Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental en la audiencia de consideración de su situación jurídica, en contra de la Resolución que resolvió rechazar su cesación a su detención preventiva , hasta la fecha de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de cuatro meses, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se ordene a la autoridad demandada la remisión inmediata de la apelación; y, ii) Se disponga la sanción que corresponda a la autoridad demandada por su negligencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 11 vta., a 13 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1523/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56846-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 11 vta., a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Rene Alejandro Sauciri Urrelo, Mariela Huanca Huasco y Mónica Gabriela Hinojosa de Costa en representación sin mandato de Gerardo Cori Pizarro contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 7 de junio de 2023, cursante a fs. 6 y vta., el accionante a través de sus representantes expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, reiteradas veces solicito la cesación a su detención preventiva por el vencimiento del plazo de su detención logrando que la audiencia considerativa se desarrolle el 6 de febrero de 2023, en la cual, la autoridad demandada rechazo su solicitud, motivo por el cual, de manera posterior a haber solicitado complementación y enmienda interpuso recurso de apelación incidental contra la referida resolución, y la remisión inmediata del recurso a la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, todo ello en conformidad al art. 251 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -ley 1173 de 3 de mayo de 2019- concordante con el Código de Procedimiento Penal (CPP).
Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, la autoridad demandada no cumplió con la remisión del recurso de apelación incidental ante la sala penal de turno incumpliendo con lo dispuesto en el art. 251 del CPP, generando una dilación injustificada vinculada a la celeridad procesal y en consecuencia afectando a su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada la remisión inmediata de la apelación; y, b) Se disponga la sanción que corresponda a la autoridad demandada por su negligencia.
Celebrada la audiencia el 12 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante en la audiencia de esta acción tutelar ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) En agosto de 2022 se cumplió el plazo de su detención preventiva, motivo por el cual, el 6 de febrero de 2023 se desarrolló su audiencia de cesación a su detención preventiva, la cual fue rechazada y apelada en la misma audiencia, sin embargo a pesar de su solicitud para que se remita el cuaderno procesal, no se hizo efectiva con la excusa de que habían perdido el expediente y no sabían dónde se encontraba, sin que la remisión se materialice hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad; y, 2) La vida del impetrante de tutela estaba en riesgo, toda vez que se encontraba convaleciente dentro del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y que a pesar de ello, no pudieron ingresar ningún memorial a objeto de que se efectué su atención médica debido a que no tienen conocimiento de donde se encuentra el expediente.
Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 10.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en tribunal de garantías, por Resolución 07/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 11 vta., a 13 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el día remita el cuaderno de apelación ante la Sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: Conforme al art. 251 del CPP “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad”, en ese sentido refiere que la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de remitir los antecedentes que dieron lugar a ese acto procesal ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, tal y como señala el citado artículo, el no haberlo realizado hasta el día de la audiencia de garantías, hace que sean cuatro meses sin que se haya remitido después de haberse interpuesto el recurso de apelación incidental, por lo que advierte que la autoridad jurisdiccional no cumplió con los plazos señalados expresamente en el art. 251 del CPP, razón por la que considera que se debe dar curso a la solicitud del accionante.
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación, cursa memorial de 7 de febrero de 2023, dirigido al Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción en lo Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, por el cual le solicita se remita el recurso de apelación (fs. 4 y 5). II.2. De lo manifestado por el impetrante de tutela a través de su abogado, en la audiencia de garantías de la acción de libertad, se tiene que la audiencia de cesación a su detención preventiva se desarrolló el 6 de febrero de 2023, donde la autoridad demandada a través de la Resolución correspondiente rechazo su solicitud; sin embargo, en la referida audiencia apeló dicha determinación, y que hasta la interposición de la acción tutelar la misma no fue remitida al Tribunal de alzada (fs. 11 y vta.).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental en la audiencia de consideración de su situación jurídica, en contra de la Resolución que resolvió rechazar su cesación a su detención preventiva , hasta la fecha de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de cuatro meses, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se ordene a la autoridad demandada la remisión inmediata de la apelación; y, ii) Se disponga la sanción que corresponda a la autoridad demandada por su negligencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;
1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.
A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento:
i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que habiendo interpuesto un recurso de apelación incidental contra la Resolución que determinó rechazar la cesación a su detención preventiva hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad, la autoridad demandada no remitió el recurso de apelación al Tribunal de alzada, incurriendo en una dilación injustificada, sin considerar que se encuentra privado de libertad. De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, en las Conclusiones II.2, se advierte que el 6 de febrero de 2023, se desarrolló la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, audiencia en la que la autoridad demandada a través de la resolución correspondiente rechazo su solicitud, y en la referida audiencia apelo dicha determinación; sin embargo, su recurso no fue remitido al Tribunal de alzada hasta la interposición de la acción tutelar. De igual manera, de los antecedentes también se advierte que, el 7 de febrero de 2023, el impetrante de tutela a través de un memorial dirigido al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, solicito la remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada (Conclusión II.1). Por otro lado, se tiene la falta de apersonamiento de la autoridad jurisdiccional demandada, quien no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad a objeto de desvirtuar lo alegado por el impetrante de tutela, motivo por el cual corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, teniendo por ciertos los extremos denunciados por el accionante. En ese sentido, se advierte que, el solicitante de tutela al encontrarse detenido preventivamente y considerando que el plazo para su detención preventiva se encontraba vencido, solicito la cesación a su detención preventiva, misma que fue rechazada por la autoridad demandada, motivo por el cual una vez apelada la misma en la audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, es decir desde el 6 de febrero de 2023, hasta la interposición de la acción de libertad, transcurrieron más de cuatro meses sin que la autoridad jurisdiccional haya remitido los antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada a objeto de que se resuelva su recurso y por ende su situación jurídica. Al respecto, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, refiere que, una vez interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas concordante con lo previsto en el art. 251 del CPP; de todo lo manifestado, se concluye que, la autoridad judicial demandada al no remitir los antecedentes del recurso de apelación al Tribunal de alzada, además de generar una demora excesiva en la tramitación del recurso de apelación incumplió lo establecido por la norma adjetiva penal y lo señalado por la señalada jurisprudencia.
En consecuencia, corresponde conceder la tutela en su modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, toda vez que se evidenció que la autoridad jurisdiccional desde el momento de la interposición del recurso de apelación incidental hasta la interposición de la acción tutelar no remitió el referido recurso al Tribunal de alzada a objeto de que se resuelva el mismo, incurriendo en una demora y dilación injustificada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 11 vta., a 13 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su
caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
3 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1523_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1324bfebdeb6ca27899db50e88363d3e5d69dac79d29a309ec42de599ca5a370
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