Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de impugnación; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de malversación y otros, en audiencia de medidas cautelares el Juez, -ahora codemandado-, le impuso la medida cautelar de detención preventiva; por ello, en el mismo acto interpuso recurso de apelación incidental en apego al art. 251 del CPP, que fue resuelta por la Vocal -ahora demandada-, quien mediante Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 ambos de 20 de junio, declaró inadmisible dicha apelación por falta de expresión de los agravios y la forma errónea de apelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 42 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme al fundamento Jurídico desarrollado en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1537/2025-S3 Sucre, 24 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56987-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 42 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Fabrizzio Gutiérrez Miranda en representación sin mandato de Walter Maizo Alándia contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Salta Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento.
Por memorial presentado el 9 de julio de 2023, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante por intermedio de su representante manifestó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de malversación y otros, en audiencia de medidas cautelares el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, -ahora codemandado-, le impuso de detención preventiva por el lapso de tres meses. Por ello, en el mismo acto interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y remitieron su petición a la Vocal de la Salta Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la misma Capital -ahora demandada-, quien emitió dos Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 de 20 de junio, con los que declaró inadmisible dicha apelación por falta de expresión de agravios; además, que su abogado se limitó a indicar: “formulo recurso de apelación”, -un acto futuro que puede o no ser realizado- y en la otra “hare uso del recurso”, dos manifestaciones supuestamente erróneas en la forma de apelar. No resolvió su situación jurídica, vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de impugnación, citando al efecto los arts. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El juez -codemandado- remita el cuaderno de apelaciones; y, b) La Vocal -demandada- resuelva el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 36 a 41, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) Por falta de legitimación activa de la Secretaria -codemandada-, peticionó que únicamente considere su informe escrito que consta en obrados; 2) Presentó una anterior acción de libertad, con otro objeto y sujeto de causa, en el que denunció la vulneración de los derechos a la libertad y el principio de impugnación, conforme al art. 125 de la CPE; 3) Formuló recurso de apelación en aplicación al art. 251 del CPP; además, señaló como agravio la errónea fundamentación, valoración probatoria e incongruencia interna en el Auto Interlocutorio que emitió el Juez -codemandado-; 4) La Vocal demandada mediante los Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 de 20 de junio, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado. No consideró a cabalidad la trascripción del Acta de audiencia de medidas cautelares, donde expresó con claridad que dicha apelación fue interpuesta en mérito del art. 251 del citado Código; y, 5) Planteó la presente acción tutelar contra el Juez demandado, debido a que el cuaderno de apelación fue devuelto a su Juzgado.
Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Salta Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 10 de julio de 2023, cursante de fs. 19 a 32, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) Emitió dos Autos de Vistas 541/2023 y 542/2023 de 20 de junio, que declaró inadmisible el recurso de apelación que fue planteado por el -ahora accionante- y confirmó el Auto Interlocutorio 326/2023 de 14 del mismo mes; ii) El solicitante de tutela a través de su abogado, debió tomar en cuenta lo señalado en los arts. 251 del CPP; y, 33 del Reglamento 12/2019 -Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal-; iii) El impetrante de tutela, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, no planteó recurso de apelación de forma oral, se limitó a indicar “formulo recurso de apelación” , la frase “formulo” refiere a un acto futuro que puede o no ser realizado; por ello, vulneró principio de oralidad previsto en el art. 180 de la CPE; iv) Los señalados Autos de Vista que emitió, fueron debidamente motivados y fundamentados, cumpliendo a cabalidad todos los requisitos establecidos por la norma procesal penal; siendo así, que no determinó la situación jurídica del impetrante de tutela, solo pronunció en cuanto a la apelación incidental en tiempo y plazo oportuno; v) El accionante al haber sido supuestamente afectado con la emisión del Auto de Vista 541/2023 de 20 de junio, debió peticionar complementación y enmienda; empero, no lo hizo, motivo por el que expresó tácitamente su conformidad. No agotó la instancia judicial; sin embargo, acudió a la acción constitucional pretendiendo subsanar su negligencia; y, vi) Las medidas cautelares tienen carácter provisional que pueden ser modificadas o revocadas conforme al art. 250 del CPP; además que, el solicitante de tutela podrá peticionar la modificación de su situación jurídica cuantas veces sea necesario. Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: a) Cumplió con la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; y, como consecuencia de ello, la Vocal demandada confirmó el Auto Interlocutorio 360/2023 de 14 de junio; y, b) El impetrante de tutela, no estableció de qué forma se hubiera vulnerado sus derechos constitucionales. Solicitó disponer lo que en derecho corresponda. Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento, por informe escrito presentado el 10 de julio de 2023, cursante a fs. 34, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante a través de su abogado en audiencia de medidas cautelares de 14 de junio de 2023, apeló el Auto Interlocutorio 360/2023; y, 2) Para conocimiento del Juez de garantías, presentó el acta y grabación de la referida audiencia. Asimismo, informó que el cuaderno de apelación fue devuelto por la Vocal demandada.
El Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 42 a 47 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 541/2023 de 20 de junio; asimismo, determinó que la Vocal demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, considere el recuro de apelación que fue formulado por el accionante, debiendo cumplir los fundamentos descritos en la “SCP 1520/2022-S2”, con base en los siguientes fundamentos: i) La Vocal demandada, al haber declarado inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela, obró de forma errónea, inobservó el art. 251 del CPP y fundó su decisión aplicando el art. 33 del Reglamento 12/2019; ii) El art. 394 del CPP, refiere que las resoluciones judiciales son recurribles cuya previsión legal está regida por el art. 251 del citado Código, siendo estos preceptos normativos para recurrir a una apelación incidental en cuanto a medidas cautelares; iii) La autoridad demandada, vulneró los derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y defensa, al no haber analizado y resuelto el recurso de apelación interpuesto por el acciónate; iv) En cuanto a la Secretaria codemandada, no se identificó que exista alguna responsabilidad dentro la acción tutelar, cumplió su obligación con la transcripción del Acta de audiencia y la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; y, v) Respecto al Juez demandado, de igual forma emitió el Auto Interlocutorio 360/2023 de 14 de junio, de manera motivada y fundamentada. No vulneró derecho o garantía constitucional del accionante. La única autoridad que no cumplió con la normativa procesal penal fue la Vocal demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 4 de julio de 2023, dirigido al Juez de garantías de turno o Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Walter Maizo Alándia -ahora accionante-, planteó acción de libertad contra Nataly Vargas Vargas, Vocal de la Salta Penal Tercera del mismo tribunal -ahora demandada-. La causa se encuentra pendiente de resolución, en el Tribunal Constitucional Plurinacional con expediente 64194-2024-129-AL, con fecha de ingreso el 21 de mayo de 2024 (fs. 15 a 17). II.2. Consta Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 de 20 de junio, emitida por la, Vocal -ahora demandada- en la que, determinó la inadmisibilidad el recurso de apelación incidental planteada por el -ahora accionante-, en cuya parte resolutiva CONFIRMA, el Auto Interlocutorio 360/2023 de 14 de junio, dictado por Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento -ahora codemandado- (fs. 11 a 14)
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de impugnación; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de malversación y otros, en audiencia de medidas cautelares el Juez, -ahora codemandado-, le impuso la medida cautelar de detención preventiva; por ello, en el mismo acto interpuso recurso de apelación incidental en apego al art. 251 del CPP, que fue resuelta por la Vocal -ahora demandada-, quien mediante Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 ambos de 20 de junio, declaró inadmisible dicha apelación por falta de expresión de los agravios y la forma errónea de apelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0453/2022-S2 de 1 de junio, reiterando el entendimiento jurídico en la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional, determinó como causal de improcedencia la identidad de sujeto, objeto y causa, así la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, determinó: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto’.
(…)
La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada”.
Por su parte, la SCP 0838/2017-S3 de 28 de agosto, sostuvo que: “…ante la presentación de una acción tutelar cuya resolución se encuentra en trámite, no es posible la interposición de otra acción con identidad de sujetos, objeto y causa respecto a la primera, extremo a partir del cual debemos entender que en caso de plantearse una acción de libertad cuya tramitación se encuentra en curso y de forma posterior una acción de amparo constitucional -o viceversa- en las que intervengan los mismos sujetos procesales -identidad de sujetos-, con la denuncia de los mismos hechos causantes de la presunta lesión de derechos -identidad de causa- y con la misma pretensión procesal -identidad de objeto-, claro esta, cuando el reclamo emergente de las acciones referidas pueda ser atendida por este Tribunal a través de ambos mecanismos de defensa, en esos casos, una segunda acción planteada no podrá ser resuelta en el entendido que la consideración de la misma podría ocasionar la existencia de duplicidad o contradicción en la emisión de resoluciones respecto a un mismo asunto, situación no querida por este Tribunal, no siendo admisible la presentación indiscriminada de acciones de defensa para la resolución de las presuntas lesiones de derechos, que pese a tratarse de acciones tutelares distintas contengan la identidad de sujetos, objeto y causa antes mencionada” .
Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2018-S3 de 3 de abril y 0780/2021-S2 de 9 de noviembre, entre otras.
El extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, puntualizó además que: “…cuando se evidencia la existencia o coincidencia de identidad sólo de objeto y causa, así no haya identidad de sujeto, o éste exista parcialmente, el recurso de hábeas corpus también es improcedente…” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de impugnación; toda vez que, en audiencia de medidas cautelares el Juez, -ahora codemandado-, le impuso la medida cautelar de detención preventiva; por ello, en el mismo acto interpuso recurso de apelación incidental en apego al art. 251 del CPP, que fue resuelta por la Vocal ahora demandada, quien mediante Autos de Vista 541/2023 y 542/2023 ambos de 20 de junio, declaró inadmisible dicha apelación por falta de expresión de los agravios y la forma errónea de apelar. De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se constató que el impetrante de tutela, mediante memorial de 4 de julio de 2023, planteó acción de libertad contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Salta Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, a través del cual el Juez de garantías denegó la tutela, causa que se encuentra pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, signado con el expediente -64194-2024-129-AL-, (Conclusión II.1). Posterior a ello, interpuso una nueva acción de libertad -que es ahora tratada-, que mereció la Resolución 16/2023 de 10 de julio, a través de la cual el Juez de garantías denegó la tutela. Con dichos antecedentes, se evidencia que el accionante interpuso una nueva acción de libertad, con identidad parcial de sujeto; puesto que ambas acciones tutelares están dirigidas contra la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la variante que, en la segunda se dirigió contra el Juez y Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento; lo que da cuenta que, existe identidad de objeto y causa, por cuanto en ambas el acto lesivo de sus derechos sería la emisión los Autos de Vista 541/2023 y 542/2023, con las que la Vocal demandada, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante; en concreto, denunció los mismos hechos fácticos causantes de la presunta restricción de los derechos a la libertad personal y al debido proceso en la tramitación de la apelación incidental; dado que, el propósito principal en las dos acciones de defensa, es que la Vocal demandada resuelva el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro; finalmente, vale decir, que la causa y el objeto central es el mismo, pretendiendo con ello una duplicidad de fallos sobre la misma problemática; siendo que, las mismas encuentran pendientes de revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional. Consecuentemente y conforme a los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las partes deben aguardar el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, sin que sea legalmente factible que se instauren nuevas acciones de tutela en ese lapso por causa similares, lo que constituye un acto temerario por cuanto se estaría pretendiendo activar la jurisdicción constitucional a objeto de que se dicte una duplicidad de fallos sobre la misma problemática; por ello, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 42 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción en lo Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme al fundamento Jurídico desarrollado en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1537_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 021b3ca8dae1c57a79407f752a8cbdbe2e704b23ec58a4a054b4aa2927ce9af0
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