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SCP 1534/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56058-2023-113-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Vocal demandado pronunció el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023, declarando procedente el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público; en consecuencia, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio de 18 de abril de ese año, emitido por la Jueza a quo, ordenando su detención preventiva, sin efectuar una fundamentación y motivación, limitándose a considerar la expresión de agravios del Ministerio Público; empero, omitiendo su deber de expresar la concurrencia de los dos presupuestos previstos en el art. 233 del CPP, para la procedencia de la medida extrema. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 38 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Juez de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de motivar y fundamentar por parte de los tribunales de apelación, al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1534/2025-S3 Sucre, 24 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56058-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 38 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tom Prieto Velásquez en representación sin mandato de José Mauricio De Souza Monteiro contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; en la audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 18 de abril de 2023, la Jueza de la causa determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva en su favor, al advertir contradicciones, falacias y consentimiento de la víctima, existiendo duda respecto a los hechos materiales. Sin embargo, en virtud al recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, pronunció el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023, determinando revocar el Auto Interlocutorio de 18 de abril del mismo año, emitido por la Jueza a quo, sin efectuar una fundamentación integral y sistemática de todos los presupuestos, para disponer la extrema medida de última ratio, limitándose a considerar la expresión de agravios del Ministerio Público, y con relación al presupuesto material previsto en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solo mencionó una cita respecto al argumento desplegado por la Jueza inferior; omitiendo su deber de fundamentar dicho presupuesto, conforme señaló la jurisprudencia constitucional vinculante.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023 y se ordene a la autoridad demandada, que emita una nueva resolución debidamente fundamentada, resolviendo todos y cada uno de los agravios expuestos en audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 34 a 37, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los términos de su acción tutelar, y ampliándolos expresó que: a) El límite de lo previsto en el art. 398 del CPP, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Resolución, no implica que los Tribunales de alzada se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva; considerando que, dicha medida extrema únicamente es válida cuando se fundamentaron ambos supuestos previstos en el art. 233 del CPP; b) La autoridad demandada, en el Auto de Vista cuestionado, si bien resolvió todos y cada uno de los puntos de agravio expresados por el Ministerio Público; empero, debió efectuar una fundamentación del presupuesto material y procesal, para ordenar la extrema medida, no habiendo explicado ni controvertido los argumentos por los cuales la Jueza a quo estableció mentiras, contradicciones y consentimientos, que le llevaron a disponer la aplicación de medidas sustitutivas; puesto que, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, exige al Tribunal de alzada volver a fundamentar dicho presupuesto; y, c) Si el Tribunal ad quem consideraba que esos cuestionamientos no fueron suficientes o eran ilógicos, pudo fundamentar, extremo que; sin embargo, no lo hizo; por lo cual, reiteró que se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe del demandado

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 1 de junio de 2023, por informe escrito presentado el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 30 a 33, manifestando que: 1) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos invocados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos; puesto que, si bien denuncia falta de fundamentación; empero, prescindió explicar a partir de qué acciones y/o fundamentos habría vulnerado tales derechos; 2) No explicó de manera precisa y concreta cuál es el fundamento expresado de forma incorrecta, y como debió motivar y argumentar respecto a los puntos reclamados; 3) Tampoco enunció por qué esa valoración no es correcta o resulta irracional; es decir, se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad, previsible para decidir; dado que, la jurisprudencia constitucional exige que para impugnar la valoración de la prueba en sede constitucional, el accionante demuestre la existencia de irracionalidad u omisión; situación que en el caso presente no aconteció; 4) De la revisión del Auto de Vista objetado, se advierte que no incurrió en valoración irrazonable de las pruebas, porque en instancia de apelación no se efectúa dicha labor; sino, la competencia del Tribunal de alzada es de revisión, verificando si la Jueza a quo cumplió o no con las reglas establecidas por el art. 173 del CPP y en la jurisprudencia vinculante al caso, debiendo denunciarse como agravio tal situación; 5) Debe considerarse que el peticionante de tutela no apeló el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 18 de abril de 2023, en la que se determinó la concurrencia del presupuesto material de probabilidad de autoría y de otros riesgos procesales, no pudiendo reclamar que se limitó a realizar una mención de los argumentos de la autoridad judicial respecto a dicho presupuesto; dado que, el suscrito conoció en grado de apelación incidental, en virtud a la impugnación interpuesta por el Ministerio Público, limitándose a responder los fundamentos de agravio expuestos; 6) Al responder los agravios formulados por la autoridad fiscal, y previo análisis, se dio por concurrente el riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del citado Código, no así el Juez de la causa, pese a existir prueba objetiva; 7) Se estableció como correcto el fundamento del Juez inferior, en relación al riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del aludido Código; y, siendo el delito de abuso sexual tipificado en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se analizó la situación de vulnerabilidad de la víctima frente al imputado, en virtud al análisis con enfoque de género y con base en los antecedentes del proceso; 8) En el presente caso, concurren los presupuestos establecidos en el art. 233 del Código Adjetivo Penal, para la aplicación de la detención preventiva; considerando que, la Jueza a quo dio por concurrente la probabilidad de autoría del imputado, prevista en el citado precepto legal; asimismo, se advirtió la presencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, inmersos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, existiendo además actos investigativos pendientes como la pericia psicológica de la víctima y del imputado, entre otros; 9) La solicitud del Ministerio Público que se ordene la detención preventiva del imputado -hoy peticionante de tutela-, se estimó razonable a los fines de las medidas cautelares, tomando en cuenta la concurrencia de los requisitos de la medida extrema, previstos en el art. 233 del señalado Código; y, 10) De lo referido, es posible concluir que el Auto de Vista objetado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, y no vulnera derecho alguno; por cuanto, resulta absolutamente razonable y coherente con los antecedentes, normativa y jurisprudencia existente; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 38 a 49, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 4 de mayo del mismo año, debiendo la autoridad demandada, emitir nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo, sin costas. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista cuestionado, solo se limitó a responder a los fundamentos de agravio expuestos por la autoridad fiscal; en consecuencia, no realizó ningún análisis y menos una debida fundamentación y motivación con la concurrencia del presupuesto material reclamado, consistente en la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y, ii) En consecuencia, incumplió lo expresamente señalado en el art. 233.1 del CPP, desarrollado en la SCP 0077/2012 de 16 de abril, limitándose únicamente a expresar, que la Jueza a quo ya había dado por acreditado dicho presupuesto; argumento que conlleva una falta de fundamentación y motivación, y por lo mismo transgrede el debido proceso en dichos componentes, en cuanto se refiere al indicado presupuesto material del caso, al momento de emitir su fallo; en tal sentido, el fundamento del demandado no tiene mérito alguno en esta línea de acción de libertad, correspondiendo atender favorablemente la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Valerin Makarena Esquivel Villarroel contra José Mauricio De Souza Monteiro -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2023, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor del prenombrado (fs. 6 a 9 vta.). II.2. En virtud del recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, contra el fallo supra; el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, en audiencia virtual, pronunció el Auto de Vista de 4 de mayo del mismo año, declarando procedente la impugnación planteada; en consecuencia, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio recurrido, disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela, en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el lapso de cinco meses (fs. 2 a 5 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Vocal demandado pronunció el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023, declarando procedente el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público; en consecuencia, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio de 18 de abril de ese año, emitido por la Jueza a quo, ordenando su detención preventiva, sin efectuar una fundamentación y motivación, limitándose a considerar la expresión de agravios del Ministerio Público; empero, omitiendo su deber de expresar la concurrencia de los dos presupuestos previstos en el art. 233 del CPP, para la procedencia de la medida extrema. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de motivar y fundamentar por parte de los tribunales de apelación, al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, sostuvo: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden). Respecto a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (resaltado añadido). Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó lo siguiente: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (énfasis corresponde al texto original).

Posteriormente, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidenció que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Valerin Makarena Esquivel Villarroel contra José Mauricio De Souza Monteiro -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP; en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2023, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor del prenombrado. En vista de la decisión asumida, el Ministerio Público interpuso apelación incidental; en mérito a ello, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, en audiencia virtual, pronunció el Auto de Vista de 4 de mayo del mismo año, declarando procedente la impugnación planteada; en consecuencia, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio recurrido, disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela, en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el lapso de cinco meses. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el impetrante de tutela, referidas a la falta de fundamentación y motivación presentada en el Auto de Vista cuestionado, respecto a la concurrencia de los dos presupuestos previstos por el art. 233 del CPP, para la procedencia de la detención preventiva, corresponde conocer los fundamentos expresados en el citado fallo de alzada: a) Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP, la representante del Ministerio Público no cumplió con la carga argumentativa, al no haber cuestionado los razonamientos a los que arribó la Jueza a quo, siendo insuficientes los fundamentos vertidos por la autoridad fiscal; en consecuencia, el Tribunal de alzada se encuentra imposibilitado de ingresar al análisis con relación a este riesgo procesal; b) En cuanto se refiere al art. 234.7 del citado Código, la Jueza de la causa no efectuó una debida fundamentación; dado que, observó el enfoque de género previsto por la jurisprudencia constitucional, que obliga a las autoridades jurisdiccionales considerar el mismo; estableciendo que, tratándose de delitos contemplados dentro la Ley 348, para la construcción de este peligro procesal, se debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, las circunstancias del hecho, así como las consecuencias anteriores y posteriores a los hechos ilícitos; c) En el presente caso, dada la naturaleza del hecho que se investiga, se advierte que se encuentra comprendido dentro la indicada norma legal; puesto que, la víctima se halla en situación de vulnerabilidad y desventaja con relación al imputado -hoy accionante- y su presunto agresor, por el solo hecho de ser mujer, entre otros aspectos; circunstancias que conllevan a que concurra el citado peligro procesal; por lo que, tiene mérito la apelación formulada;

d) Con relación al peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, la Jueza inferior fundó el mismo por las amenazas vertidas por el imputado mediante un móvil telefónico, “…en el caso con esa sola circunstancia constituye que el imputado pueda influir de manera negativa en posibles testigos, como es precisamente la víctima, por lo que, al respecto del razonamiento efectuado por la autoridad judicial corresponde confirmarla” (sic); y, e) Con base en todo lo expuesto, el Tribunal de alzada considera que se cumplieron con los presupuestos establecidos por el art. 233 del CPP, para que se aplique la detención preventiva, revocando la resolución apelada; toda vez que, de la revisión de antecedentes y el fallo apelado, la Jueza a quo dio por concurrente la probabilidad de autoría del peticionante de tutela en los hechos ilícitos; no obstante, de los cuestionamientos efectuados por dicha autoridad de la conducta asumida por la víctima. Asimismo, el prenombrado vertió amenazas de muerte contra la víctima, sugiriéndole que no denuncie los hechos ilícitos que motivan la investigación, siendo por ello idónea y necesaria la medida extrema, para garantizar y evitar violencia contra la mencionada; más aún si se toma en cuenta que, el prenombrado no concurrió al presente acto, demostrando falta de interés e incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Tribunal. De acuerdo al desarrollado jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental, están obligados: por un lado, a dar respuesta a todos los agravios denunciados -según prevé el art. 398 del CPP-, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código; y por otro, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que prevé el art. 233. 1 y 2 del CPP, para la procedencia de la detención preventiva; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en la resolución de alzada que la disponga.

Teniendo presente el marco jurisprudencial anotado, y del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista objetado, se constata que si bien el Vocal demandado determinó la detención preventiva del impetrante de tutela, a raíz de la solicitud formulada por la representante del Ministerio Público, en su recurso de apelación incidental, respondiendo efectivamente a todos los agravios identificados por la autoridad fiscal; sin embargo, no cumplió con la exigencia de fundamentar su decisión de aplicar la medida cautelar extrema, exponiendo de manera motivada la concurrencia de los dos presupuestos exigidos por el art. 233 del CPP, concretamente en cuanto concierne al grado de autoría y participación en la comisión del delito imputado al solicitante de tutela, limitándose únicamente a referir lo expresado por la Jueza a quo en su fallo, al señalar que ya había dado por acreditado el presupuesto inmerso en el numeral 1 de la citada normativa penal, y resaltando la concurrencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código Adjetivo Penal; haciendo alusión además, a los motivos por los cuales la Fiscal de Materia habría solicitado la detención preventiva del accionante por el lapso de cinco meses; argumentos que a juicio de la autoridad demandada, serían suficientes para establecer el cumplimiento de los presupuestos determinados por el citado art. 233 del referido Código, que ameritaría revocar la Resolución apelada y en tal sentido, aplicar la medida de última ratio.

Empero, no consideró que la detención preventiva sólo puede ser ordenada previa verificación de los elementos de prueba que permitan concluir la concurrencia de los dos presupuestos establecidos en las normas procesales citadas; esto es, la fundamentación expresa sobre los elementos de convicción suficientes que permiten sostener con probabilidad que el imputado es autor o partícipe del hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. En consecuencia, el Vocal demandado, al disponer la revocatoria de las medidas sustitutivas que le fueron impuestas al peticionante de tutela, debió fundamentar respecto a la concurrencia de ambos presupuestos; situación que no aconteció, al evidenciarse la omisión en la falta de motivación respecto al primer requisito previsto en el art. 233 del citado Código, limitándose a justificar su determinación en la existencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización; sin considerar que, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, “…no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP…” (SCP 0077/2012). Por los argumentos esgrimidos, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, con relación al derecho a la libertad, invocados por el accionante, correspondiendo conceder la tutela demandada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 38 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Juez de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1534_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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