B.IA.LEGAL

SCP 1541/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57059-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la libertad y al debido proceso -en sus elementos impugnación, defensa, fundamentación, motivación y congruencia-; toda vez que, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo, declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 11/2023, que le otorgó cesación a la detención preventiva; sosteniendo que, ese medio de impugnación debió ser promovido en el acto -de forma oral y en audiencia- y no de manera escrita, dando prevalencia a un reglamento sobre la Constitución Política del Estado y la ley, configurando con ello, la existencia de un actuado nulo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 75 a 81, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo; debiendo el Vocal demandado, en el plazo de tres días computable a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, llevar a cabo una nueva audiencia con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 11/2023 de 16 de mayo, salvo que su situación jurídica haya sido ya definida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del recurso de apelación incidental en medidas cautelares de carácter personal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1541/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57059-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 75 a 81, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Eddy Vargas Bravo en representación sin mandato de Héctor Salinas Nina contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de julio de 2023, cursante de fs. 46 a 50, el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto Interlocutorio 11/2023 de 16 de mayo, se le concedió cesación a la detención preventiva; sin embargo, interpuso recurso de apelación incidental contra esa Resolución judicial conforme a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); dentro del plazo de setenta y dos horas y de forma escrita. Medio de impugnación que resolvió el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo, declarando arbitrariamente su inadmisibilidad; sosteniendo que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, implementado como consecuencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, dicho recurso debió ser interpuesto en el acto, es decir, de manera oral y en audiencia. Circunstancia que le genera perjuicios, ya que la autoridad judicial, pese a que se actuó correctamente, le da prevalencia a un reglamento sobre la Constitución Política del Estado y la ley; configurando así, la existencia de un actuado nulo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la libertad y al debido proceso -en sus elementos impugnación y defensa-; sin citar normativa constitucional.

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 457/2023; y que, en el plazo de veinticuatro horas, el Vocal demandado convoque a una nueva audiencia para resolver el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 11/2023, tomando en cuenta su estado de salud.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 67 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliándolo expresó que: a) El recurso de apelación se interpuso inicialmente de forma oral, es decir, en audiencia virtual de cesación a la detención preventiva; empero, al presentarse problemas de conectividad, fue interpuesto de manera escrita. Medio de impugnación que el Juez a quo admitió sin observaciones, por lo que dispuso su remisión a efectos de su resolución; b) Con el Auto de Vista 457/2023, el Vocal demandando también lesionó el derecho al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; c) La Ley 1173 y su reglamento no modificaron el núcleo esencial de lo previsto en los art. 251, 403.3 y 404 del CPP. No obstante, esas disposiciones normativas sí merecieron un desarrollo por la jurisprudencia constitucional, cuyos entendimientos establecen que, el recurso de apelación de medidas cautelares puede interponerse de forma oral o escrita, sin ritualismos; y, d) El Vocal demandando tenía la obligación de escuchar a los sujetos procesales y resolver el recurso de apelación que fue interpuesto, valorando la prueba que se le presentó, entre estas un Disco Compacto (CD) que contiene grabaciones de la audiencia de la cesación a la detención preventiva.

I.2.2. Informe del demandado

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 10 de julio de 2023, cursante de fs. 61 a 65 vta., señaló que: 1) El recurso de apelación del impetrante de tutela fue declarado inadmisible porque no lo interpuso de manera oral y en audiencia, tal como lo exige el ordenamiento jurídico vigente; 2) El Auto de Vista 457/2023 se encuentra debidamente fundamentado, motivado y es congruente, pues su determinación está acorde a lo verificado en la audiencia de apelación; 3) Si el accionante consideró que el Auto de Vista 457/2023 lesionó sus derechos, debió solicitar oportunamente explicación, complementación o enmienda. Al no haberlo hecho, manifestó su conformidad con lo que se resolvió; 4) El impetrante de tutela no especificó de qué manera fueron lesionados sus derechos con la emisión del Auto de Vista 457/2023. En lugar de ello, se limitó a describir los antecedentes del incidente procesal, intentando subsanar los reclamos que no formuló en su oportunidad; 5) La jurisprudencia constitucional citada por el accionante es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1173 y su reglamento, lo que demuestra que sus 6) Independientemente de que el Juez a quo no haya observado el recurso de apelación escrito, debe reclamos carecen de sustento jurídico aplicable; y, tenerse presente que es facultad de los Tribunales de alzada determinar su admisibilidad o inadmisibilidad; es en ese entendido que fue emitido el Auto de Vista 457/2023. Por consiguiente, no se lesionó ninguno derecho del impetrante de tutela, y por ello, corresponde se deniegue la tutela que solicita.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 14/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 75 a 81, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional invocada por el accionante no es aplicable debido a su falta de analogía con el hecho objeto del presente proceso; además que es de reciente data y no sientan líneas claras de compresión procedimental; ii) De acuerdo con los argumentos de las partes, existen diferentes interpretaciones de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 1173, su reglamento y el Código de Procedimiento Penal; cuestión que la jurisdicción constitucional no puede dilucidar al no tener competencia para ello, pues su deber se restringe a determinar si se vulneraron o no derechos y garantías; iii) Se tiene conocimiento de que el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal no ha sido declarado inconstitucional. Por lo tanto, su aplicabilidad es posible, pues se presume su legitimidad tras más de cuatro años de su entrada en vigencia; más aún cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronunció al respecto ante su recargada y lenta labor; iv) Puesto que la tarea de los jueces no es interpretar la normativa, sino aplicarla, no corresponde determinar los alcances de la Ley 1173 y su reglamento. Por consiguiente, su cumplimiento es obligatorio para todos los sujetos procesales; y, v) La acción de libertad promovida devendría en improcedente, en razón del principio de subsidiariedad excepcional, en vista de que el accionante no agotó el recurso previsto en el art. 125 del CPP tras la emisión del Auto de Vista 457/2023. Posteriormente, el impetrante de tutela solicitó explicación, complementación y enmienda basándose en dos puntos: a) El mecanismo legal contemplado en el art. 125 del CPP no constituye un recurso procesal; y, b) Si la tutela solicitada debe denegarse, ello debe hacerse con base en criterios propios, y no sobre la inexistencia de jurisprudencia constitucional clara que analice la Ley 1173 y su reglamento. A lo que, el Juez de garantías respondió señalando que: 1) El ordenamiento jurídico regula los medios legales, para que las autoridades judiciales reparen las irregularidades en que pudieran incurrir, los cuales no fueron ejecutados en el presente caso; y, 2) Debe estarse a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional Plurinacional, que determinará los alcances de la Ley 1173 y su reglamento. Mientras tanto, su aplicación es obligatoria para los juzgadores.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante el Auto Interlocutorio 11/2023 de 16 de mayo -expedido a horas 17:27-, se dispuso su cesación a la detención preventiva; resolución judicial en la que se advirtió que, la misma es impugnable en el plazo de setenta y dos horas (fs. 8 a 10 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2023, a horas 09:35, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 11/2023; por lo que, solicitó que el cuaderno procesal correspondiente a su caso sea remitido al Tribunal de alzada (fs. 13 y vta.). II.3. Por Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado- declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 11/2023, disponiendo la confirmación de esta última resolución judicial. Determinación que sustentó en lo siguiente: a) De la aplicación integral de lo previsto en los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, toda resolución concerniente a medidas cautelares personales debe ser recurrida en el acto de su expedición; es decir, de forma oral y en la misma audiencia, para que sea remitida al Tribunal de alzada a efectos de su revisión; y, b) En el caso examinado, la parte recurrente -Héctor Salinas Nina, hoy accionante- no procedió en aquel sentido, sino que promovió el medio de impugnación tratado de forma escrita, vulnerando así el principio de oralidad (fs. 58 a 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a la libertad y al debido proceso -en sus elementos impugnación, defensa, fundamentación, motivación y congruencia-; toda vez que, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo, declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 11/2023, que le otorgó cesación a la detención preventiva; sosteniendo que, ese medio de impugnación debió ser promovido en el acto -de forma oral y en audiencia- y no de manera escrita, dando prevalencia a un reglamento sobre la Constitución Política del Estado y la ley, configurando con ello, la existencia de un actuado nulo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del recurso de apelación incidental en medidas cautelares de carácter personal

Sobre el particular, la SCP 0141/2025-S2 de 25 de marzo, señaló: “En el ámbito penal, en los casos de medidas cautelares de carácter personal, el recurso de apelación se encuentra regulado por el art. 251 del CPP, que expresamente establece ‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas’. Normativa que no especifica si el recurso de apelación debe ser presentado de manera oral o escrita; no obstante, la jurisprudencia constitucional interpretando este artículo sostuvo que: ‘La jurisprudencia constitucional estableció que la apelación incidental, cuando se trata de medidas cautelares puede ser interpuesta de manera oral en el mismo acto procesal en el que se resolvió la aplicación de las mismas…’ -SCP 1257/2016-S3 de 9 de noviembre-. Consecuentemente, la modalidad oral como escrita pueden ser válidas, más aun cuando, la SCP 1116/2023-S3 de 6 de diciembre, sostuvo que el carácter instrumental de las medidas cautelares no solo repercute en su forma de aplicación sino también en su tramitación, por ello: ‘…sus plazos breves de consideración y resolución, entre otros; lo cual hace que las mismas deban ser tramitadas de manera flexible y sin rigorismos procesales; puesto que, en definitiva se trata de la determinación de una situación jurídica que puede modificarse sucesivamente con la urgencia que requiere el caso, lo que impide tener una concepción rígida acerca de su tramitación; más aún, si de por medio se comprometen los derechos del accionante vinculados con su libertad personal’. Ahora bien, en cuanto a la impugnación de medidas cautelares de carácter personal, el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -emitido en virtud a la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- en su art. 33.I establece: ‘Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considera agraviada con la resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley N° 1173’, haciendo entrever que el recurso de apelación únicamente sería interpuesto de manera oral en audiencia; sin embargo, respecto a este artículo, la SCP 1116/2023-S3 sostuvo que: ‘…si bien el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal se legitima mediante la Disposición Décima Tercera de la Ley 1173, del tenor literal de esa última se extrae claramente el alcance de dicha norma reglamentaria, la cual se encuentra limitada a desarrollar a través de un conjunto de disposiciones reglamentarias el poder ordenador y disciplinario de la autoridad judicial en audiencia, y no así modificar la tramitación del régimen de medidas cautelares’. En virtud a ello, aunque el aludido Reglamento puede especificar procedimientos o modalidades para la presentación de recursos, que inclusive reforzarían la inmediatez de la apelación; no obstante, su aplicación debe ser considerada de manera complementaria, y no puede contradecir o menoscabar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, que ocupa un lugar preeminente sobre el mencionado Reglamento, más aun cuando el alcance del art. 251 del CPP ya fue interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional” (lo resaltado es añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: El accionante interpuso recurso de apelación de forma escrita contra el Auto Interlocutorio 11/2023, a través del cual se le concedió la cesación a la detención preventiva (Conclusiones II.1 y II.2). Medio de impugnación que resolvió el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 457/2023, declarándolo inadmisible; decisión que basó en lo previsto por los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, sosteniendo principalmente que, al no haber sido promovido en el acto -es decir, de forma oral y en audiencia-, el referido recurso no ameritaba ningún tratamiento (Conclusión II.3). En ese contexto, y considerando los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, quedó establecido que, en observancia de los principios de informalismo e instrumentalidad, el recurso de apelación de -regulado por el art. 251 del CPP- puede ser interpuesto: De forma oral, en la misma audiencia en que se emitió medidas cautelares la resolución judicial recurrida; o, de manera escrita, dentro del plazo de las setenta y dos horas computable a partir de su emisión. Ambos medios de contención recursiva son válidos, independientemente de los criterios complementarios establecidos por el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal. Al ser ese el criterio establecido por la jurisprudencia constitucional, referente a la forma de interposición de dicho medio de impugnación, es evidente que el Vocal demandado incurrió en un acto arbitrario e incongruente, carente de toda fundamentación y motivación; al desestimar, mediante el Auto de Vista 457/2023, el recurso de apelación de medidas cautelares del accionante, bajo el único argumento de que fue promovido de forma escrita, haciendo una interpretación restrictiva de lo previsto en el art. 251 del CPP, apoyándose en lo establecido por un reglamento que, a lo sumo, tiene carácter complementario, cuya implementación no generó ninguna modificación sustancial en la referida disposición normativa. El proceder del Vocal demandado provocó que el impetrante de tutela se viera ilegalmente impedido de sustentar su recurso de apelación en audiencia, con lo que se le coartó su derecho irrestricto a la defensa técnica y material. Esto debido a que, basándose en una cuestión formal sobre la cual mostró tener un conocimiento superficial, no permitió que aquel pudiera ser escuchado para denunciar los agravios que le había generado el Auto Interlocutorio 11/2023; lo que imposibilitó que, mediante una resolución judicial de fondo, debidamente fundamentada y motivada, se definiera su situación jurídica como persona privada de libertad, por medidas legales diferentes a la detención preventiva. Cuando era su obligación, dilucidar el medio de impugnación en cuestión, en estricta observancia de lo previsto por el art. 251 del CPP , cuyo trámite procesal que contiene se encuentra específicamente regulado. Por todo ello, queda demostrado que el Vocal demandando lesionó los derechos de accionante, al no haber resuelto correctamente su recurso de apelación de medidas cautelares; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 75 a 81, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 457/2023 de 24 de mayo; debiendo el Vocal demandado, en el plazo de tres días computable a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, llevar a cabo una nueva audiencia con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 11/2023 de 16 de mayo, salvo que su situación jurídica haya sido ya definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1541_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): c6ef75b5c860a2c791abf2290f018b0b2a779a7892ea416d7b3b7885ec17dea1

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →