Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia, valoración razonable de la prueba y las garantías de in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, non bis in ídem, taxatividad y reserva de la ley, toda vez que a través de la Resolución 001/2022, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, se determinó su destitución, misma que fue confirmada por el Tribunal de alzada a través de la Resolución 049/2022 de 27 diciembre, todo ello emergente de un proceso disciplinario que fue seguido en su contra por la comisión de faltas graves y muy graves tipificadas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la RS 212414, sin considerar su derecho a la inamovilidad laboral que le asistía al tener bajo su cuidado dos hijos con discapacidad y en inobservancia del debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba, por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: 1) La nulidad de las Resoluciones 001/2022 y 049/2022, debiendo el Tribunal Disciplinario dictar una nueva resolución, sea determinando su incompetencia por no tener designación expresa o exonerándose de toda falta por no haberse aportado en su contra ninguna prueba durante el periodo proba…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 221 a 230, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1528/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58846-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 056/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 221 a 230, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Esperanza Aguilar Usnayo contra Iván Wilfredo Villa Bernal, Edgar Veizaga Montaño, ex y Director de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 1, 7 y 15 de septiembre de 2023; y, 5 de julio de mismo año, cursantes de fs. 139 a 149 vta., 152 a 154, 160 y vta.; y, 191 a 192 vta., respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:
A partir de 2 de mayo de 2017 ejercía como Maestra de Escolaridad Primaria en el Centro de Educación Alternativa “Nuestra Señora de la Merced” prestando sus servicios de manera adecuada y sin ningún problema hasta que la Directora del mencionado centro de educación empezó a hostigarla, obligándole a dar la instrucción de la materia de costos y cálculo, que corresponde a una carrera técnica para la cual no se encontraba capacitada, pese a ello, aclarando que no consintió ni acepto el cambio de materias que se le asigno, y ante la ausencia de alumnado desarrollo sus funciones de la mejor manera; sin embargo, con argumentos falsos y con la finalidad de lograr su destitución la acusaron de faltar a su puesto de trabajo, de incumplir sus obligaciones y de cobrar su sueldo sin trabajar.
En tal sentido, el 24 de junio de 2022 a través del Auto de inicio de Proceso Sumario Disciplinario se le notificó con el proceso administrativo interno por el presunto incumplimiento de deberes y funciones tipificadas como faltas graves y muy graves, que concluyó con la emisión de la Resolución 001/2022 de 2 de septiembre, que declaró probadas las faltas referentes a la reincidencia en faltas leves, abandono del lugar de funciones y el cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios, tipificadas en los arts. 10 incs. a), h); y, 11 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993. Contra la referida determinación, interpuso recurso de apelación, misma que fue confirmada por la Resolución 049/2022 de 27 de diciembre, emitida por Iván Wilfredo Villa Bernal en su condición de Director Departamental de Educación de Cochabamba, siendo esa la última resolución, no existiendo recurso ulterior. A partir de lo señalado, consideró que las autoridades demandadas lesionaron sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia, valoración razonable de la prueba y las garantías de la in dubio pro operario, la aplicación objetiva de la ley, la non bis in ídem, así como la taxatividad y reserva de la ley. Respecto a la inamovilidad laboral, considera que al haberse dispuesto ilegalmente su destitución no se consideró su condición de madre de dos menores de edad con discapacidad y por ende su derecho al trabajo también se vio afectado. Señaló que se lesionó su derecho a la vida y a la salud, toda vez que al ser destituida se le corto el acceso a su seguro de salud debido a que no cuenta con los recursos económicos para solventar el mencionado servicio de salud que requieren sus hijos por su grave estado de salud. Con relación a la vulneración de su derecho a un Juez Natural como elemento del debido proceso, refirió que el auto de inicio del proceso disciplinario de 24 de junio de 2022 fue emitido por los servidores públicos Norka Aramayo Lazarte como supuesta Presidenta del Tribunal, Jahel Suarez Montaño como Secretario y David Mamani Tangara como Vocal, sin haber acreditado designación alguna en cumplimiento del art. 18 de la RS 212414; toda vez que el capítulo quinto de la referida Resolución, establece dos tipos de tribunales, uno nacional y otro departamental, siendo que de conformidad a su art. 18 el tribunal departamental debe de ser designado por el Director Departamental de Educación de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del Área correspondiente.
Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba, considera que la lesión se produjo cuando se determinó su destitución a pesar de que no se aportó ningún elemento de prueba durante el periodo probatorio dispuesto dentro del proceso disciplinario, presumiendo de su culpabilidad, basándose en indicios, lo cual está íntimamente ligado a una falta de fundamentación en la resolución por la simple razón de que no existen elementos de convicción a ser valorados en su contra, recayendo ello en una falta de objetividad, incongruencia y ausencia de valoración razonable de la prueba. Manifestó que su destitución emergente del proceso disciplinario seguido en su contra, fue sustentado sin la existencia de elementos probatorios, lo cual hizo que se vulnere las garantías del in dubio pro operario y de la aplicación objetiva de la ley; finalmente, a lo largo de su acción sostuvo que la tipificación realizada en la Resolución que resolvió su destitución, no se enmarco dentro de las faltas muy graves, graves y leves, existiendo una doble sanción habiéndose quebrantado la garantía del non bis in ídem así como la taxatividad y reserva de la ley, siendo totalmente falso que se ausento de su puesto de trabajo, que incumplió sus obligaciones y que cobro su sueldo sin trabajar.
Denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba; y, las garantías de la in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, la non bis in ídem, la taxatividad y reserva de la ley; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) La nulidad de las Resoluciones 001/2022 y 049/2022, debiendo el Tribunal Disciplinario dictar una nueva resolución, sea determinando su incompetencia por no tener designación expresa o exonerándose de toda falta por no haberse aportado en su contra ninguna prueba durante el periodo probatorio; b) La reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duro su ilegal destitución, al haber sido ilegal la determinación; y, c) La reposición de todos sus derechos inherentes al trabajo y a la salud, tanto de su persona como de sus hijos con capacidades diferentes así como la prohibición de acoso laboral y represalias en su contra.
Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 220 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola, manifestó que: 1) En el recurso de apelación que planteó se advirtió la denuncia que hizo respecto a la violación del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y la forma en la que se vulneró dichos elementos, explicado en los puntos 2.2, 2.5, 2.6 y 2.7 del memorial, desvirtuando lo manifestado por los demandados en el informe en respuesta a la acción de amparo constitucional, en el cual manifestaron que dentro del recurso de apelación y dentro del proceso administrativo no se habría hecho mención a las violaciones que denunció; 2) Respecto al debido proceso la autoridad demandada a tiempo de resolver el recurso de apelación no reparo las violaciones cometidas por el Tribunal sumariante respecto a la fundamentación y motivación, puesto que la Resolución cuestionada vulnera los elementos referidos, toda vez que se evidenció que una vez aperturado el periodo probatorio en el proceso administrativo no se presentó ninguna prueba de cargo en contra de su persona, ello significa que al no existir ninguna prueba de cargo se tiene por lógica consecuencia que la resolución no contiene motivación ante la inexistencia de pruebas; 3) Respecto a la prueba que se usó para determinar la destitución, únicamente se basaron en los antecedentes como documental lo que significa que se presumió de su culpabilidad, sin observar que la presunción de la inocencia es la regla, en consecuencia se violaron los principios rectores de apreciación y valoración de la prueba y con ello la sana critica; 4) No se estableció el nexo causal entre la prueba que demuestra las violaciones que hubiere cometido y la sanción de destitución que se le impuso por los supuestos antecedentes que dieron lugar a la sanción; 5) El Informe de 27 de abril de 2022, de manera textual refiere que no existen estudiantes en el nivel primario; sin embargo, de manera contradictoria sostuvo que fue despedida por no asistir a su fuente laboral, por lo que era importante que se contraste ese informe con otros existentes, al respecto se tiene en el Informe de 6 de abril de 2022 la falta de estudiantes en primaria y que por esa razón se cerró el sistema con ocho estudiantes, en el mismo informe se advirtió que se le ofreció que apoye en el módulo de costos y cálculo en diferentes áreas técnicas; 6) Goza de inamovilidad laboral al ser madre de dos hijos con capacidades diferentes, razón por la que no podían realizar su transferencia al módulo de costos, debido a que es profesora de nivel primario lo que le impedía impartir enseñanza en un módulo de aspectos técnicos; 7) Se le acusa de haber incurrido en la causal del art. 9 incs. c) y d) de la RS 212414, desconociendo que la impetrante de tutela jamás acepto el módulo de costos y cálculo, extremo que está acreditado en uno de los informes, sin embargo y a pesar de ello las autoridades administrativas no lo tomaron en cuenta; y, 8) Con respecto a los memorándums que forman parte del supuesto proceso de destitución, los mismos constituyen una forma de sanción al someterle a un proceso administrativo imponiéndole una doble sanción, es más, se le hizo un descuento en su salario configurando una sanción que se basó en un acuerdo que nunca firmó, por tal razón no era posible otorgarle una doble sanción; es decir, los descuentos de salarios y las llamadas de atención por no asistir a un lugar que ella nunca acepto, violando el principio del no bis in ídem.
Edgar Veizaga Montaño, Director Departamental de Educación de Cochabamba, mediante informe escrito, presentado el 19 de julio de 2024 cursante de fs. 208 a 213, y lo manifestado en audiencia, indico: i) El DS 27477 de 6 de mayo de 2004 y el DS 29608 de 18 de junio de 2008, establecen la protección de la estabilidad laboral para las personas con discapacidad en el sector público y privado, en ese sentido según el DS 27477, no pueden ser despedidas salvo por las causales legales tras un proceso interno, al respecto, es el DS 29608 que amplia esa protección asegurando la inamovilidad para las personas con capacidades diferentes y padres tutores que cuiden a dependientes con discapacidad menores de dieciocho años, si bien la accionante como madre de niños con capacidades diferentes tiene derecho a la inamovilidad laboral, empero fue sometida a un proceso disciplinario conforme al Reglamento de faltas y sanciones para el Magisterio aprobado por la RS 212414, que cumplió con la garantía del debido proceso y la protección de sus derechos a pesar de que la discapacidad de los menores no fue puesta en conocimiento ni en la primera ni segunda instancia; ii) Según la SCP 0720/2018-S4 de 30 de octubre, se distinguen dos tipos de servidores, los administrativos y los docentes, y que el régimen que regula a los últimos es especial y está enmarcado en el DS 23968 y otras normativas como el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, en ese sentido el referido proceso disciplinario incluye una fase de apelación y revisión que culmina con la Resolución emitida por el Director Departamental de Educación, conforme establece el art. 31 del DS 23968 de 24 de febrero de 1995, en el caso en particular, en primera instancia el Tribunal Disciplinario fue presidido por Norka Aramayo Lazarte, ex Directora Distrital de Educación de Cochabamba en conjunto a su Secretario y Vocal, siendo miembros del Tribunal Disciplinario dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba, ajustándose a la normativa establecida en el DS 25273 de 8 de enero de 1999 y la RS 212414, y que la Resolución de segunda instancia emitida por la Dirección Departamental de Educación, no vulnero los principios del debido proceso, incluyendo el juez natural; iii) Respecto al derecho a la defensa e impugnación, se establece que la accionante utilizó todos los mecanismos procesales disponibles en el Reglamento de Faltas y Sanciones aprobado por la RS 212414 y que además tuvo acceso completo a los documentos producidos a objeto de ejercer su defensa; iv) No se vulneró su derecho al trabajo, toda vez que a pesar de que se trata de un derecho humano fundamental en su caso, su ejercicio está condicionado al cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa vigente y que la imposición de sanciones o la terminación del vínculo laboral son válidas si se realizan mediante un proceso disciplinario administrativo que respete el debido proceso; v) El principio in dubio pro operario no puede ser aplicado en la presente acción tutelar toda vez que rige en las relaciones laborales privadas para proteger los derechos de los empleados frente a interpretaciones ambiguas o restrictivas de sus empleadores, empero no puede aplicarse de manera directa y automática a los servidores públicos debido a las particularidades de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- o la Resolución Ministerial (RM) 062/2000 de 17 de febrero; vi) Con relación a la lesión del debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración de la prueba, la acción tutelar carece de respaldo argumentativo y probatorio suficiente, toda vez que no se detalla como el Tribunal Disciplinario dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba vulneró los elementos señalados; vii) La vulneración de la tipicidad como elemento del debido proceso no resulta evidente debido a que el Reglamento aprobado por la RS 212414 define las faltas y sus categorías en los arts. 9, 10 y 11; viii) Respecto al principio de reserva legal, taxatividad y doble sanción, no se argumentó, de qué manera, se estaría vulnerando aquellos principios o garantías, más al contrario se sujetan a un criterio subjetivo respecto a la inexistencia de la conducta como hecho típico administrativo; ix) La accionante no establece de qué manera el tribunal ad quo o el tribunal revisor hubiere aplicado de forma contraria los mandatos del Reglamento de Faltas y Sanciones, tampoco establece de qué forma el fallo final o la Resolución en revisión hubieren inobservado la aplicación de la ley o se hubieren apartado del régimen establecido para el derecho administrativo sancionador, inexistiendo vulneración de la garantía de la aplicación objetiva de la norma; x) La accionante al momento de plantear su recurso de apelación no menciono todos los argumentos que actualmente se plantearon ante la justicia constitucional, específicamente respecto a la supuesta vulneración de su derecho al trabajo e inamovilidad laboral, al juez natural, principio indubio pro operario, la garantía de aplicación objetiva de la ley, el debido proceso en sus elementos de objetividad, presunción de inocencia, valoración razonable de la prueba, taxatividad, tipicidad y reserva legal; y, xi) No es suficiente identificar los derechos, principios y garantías presuntamente vulnerados, sino debió explicar detalladamente como las acciones de los tribunales disciplinarios administrativos vulneraron sus derechos.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 056/2024, cursante de fs. 221 a 230, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) No corresponde al Tribunal de garantías ingresar al análisis de la temática toda vez que la accionante al haber consentido la ejecución de todos los actos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba y someterse a los mismos hasta el pronunciamiento del fallo de primera instancia, también consintió la legitima constitución del Tribunal Disciplinario, por ende su facultad y plena competencia para el conocimiento de la causa disciplinaria; b) La accionante alega que la Resolución 001/2022 -apelada-, se basó en simples informes y memorándums que no fueron puestos a conocimiento de la actora conforme a procedimiento y que no se presentó ninguna prueba de cargo dentro el plazo probatorio, razón por la que no habría existido motivación en la Resolución; sin embargo, entre los agravios denunciados por su persona dentro del memorial de apelación de 3 de octubre de 2022, no reclamó expresamente el hecho de que no se presentó ninguna prueba de cargo ni descargo dentro del término de prueba, por ende no existe motivación en la resolución impugnada, por consiguiente tampoco podría haber sido un aspecto sobre el que deba pronunciarse el Tribunal de revisión; c) La apelante no invoco errónea valoración de la prueba, no atacó el iter lógico del proceso de valoración probatoria, lo que trae como lógica consecuencia la imposibilidad, de qué manera directa pueda plantear supuestas incoherencias en la valoración de los informes vía amparo constitucional cuando no es un aspecto reclamado ante la jurisdicción ordinaria administrativa, como correspondía, lo que atañe al principio de subsidiariedad que rige la acción tutelar; d) En lo que concierne al debido proceso en sus vertientes de fundamentación objetiva, motivación y congruencia relacionados con los principios de presunción de inocencia, taxatividad, reserva legal, legalidad, tipicidad, garantías del non bis in ídem, in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, la acción se avoco a destacar supuestos defectos de fondo y forma en los que habría incurrido el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba al pronunciar la Resolución 001/2022, reclamados en el recurso de apelación planteado, señalando que no fueron reparados en la Resolución 049/2022, sin embargo no se cumplió con especificar cuál de los agravios tal y como han sido fundamentados en el recurso de apelación y no fueron resueltos por el Tribunal de revisión en dicha Resolucion, o en qué consistía la omisión de motivación, fundamentación objetiva e incongruencia; e) De la ponderación razonable de los puntos de agravio especificados en el memorial de apelación y los puntos resueltos en la Resolución 049/2022, se pudo verificar que en el considerando V de la referida Resolución se transcribieron todos los agravios formulados por la accionante, y que los mismos fueron resueltos de manera fundamentada, motivada y congruente en el considerando VI de la misma Resolución explicando las razones de la decisión y el nexo con la normativa legal aplicable, considerando los argumentos impugnatorios; y, f) La parte accionante no dio cumplimiento a los presupuestos establecidos en el apartado II.4 de los fundamentos jurídicos de la Resolución Constitucional cómo para pretender que el Tribunal de garantías ingrese a la revisión de la actividad realizada en la jurisdicción disciplinaria administrativa, toda vez que no ha explicado fundadamente porque la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando las reglas de interpretación que hubieren sido omitidas por el Órgano Judicial o administrativo, tampoco estableció el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación y que por no aplicarse la interpretación que consideraba se produjo la lesión de sus derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso disciplinario a instancia de Damiana Chambi Cano, Directora del Centro de Educación Alternativa “Nuestra Señora de la Merced” contra María Esperanza Aguilar Usnayo, en su condición de profesora del Centro de Educación Alternativa “Nuestra Señora de la Merced”, por la presunta vulneración del art. 10 incisos a), h) y el art. 11 inciso i) del reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la RS 212414, consta Auto de Inicio de Proceso Disciplinario de 24 de junio de 2022, emitido por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, a través del cual se instauro el referido proceso (fs. 64 a 68 vta.). II.2. Cursa Resolución 001/2022 de 2 septiembre, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, por la cual se declaró probada la denuncia disciplinaria seguida en contra de la accionante, disponiendo su destitución (fs. 85 a 92 vta.) II.3. Recurso de apelación presentado el 3 de octubre de 2022 por María Esperanza Aguilar Usnayo, ahora accionante, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra; por el cual solicitó se revoque la Resolución 011/2022 de 2 de septiembre y se disponga el archivo de obrados (fs. 93 a 104 vta.). II.4. Resolución 049/2022 de 27 de diciembre, emitida por el Director Departamental de Educación de Cochabamba, que resolvió el recurso de apelación planteado por la accionante, y a través de la cual se confirmó la Resolución 001/2022 de 2 de septiembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2 (fs. 118 a 127 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia, valoración razonable de la prueba y las garantías de in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, non bis in ídem, taxatividad y reserva de la ley, toda vez que a través de la Resolución 001/2022, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, se determinó su destitución, misma que fue confirmada por el Tribunal de alzada a través de la Resolución 049/2022 de 27 diciembre, todo ello emergente de un proceso disciplinario que fue seguido en su contra por la comisión de faltas graves y muy graves tipificadas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la RS 212414, sin considerar su derecho a la inamovilidad laboral que le asistía al tener bajo su cuidado dos hijos con discapacidad y en inobservancia del debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba, por tal motivo solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: 1) La nulidad de las Resoluciones 001/2022 y 049/2022, debiendo el Tribunal Disciplinario dictar una nueva resolución, sea determinando su incompetencia por no tener designación expresa o exonerándose de toda falta por no haberse aportado en su contra ninguna prueba durante el periodo probatorio; 2) La reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró su injusta destitución, al haber sido ilegal la determinación; y, 3) La reposición de todos sus derechos inherentes al trabajo y a la salud, tanto de su persona como de sus hijos discapacitados así como la prohibición de acoso laboral y represalias en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
“El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3. de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”
9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (todas las negrillas fueron añadidas).
La SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, refiriéndose a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señaló que: «’Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo- está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave.” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso, en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia, valoración razonable de la prueba y las garantías de in dubio pro operario, aplicación objetiva de la ley, non bis in ídem, taxatividad y reserva de la ley, toda vez que a través de la Resolución 001/2022 emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2 se determinó su destitución, misma que fue confirmada por el Tribunal de alzada a través de la Resolución 049/2022, todo ello emergente de un proceso disciplinario que fue seguido en su contra por la comisión de faltas graves y muy graves tipificadas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la RS 212414, sin considerar el derecho a la inamovilidad laboral que le asistía al tener bajo su cuidado dos hijos con discapacidad y en inobservancia del debido proceso en sus elementos de juez natural, presunción de inocencia, fundamentación, objetividad, congruencia y valoración razonable de la prueba. De manera previa a verificar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para analizar la problemática planteada es necesario aclarar que cuando se activan los medios de impugnación en sede administrativa, la revisión de dichas actuaciones se realizan a partir de la última resolución emitida, por cuanto las resoluciones emitidas en primera instancia o por autoridades de menor jerarquía deben ser revisadas en una segunda instancia, como ocurrió en el caso en particular y no así a través de la acción de amparo constitucional; en ese sentido, este Tribunal realizará el análisis de los derechos denunciados a partir de la Resolución 049/2022, emitido por la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, como última determinación en sede administrativa.
1.- Con relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia A objeto de verificar si la Resolución 049/2022 de 27 de diciembre de 2022 vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia corresponde exponer los agravios denunciados en el recurso de apelación y los fundamentos expuestos por la autoridad demandada en la resolución ahora impugnada. La accionante a través del recurso de apelación presentado el 3 de octubre de 2022, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, solicitó se revoque la Resolución 011/2022 de 2 de septiembre de 2022 y se disponga el archivo de obrados, ello en base a los siguientes agravios denunciados:
1) El proceso disciplinario que se inició en su contra y acarreo la emisión de la Resolución 011/2022, fue sustanciado por un tribunal ilegal que usurpo las funciones de las unidades de transparencia quienes están legitimadas para actuar en nombre del Estado de acuerdo a lo establecido por el art. 3 de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017-, razón por la que considera que dicho tribunal no tenía competencia en razón de materia. 2) Hace mención a la fundamentación y motivación de las resoluciones como una obligación del juzgador.
3) Refiere la vulneración del principio de legalidad como elemento del debido proceso por transgredir lo determinado en el art. 28 incs. a) y b) del DS 23117.
4) La resolución cuestionada es incongruente; toda vez que, la Resolución de inicio del proceso tiene muchos errores de forma y fondo, siendo los mismos elementos indispensables para la prosecución del proceso aperturado en su contra; señaló que el proceso fue iniciado por un tribunal con base en una norma obsoleta y de menor jerarquía normativa contraria a lo establecido en el art. 70 del Código Penal (CP), que determina que nadie será condenado a una sanción sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal (CPP); el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario lleva erróneamente como fecha de emisión el 24 de septiembre de 2022; la Resolución declaró probada la demanda como si se tratara de un proceso ordinario; el Tribunal conformado para llevar adelante el proceso disciplinario no cumple con los requisitos establecidos en el art. 18 de la RS 212414 y que en el expediente no cursa la designación de sus miembros; la documentación adjunta al proceso disciplinario es pasada y corresponde a los años 2017, 2018, 2019 y 2021, la misma que no debió ser valorada en conformidad al art. 50 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación; los informes presentados que corresponden a la gestión 2022, no hicieron mención a ninguna denuncia específica; los memorándums que le fueron entregados por inasistencia a clases no fueron entregados en conformidad al Reglamento de Personal aprobado mediante RM 0682/2019, que en su art. 51 indica que deberá ser notificada al responsable del hecho mediante una comunicación escrita; y, que las sanciones dispuestas por el jefe inmediato superior o superior jerárquico del personal sancionado deberán ser notificadas al afectado personalmente remitiéndose una copia a la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional para su archivo. Al respecto, la Resolución 049/2022, emitida por la Dirección Departamental de Educación, por la cual se resolvió el recurso de apelación, dentro de su contenido manifiesta: i) No encuentra válidos los fundamentos expresados por la recurrente, respecto a que debió aplicarse la Ley 974 desconociendo su marco competencial, y aclara que la RS 212414 aprobó el Reglamento de Faltas y Sanciones, siendo ese el compilado normativo que regula y castiga toda conducta cometida en el ejercicio de la función docente administrativa y las jerarquías educativas; de igual forma refiere que la recurrente confunde la estructura organizacional del Sistema Educativo pretendiendo la aplicación del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación, cuando dicha normativa es de aplicación específica para todos los servidores que presentan sus servicios a aquella cartera de Estado. ii) La recurrente señaló como agravio la falta de motivación y fundamentación como obligación del juzgador; sin embargo, en su memorial de apelación no expone las razones por las cuales la Resolución emitida por el Tribunal Disciplinario dependiente de la Dirección Distrital de Educación Cochabamba 2, carecería o estaría viciada con falta de fundamento o motivación que amerite la revocatoria de la misma; empero, la solicitud de apelación para a ser una cita o exposición literal de la doctrina. iii) Sobre la supuesta vulneración del principio de legalidad como fuente del debido proceso contenido en el art. 115 de la CPE, el DS 23117 y los principios establecidos en la Ley 2341, se explicó que el Reglamento de Faltas y Sanciones como normativa específica del sector se encuentra en armonía y concordancia con los lineamientos de la misma Ley, razón por la que no se vulneró el principio de legalidad como elemento del debido proceso, toda vez que la Resolución recurrida se emite con todas las facultades y competencias establecidas por la normativa vigente. iv) Respecto a la nulidad del proceso interno, los fundamentos expuestos por la recurrente carecen de toda validez, debido a que pretende la aplicación de normativa para otros sectores en materia administrativa; toda vez que, la normativa interna en materia administrativa aplicable para María Teresa García Usnayo como docente del Sistema Educativo Plurinacional, es el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo. También se cuestiona la competencia del Tribunal Disciplinario; sin embargo, su motivación está sustentada en la Resolución en los DS 23968 y 25273, normativa que establece la conformación de los Tribunales Disciplinarios, así como la exclusiva competencia de emitir resoluciones en grado de revisión, razón por la que, no corresponde atender su solicitud de nulidad porque la recurrente erróneamente pretende la aplicación de otra normativa. v) Sobre la nulidad solicitada por haberse emitido las determinaciones por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia y que no se habría verificado ello para conocer y resolver el asunto administrativo en apego a la Constitución Política del Estado, Ley 2341 y el DS 23117; lo manifestado carece de fundamento porque ya se explicó y reiteró la vigencia del Reglamento de Faltas y Sanciones aprobado. vi) Sobre los errores de fondo y forma que estarían inmersos en la Resolución 01/2022 refiere; sobre el supuesto Tribunal Especial y sus bases normativas obsoletas y de menor jerarquía, la recurrente no logró acreditar con argumentos válidos y normativos las normas aplicadas que no estarían en vigencia, tampoco corresponde aplicar el art. 70 del CP puesto que se trata de un proceso administrativo y no penal; de la revisión del expediente, el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario lleva como fecha 24 de junio de 2022 y no así el 24 de septiembre de 2022; el término “probada” o “probar” utilizado en derecho, implica la demostración legal de un hecho; por lo que, el término no responde a una materia especifica; la recurrente a lo largo del memorial de apelación desconoce la legitimidad y competencia del Tribunal Disciplinario, sin embargo acusa que aquel no hubiere cumplido con los requisitos establecidos por el art. 18 de la RS 212414 y pretende combinar ello con el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación en su art. 53; no corresponde la aplicación del art. 50 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación; no fundamento cuál sería la vulneración que se realiza a través de los informes presentados el año 2022 y tampoco fundamentó su pretensión; sobre el cuestionamiento en la entrega de memorándums busca que se aplique normativa ajena al caso, basada en el Reglamento de Personal aprobado por la RM 0682/2019. vii) Sobre la vulneración del debido proceso y el principio de legalidad, denunciados en los puntos 7, 8 y 9 del recurso de apelación, si bien expone y cita normativa, jurisprudencia y doctrina, su recurso no refiere de qué manera la resolución 001/2022, vulneró el debido proceso. viii) El proceso disciplinario regulado por el Reglamento de Faltas y Sanciones para el Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por la RS 212414, no tiene habilitada la impugnación a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, aquello es plenamente aplicable por la jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una vez expuestos todos los agravios que la impetrante de tutela cuestiono a través del recurso de apelación y el contenido de la Resolución 049/2022, emitida por el Director Departamental de Educación de Cochabamba, corresponde verificar si la Resolución cuestionada, dio respuesta a cada uno de los aspectos denunciados de manera fundamentada, motivada y congruente. La accionante, expuso como primer agravio que el Tribunal que sustanció el proceso disciplinario que se inició en su contra fue ilegal debido a que usurpó funciones inherentes a las unidades de transparencia que están legitimadas para actuar en nombre del Estado en este tipo de procesos administrativos, conforme a la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; al respecto, de la Resolución 049/2022, que resolvió el referido recurso, se tiene que, en el punto 1 dentro de su considerando VI, el Tribunal de alzada explicó las razones por las cuales se aplicó de manera específica el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente Administrativo, y no así el procedimiento establecido en la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además que, en el numeral cuarto de la resolución cuestionada expone la normativa en la que se rige la imposición de los tribunales disciplinarios a objeto de tramitar los procesos administrativos contra los maestros. Respecto a la falta de fundamentación y motivación en la Resolución 001/2022, en el punto 2 del considerando VI de la Resolución emitida por el Tribunal de alzada, se señaló que no era posible el análisis de lo denunciado debido a que la accionante no expuso las razones por las cuales la Resolución de primera instancia carecía o estaba viciada de falta de fundamentación o motivación, extremo que imposibilitó su estudio.
La impetrante, también denunció la vulneración del principio de legalidad como elemento del debido proceso porque la Resolución 001/2022, transgredió lo determinado en el art. 28 incs. a) y b) del DS 23117; al respecto, en el punto 3 de la Resolución cuestionada, se tiene que el Tribunal de alzada en respuesta a lo denunciado consideró que no existió vulneración de dicho principio toda vez que la resolución recurrida se emite con todas las facultades y competencias establecidas en la normativa vigente, es decir con base al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente Administrativo, siendo la norma específica y que además guarda armonía y concordancia con los lineamiento de la ley de procedimiento administrativo. A través del recurso de apelación también observó que la Resolución de primera instancia resultaría ser incongruente debido a que tendría muchos errores de forma y fondo y que esos elementos fueron indispensables para la prosecución del proceso aperturado en su contra; al respecto del contenido de la Resolución 049/2022, se advierte que el Tribunal de alzada se pronunció respecto a los mismos en el siguiente orden; sobre el supuesto Tribunal Especial y sus bases normativas obsoletas y de menor jerarquía, señala que la accionante no acreditó con argumentos válidos la norma que fue aplicada sin estar en vigencia, además aclara que no correspondía aplicar el art. 70 del CP al caso concreto debido a que se trata de un proceso administrativo; respecto a la errónea consignación de la fecha del Auto de Inicio del Proceso Disciplinario, señala que lleva como fecha el 24 de junio de 2022 y no así el 24 de septiembre de igual año; que el término “probado” o “probar” utilizado en derecho implica la demostración legal de un hecho y no responde a una materia específica; que de manera ilógica la accionante acusa que no se hubiere cumplido los requisitos establecidos por el art. 18 de la RS 212414; empero pretende se aplique el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación; que la accionante a través del recurso de apelación no fundamentó cual sería la vulneración que se realiza a través de la consideración de los informes presentados la gestión 2022 en el proceso disciplinario; y que se pretende cuestionar la entrega de memorándums a su persona en una interpretación y aplicación del Reglamento de Personal inherente al Ministerio de Educación. Finalmente, sobre el debido proceso y el principio de legalidad, la Resolución 049/2022, expone que la accionante a través de su recurso de apelación al haberse limitado a enunciar citas normativas, jurisprudenciales y doctrinales, no correspondía un pronunciamiento sobre ello. De todo lo expuesto, y en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional respecto al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, debe señalar que, primero, la Resolución 049/2022, otorgó una respuesta específica a cada uno de los agravios denunciados en el recurso de apelación, de ello se puede concluir que, de manera clara y precisa, expuso la norma rectora en la cual se sustentó el proceso disciplinario; es decir, en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, Personal Docente y Administrativo aprobado a través de la RS 212414 y a partir de ello otorgó las razones por las cuales el proceso administrativo fue sustentado de manera correcta por un Tribunal emergente del procedimiento inherente a la normativa propia que sanciona a los maestros, docentes y personal administrativo dependiente de las direcciones departamentales de educación, también señala que por lógica consecuencia, no puede existir una vulneración al principio de legalidad por transgredir disposiciones que no regularon el referido procedimiento, para finalmente concluir que no es viable la nulidad del proceso administrativo, partiendo de la lógica de que el Tribunal Disciplinario resultaría incompetente si dicha incompetencia la ostentaría en base a la aplicación de una norma que no regula su procedimiento; de igual manera, la Resolución cuestionada, aclara cada uno de los supuestos denunciados como elementos que generaron incongruencia en la Resolución de primera instancia; es decir, el sustento argumentativo desarrollado por el Tribunal de alzada, desencadena en una lógica, clara argumentación que permite comprender las razones por las cuales no se dio curso al recurso planteado. 2.- Sobre su derecho a la inamovilidad laboral, el trabajo, la vida y el acceso a la salud La accionante refiere que se le vulnero sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida y a la salud, toda vez que al haberse determinado su ilegal destitución no se consideró su situación madre de dos niños con discapacidad, el primero que padece una discapacidad múltiple en grado grave y el segundo con una discapacidad mental o psíquica en grado grave, siendo que ambos se encuentran bajo su cuidado y tutela, teniendo su salario como único ingreso para mantenerlos, además que emergente de dicha destitución se le privo de su seguro de salud y por ende la salud de sus hijos. Al respecto, debe señalarse que la Jurisprudencia Constitucional empleada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional si bien reconoce la protección de los padres trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad grave o muy grave y que ello representa su garantía de inamovilidad laboral, también refiere que dicha protección no es absoluta, toda vez que la misma está condicionada a su correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones, de tal manera que su desvinculación puede darse siempre y cuando su conducta recaiga en una causal de desvinculación que esté legalmente establecida. En el caso en particular, se tiene que, la accionante en su condición de maestra de año de escolaridad primaria en el Centro de Educación Alternativa “Nuestra Señora de La Merced” fue sometida a un proceso disciplinario, por la comisión de las faltas graves y muy graves, establecidas en el arts. 10 incs. a), h);y, 11 inc. i) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, Personal Docente y Administrativo, aprobado a través de la RS 212414, que inició con el Auto de Inicio del Proceso Disciplinario de 24 de junio de 2022 (Conclusión II.1) y que concluyo con su destitución a través de la Resolución 001/2022, ratificada por el Tribunal de alzada a través de la Resolución 049/2022; de ello se infiere que, la accionante si bien gozaba del derecho a la inamovilidad laboral, dicho derecho se vio afectado al momento de ser destituida dentro de un proceso administrativo sancionador, por otro lado es importante aclarar que, la impetrante de tutela dentro del proceso laboral, tuvo a su alcance todos los mecanismos intraprocesales para hacer valer sus derechos siempre y cuando hubieren sido lesionados; sin embargo, de los antecedentes de la acción tutelar no se evidenció la existencia de alguna lesión al debido proceso, a la defensa, a la doble instancia entre otros que denunció, por lo que no es posible establecer una lesión de su derecho a la inamovilidad y por ende de su derecho al trabajo, a la salud y la vida, que devienen en consecuencia de la afectación que se hubiere generado al momento de destituirla. 3.- Respecto al Juez Natural, la correcta valoración de la prueba, la presunción de inocencia, la objetividad, la taxatividad, tipicidad y reserva legal como elemento del debido proceso Del contenido de la acción tutelar, se tiene que la impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho a un juez natural como elemento del debido proceso, acusa que los miembros del Tribunal Disciplinario en primera instancia, no tenían la competencia para llevar adelante el referido proceso toda vez que de los antecedentes del mismo, advirtieron que no existió ninguna documentación que acredite su designación; en consecuencia, el Auto de inicio del proceso fue dictado por supuestas autoridades, sin haber sido designados en conformidad al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente aprobado por la RS 212414. Sin embargo, del recurso de apelación se advierte que si bien la accionante cuestionó la legalidad del Tribunal disciplinario, lo hizo con base en otros fundamentos, alegando su falta de competencia en razón de materia, toda vez que en el referido recurso manifestó que dicha ilegalidad fue generada porque el Tribunal Disciplinario usurpo funciones que correspondían a las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia y que su tramitación debió ser regulada por la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, siendo dichas unidades las que debieron resolver su proceso administrativo, aspecto totalmente contradictorio al señalado en la acción de amparo constitucional, donde reconoce que la norma rectora del proceso administrativo, es el Reglamento de faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente aprobado a través de la RS 212414. Sobre la valoración de la prueba, la accionante en su memorial de acción de amparo constitucional acusa que, el tribunal disciplinario que dispuso su destitución, baso su determinación únicamente en los antecedentes que motivaron su denuncia, toda vez que, durante el periodo probatorio aperturado dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, la parte accionante no acreditó ningún elemento probatorio, razón por la cual denuncia la inexistencia de elementos probatorios producidos durante el periodo de prueba y que a pesar de ello se determinó su culpabilidad y la imposición de una sanción en su contra, lo que implica una falta de objetividad en la determinación asumida. Al respecto, del recurso de apelación interpuesto por la impetrante de tutela, más específicamente en el punto II.5, se tiene que sobre la valoración de la prueba únicamente se limitó a señalar que en el proceso administrativo disciplinario seguido en su contra se adjuntó documentación pasada, correspondiente a las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2021, que no debió ser tomada en cuenta en razón de que se juzga faltas que sucedieron en la gestión tal y como lo determina el art. 50 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación; es decir, realizó una explicación escasa y enmarcada en una normativa que no fue aplicada en el caso en particular; por lo que, termina siendo una simple enunciación, sin mayor explicación que nos permita arribar a alguna conclusión. Por lógica consecuencia tampoco es posible realizar un análisis de la garantía de la in dubio pro operario, la taxatividad, tipicidad y reserva legal como elementos del debido proceso, toda vez que dentro de la acción tutelar la fundamentación realizada por la accionante respecto a estos elementos, devienen en consecuencia y están íntimamente ligada a la incorrecta valoración de la prueba que hubiere realizado el tribunal Disciplinario. Ahora bien, con relación a la supuesta lesión de la garantía del no bis ídem, no es posible realizar un análisis de fondo; toda vez que, la impetrante de tutela únicamente se limitó a enunciar la referida garantía, sin explicar de qué manera hubiese sido lesionada; situación similar ocurre con la denuncia de la violación a la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, puesto que al respecto, no resulta suficiente señalar que no se hubiere dado un estricto cumplimiento a la RS 212414; toda vez que, resultaba necesario aclarar que disposición, normativa en particular de la señalada Ley se hubiere aplicado de manera incorrecta o se hubiere omitido aplicar, a objeto de verificar la transgresión denunciada, además que la accionante manifestó que dicha transgresión no fue resuelta en su recurso de apelación; sin embargo, esa afirmación, del contenido del recurso de apelación no se evidenció reclamo alguno sobre lo manifestado. De todo ello, se puede inferir que la accionante a través de la acción de amparo constitucional pretende que se resuelvan aspectos inherentes a la supuesta lesión de sus derechos fundamentales, a pesar de no haber sido denunciados y cuestionados dentro del proceso administrativo disciplinario, confundiendo la competencia y naturaleza de este Tribunal con la de un Tribunal de alzada; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario, la accionante tuvo la oportunidad para poder hacer valer sus observaciones a objeto de que sus derechos supuestamente lesionados sean restituidos y debidamente reparados. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 056/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 221 a 230, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”
2 El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1528_2025-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 525e5aed94ad6f58dc54e69e2f9fdc1a03049e942bf92d5049f767858504b72e
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