prenombrado en su memorial de 4 de idéntico mes y año, lo dispuesto por decreto de 5 de ese mes y año, así como por los registros encontrados de la causa en el Libro de Audiencias y en el Libro de Resoluciones, cursa la “Resolución No.1112/2022, 3 de noviembre de 2022, Condori Chambi Cecilio, procedimiento abreviado” (sic); siendo evidente que el procedimiento abreviado formulado por el Ministerio Público a favor del imputado Martín Cecilio Condori Chambi, fue resuelto por la autoridad jurisdiccional mediante Resolución 1112/2022, así como la aplicación de sanciones alternativas, y ante ello, mediante decreto de 5 de noviembre de 2022, se dispuso que por Secretaría se emita mandamiento de libertad a favor del citado imputado, resolución que según el art. 123 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, debió ser transcrita y arrimada al cuaderno de control jurisdiccional, dentro del plazo de veinticuatro horas de su pronunciamiento al igual que el mandamiento de libertad; y, c) La ex Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, al no haber arrimado estos actuados “hasta la fecha”, incumplió con el deber de la debida diligencia al cual estaba obligada, contradiciendo así la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado Boliviano, que hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos, toda vez que las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Alicia Acarapi Chambilla -hoy accionante- contra Martín Cecilio Condori Chambi, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; a través de Auto Interlocutorio 430/2022 de 5 de mayo, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz dispuso la detención preventiva del prenombrado en la Carceleta Prov. Patacamaya de La Paz por el tiempo de dos meses, señalando audiencia para considerar su situación jurídica, el 5 de julio de 2022 a horas 9:00, formulando el imputado recurso de apelación incidental (fs. 61 a 63). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 878/2022 de 31 de agosto, el precitado Juez, decidió mantener la medida extrema contra el imputado por el plazo de dos meses, señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 31 de octubre de igual año a horas 9:00 (fs. 64 a 65). II.3. Cursa Acuerdo Voluntario de aceptación de procedimiento abreviado de 31 de octubre de 2022, suscrito por Martín Cecilio Condori Chambi, renunciando al juicio oral público y contradictorio y declarándose culpable de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 68 y vta.). II.4. El 3 de noviembre de 2022, la Fiscal de Materia formuló procedimiento abreviado en favor del imputado mediante Resolución de Procedimiento Abreviado EAL/GAQ/RPA 04/2025 (fs. 19 a 24). Mereciendo decreto de 24 de igual mes y año, por el que se señaló audiencia de consideración de procedimiento abreviado para el 28 de ese mes y año (fs. 25). II.5. A través de escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, Martín Cecilio Condori Chambi solicitó que en el día se expida mandamiento de libertad “Habiéndose emitido el día de ayer Sentencia condenatoria por el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA misma que esta parte como la autoridad Fiscal ha renunciado a los plazos a efectos del Art. 407 adjetivo Penal, así mismo se emitido Resolución de SANCIONES ALTERNATIVAS, en previsión al Art. 76 de la ley 348…” (sic). Así, por decreto de 5 de noviembre de 2022, el Juez de la causa dispuso que por Secretaría se emita el mandamiento correspondiente (fs. 70 y vta.). II.6. De la fotocopia del cuaderno de audiencias, del rol correspondiente al “JUEVES 03 DE NOVIEMBRE” (sic), se extrae que a horas 14:30 estaba prevista la audiencia de “situación jurídica” de “Condori Cecilio”. Por otro lado, del cuaderno de tomas de razón, se tiene asignado el número de “1112/” de 3 de noviembre de 2022, para la Resolución de “Procedimiento Abreviado” correspondiente a “Condori Chambi Cecilio” (fs. 59 a 60). II.7. Por memorial presentado el 16 de junio de 2023, la hoy impetrante de tutela solicitó se ponga a la vista el cuaderno de control jurisdiccional y se le notifique con la Sentencia condenatoria; alegando, además, que tampoco se le hizo conocer las razones legales por las que cesó la detención preventiva del imputado, razón por la que acudió al Juzgado a pedir las copias del cuaderno “…SIN QUE A LA FECHA PUEDAN ENCONTRAR DICHO CUADERNO” (sic). Mereciendo decreto de 19 de ese mes y año, que señaló “Se extraña lo manifestado puesto que el cuaderno se encuentra a la vista…” (sic), ordenando se franqueen las copias por secretaría y su notificación con la Sentencia por la oficina Gestora de Procesos (fs. 48 a 49).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la defensa y a la vida e integridad física; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya contra Martín Cecilio Condori Chambi, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la ex Secretaria y el actual Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, propiciaron la libertad ilegal del agresor, al emitir un mandamiento de libertad sin contar con la resolución de procedimiento abreviado, ni con la que otorgaba sanciones alternativas, basándose en un decreto judicial anterior a esa audiencia. Asimismo, le impidieron el ejercicio del derecho a impugnar como víctima al no adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, ni le notificaron con ninguno de esos actuados generándole una situación de alto riesgo -acoso, persecución, amenazas de muerte por parte del imputado-, contraviniendo el deber del Estado de diligencia reforzada para garantizar la seguridad y protección de las mujeres víctimas de violencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo consideró el siguiente razonamiento: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debe proteger, para impedir que en su contra se consuma el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género. (…) …es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

(…) ...el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por fin, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y medidas humanas suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las prácticas, procedimientos y decisiones tradicionales, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. (…) De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

(…) En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debaten hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; Pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellas, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: «…la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas,…”» (las negrillas son nuestras).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

De la presente acción de defensa se puede entender que el problema jurídico constitucional se centra en la vulneración de los derechos de la víctima de violencia -hoy accionante-, a causa de la omisión y actuación irregular de los Secretarios de Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que causaron la libertad ilegal del agresor, Martín Cecilio Condori Chambi, al emitir un mandamiento de libertad sin contar con la resolución de sentencia o la que otorgaba sanciones alternativas, y basándose en un decreto judicial anterior a la audiencia para considerar el procedimiento abreviado solicitado por la Fiscal de Materia. Asimismo, coartaron el ejercicio del derecho a recurrir y/o impugnar de la víctima al no adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional ni notificarle con la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, generándole una situación de alto riesgo, contraviniendo el deber del Estado de diligencia reforzada para garantizar la seguridad y protección de las mujeres víctimas de violencia. Ahora bien, de los antecedentes venidos en revisión, consta que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Alicia Acarapi Chambilla -hoy accionante- contra Martín Cecilio Condori Chambi, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 3 de noviembre de 2022, la Fiscal de Materia formuló procedimiento abreviado en favor del imputado mediante Resolución de Procedimiento Abreviado EAL/GAQ/RPA 04/2025. Mereciendo decreto de 24 de igual mes y año, por el que se señaló audiencia de consideración de procedimiento abreviado para el 28 de ese mes y año (Conclusión II.4). No obstante de ese señalamiento, a través de escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, Martín Cecilio Condori Chambi solicitó que en el día se expida mandamiento de libertad “Habiéndose emitido el día de ayer Sentencia condenatoria por el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA misma que esta parte como la autoridad Fiscal ha renunciado a los plazos a efectos del Art. 407 adjetivo Peal, así mismo se emitido Resolución de SANCIONES ALTERNATIVAS en previsión del Art. 76 de la ley 348…” (sic). Así, por decreto de 5 de noviembre de 2022, el Juez de la causa dispuso que por Secretaría se emita el mandamiento correspondiente (Conclusión II.5). Por otra parte, se puede evidenciar de la fotocopia del cuaderno de audiencias, del rol correspondiente al “JUEVES 03 DE NOVIEMBRE” (sic), se extrae que a horas 14:30 estaba prevista la audiencia de “situación jurídica” de “Condori Cecilio”. Por otro lado, del cuaderno de tomas de razón, se tiene asignado el número de “1112/” de 3 de noviembre de 2022, para la Resolución de “Procedimiento Abreviado” correspondiente a “Condori Chambi Cecilio” (Conclusión II.6).

También es posible establecer que la impetrante de tutela, por memorial presentado el 16 de junio de 2023, solicitó se ponga a la vista el cuaderno de control jurisdiccional y se le notifique con la Sentencia condenatoria, alegando, además, que tampoco se le hizo conocer las razones legales por las que cesó la detención preventiva del imputado, razón por la que acudió al Juzgado a pedir las copias del cuaderno “…SIN QUE A LA FECHA PUEDAN ENCONTRAR DICHO CUADERNO” (sic). Mereciendo decreto de 19 de ese mes y año, que señaló “Se extraña lo manifestado puesto que el cuaderno se encuentra a la vista…” (sic), ordenando se franqueen las copias por Secretaría y su notificación con la Sentencia por la oficina Gestora de Procesos (Conclusión II.7). Finalmente es menester considerar el informe de Edson José Beltrán Mamani, actual Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que en audiencia de garantías señaló que de la revisión del Libro de Resoluciones, existe la Resolución 1112/2022 de 3 de noviembre; además de ser evidente lo referido por la accionante en cuanto a la falta de resoluciones de procedimiento abreviado, sanciones alternativas y el mandamiento de libertad. En esa línea de análisis, en atención a los antecedentes expuestos, corresponde considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debaten hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso. En el caso presente, se debe considerar que la peticionate de tutela es la víctima en el proceso penal del cual emerge la acción de defensa. En esa perspectiva se debe considerar que a partir del Fundamento Jurídico citado, la acción de libertad evoluciona de ser un instrumento casi exclusivo del imputado, a ser una vía para la víctima, especialmente de violencia, cuando la omisión o la decisión ilegal de una autoridad genera una amenaza real o vulneración a su derecho a la vida y/o integridad personal, obligando a los jueces o tribunales de garantías a revisar la denuncia de lesión de derechos de la accionante (víctima) bajo un enfoque de protección reforzada y perspectiva de género.

Entonces, bajo la premisa que sí es posible analizar la denuncia de lesión de derechos de la víctima de un delito penal a través de la acción de libertad, superando la concepción tradicional de esta acción como un mecanismo exclusivo para proteger al imputado privado de libertad, en virtud al deber de la justicia constitucional de garantizar la protección reforzada de los derechos de las víctimas, especialmente en casos de violencia de género, es menester señalar que, en el caso concreto, la peticionante de tutela reclama la lesión de sus derechos por cuanto dentro del proceso penal llevado adelante a instancia suya contra su agresor tanto la ex Secretaria del Juzgado donde se llevó adelante el proceso como el actual funcionario de apoyo, omitieron notificarla con la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad que se habrían emitido y menos fueron adjuntados dichos documentos al cuaderno de control jurisdiccional a objeto que pueda asumir defensa contra esas decisiones; máxime, al ser la parte víctima del delito acusado que le produjo severas secuelas psicológicas. Bajo esa tesitura, es posible acoger la denuncia de lesión de su derecho al debido proceso; toda vez que, al no habérsele comunicado o notificado a la impetrante de tutela con la Sentencia de Procedimiento Abreviado y la Resolución de Sanciones Alternativas, se promovió un absoluto estado de indefensión, quitándole a ésta la oportunidad de impugnar los presuntos actos lesivos dentro del proceso penal, en el cual se constituyó como víctima denunciante; con el añadido que dichos actuados no fueron anexados al cuaderno de control jurisdiccional como expresamente reconoce el actual Secretario del Juzgado; y peor aún , sin constancia de dichos documentos se ordenó la emisión de un mandamiento de libertad a favor del imputado, quien estaría nuevamente acosando y ejerciendo violencia sobre la hoy accionante, derivando ello en la lesión de sus derechos a la vida e integridad física, en el entendido que la prenombrada, que ya tiene un trastorno de estrés postraumático certificado, señala que recibe amenazas contra su vida e integridad física. En ese marco, si bien como ya se dijo en este caso no se trata de la libertad de la accionante, sino más bien de restablecer sus derechos por cuanto existe una evidente dilación en cuanto a los trámites judiciales, respecto a añadir y notificar con las resoluciones omitidas a la víctima, situación que se subsume en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la cual permite activar este mecanismo no sólo para reparar lesiones al derecho a la libertad en su sentido estricto, sino también para tutelar el derecho a la vida e integridad física de la víctima, garantizando un pronto y efectivo restablecimiento de los derechos vulnerados y la cesación del riesgo generado por la omisión e ilegalidad de los Secretarios demandados, ordenando que de manera inmediata se adjunten los documentos faltantes y se proceda a la notificación de la accionante con la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, a efectos que pueda ejercer su derecho a la defensa e impugnación contra dichos actuados procesales. Consiguientemente, en mérito a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, tomando en cuenta que entre las obligaciones de los Secretarios de Juzgado establecidas en el art. 94 de la LOJ, se encuentran las de “…4. Labrar las actas de audiencias y otros; 5. Franquear testimonios, certificados, copias y fotocopias legalizadas que hubieran solicitado las partes; (…) 8. Custodiar, conjuntamente las servidoras y servidores del juzgado y bajo responsabilidad, los expedientes y archivos de la oficina judicial; 9. Formar inventario de los procesos, libros y documentos de las respectivas oficinas y entregarlos a la persona que lo sustituya en el cargo; (…) 11. Llevar y supervisar el registro de la información contenida en los libros y otros registros computarizados; 12. Supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial;(…); y 17. Otras establecidas por ley”; es menester señalar que, si bien los secretarios son funcionarios de apoyo y no la autoridad jurisdiccional que dicta las resoluciones de fondo, la acción de libertad está diseñada para ser un mecanismo de protección amplio contra cualquier persona o autoridad que, por acción u omisión, restrinja o amenace los derechos fundamentales (vida, libertad, debido proceso vinculado a la libertad, etc.). Ahora bien, como un elemento importante, se debe señalar que, si bien el actual Secretario del Juzgado, en su informe en audiencia de garantías refirió que el procedimiento abreviado se llevó a cabo en la semana de descongestionamiento; empero, desconocía del proceso ya que fue posesionado recién el 18 de mayo de 2023; se debe tener presente que el 16 de junio de 2023, la accionante presentó memorial solicitando que se ponga a la vista el cuaderno de control jurisdiccional y se le notifique con la Sentencia condenatoria para el imputado, que fue decretado el 19 de ese mes y año, ordenando se franqueen las copias y su notificación por la Gestora; a ello se debe añadir, que esta acción de defensa fue presentada el 24 de julio del mismo año; es decir, que el actual funcionario tuvo un mes para regularizar esa situación, sin que conste algún informe u otro documento de las acciones tomadas al respecto de lo solicitado y ahora denunciado; por lo que, no se lo puede eximir de responsabilidad en este caso. Entonces, ambos Secretarios demandados, al no adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional ni notificar a la víctima con la resolución de procedimiento abreviado, la resolución de sanciones alternativas y el mandamiento de libertad, impidieron de hecho y de derecho su capacidad de impugnar la sentencia o la propia emisión del mandamiento de libertad; es decir que, los demandados al materializar la libertad del agresor sin que exista la Resolución en el cuaderno de control jurisdiccional y obstaculizar la impugnación al no adjuntar los documentos ya mencionados al referido cuaderno, vulneraron el derecho a la libertad de la víctima, en su componente de seguridad y protección; y del debido proceso en su elemento del derecho a la impugnación, habilitando plenamente su legitimación pasiva. Este caso se agrava al tratarse de un delito de violencia hacia las mujeres, lo que activa el deber de diligencia reforzada del Estado de garantizar la seguridad y protección de la víctima; toda vez que, el actuar de los Secretarios provocó que el agresor obtuviera una libertad ilegal, lo que inmediatamente generó una situación de alto riesgo para la víctima (acoso, persecución, amenazas de muerte); cuando es esencial considerar que el derecho a la vida e integridad física, en el contexto de violencia de género, incluye el derecho a vivir sin miedo y a ser protegido eficazmente por el Estado. Consiguientemente, corresponde conceder la tutela respecto a ambos funcionarios, ex Secretaria y el actual Secretario del Juzgado; por cuanto, sus acciones y omisiones constituyeron la causa material y eficiente que consumó la amenaza inminente a la vida, seguridad y libertad personal de la víctima, contraviniendo el deber de protección reforzada a las víctimas de violencia.

III.5. Otras consideraciones

De la revisión de los actuados venidos en revisión, se detectó la falta de una parte de la Resolución AL-26/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alicia Acarapi Chambilla; toda vez que, la parte dispositiva se encuentra incompleta y se tiene una plana que repite a la anterior, faltando parte del fundamento del análisis del caso concreto, aspecto que merece una exhortación a la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, con la intención que en futuras actuaciones, no cometa el mismo error y observe con cuidado la determinación que está firmando y elevando en revisión a este Tribunal. Es importante remarcar que tanto los jueces y tribunales de garantías como las Salas Constitucionales tienen el deber ineludible de revisar exhaustivamente las resoluciones que emiten en acciones de defensa antes de proceder a su firma y posterior envío en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta obligación no se limita a la verificación formal, sino que implica una revisión material y contextual de los hechos, el derecho invocado y los fundamentos jurídicos, así como una constatación que la resolución ha sido correctamente redactada y también notificada a todas las partes intervinientes. La observancia rigurosa de este deber resulta ser un elemento crucial e indispensable para la correcta tramitación de la causa, ya que garantiza que el expediente elevado en revisión esté completo y sea fidedigno, constituyéndose en el insumo principal y esencial sobre el cual se sustentará la posterior emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional, asegurando de este modo la tutela efectiva de los derechos fundamentales y el debido proceso. Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada respecto a la Ex Secretaria y denegar con relación al actual Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución AL-26/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, bajo los mismos términos que la precitada Jueza de garantías respecto a la ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, disponiendo que el actual Secretario de ese mismo Juzgado, coadyuve en la reposición de los documentos extrañados y se pongan en conocimiento de la accionante Alicia Acarapi Chambilla, conforme a ley. 2º Se exhorta a la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, a revisar que las resoluciones de acciones de defensa estén completas, antes de su envío en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1562_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8486e8365e1e06518041e5c9bfe1264d73e898834f269c1f6a56977f3d672e8f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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