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SCP 1543/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57067-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y de los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, los demandados incumplen, sin asumir ninguna medida, la determinación emitida por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, relativa a la asignación y/o incremento de personal policial, a fin de que el Director del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, quien se encuentra bajo conminatoria, ejecute en el plazo de veinticuatro horas el mandamiento de detención domiciliaria con escolta emitido en su favor. Lo que provoca que se encuentre ilegalmente detenido por más de sesenta y siete días, a causa de un actuar dilatorio que se apoya en un criterio formalista que no es válido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que los demandados, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, den cumplimiento estricto e inmediato a lo determinado en los oficios de 8 de mayo de 2023 -con cargos de recepción de 9 de igual mes y año-, con noticia efectiva del Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a fin de que ejecute en el día el mandamiento de detención domiciliaria expedido en favor del accionante; salvo que ya hubiesen procedido en consecuencia; y, 2° Llamar la atención al Director Nacional de Seguridad Penitenciaria y Director General a.i. de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, por incurrir en un acto dilatorio indebido que afectó los derechos de un privado de libertad, con base en criterios injustificados; exhortándole a que en sus actuaciones se conduzcan en atención a los principios de celeridad y seguridad jurídica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria ante la falta de custodios policiales
  3. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1543/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57067-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 53/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Brihamm Bernardo Ulloa León en representación sin mandato de Ernesto Tito Quispe contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria; y, Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de junio de 2023, cursante de fs. 49 a 54, el accionante por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 21/2023 de 5 de abril, le otorgó medidas cautelares personales, entre estas, detención domiciliaria con escolta las veinticuatro horas, expidiendo el respectivo mandamiento. Determinación que fue puesta a conocimiento del Director Nacional de Seguridad Penitenciaria y del Director General a.i. de Régimen Penitenciario -ahora demandados-, en su calidad de autoridades administrativas encargadas de los centros penitenciarios; la cual incumplen sin asumir ninguna medida, alegando únicamente que no cuentan con personal policial suficiente para la ejecución de aquella orden judicial. Lo que provoca que esté ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por más de sesenta y siete días, a causa de un actuar dilatorio que se apoya en un criterio formalista que no es válido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y los principios de seguridad jurídica y celeridad citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23, 115.II, 116.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo que los demandados, en el plazo de veinticuatro horas, cumplan lo determinado a través del Auto Interlocutorio 21/2023, concerniente a la ejecución de su detención domiciliaria con escolta.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 81 a 84 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliándolos, expresó que: a) Los demandados fueron conminados a asumir medidas para la ejecución inmediata del mandamiento de detención domiciliaria, expedido a raíz de lo determinado por el Auto Interlocutorio 21/2023; siendo que, desde la Dirección del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz se sostuvo la carencia de personal policial para el efecto. Posición que contradice la jurisprudencia constitucional referente a la protección de los derechos de los privados de libertad; b) El proceder de los demandados genera un estado de incertidumbre jurídica al incumplir deliberadamente una orden judicial. Esta circunstancia ya fue tratada por la jurisdicción constitucional en otros casos, donde, sin excepción, se concedió la tutela solicitada, debido a que la libertad no puede estar supeditada a ninguna contingencia administrativa; c) Se intentó modificar la detención domiciliaria otorgada; empero, el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en sus diferentes resoluciones judiciales resaltó que la dotación del escolta policial no es de imposible cumplimiento y que su orden judicial debe acatarse; d) Se debe conceder la tutela solicitada para poder atender problemas familiares, e) Conforme al ordenamiento jurídico, la falta de personal policial en el sistema específicamente relacionados con su hijos, cuyos derechos corren peligro; y, del régimen penitenciario no se constituye en causal de suspensión de la ejecución de mandamientos de detención domiciliaria; lo que demuestra que los demandados se conducen de manera arbitraria.

I.2.2. Informe de los demandados

David Rodolfo Machicado Cuela, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, por informe escrito presentado el 30 de junio de 2023, cursante de fs. 72 a 73 vta., señaló que: 1) El impetrante de tutela no especifica cuál es el acto con el que supuestamente fueron lesionados sus derechos, ni siquiera explica la forma en que esto habría acontecido; extremo que, da cuenta sobre la falta de legitimación pasiva; 2) La acción de libertad promovida debe ser declarada improcedente, en consideración al principio de subsidiariedad excepcional, debido a que el accionante no agotó previamente los mecanismos legales pertinentes a fin de buscar la corrección de lo que ahora reclama, sino que directamente acudió a la jurisdicción constitucional; cuando debió buscar la modificación de las medidas cautelares personales que le impusieron ante la evidente carencia de custodios policiales dentro del régimen penitenciario; 3) Debido a que nos encontramos en un estado de necesidad, como Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria se asumieron acciones con el propósito de contar con una mayor cantidad de funcionarios policiales, las cuales están pendientes de atención; y, 4) En ningún momento se configuró alguna forma de silencio administrativo con relación a lo dispuesto por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. Se expidieron respuestas fundamentadas, en las que se explicaron técnicamente los motivos de la falta de personal policial en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. En ese sentido, al no haberse procedido de forma indebida en el tratamiento de lo solicitado por el impetrante de tutela, corresponde se deniegue la tutela que solicita. Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, por informe escrito presentado el 30 de junio de 2023, cursante de fs. 76 a 80, señaló que: i) El Auto Interlocutorio 21/2023 nunca le fue notificado; por lo que, el accionante no puede argüir que incumplió o incumple sus determinaciones; además que, en todos sus actos se conduce de acuerdo con la normativa pertinente, la cual dispone que es solo obligación de las Direcciones de los Centros Penitenciarios dar cumplimiento a los mandamientos expedidos por autoridades judiciales competentes; ii) El impetrante de tutela no se encuentra indebidamente privado de libertad, puesto que sobre él pesa una medida cautelar personal. En ese sentido, no explica con prueba la forma en que fueron lesionados sus derechos y mucho menos los identifica; por lo que, la acción de defensa que interpuso debe ser declarada improcedente ante la evidente falta de legitimación pasiva. Asimismo, es aplicable el principio de subsidiaridad excepcional, ya que el hecho que denuncia no fue reclamado ante la autoridad judicial que ejerce control jurisdiccional sobre su causa, sino que acudió directamente a la jurisdicción constitucional; y, iii) En todos sus actos, la administración penitenciaria garantiza los derechos de los privados de libertad. El presente caso no es la excepción, por lo cual corresponde denegar la tutela que ha sido solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 53/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 85 a 87, concedió la tutela solicitada, disponiendo que los demandados, por jerarquía, hagan conocer al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el deber de cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria conforme a lo determinado por el Auto Interlocutorio 21/2023. Lo que sustentó con base en los siguientes fundamentos: a) El cuaderno procesal de la causa penal de origen muestra que existen órdenes emanadas por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento citado, dirigidas a los demandados, en las que se les requiere proporcionar escoltas policiales para el cumplimiento de la detención domiciliaria otorgada en favor del accionante; b) Los demandados no manifestaron una conducta omisiva frente a lo determinado por la autoridad judicial, ni existen indicios de que hayan propiciado un silencio administrativo. Por el contrario, incoaron acciones tendientes a contar con efectivos policiales a fin de dar cumplimiento a la orden judicial de detención domiciliaria; y, c) La jurisprudencia constitucional traída a colación por el impetrante de tutela enseña que es responsabilidad de los demandados, como también del Director del Centro Penitenciario en cuestión, asumir medidas céleres con el propósito de resguardar los derechos de un privado de libertad y hacer efectivas las disposiciones emitidas en su favor, vinculadas con la definición de su situación jurídica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante nota Stría. Dir. 994/2023 de 12 de abril, el Director a.i. del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en atención al informe expedido por el Suboficial Encargado de Seguridad Externa de esa institución, se dirigió al Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, señalando que se ve en la necesidad de representar la orden de cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria de 10 de abril de 2023, expedido en favor de Ernesto Tito Quispe -hoy accionante-, debido a que no cuenta con personal policial suficiente -falta de recursos humanos- para el servicio de custodio (fs. 2 a 3). II.2. A través de oficios con cargo de recepción de 9 de mayo de 2023, puestos a conocimiento del Director Nacional de Seguridad Penitenciaria y del Director General a.i. de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz dispuso que ambas entidades estatales deben cumplir con su obligación de asignar y/o incrementar el personal policial en los centros penitenciarios. Para que así, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que se encuentra bajo conminatoria, ejecute en el plazo de veinticuatro horas el mandamiento de detención domiciliaria con escolta expedido en favor del accionante. En consecuencia, dejó las constancias respectivas a fin que se determinen responsabilidades en caso de incumplimiento (fs. 9 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y de los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, los demandados incumplen, sin asumir ninguna medida, la determinación emitida por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, relativa a la asignación y/o incremento de personal policial, a fin de que el Director del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, quien se encuentra bajo conminatoria, ejecute en el plazo de veinticuatro horas el mandamiento de detención domiciliaria con escolta emitido en su favor. Lo que provoca que se encuentre ilegalmente detenido por más de sesenta y siete días, a causa de un actuar dilatorio que se apoya en un criterio formalista que no es válido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0760/2024-S3 de 4 de septiembre, manifestó que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, estableció que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado es añadido).

III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria ante la falta de custodios policiales

Sobre el particular, la SCP 0380/2019-S3 de 2 de agosto, manifestó que: “Es una realidad que la detención domiciliaria guarda cierta semejanza con la detención preventiva, puesto que como medidas cautelares de carácter personal, ambas afectan la libertad de locomoción del justiciable; sin embargo, su alcance difiere en cuanto a su magnitud; pues, la primera se constituye en una medida sustitutiva a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), suponiendo una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica con relación a la detención en prisión, por lo que, aunque en menor intensidad la demora en la tramitación para sustituir la detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta previamente por autoridad judicial, vulnera de igual forma el derecho a la libertad del imputado. Es necesario manifestar que el ejercicio de los derechos puede estar supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo los derechos, así el art. 2 de la CADH, determinó que: ‘Si el los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro ejercicio de carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades’, deber que concierne la instauración de medidas presupuestarias, administrativas y asignación de recursos humanos entre otras. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos como Garibaldi vs. Brasil y Forneron e hija vs. Argentina estableció: ‘…que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de personal, infraestructura o una sobrecarga crónica de casos pendientes para eximirse de una obligación internacional…’. De igual forma la misma Corte IDH dentro del caso Yvon Neptune vs. Haití sostuvo: ‘…Es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación para que los estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con las obligaciones consagradas en ella’, y en la resolución del caso Velez Loor vs. Panamá, estableció: ‘…los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano…’. En coherencia con las sentencias que integran el bloque de constitucionalidad, este Tribunal se pronunció puntualmente respecto a la falta de efectivización de la detención domiciliaria por la carencia de custodia policial a través de la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, indicando que: ‘…si bien, el demandado denunció ante las autoridades competentes tanto jurisdiccional como de la Policía boliviana la carencia de efectivos policiales, este aspecto no se encuentra determinado como causal para la no ejecución de un mandamiento de libertad o de la demora en su efectivización, más aún, cuando el accionante fue beneficiado con medidas sustitutivas a la de detención preventiva, y su situación jurídica se encuentra bajo control jurisdiccional. Conforme lo mencionado se concluye que la carencia de efectivos policiales o las falencias que se puedan verificar dentro de los órganos encargados de la seguridad del sistema penitenciario son temas que atingen a la Policía Boliviana y en consecuencia no son atribuibles al accionante, por cuanto el derecho a libertad de las personas no puede estar relacionado con situaciones administrativas de las instancias o instituciones, al ser un derecho supremo establecido en la Constitución Política del Estado’” (el resaltado es añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 21/2023 de 5 de abril, concedió al accionante medidas cautelares personales, entre estas la detención domiciliaria con escolta las veinticuatro horas. En consecuencia, el 10 de abril de 2023, expidió en su favor el correspondiente mandamiento. No obstante, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz objetó dicha orden judicial, alegando la falta de personal policial para el servicio de custodio (Conclusión II.1). Ante esta situación, la autoridad judicial, mediante oficios, dispuso que los demandados, en su calidad de autoridades administrativas, cumplan con su obligación de asignar y/o incrementar el personal policial, para que así, la Dirección del referido Centro Penitenciario, que se encuentra bajo conminatoria, ejecute el mencionado mandamiento de detención domiciliaria en el plazo de veinticuatro horas. Por lo que, dejó las constancias respectivas a fin que se determinen responsabilidades en caso de incumplimiento (Conclusión II.2). En ese contexto, de conformidad con lo manifestado por los demandados en el presente proceso, contrastado con la prueba presentada, queda demostrado que, hasta la interposición de la acción de defensa que se examina, ninguna de aquellas autoridades cumplió con lo dispuesto por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante los oficios que les fueron notificadas el 9 de mayo de 2023, en cuyo tenor se hace referencia a lo determinado en el Auto Interlocutorio 21/2023 y al mandamiento de detención domiciliaria de 10 de abril de igual año. Posición que mantienen subsistente bajo el único argumento de que no cuentan con personal policial suficiente -falta de recursos humanos- para proporcionar el servicio de custodio las veinticuatro horas, a pesar de las gestiones que habrían efectuado en coordinación con la Policía Boliviana. Ello da cuenta de que los demandados incurrieron en un acto dilatorio indebido, puesto que no acataron de forma inmediata y en atención al principio de celeridad, una instrucción dada por autoridad judicial competente, que está directamente vinculada con la definición de la situación jurídica del accionante, el cual se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; quienes, por el contrario pretenden justificar su proceder en una cuestión de carácter eminentemente administrativa -falta de recursos humanos- que no le atañe a aquel bajo ninguna circunstancia, sino solo al Estado, por medio de todo su sistema carcelario, tal como se estableció de los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Tal circunstancia provocó la lesión de los derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del impetrante de tutela, al encontrarse a la espera de la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria expedido en su favor, debido a la ausencia de medidas efectivas y céleres que debieron materializar los demandados en su condición de autoridades administrativas del sistema de régimen penitenciario. Para que así, el Director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, previo los trámites pertinentes de registro y control, materialice inmediatamente la disposición de modificación de medidas cautelares. Extremo que, desde todo punto de vista le generó un estado de incertidumbre jurídica, ya que desde la notificación de los oficios antes mencionados hasta la presentación de la acción de defensa que se analiza, trascurrió un mes y veinte días sin que se haya efectivizado la libertad con restricciones de la que se benefició. Por esos motivos, corresponde conceder la tutela solicitada, dentro de los alcances protectivos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que los demandados, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, den cumplimiento estricto e inmediato a lo determinado en los oficios de 8 de mayo de 2023 -con cargos de recepción de 9 de igual mes y año-, con noticia efectiva del Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a fin de que ejecute en el día el mandamiento de detención domiciliaria expedido en favor del accionante; salvo que ya hubiesen procedido en consecuencia; y, 2° Llamar la atención al Director Nacional de Seguridad Penitenciaria y Director General a.i. de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, por incurrir en un acto dilatorio indebido que afectó los derechos de un privado de libertad, con base en criterios injustificados; exhortándole a que en sus actuaciones se conduzcan en atención a los principios de celeridad y seguridad jurídica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1543_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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