Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 308/2023 de 29 de junio, por el cual revocó la determinación del Juez a quo y ordenó en su contra ampliación de la detención preventiva por el lapso de treinta días, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) No consideró los agravios expuestos por su defensa técnica en audiencia; por lo que, configuró una fundamentación omisiva, a pesar de que se dejó claro que la probabilidad de autoría se encuentra en duda; 2) Erróneamente determinó que el Juez a quo no podía determinar la existencia de duda razonable en el análisis de probabilidad de autoría, cuando ese es precisamente su deber; y, 3) No tomó en cuenta que, para realizar actos investigativos, tales como la inspección técnica ocular, la pericia informática de celulares o el reconocimiento del objeto secuestrado, no se requiere de su participación. Por lo tanto, no cumplió con los parámetros de fundamentación sobre la complejidad del caso, conforme lo estableció SCP 0411/2022-S4 del 31 de mayo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 070/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 96 a 99, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad de los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención al Juez de garantías por no haber remitido a este Tribunal todos los antecedentes del proceso penal de origen que conoció, a los fines de que se emitiera el presente fallo constitucional, pese a que era su obligación proceder conforme a lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, exhortarle a que en los casos que conozca se conduzca de acuerdo con lo que establece la normativa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1536/2025-S3 Sucre, 24 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56984-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 070/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 96 a 99, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Quispe de la Cruz contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de julio de 2023, cursante de fs. 77 a 84, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, en audiencia de consideración de situación jurídica se dictó el Auto Interlocutorio 325/2023 de 22 de junio, que dispuso medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva. Contra dicha determinación, tanto su persona como la víctima interpusieron recurso de apelación; medio de impugnación que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, a través del Auto de Vista 308/2023 de 29 de junio, por el que revocó la resolución de primera instancia y ordenó la ampliación de la detención preventiva por un lapso de treinta días, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Con relación al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no consideró los agravios denunciados por su defensa técnica en audiencia, por lo que desarrolló una fundamentación omisiva; ello, en consideración a que, dejó claro que la probabilidad de autoría se encuentra en duda; y, b) Lesionó su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, en vista de que erróneamente señaló que el Juez a quo no podía determinar la existencia de duda razonable en el análisis de la probabilidad de autoría, cuando es ese era precisamente el deber la autoridad de control jurisdiccional -valorar los elementos de prueba y determinar la concurrencia de dicho requisito para la definición de la detención preventiva-; mientras que, en apelación se debe revisar la legalidad y fundamentación hecha en primera instancia y no revalorizar los elementos de probatorios. La audiencia de consideración de situación jurídica tiene como finalidad se realice una evaluación preliminar de los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa para determinar si existen suficientes indicios que permitan sostener la probabilidad de autoría y participación respecto del delito sindicado; y, en su caso, en audiencia de situación jurídica de 22 de junio de 2023, el Juez a quo estableció que simplemente existen actos como la transcripción de la inspección técnica ocular, una pericia informática de celulares, el reconocimiento de objeto secuestrado “tari”; aspectos considerados por la Vocal demandada para establecer la complejidad del asunto, así como el hecho de la existencia de pluralidad de imputados y víctimas; sin considerar los parámetros de la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, pues para realizar tales actos, no se requiere de la participación de su persona.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto, los arts. 22, 23.I y III, 115.II, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.1 y 2, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); XVII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga su libertad y se deje sin efecto el Auto de Vista 308/2023 de 29 de junio, ordenando que la Vocal demandada emita una nueva resolución judicial.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 90 a 95 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliándolos, expresó que: 1) La Vocal demandada no valoró la prueba producida en la audiencia de consideración de situación jurídica, con la cual se basó el Juez a quo para concluir que existe duda razonable respecto a la concurrencia de lo previsto en el art. 233.1 del CPP; como ser informes policiales que muestran que el día de los hechos se encontraba en un lugar diferente al de la escena delictiva, entre otras varias actuaciones; y, 2) No se explicó porque corresponde la detención preventiva, cuando también se presentó elementos objetivos que demuestran la inconcurrencia de riesgos procesales. Por otro lado, la Vocal demandada se condujo de forma extra petita, puesto que la parte acusadora en ningún momento se refirió a la temática de la duda razonable; sin embargo, la autoridad judicial se manifestó al respecto.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 7 de julio de 2023, cursante de fs. 88 a 89, señaló que: i) El Juez a quo, al determinar la cesación a la detención preventiva, manifestó que existía duda razonable respecto a la probabilidad de autoría, basado en que cursa en obrados un informe emitido por el investigador asignado al caso, el cual establece que el impetrante de tutela no se encontraba presente en el lugar de los hechos, sino en otro sector participando de un acto por el día del padre. Asimismo, agregó que no materializó ningún acto de obstaculización y que, por el contrario, estaría coadyuvando con las investigaciones. Finalmente, resaltó que existen informes de migración y del investigador que demuestran que el 21 de marzo del indicado año, solo cumplió con una orden superior de llamar a un vehículo o chofer para que transportara a un ciudadano extranjero; ii) De conformidad con el informe del propio abogado defensor, se dio a conocer que el accionante se vio involucrado en los hechos investigados, ya que se encontraba cumpliendo funciones, trasladando a uno de los presuntos partícipes al Municipio de Desaguadero -frontera con Perú-; aspecto que repercutió en la aplicación de medidas cautelares personales; y, iii) Se tomó en cuenta que el hecho se encuentra sujeto a investigación preparatoria, cuya responsabilidad recae en el Ministerio Público. Por lo tanto, la autoridad judicial no pudo establecer duda razonable con base en el art. 279 del CPP. En ese sentido, es únicamente atribución del Fiscal de Materia definir este aspecto a los fines de decantarse por una acusación o un sobreseimiento. El Juez a quo únicamente tenía el deber de verificar que los actuados investigativos se hubieran realizado de forma correcta. Por consiguiente, al determinar la referida duda razonable sobre la base del art. 233 del señalado cuerpo normativo, no actuó con la logicidad jurídica requerida.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 070/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 96 a 99, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista cuestionado se sustenta en que no se consideró el principio de proporcionalidad, pues se trata de un ilícito en el que se ven involucradas tres víctimas que pertenecen a un grupo vulnerable -adultos mayores-. Además, existirían actuados pendientes de ejecución, como pericias, por lo que los treinta días solicitados por el Ministerio Público debieron ser atendidos en su oportunidad. Este razonamiento es adecuado a partir de los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional que trató asuntos complejos con presencia de pluralidad de víctimas que se encuentran en una situación desventaja; y, b) Con relación a la probabilidad de autoría, la Vocal demandada refirió que esta tuvo como base la imputación formal, de la cual emergió la investigación y donde se realiza el análisis de los hechos. En el presente caso, al encontrarse el proceso en etapa preparatoria, y debido a que su desarrollo le corresponde al Ministerio Público, no podría establecerse duda razonable respecto al art. 233.1 del CPP, en atención al art. 279 de igual cuerpo normativo. Ello debido a que las autoridades judiciales se ven impedidas de efectuar actos investigativos, siendo su deber únicamente el de controlar cómo es que estos se sustanciaron. Razonamiento que resulta adecuado, pues se funda en una correcta división de las funciones del Juez a quo con relación al titular de la persecución penal. Lo que demuestra que el Auto de Vista 308/2023 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, y no constituye un acto que haya desembocado en la lesión de derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Resolución 070/2023 de 7 de julio, por la cual el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías, denegó la tutela solicitada por Pedro Quispe de la Cruz -ahora accionante-, previo análisis de los antecedentes que forman el proceso penal de origen (fs. 96 a 99).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 308/2023 de 29 de junio, por el cual revocó la determinación del Juez a quo y ordenó en su contra ampliación de la detención preventiva por el lapso de treinta días, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) No consideró los agravios expuestos por su defensa técnica en audiencia; por lo que, configuró una fundamentación omisiva, a pesar de que se dejó claro que la probabilidad de autoría se encuentra en duda; 2) Erróneamente determinó que el Juez a quo no podía determinar la existencia de duda razonable en el análisis de probabilidad de autoría, cuando ese es precisamente su deber; y, 3) No tomó en cuenta que, para realizar actos investigativos, tales como la inspección técnica ocular, la pericia informática de celulares o el reconocimiento del objeto secuestrado, no se requiere de su participación. Por lo tanto, no cumplió con los parámetros de fundamentación sobre la complejidad del caso, conforme lo estableció SCP 0411/2022-S4 del 31 de mayo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre el particular, el art. 124 del CPP establece: “…(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación y motivación que realice todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es añadido). Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…” (el resaltado es agregado).
De forma previa, cabe precisar que no fueron remitidos a este Tribunal los antecedentes pertinentes que hacen al proceso penal de origen; exigencia que no ha sido cumplida por el accionante ni por el Juez de garantías, a pesar de que ambos tenían la obligación de poner a conocimiento todos los actuados necesarios a fin de que se dilucidara la controversia traída a debate. Sin embargo, en observancia a los principios de celeridad y tutela judicial efectiva, este aspecto formal no constituye un óbice procesal para analizar el fondo de la problemática identificada, dado que se encuentran los elementos necesarios para el efecto. Lo que no obsta a que se realicen las llamadas de atención necesarias con el propósito de que una situación similar no se vuelva a suscitar.
En consideración a las problemáticas presentadas por el impetrante de tutela, se tiene que este reclama la lesión del principio de congruencia, argumentando que no fueron considerados los agravios presentados por su defensa en la audiencia de apelación. Estima que no se dio respuesta al hecho que la probabilidad de autoría que se le imputa se encuentra en duda. De igual manera, sostiene la vulneración de su derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, pues refiere que erróneamente se determinó que el Juez a quo no podía establecer la existencia de duda razonable en el análisis de probabilidad de autoría, cuando ese es precisamente su deber.
En atención a lo desarrollado en la Resolución 070/2023 de 7 de julio, así como del informe presentado por la Vocal demandada dentro del presente proceso, se advierte que esta explicó que el Juez a quo fundamentó su decisión en la existencia de un informe policial y de informes de migración que, según su valoración, demostraban que el imputado no se encontraba presente en el lugar de los hechos el día en cuestión. Este aspecto generó en la autoridad judicial de primera instancia una “duda razonable”, motivo por el cual habría concluido en la inexistencia del requisito material de probabilidad de autoría.
Sin embargo, para la Vocal demandada dicho razonamiento resulta ilógico, pues sostuvo que en la etapa investigativa el Juez a quo no puede realizar un análisis probatorio destinado a establecer la intervención o no del imputado en el hecho delictivo. Por el contrario, su función se limita a verificar si existen elementos suficientes que permitan establecer la probabilidad de autoría y, además, a constatar que los actos investigativos se hayan desarrollado de manera adecuada. En este sentido, se concluye que el razonamiento de la Vocal demandada es correcto, pues el art. 233.1 del CPP no exige demostrar la culpabilidad del imputado para disponer la vigencia del requisito material de toda medida cautelar personal. La exigencia de “probabilidad de autoría” no implica afirmar que el hecho existió o que no existió, sino que lo que se evalúa es si concurren elementos de convicción suficientes que permitan suponer razonablemente la posible participación del imputado en el ilícito. Así, la SCP 0052/2020-S2 de 17 de marzo señaló: “…el precitado requisito para la detención preventiva, se traduce en la exigencia de elementos de convicción suficientes, para establecer una probabilidad; aspecto que, resulta drásticamente diferente de los elementos de convicción requeridos para determinar una certeza; en el entendido de que la probabilidad, admite la posible verdad de algo, sin descartar la posibilidad de su falsedad (aspecto que más bien equivaldría a adquirir certeza, descartando toda ‘duda razonable’. Ahora bien, a efectos de determinar esa ‘posible’ participación o autoría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que: ‘…deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga…’” (lo resaltado es añadido). Por lo tanto, el razonamiento de la Vocal demandada es jurídicamente válido, pues el Juez a quo incurrió en error al introducir la noción de “duda razonable” en el análisis de la probabilidad de autoría; cuando en la etapa preparatoria no corresponde evaluar si el imputado cometió o no el delito, sino únicamente verificar la existencia de indicios mínimos que permitan suponer su posible participación, con la finalidad de determinar la aplicación de la detención preventiva, tiene únicamente un sentido instrumental.
En el caso concreto, tal como lo aclaró la Vocal demandada en su informe, existen elementos que demuestran que el imputado trasladó a uno de los partícipes del hecho investigado hacia la frontera; ese antecedente constituye un indicio suficiente de participación, que permite establecer la probabilidad de autoría y, en consecuencia, satisface el requisito material exigido por la normativa procesal penal. Lo que demuestra, la resolución judicial cuestionada presenta una adecuada fundamentación y motivación en cuanto al análisis del requisito previsto por el art. 233.1 del CPP.
En este punto, es pertinente establecer que, respecto al principio de congruencia, el accionante erróneamente señaló que no se le dio respuesta a su agravio referente a que demostró la inexistencia de probabilidad de autoría; puesto que, conforme se analizó, la Vocal demandada sí se pronunció expresamente sobre ese aspecto, desarrollando la forma en que debe evaluarse ese requisito.
Ahora bien, el impetrante de tutela también presenta como problemática la falta de consideración de que, para realizar ciertos actos investigativos -como la inspección técnica ocular, la pericia informática de celulares o el reconocimiento del objeto secuestrado-, no se requiere su participación; por lo que no cumplió con los parámetros de fundamentación de la complejidad del asunto, conforme a lo razonado por la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo.
Al respecto, la resolución ahora cuestionada -de conformidad con lo desarrollado en la Resolución 070/2023, emitida por el Juez de garantías- logró establecer la complejidad del asunto. En efecto, la Vocal demandada explicó que el hecho investigado se trataría de un delito en el que están involucradas tres víctimas, quienes además son personas adultas mayores; y que, durante la etapa investigativa, aún resulta necesario realizar una inspección técnica ocular, pericias a teléfonos celulares y el reconocimiento de objetos secuestrados. Ese razonamiento se encuentra en plena armonía con la Sentencia Constitucional Plurinacional citada por el mismo accionante -SCP 0411/2022-S4-, que refiere: “Bajo el alcance interpretativo de la Corte IDH, se asume entonces que la complejidad del caso podrá medirse en función a circunstancias debidamente justificadas que impidan el desarrollo del proceso en un plazo razonable, cuya precisión emergerá de acuerdo a las particularidades propias de cada caso, respondiendo de manera fundamentada al grado de dificultad que conlleva la investigación, el que puede estar vinculado a la complejidad de la prueba y dificultades en su obtención; pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas y testigos; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación, situación política y social compleja; la posible situación de vulnerabilidad de la o las víctimas; circunstancias que de ser pertinente, deberán ser analizadas y juzgadas con perspectiva de género, de acuerdo a los estándares de protección internacional adoptados en la materia. Catálogo que si bien no se constituye en un numerus clausus de implicancias -regladas- relativas a la complejidad del caso; no obstante, se instituyen como criterios orientadores que deben ser debidamente observados tanto por el órgano encargado de la persecución penal, como por las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando corresponda analizar la ampliación de la detención preventiva en los márgenes de lo previsto en el art. 233 del CPP” (el resaltado es añadido). A partir de tal parámetro jurisprudencial, es posible concluir que el Auto de Vista 308/2023 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; pues en efecto, la Vocal demandada sustentó la ampliación de la detención preventiva por treinta días en la constatación de la complejidad del caso, derivada de la pluralidad de víctimas pertenecientes a un grupo vulnerable, y estableció de manera puntual los actos investigativos pendientes que se ejecutarían durante el plazo otorgado. Por todo lo expuesto, este Tribunal establece que la resolución confutada de ninguna manera lesionó los derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia del accionante; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 070/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 96 a 99, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad de los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención al Juez de garantías por no haber remitido a este Tribunal todos los antecedentes del proceso penal de origen que conoció, a los fines de que se emitiera el presente fallo constitucional, pese a que era su obligación proceder conforme a lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, exhortarle a que en los casos que conozca se conduzca de acuerdo con lo que establece la normativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1536_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 021b6d04a57ba0390dadc4857061527aed32023bfa69ef99e51cdca329e38fc9
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