Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, condenado a la pena de veinte años de presidio, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravantes, a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso y, al principio de seguridad jurídica; por cuanto, la Jueza demandada declaró improcedente su incidente de libertad condicional sobre la base de la Ley 1443, cuando debió aplicar la Ley 2298 en atención a la ultraactividad de la norma y el principio de favorabilidad de la misma, ya que había cumplido dos tercios de la pena y su solicitud fue realizada durante su vigencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1555/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57280-2023-115-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 14/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Roberto Pérez Ninavia y Emilio Osvaldo Tórrez Ortiz en representación sin mandato de Luis Rolando Coca Rocha contra Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 5 a 8 vta., el accionante, a través de sus representantes, expresó que:
Recibió condena penal de veinte años de presidio en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, la cual está cumpliendo desde el 28 de enero de 2009, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravantes. Por otro lado, el 19 de agosto de 2022, se rechazó -en audiencia- su solicitud de libertad condicional con el único fundamento de aplicarse la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- y la SCP 0770/2012 de 13 de agosto; esa decisión fue apelada, lo que dio lugar a la emisión del Auto de Vista 48 de 5 de septiembre de 2022, que declaró inadmisible su recurso, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica; además, correspondía su libertad condicional al haber cumplido dos tercios de su condena, conforme el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-. Asimismo, debía efectuarse una aplicación ultraactiva de la norma, porque su solicitud fue realizada el 31 de mayo de 2022, habiendo sido dilatada innecesariamente su Resolución ante la acefalía del Juez titular del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de Cochabamba. De acuerdo al principio de favorabilidad, debió aplicarse a su solicitud lo previsto por Ley 2298, que exige el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena por ser esta la más favorable, aun cuando la misma haya sido derogada operando la ultraactividad de la ley. Cuando fue condenado se encontraba vigente la Ley 2298, al igual que cuando solicitó su libertad condicional, no siendo aplicable la Ley 1443, por ser menos favorable para él y restringir su libertad. De acuerdo a la SCP 2243/2012 de 8 de noviembre, no se puede aplicar la norma menos favorable al privado de libertad, como lo son las modificaciones de la Ley 1443, pues existe una norma más favorable al reo, debiendo aplicarse el art. 174 de la Ley 2298, que era la vigente al momento de la comisión del delito, debiendo aplicarse la ultraactividad de la norma, así como el principio de favorabilidad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como del principio de seguridad jurídica, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se conceda la tutela solicitada, y en consecuencia, se ordene que la Jueza demandada dicte nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, reiteró los términos de su demanda y añadió: En segunda instancia, los Vocales cuestionaron porque no cumplía con las formalidades previstas en el Código Penal, lo que da lugar al planteamiento de esta acción tutelar. Con la palabra el accionante, señaló que debe mantener a su familia y solicita una oportunidad para demostrar que es una persona apta para trabajar en la sociedad.
Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito, presentado el 27 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 25 vta., señaló que: a) El Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2022, fue objeto de apelación en la vía incidental, que mereció la emisión del correspondiente Auto de Vista, por lo cual quienes tienen legitimación pasiva en esta acción de libertad son los Vocales del Tribunal ad quem; b) La aplicación de la ley de forma retroactiva, solo corresponde cuando se trata de la norma sustantiva y no así de la adjetiva, como en este caso lo es el art. 174 de la Ley 2298, siendo una norma de carácter especial y de relevancia social, que fue modificado por la Ley 1443; y, c) Su incidente fue manifiestamente improcedente, porque a tiempo de presentar su memorial de incidente no tenía pruebas para sustentar los requisitos legales; muchos años después, recién la defensa técnica presentó todas las pruebas correspondientes; por lo que, la activación de dicho mecanismo procesal no fue previa a la vigencia de la Ley 1443 y el tratamiento del mencionado incidente ha sido después de la vigencia de la misma; no obstante, la resolución cuestionada se encuentra fundamentada y motivada y, con calidad de cosa juzgada, pues fue revisada por el Tribunal de alzada.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 29 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Emitido el Auto de 19 de agosto de 2022, mediante el cual la Jueza demandada rechazó el incidente de libertad condicional del accionante, y planteada la respectiva apelación en su contra, el Tribunal ad quem la resolvió mediante Auto de Vista 48, declarando inadmisible su interposición por su extemporaneidad, pues no era suficiente el anuncio de apelación que se efectuó, lo que mereció la llamada de atención del respectivo profesional abogado de su defensa; desde entonces, pasaron once meses sin volver a presentar otro incidente de libertad condicional; y, 2) Si bien no se le dio celeridad a su proceso, debido a “…la acefalía…” (sic), la parte accionante no planteó los recursos legales para hacer efectiva dicha celeridad, advirtiéndose descuido de sus abogados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto de Vista 48 de 5 de septiembre de 2022, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Rolando Coca Rocha -accionante-, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravantes, declaró inadmisible el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de ese año, que declaró improcedente su incidente de libertad condicional (fs. 26 a 27 vta.).
El accionante, condenado a la pena de veinte años de presidio, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravantes, a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso y, al principio de seguridad jurídica; por cuanto, la Jueza demandada declaró improcedente su incidente de libertad condicional sobre la base de la Ley 1443, cuando debió aplicar la Ley 2298 en atención a la ultraactividad de la norma y el principio de favorabilidad de la misma, ya que había cumplido dos tercios de la pena y su solicitud fue realizada durante su vigencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0424/2019-S4 de 2 de julio señaló: “La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue reiterado en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la cual determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (el resaltado corresponde al texto original).
Establecido el planteamiento del problema, se evidencia que el accionante está cuestionando el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2022; por lo que, interpone esta acción de defensa contra la Jueza que lo emitió; es decir, la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; sin embargo, el referido impetrante de tutela no tomó en cuenta lo que la jurisprudencia constitucional ya definió respecto a las reglas para el planteamiento de las acciones de libertad, la cual estableció que frente a la posibilidad de activar medios legales idóneos que puedan restituir el derecho a la libertad, deben ser utilizados para poder ser atendidas en la vía ordinaria las afectaciones de ese derecho, de forma previa a activar la acción de libertad; en ese marco, cuando existe control jurisdiccional y el accionante considera vulnerado su derecho a la libertad, debe acudir al mismo agotando los recursos, hasta obtener una decisión firme y si persiste el reclamo, activar sobre esa base la jurisdicción constitucional. En este caso, está claro que el accionante planteo recurso de apelación contra el mencionado Auto de 19 de agosto de 2022; empero, no cuestionó -por este medio constitucional- el Auto de Vista que resolvió el indicado recurso de impugnación, es decir, no respetó el procedimiento seguido en torno a su situación, sino que cuestionó una decisión que ya fue sometida a una segunda instancia, cuyo resultado recién era el que correspondía ser analizado ante la jurisdicción constitucional. Al no haberlo hecho así, no adecuó su proceder a la subsidiariedad excepcional y en ese entendido equivocó el camino que imprimió a fin de pretender que se emita una nueva resolución de primera instancia, lo que genera disfunción con relación al Auto de Vista que confirmó dicho Auto Interlocutorio. Consiguientemente, no existe mérito para analizar el fondo de la presente acción de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1555_2025-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1b35710d149b368d723d428235efe5935c34d95137962148d81c26e749608e5b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →