B.IA.LEGAL

SCP 1530/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
64771-2024-130-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a una persona con discapacidad, al debido proceso y a la defensa, ello debido a que el 7 de diciembre de 2023, recibió Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de la misma fecha, acto administrativo unilateral por el cual se le comunicó que fue sancionado con el descuento de dos días de haber, por la supuesta comisión de una falta grave con sanción económica, sin que haya existido un proceso previo en el que pueda tener la oportunidad de ofrecer descargos y ejercer su derecho a la defensa, cuando nadie puede ser sancionado sin tramitarse un debido proceso previo; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, se deje sin efecto el Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de 7 de diciembre; la devolución de los dos días de haber descontados correspondientes al mes de diciembre de 2023, y sea con costas procesales y la indemnización de daños y perjuicios, de conformidad al art. 113 de la CPE. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2024 de 6 de junio, cursante de fs. 37 a 43 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1530/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 64771-2024-130-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 051/2024 de 6 de junio, cursante de fs. 37 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan de Dios Romero Condori contra Carla Mariela Aguirre Rocha, Administradora de Aduana Interior, Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 junio de 2024, cursante de fs. 12 a 17, el accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la Aduana Nacional a través de Memorándum Cite: 5867/2021 de 4 de octubre, trabajo que cumplió ininterrumpidamente hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar; sin embargo, el 7 de diciembre de 2023, recibió Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de la misma fecha, con referencia “falta grave con sanción económica”, decisión que le penaliza con descuento de dos días de haber mensual. Tal acto administrativo unilateral resulta atentatorio a sus derechos, ya que fue sancionado sin que se encuentre con motivación o fundamento alguno que justifique que se asuma tal sanción en su contra; lo que implica a su vez una vulneración al derecho al debido proceso, ya que no se le dio oportunidad a defenderse, para poder presentar sus descargos, ya que toda sanción solamente puede ser aplicada previo proceso correspondiente.

Finalmente denuncia que se ha vulnerado su derecho como persona con discapacidad, ya que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido que las personas con discapacidad tienen derecho a ser protegidos por el Estado y se garantiza a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo con sus posibilidades, con una justa remuneración, por lo que el haber procedido a su descuento de dos días de su remuneración mensual sin garantizar el debido proceso también vulnero su derecho como persona con discapacidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración al debido proceso vinculado al derecho a la defensa y los derechos de la persona con discapacidad, citando al efecto los arts. 70.1 y 4; 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de 7 de diciembre; la devolución de los dos días de haber descontados correspondientes al mes de diciembre de 2023, y sea con costas procesales y la indemnización de daños y perjuicios, de conformidad al art. 113 de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de junio de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 33 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado a momento de ratificar su acción constitucional, agregó que: a) El cumplimiento del principio de subsidiariedad, ya fue superado a momento de admitir la acción constitucional impetrada, resaltando que se trata de una persona con discapacidad; b) En la respuesta a la acción de amparo constitucional, se trató de justificar la emisión del memorándum que se cuestiona, empero es justamente en dichas razones que se funda la lesión al debido proceso, debido a que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído, de conformidad a los arts. 115 y 117.I de la CPE; y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); c) El Memorándum que se impugna, es el emitido el 7 de diciembre de 2023, por lo que, se encuentran dentro del plazo de los seis meses, citando al efecto la SCP 0138/2022-S4, concluyendo que el citado fallo constitucional, establece la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de una falta; d) No se le aperturó un sumario administrativo, mínimamente para la emisión del aludido Memorándum, sino que se procedió de manera unilateral, inobservando los principios mínimos del debido proceso; e) Resaltó que con anterioridad a la emisión del Memorándum impugnado, se le entregaron otros dos, que fueron debidamente recurridos en su oportunidad, y que en octubre de 2023 se le inició un proceso administrativo, con la intención de buscar la destitución del accionante, subrayando que el tercer Memorándum, le fue entregado en diciembre del indicado año; f) Impugna el Memorándum, en virtud a que el proceso administrativo referido, no tiene los mismos motivos, contexto que hubiere sido diferente si el referido Memorándum fuera por destitución; en el caso, se está solicitando la anulación de la señalada comunicación, para la restitución de los dos días de haber penalizados; y, g) La parte demandada, en su informe no pudo desvirtuar la vulneración al debido proceso, solicitando que se tome en cuenta que el accionante se encuentra con baja médica producto de una cirugía, razón por la que se encuentra delicado de salud, y que se trata de una persona con discapacidad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carla Mariela Aguirre Rocha, Administradora de Aduana Interior, Gerencia Regional Tarija de la ANB, mediante informe escrito de 6 de junio de 2024, cursante de fs. 21 a 31 vta. y en audiencia, manifestó que: 1) La excepción al principio de subsidiariedad contenido en la SCP 0595/2015-S2, no es aplicable al presente caso porque se trata de un caso en el que el accionante perdió su fuente laboral, y en consecuencia el medio de subsistencia, en consecuencia, los supuestos fácticos no son análogos, debido a que el objeto de la acción de amparo constitucional es el Memorándum AN/GRTJA/ITJ/M/177/2023 de 7 de diciembre, que determinó una sanción económica de descuento de dos días de haber y no así la destitución del accionante; 2) De acuerdo el art. 51.III del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, el accionante tenía un día hábil para impugnar la determinación objeto de la presente acción de tutela, que fue notificado al interesado el 7 de diciembre de 2023, sin que haya hecho representación alguna ni presentado descargo alguno, por lo que se produjo el instituto de la caducidad; y lo asumido, fue consentido libre y expresamente; 3) Existe un proceso sumario administrativo, en el cual se tiene la Resolución Final SUM/ADM/RF/VXAA 177/2024 de 26 de enero, que tiene Auto de Ejecutoria SUM/ADM/AE/VXAA 950/2024 de 22 de mayo; proceso en el cual, el accionante hizo uso de todos los medios de defensa previstos por ley; asimismo, destacó que el Memorándum objeto de la acción de tutela, formó parte de los actos administrativos evaluados dentro del referido sumario administrativo; 4) Con relación a la fundamentación y motivación del Memorándum objeto de la acción de tutela, se advierte que el primer párrafo se identifica los hechos, describiendo el incumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la utilización de precios de referencia aprobado por la Resolución RA-PE 02-012-2022 de 3 de febrero de 2023, de lo que se infiere que el impetrante de tutela, tuvo pleno conocimiento de las razones de hecho y de derecho que incumplió, posteriormente se realizó la subsunción de lo descrito, al Reglamento Interno del Personal, aprobado por Resolución de Directorio RD-02-019-21, identificando la falta en el art. 46 inc. b), razón por la cual, no es evidente la vulneración acusada, citando al efecto la SCP 1234/2017-S1, dado que el acto administrativo impugnado es claro, completo, legítimo y lógico en el marco del debido proceso; 5) El impetrante de tutela, interpuso la acción constitucional, de mala fe, en virtud a que se impugnó uno de los tres memorándums que originaron el proceso sumario administrativo en su contra, sin otra finalidad de anular el referido proceso, en el cual, hizo uso de su derecho a defensa, y que culminó con una decisión que ya se encuentra ejecutoriada; y, 6) No existe vulneración a los derechos de las personas con discapacidad, en razón a que dicha condición no permite abstraerse del cumplimiento de las obligaciones que todo servidor público debe acatar conforme al art. 235.2 de la CPE, resaltando que el accionante se limitó a citar la SCP 0929/2015-S1, sin cumplir lo establecido en la SC 0740/2007-R de 20 de agosto, realizando una argumentación de forma genérica, que no resulta suficiente para la procedencia de una acción de amparo constitucional; finalizó solicitando se declare la improcedencia o se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 051/2024 de 6 de junio, cursante de fs. 37 a 43 vta., denegó la tutela impetrada; determinación que se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El Memorándum objeto de la presente acción tutelar, fue emitido por autoridad competente, ello en aplicación en su art. 46.III inc. b) del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, disposición reglamentaria cuyo art. 51.III, establece que ante la imposición de sanciones, estas pueden ser representadas u objeto de descargos; en el caso analizado, se tiene que el accionante ha sido notificado el 7 de diciembre de 2023 con el Memorándum referido, y pese a ello, este no hizo su representación, reclamo o descargo en el plazo establecido por la indicada norma reglamentaria; ii) Tomando en cuenta su condición de persona con discapacidad, y el ingreso a sus funciones el 2021, tal condición no implica que el impetrante de tutela se abstraiga de conocer los alcances y normativas reglamentarias que rigen dentro de la Aduana Nacional; por lo que, se concluye que el accionante consintió libre y expresamente la sanción que ahora cuestiona, debido a que pese a tener un término para representar o reclamar el supuesto acto arbitrario y vulnerador de sus derechos fundamentales, este asumió una actitud pasiva, conforme se extrae de la prueba adjunta a la acción constitucional, incidiendo en que el impetrante de tutela, dentro de este tipo de casos, tiene la carga de la prueba, y no advierten de lo obrado que se haya hecho la impugnación correspondiente; iii) Se advirtió que en los hechos, el impetrante de tutela acomodó su accionar a lo establecido por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en virtud a no haber demostrado que impugnó en base a lo señalado el Memorándum génesis de la acción de tutela, razón por la cual, al no haber activado los medios de impugnación en la vía administrativa que este tenía a su alcance, implica que no ha cumplido con el principio de la subsidiariedad, por lo que no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y, iv) Respecto a los derechos a la defensa, y de las personas con discapacidad, supuestamente vulnerados, de la revisión de los argumentos expuestos de su parte, se llega a la conclusión que el accionante no estableció el nexo causal o de relevancia constitucional del acto administrativo denunciado y los derechos fundamentales precitados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum Cite: AN/GRTJA/ITJ/M/117/2023 de 7 de diciembre, a través del cual, Carla Mariela Aguirre Rocha, Administradora de Aduana Interior, Gerencia Regional Tarija de la ANB, comunica a Juan de Dios Romero Condori, que ha sido sancionado con dos días de haber, por haber incurrido en lo previsto en el art. 46.III inc. b) del Reglamento Interno de Personal de la ANB aprobado por RD-02-019-21 (fs. 4 a 5.). II.2. Consta Carnet de Discapacidad de Juan de Dios Romero Condori (fs. 3). II.3. Se tiene Resolución RD-019-21 de 21 de julio de 2021, que aprueba el Reglamento Interno de Personal (RIP) de la Aduana Nacional (fs. 1 a 112 del anexo).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a una persona con discapacidad, al debido proceso y a la defensa, ello debido a que el 7 de diciembre de 2023, recibió Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de la misma fecha, acto administrativo unilateral por el cual se le comunicó que fue sancionado con el descuento de dos días de haber, por la supuesta comisión de una falta grave con sanción económica, sin que haya existido un proceso previo en el que pueda tener la oportunidad de ofrecer descargos y ejercer su derecho a la defensa, cuando nadie puede ser sancionado sin tramitarse un debido proceso previo; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, se deje sin efecto el Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de 7 de diciembre; la devolución de los dos días de haber descontados correspondientes al mes de diciembre de 2023, y sea con costas procesales y la indemnización de daños y perjuicios, de conformidad al art. 113 de la CPE. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables

Al respecto, la SCP 0341/2020-S3 de 23 de julio, estableció que: «Conforme se tiene establecido a partir de los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo, la acción de amparo constitucional procede siempre y cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, determinando de este modo como presupuesto para su activación el cumplimiento del principio de subsidiaridad; asimismo, este último artículo prevé la posibilidad de excepcionalmente prescindir de tal observancia cuando tras la interposición del mecanismo pertinente la protección pudiera resultar tardía o exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable.

Bajo ese entendimiento numerosas sentencias constitucionales establecieron y reiteraron la posibilidad de la activación directa de este mecanismo de defensa cuando justamente se presenten estas alternativas, así la SCP 0537/2017-53 de 9 de junio, manifestó el siguiente criterio: “la parte accionante puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional haciendo abstracción del principio de subsidiaridad cuando es inminente el daño irreparable o irremediable; no obstante, está obligada a demostrar el mismo, al respecto la SC 0428/2010-R de 28 de Junio, concluyó que: 'En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la 'concordancia práctica; en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio.

Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables”.

Concretamente, a tiempo de precisar los casos en los que excepcionalmente sería posible abstraerse del citado principio, la SCP 1171/2015-53 de 16 de noviembre, estableció: “el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional la acreditación objetiva del daño irreparable”. De los entendimientos vertidos, se concluye que no obstante resulta posible hacer abstracción del principio de subsidiariedad y activar directamente la presente acción de defensa, dicha excepcionalidad se circunscribe al previsible daño irreparable o irremediable, como a la activación de un recurso ineficaz e incluso cuando se trate de grupos vulnerables; empero, respecto a estos últimos el razonamiento glosado estableció que la flexibilización respecto al cumplimiento del citado principio debe derivar de la acreditación objetiva del daño irreparable; es decir, que cualquier persona que se crea inmersa en uno de los grupos antes mencionados y solicite la abstracción del principio de subsidiariedad, no solo debe sostener su petición en la simple alusión de su pertenencia a uno de estos grupos, sino que tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo del daño irremediable que lo habilite para aplicar la referida flexibilización» (las negrillas son nuestras). Entendimiento reiterado en la SCP 0637/2022-S3 de 22 de junio.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante acusó que el 7 de diciembre de 2023, recibió Memorándum Cite: AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de la misma fecha que le sancionó con el descuento de dos días de haber mensual; determinación que vulneró sus derechos en su condición de persona con discapacidad, por no cumplir con el debido proceso como garantía del ejercicio de derechos fundamentales, así como sus elementos de motivación y fundamentación.

En ese sentido a efectos de resolver la problemática planteada, resulta necesario precisar que el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, resulta inaplicable cuando se trata de personas con discapacidad, en atención a la protección reforzada que reviste a este sector de la población, y se funda en la inmediatez que caracteriza a la justicia constitucional para la protección de los derechos y garantías constitucionales, ante la ineficiencia, ineficacia y/o tardía tutela que puedan brindar los mecanismos de defensa contenidos en la ley, siempre y cuando se demuestre un daño verosímil, irremediable e irreparable (Fundamento Jurídico III.1).

Bajo este criterio, conforme se tiene de obrados, la problemática versa sobre los derechos y garantías de una persona con discapacidad conforme se acredita del carnet adjunto a la causa (conclusión II.2); sin embargo, el objetivo de la excepción al principio de subsidiariedad nace de la posibilidad de que los mecanismos de protección contenidos en la normativa, resulten ineficientes, ineficaces y/o tardíos; posicionando a la acción de amparo constitucional como un medio de defensa idóneo para la protección requerida. En ese margen, de acuerdo al Reglamento Interno de Personal de la ANB aprobado mediante RD 02-019-21 de 21 de julio (conclusión II.3), cuyo art. 51.III señala: “Las sanciones dispuestas por el Jefe Inmediato Superior o superior jerárquico del personal sancionado por las causales establecidas en el presente Reglamento Interno de Personal deberán ser notificadas al afectado personalmente por la autoridad que lo dispuso por quien esta disponga, pudiendo el afectado realizar su Representación o presentar descargos si correspondieran, en el plazo de un (1) día hábil computable a partir de su legal notificación, remitiéndose una copia al Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central con copia a la Unidad Administrativa en las Gerencias Regionales, cuando corresponde para su correspondiente procesamiento” (el resaltado es añadido); se evidencia que la norma especial aplicable a la administración de personal de la Aduana Nacional, prevé un mecanismo idóneo para poder cuestionar sanciones emitidas por los inmediatos superiores de los servidores públicos de la aludida entidad estatal.

Esto adquiere relevancia al interior del proceso, en virtud a que el Memorándum AN/GRTJA/IT/M/177/2023 de 7 de diciembre, comunica al accionante que subsumió su conducta a lo establecido en el art. 46.III inc. b) del señalado Reglamento (Conclusión II.1); en ese sentido, la norma empleada por la autoridad demandada, estipula el mecanismo de impugnación oportuno para revisar los efectos legales de la determinación aplicada al impetrante de tutela. Asimismo, el accionante cuestiona el Memorándum AN/GRTJA/IT/M/177/2023, indicando que este le lesiona su derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; sin establecer, de manera específica de qué manera le produce un daño irreparable o irreversible, aspecto necesario para la procedencia de la excepción del principio de subsidiariedad, puesto que, como se tiene referido la no exigencia del cumplimiento al señalado principio, emerge de que la protección solicitada responde a la probanza de una situación de afectación inminente e irremediable; elementos ausentes en los datos facticos de la causa; lo que produce la imposibilidad de generar un análisis de fondo.

En vista de ello, la excepción al principio de subsidiariedad promovida por el solicitante de tutela, no resulta aplicable, en razón a que la inmediatez en la protección de los derechos que ahora reclama, tenían un mecanismo idóneo para su protección y que además no probó el daño verosímil e irremediable que le hubiere causado el acto administrativo impugnado. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros términos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2024 de 6 de junio, cursante de fs. 37 a 43 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1530_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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