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SCP 1542/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57061-2023-115-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación, fundamentación y juez natural; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, revocó las medidas cautelares personales que le fueron otorgadas y dispuso su detención preventiva. Ello, sin tener conocimiento del expediente de apelación y verificar el estado de la causa, ni valorar las pruebas producidas oportunamente, así como la de reciente obtención; subsanando, además, los argumentos del representante fiscal -quien en audiencia no denunció agravio alguno- y valorando la supuesta prueba presentada por éste, la cual nunca se corrió en traslado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23-AL de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 32 vta. a 34 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, aclarando que no se ingresó al análisis de la problemática identificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia, vinculadas a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1542/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57061-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/23-AL de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 32 vta. a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Ticona Rojas contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 7 a 11, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, a través del Auto Interlocutorio 68/23 de 25 de abril de 2023, se le impuso medidas cautelares personales que cumplió en el plazo de diez días, por lo que gozaba de libertad. Sin embargo, el representante Fiscal interpuso recurso de apelación contra esa resolución judicial, que resolvió el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante el Auto de Vista 271 de 20 de junio de igual año, disponiendo nuevamente, de manera incongruente, sin una debida fundamentación y motivación, su detención preventiva en la Carceleta Provincial de Camiri del mismo departamento. Dicha autoridad judicial -según alega- no tenía conocimiento del expediente de apelación. Consecuentemente, incurrió en errores al no verificar el estado de la causa ni valorar las pruebas producidas en su oportunidad, así como la de reciente obtención; además, apartándose de los criterios de imparcialidad e idoneidad, subsanó los argumentos del representante Fiscal, quien no denunció ningún agravio en audiencia, sino que se limitó a presentar otras supuestas pruebas al margen de lo previsto en el art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las cuales sí valoró.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; citando al efecto el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliándolos, expresó que: a) El Vocal demandado actuó de forma extra petita y al margen de lo previsto en el art. 398 del CPP, más aún cuando atendió los agravios denunciados por el representante fiscal, los cuales estaban fuera de la realidad procesal; b) El representante fiscal, inducido por el Vocal demandado, se refirió ampliamente a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 1, 2, 3, 4 y 7 y, 235 núms. 1 y 2 del CPP, presentando fotografías e informes dubitables como prueba, que no fueron corridos en traslado. Empero, no mencionó las irregularidades en que habría incurrido el Juez a quo al disponer la cesación a la detención preventiva, lo que coartó la posibilidad de refutar sus argumentos; y, c) El actuar del Vocal demandado desembocó en la restricción de su libertad y también en la lesión de su derecho al juez natural como elemento del derecho al debido proceso; toda vez que, subsanó las imprecisiones del representante fiscal. Por ello, corresponde se deje sin efecto el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, para que otra autoridad judicial, dentro de los alcances de la tutela judicial efectiva, emita una nueva resolución judicial.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías; pese a su notificación, cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa fs. 32 vta. a 34 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes Cruz, a través de la Resolución 08/23-AL de 4 de julio de 2023, cursante de fundamentos: 1) Si bien la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, no es menos cierto que era obligación del impetrante de tutela expresar qué elementos del derecho al debido proceso fueron lesionados y cómo ello restringió su derecho a la libertad, exigencia que no cumplió al presentar su memorial de demanda ni en la audiencia de garantías; aspecto que impide a la jurisdicción constitucional abrir su competencia; y, 2) El accionante solo manifestó su insatisfacción con lo resuelto por el Vocal demandado, más no expresó cómo es que los elementos del derecho al debido proceso llegaron a conculcarse.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través del Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, en audiencia de apelación de medidas cautelares, dispuso revocar parcialmente el Auto Interlocutorio 68/23 de 25 de abril de igual año, manteniendo subsistentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 4 y 7, y 235 núms. 1 y 2 del CPP; y, en consecuencia, ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 23 vta. a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación, fundamentación y juez natural; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, revocó las medidas cautelares personales que le fueron otorgadas y dispuso su detención preventiva. Ello, sin tener conocimiento del expediente de apelación y verificar el estado de la causa, ni valorar las pruebas producidas oportunamente, así como la de reciente obtención; subsanando, además, los argumentos del representante fiscal -quien en audiencia no denunció agravio alguno- y valorando la supuesta prueba presentada por éste, la cual nunca se corrió en traslado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia, vinculadas a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba

Sobre el particular, la SCP 0829/2025-S3 de 30 de julio, reiteró los entendimientos desarrollados en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, aplicables en la dilucidación de acciones de libertad, la cual señala: “…queda establecido que, en la medida en la que quien demanda tutela constitucional, cumpla con los requisitos o presupuestos establecidos por la jurisprudencia (…), la jurisdicción constitucional podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario incurrió en lesión a derechos y garantías constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad al momento de interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento.

Ahora bien, resulta preciso conjugar este entendimiento con el contenido del Fundamento Jurídico precedente, en el cual luego de analizar la reiterada jurisprudencia, arribamos al convencimiento de que el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales (como administrativas), constituido en elemento esencial del debido proceso, se traduce en la obligación del juzgador de pronunciar resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas que le permitan a partir del análisis de los elementos fácticos del proceso, efectuar la aplicación de la ley, exponiendo con claridad y precisión los motivos o razones que lo guiaron a asumir determinada decisión; explicación que no necesariamente debe ser ampulosa, pero que deberá dar respuesta a los argumentos expuestos por las partes procesales, de manera tal que quien lea lo decidido, alcance suficiente convicción de que el proceso, no pudo haber sido solucionado de otra forma en la que fue resuelto. En este sentido y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir a esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las autorestricciones; un razonamiento contrario implica exigirle a la jurisdicción constitucional una actuación materialmente imposible, porque desde ya, la inobservancia de los presupuestos que habilitan a esta jurisdicción para realizar la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, así como la verificación de la valoración de la prueba, se traducen en esenciales a efectos de la revisión del contenido argumentativo del fallo en cuestión; por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda emitir criterio alguno y que, sin embargo, aún así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia tutelar. En este sentido, complementando la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, se establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela constitucional, cuando éstos resultan afectados por la falta de fundamentación, motivación y congruencia emergentes de la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas, debe ser excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable y cuando quien denuncia las lesiones, observa las reglas establecidas para que la jurisdicción constitucional, ingrese excepcionalmente a la verificación de los extremos denunciados; por lo que, ante la inobservancia de éstos, deberá prevalecer la razón del juzgador en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial.

Modulación No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que: De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia. Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (el resaltado es añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de asesinato, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 68/23 de 25 de abril de igual año, a través del cual se le otorgó medidas cautelares personales; y, dispuso su detención preventiva en la Carceleta Provincial de Camiri del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1). En ese contexto, luego de un denodado análisis de compresión sobre el contenido abstracto de la demanda tutelar y su ampliación hecha en audiencia de garantías; se arriba a la compresión que el accionante denunció al Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, como el actuado con el que el Vocal demandado supuestamente lesionó sus derechos; puesto que -según entiende-, en su trámite y emisión, dicha autoridad judicial habría incurrido en diferentes irregularidades, consistentes en que: i) No tuvo conocimiento del expediente de apelación; ii) No verificó el estado de la causa ni valoró las pruebas producidas en su oportunidad, así como la de reciente obtención; iii) Subsanó los argumentos del representante fiscal, quien no denunció ningún agravio en audiencia, lo que impidió refutar sus argumentos; además que, valoró la prueba que presentó al margen de lo previsto en el art. 404 del CPP; y, iv) Actuó de forma extra petita, sin considerar lo dispuesto por el art. 398 del CPP, al atender los agravios denunciados por el representante fiscal, a pesar que estaban fuera de la realidad procesal. Sin embargo, tomando en cuenta los derechos que aparentemente fueron lesionados, se hace evidente que, el accionante no expresó un solo argumento con el que explique razonablemente por qué el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, desde su parecer, sería incongruente -ya sea en sentido externo o interno-, no contendría una debida fundamentación -referente a la existente de una premisa jurídica- y carecería de una debida motivación -referente a la existencia de una premisa fáctica-; y, cómo es que ello, daría visos de parcialidad judicial. Por cuanto, de conformidad a lo desarrollado en el párrafo precedente, no cabe duda que se restringió a manifestar una posición de mera disconformidad con lo resuelto en la aludida resolución judicial, cuestionando de manera genérica asuntos periféricos que no se vinculan con los criterios que desarrolló para determinar la revocatoria de medidas cautelares personal y disponer la detención preventiva. Es así que el impetrante de tutela limitó sus reclamos al proceder del Vocal demandado en la audiencia de apelación; y, a la forma en que habría llevado a cabo la actividad de valoración probatoria; empero, sin siquiera especificar a qué elementos probatorios se refirió y cómo es que no merecieron la debida consideración por parte del Vocal demandado, cuando tuvo que centrar su atención en explicar la forma en que los razonamientos del Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023 conculcaron sus derechos, siendo esa la resolución judicial a través de la que dispuso la restricción provisional de su libertad. Solo de esa manera, este Tribunal se vería posibilitado de efectuar un correcto control constitucional, contrastando el actuado confutado con las inconsistencias que llegaría a mostrar. Por ello, estando demostrado que el accionante no cumplió con la carga argumentativa razonable que permitiría determinar si el Auto de Vista 271 de 20 de junio de 2023, se encuentra o no dentro del marco que conforman los elementos del derecho al debido proceso -congruencia, fundamentación, motivación y juez natural-; corresponde denegar la tutela solicitada conforme a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23-AL de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 32 vta. a 34 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, aclarando que no se ingresó al análisis de la problemática identificada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1542_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 79a64ea57c75621fe1598b595b222be2a55d1834f0d893d88335c6da9bab08fb

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