Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso y a la justicia; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 549/2022, que dispuso mantener firme y subsistente la detención preventiva, la Vocal ahora demandada pronunció el Auto de Vista 126/2023, en el que pese a establecer la admisibilidad del referido recurso, dispuso anular el fallo impugnado conminando que se emita uno nuevo por el Juez competente, generando con ello dilación indebida por cuanto correspondía que defina su situación jurídica disponiendo en su caso la cesación de su privación de libertad; razones por las que solicita se conceda la tutela, disponiendo: 1) Ordene a la Vocal ahora demandada dicte una nueva resolución conforme lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2482/2012 de 3 de diciembre y 0339/2012 de 18 de junio; y, 2) Se disponga su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin determinar la libertad del impetrante de tutela. 2° Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 126/2023 de 27 de febrero, emitido por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ii) La mencionada autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo Auto de Vista resolviendo en el fondo la situación jurídica del ahora accionante, salvo que, por el tiempo transcurrido, la situación jurídica del impetrante de tutela y el estado del proceso ya hubiera cambiado. CORRESPONDE A SCP 1517/2025-S3 (viene de la pág. 12). 3° Exhortar a la autoridad demandada, observe en lo sucesivo lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III 2 del presente fallo constitucional, a efectos de resolver los recursos de apelacion incidental puestos a su conocimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1517/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56783-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abelino Quispe Mamani en representación sin mandato de Martín Poma Barrera contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mediante memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante a fs. 2 y, 17 a 18 vta., el impetrante de tutela a través de su representante, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 230/2022 de 20 de abril, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por un plazo de seis meses, señalándose audiencia de consideracion de situación jurídica para el 20 de octubre de 2022 a horas 10:00, audiencia que no fue llevada a cabo por la autoridad jurisdiccional, motivo por el cual solicitó se señale audiencia de consideracion de cesación a la detención preventiva a efectos de que se resuelva su situación jurídica, solicitud que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 549/2022 de 30 de noviembre, por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, razón por la cual, conforme lo dispuesto por el art. 251 del Código Procedimiento Penal (CPP) interpuso recurso de apelacion incidental contra la Resolución señalada supra.
Apelacion que fue resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista 126/2023 de 27 de “noviembre” siendo lo correcto de febrero, que dispuso revocar y dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 549/2022, ordenando que la autoridad competente -Juez de Sentencia de la localidad de Caranavi- reponga el acto procesal anulado, actuación que debía restituirse en el plazo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación. Determinación que incumplió lo dispuesto por las SSCCPP 0345/2015-S2 de 8 de abril y 0339/2012 de 18 de junio, que dispone que con carácter provisional las medidas cautelares emitidas por los tribunales departamentales no pueden ser anuladas por falta de motivación, debiendo en consecuencia definirse la situación jurídica procesal y no disponer que la realice el Juez a quo., en consecuencia al haberse dispuesto la nulidad de obrados, la autoridad demandada inobservó lo establecido por la jurisprudencia constitucional, coartando su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso y a la Justicia, citando al efecto los arts. 15.1, 22, 23.1, y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia; se ordene a la Vocal demandada que, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada con la Resolución, emita un nuevo Auto de Vista, conforme lo dispuesto por las SSCCPP 2482/2012 de 3 de diciembre y 0339/2012 de 18 de junio.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que; conforme lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, la autoridad demandada debió resolver la apelación interpuesta aprobando o revocando el Auto Interlocutorio apelado; empero, bajo ninguna circunstancia debió anular obrados; situación que aconteció en el presente caso, motivo por el cual solicitó se conceda la tutela, se ordene que emita una nueva resolución en la que se analice el fondo de lo denunciado disponiéndose su libertad.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito de 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 22 y vta., solicitó se deniegue la tutela bajo los siguientes argumentos: a) En observancia al derecho y principio del debido proceso, el Auto de Vista 126/2023 de 27 de febrero, fue emitido dentro de los plazos procesales y límites de competencia establecidos por los arts. 396 y 398 del CPP, motivo por el cual, no puede alagarse por el impetrante de tutela conculcación a sus derechos o garantías constitucionales; b) Se dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 549/2022 -P, ordenándose la reposición del acto procesal desarrollado por la autoridad incompetente, siendo que los nuevos elementos que desvirtúan estos riesgos tienen naturaleza distinta que produjo un vicio ulterior emergente de la ausencia de competencia del Tribunal de primera instancia; c) El ahora accionante convalidó la actuación desarrollada por la suscrita autoridad; toda vez que, emitido el Auto de Vista, no fue debatido por el impetrante de tutela mediante complementación o enmienda, menos expresó error u omisión en el que hubiere incurrido la suscrita autoridad; y, d) El expediente fue devuelto al Juzgado de origen, aspecto que se acreditó con la documental aparejada -copia del libro del altas y bajas-.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela impetrada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Con carácter previo a efectuar el análisis de la problemática planteada consideró necesario referirse al informé emitido por la autoridad demandada en el que se refirió que el expediente ya no se encontraba en su poder, que si bien el impetrante de tutela adjuntó documental; sin embargo, de ella no se puede establecer otros extremos que son necesarias para resolver la acción de libertad; 2) Mediante Auto Interlocutorio 230/2022, el Juez de control jurisdiccional dispuso la detención preventiva del imputado -accionante- por el plazo de seis meses, señalándose audiencia de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela para el 20 de octubre de 2022 a horas 10:00, de manera posterior, se emitió el Auto Interlocutorio 549/2022, -consideracion de la situación jurídica y de cesación a la detención preventiva- a través del cual se dispuso la continuidad de la detención preventiva del impetrante de tutela; 3) No existe constancia de que la audiencia programada para el 20 de octubre del 2022, se hubiere llevado a cabo, o que la víctima- o el Fiscal de Materia vencido ese plazo hubieren solicitado la ampliación, tampoco se tiene constancia de que el ahora impetrante de tutela hubiere presentado reclamos en cuanto al tiempo de la detención preventiva, pese a ello, se constató que al momento de emitirse el Auto de Vista 126/2023, el proceso ya contaba con acusación fiscal y que la Jueza Pública de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, emitió Resolución en cuanto a la situación jurídica, así como la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; 4) La autoridad demandada estableció en el Auto de Vista cuestionado, que ante la existencia del pliego acusatorio formal, el Juez de la causa debió cumplir lo dispuesto por el art. 325 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, -remisión inmediata al Juez o Tribunal de Sentencia competente bajo responsabilidad-; en consecuencia, al emitirse el Auto Interlocutorio 549/2022, la Jueza de la causa actuó sin competencia; en consecuencia, la autoridad jurisdiccional demandada únicamente dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- que establece que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio, en aquellos asuntos previstos por la ley, parágrafo II en grado de apelacion casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, parágrafo III, La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso; lo que hace entender que esa actuación realizada por la autoridad judicial fue de oficio al advertir errores en cuanto a la competencia, efectuando únicamente el saneamiento del proceso; y, 5) Debido a que no se adjuntó prueba, se dedujo que la impetrante de tutela convalidó las actuaciones procesales; toda vez que, al vencimiento del plazo establecido para la detención preventiva -20 de octubre de 2022, debió poner a conocimiento de la Jueza de la causa dicho vencimiento; consecuentemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional a la que se hace mención la accionante no matizó los aspectos establecidos en el presente caso, más aún cuando se dejó vencer etapas -objeción de la Resolución de alzada- y al no hacerlo consintió sus actuaciones; motivo por el cual al existir mecanismos procesales idóneos en el área ordinaria a efectos de hacer valer sus derechos, opera la subsidiaridad excepcional. En vía de complementación y enmienda el impetrante de tutela a través de su representante señaló que; i) Se manifestó que el Juez de primera instancia perdió competencia debido a la presentación de la imputación formal -24 de noviembre de 2022- por lo que solicitó se aclare qué Juez tenía el control Jurisdiccional de la causa durante ese tiempo; toda vez que, como se señaló el expediente aún no fue radicado; y ii) Solicitó se explique cuáles eran los otros mecanismos que podían ser utilizados a efecto de que se tutele sus derechos vulnerados. En sustanciación y resolución de lo solicitado, el Juez de garantías señaló que; a) Respecto a la interpretación de la SCP 0345/2015-S2, los fundamentos no son similares a los hechos fácticos del presente proceso; b) La carga de la prueba reside en el accionante para acreditar la veracidad de las vulneraciones, no obstante, el principio de informalidad que rige en ese instituto de defensa; y, c) Los argumentos han sido claramente establecidos, no existiendo interpretación fuera del marco legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Martín Poma Barrera -accionante- mediante Auto Interlocutorio 230/2022-P de 20 de abril, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, en suplencia legal de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del referido departamento, por el cual se dispone la detención preventiva del imputado Martín Poma Barrera en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, señalándose audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 20 de octubre de 2022, a horas 10:00, homologándose además las medidas de protección a favor de la víctima, niña de doce años de edad (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 549/2022-P de 30 de noviembre, emitido por Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, mediante el cual se consideró la situación jurídica y la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, Resolución mediante el cual se dispuso la subsistencia de la detención preventiva de Martín Poma Barrera en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con relación a la cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta la concurrencia de ciertos riesgos procesales se estableció la necesidad de continuar con la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva contra Martín Poma Barrera en el Centro Penitenciario referido supra, disponiéndose la remisión del expediente al Juzgado de Sentencia de Turno debido a la presentación de la acusación Formal (fs. 8 a 11). II.3. Mediante Auto Vista 126/2023 de 27 de febrero, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 549/2022 de 25 de noviembre, sobre la consideracion de la situación jurídica y cesación a la detención preventiva, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, ordenando se reponga el acto procesal desarrollado por la autoridad competente de la causa; es decir, Juez de Sentencia de Caranavi, sea dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación (fs. 12 a 13).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso y a la justicia; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 549/2022, que dispuso mantener firme y subsistente la detención preventiva, la Vocal ahora demandada pronunció el Auto de Vista 126/2023, en el que pese a establecer la admisibilidad del referido recurso, dispuso anular el fallo impugnado conminando que se emita uno nuevo por el Juez competente, generando con ello dilación indebida por cuanto correspondía que defina su situación jurídica disponiendo en su caso la cesación de su privación de libertad; razones por las que solicita se conceda la tutela, disponiendo: 1) Ordene a la Vocal ahora demandada dicte una nueva resolución conforme lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2482/2012 de 3 de diciembre y 0339/2012 de 18 de junio; y, 2) Se disponga su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0242/2018-S2 de 12 de junio, desarrolló el siguiente razonamiento: Sobre las atribuciones específicas del tribunal de alzada, que conoce los recursos de apelación de las resoluciones de medidas cautelares; la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar, que dicho tribunal de apelación debe ingresar al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes del proceso; en ese sentido, no corresponde que anule obrados, sino resolver directamente el caso remitido en apelación. Entendimiento que se encuentra plasmado en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre y reiterado por la SCP 1471/2012 de 24 de 1El FJ. III.2, señala: “De lo que se infiere que el Tribunal de alzada al momento de recibir las actuaciones pertinentes, debe ingresar al análisis del fondo de la cuestión planteada a efecto de resolver la misma, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes que informan del proceso, definiendo de esta manera la situación jurídica del o de la imputada, como lo ha establecido al jurisprudencia de este Tribunal. Así se ha establecido en la SC 1569/2004-R, de 27 de septiembre que señala´ Las Vocales recurridas, al no haberse sujetado estrictamente su actuación en el trámite del recurso de apelación a lo señalado por el art. 406 del CPP, no realizaron una aplicación objetiva de la ley, vulnerando así la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, que por estar como en el caso directamente vinculada con el derecho a la libertad, abre inexcusablemente el ámbito de protección que brinda el hábeas corpus, a los efectos de que se guarden las formalidades legales ʽ; como en la SC 1554/2004-R, de 27 de septiembre.
Dentro de este marco, y contrastando las normas referidas con los hechos denunciados, cabe señalar que si bien es cierto que los vocales recurridos que conocieron el recurso de apelación incidental interpuesto por el representante del Ministerio Público contra el Auto dictado por la Jueza de Instrucción Tercera en lo Penal, que impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de la recurrente, declararon “con lugar el recurso planteado” (sic), en el entendido de que esa resolución tenía contradicciones, no es menos evidente que no revocaron dicho fallo, tampoco lo aprobaron, es decir, no resolvieron ni definieron la cuestión planteada en la impugnación, puesto que se limitaron a disponer que la a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta y congruente de conformidad a la prueba presentada con la solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo además, que se mantenga vigente esta detención, sin considerar que en ese momento la recurrente gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, consiguientemente se infiere que no hicieron uso de la competencia que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, ya que ese era el objeto del recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público, más aún si en tela de juicio se encuentra el derecho a la libertad de la recurrente, en cuyo caso, les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por la Jueza de Instrucción Tercera en lo Penal contenía contradicciones, debieron revocarlo y disponer nuevamente la detención preventiva de la recurrente, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige el procedimiento y emitiendo posteriormente el mandamiento de aprehensión correspondiente, al no hacerlo, han incurrido en una omisión que lesiona los derechos de la actora por cuanto la libertad de la que goza, así septiembre, que en resumen establece en el Fundamento Jurídico III.5, que:
…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa.
La SCP 1821/2014 de 19 de septiembre se ha pronunciado sobre la competencia del juez cautelar en el ejercicio del control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, estableciendo lo siguiente:
Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. (…) Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos−, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias.
Por otro lado, este Tribunal Constitucional Plurinacional también se ha referido sobre la competencia de los jueces de instrucción penal, para sea bajo el régimen de medidas sustitutivas a la detención preventiva está en inminente riesgo por lo que la tutela solicitada por la recurrente resulta procedente”. 2El FJ III.5, indica: “…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración”.
resolver las solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal. Así la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
[T]oda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica (el añadido es nuestro). En dicho orden, la citada Sentencia, precisó las siguientes subreglas:
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Ahora bien, siguiendo la línea de entendimiento expresada, la SCP 0887/2021-S4 de 25 de noviembre, a tiempo de ratificar la competencia que tienen los jueces de instrucción de conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia, pese a la presentación de la acusación fiscal, entendió que el Juez de Instrucción Cautelar debe resolver la situación jurídica del imputado, ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva aun cuando ya hubiere sido presentada la acusación formal, pues mientras no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, el Juez de instrucción, se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional. La citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:
Entendimiento jurisprudencial que también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP -de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva (el añadido es nuestro).o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional.
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso y a la justicia; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó la subsistencia de la detención preventiva, la Vocal ahora demandada, pronunció el Auto de Vista 126/2023 de 27 de febrero, en el que pese a establecer la admisibilidad del referido recurso, dispuso anular el fallo impugnado conminando que se emita un nuevo Auto Interlocutorio por el Juez a decir de la autoridad demandada competente, emergente de la presentación de la imputación formal, generando con ello dilación indebida por cuanto correspondía que defina su situación jurídica disponiendo la cesación de su detención preventiva. De la revisión de antecedentes y conforme a los datos consignados en las Conclusiones II.1, II 2 y II 3 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Martín Poma Barrero -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 230/2022 de 20 de abril, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instruccional Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del referido departamento, se dispuso la detención preventiva del imputado Martin Poma Barrera en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, señalándose audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 20 de octubre de 2022, a horas 10:00, homologándose además las medidas de protección a favor de la víctima AA - niña de doce años de edad-.
Asimismo, se constató que el 30 de noviembre de 2022, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de la situación jurídica y cesación a la detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio 549/2022, dispuso mantener la situación jurídica del imputado, disponiéndose la subsistencia de la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, debido a que concurrían ciertos riesgos procesales, disponiéndose además la remisión del expediente al Juzgado de Sentencia de Turno debido a la presentación de la acusación Formal, resolución que fue apelada por el accionante.
Impugnación que en alzada mereció la emisión del Auto de Vista 126/2023, emitida por la autoridad demanda, que dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 549/2022, ordenado que el acto procesal anulado, sea repuesto por la autoridad competente de la causa; es decir, Juez de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz, sea dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación.
Ahora bien, la presente acción de libertad emerge a raíz de la forma de Resolución efectuada por la Vocal ahora demandada en el Auto de Vista 126/2023, específicamente en la parte dispositiva, donde dispone anular el fallo recurrido y ordena la emisión de uno nuevo por la autoridad considerada competente, el cual, según denuncia el demandante de tutela, contraria la jurisprudencia constitucional y normativa vigente; toda vez que, genera dilación indebida; por cuanto, correspondía que se defina su situación jurídica, analizando el fondo de la problemática planteada en el recurso de apelacion incidental. Al respecto, de acuerdo a la revisión de antecedentes, se evidencia que el Auto de Vista cuestionado resolvió en el sentido acusado por el solicitante de tutela; es decir, anuló obrados bajo el argumento de que la Resolución apelada fue emitida por una autoridad incompetente emergente de la presentación de la acusación, lo cual ratifica los extremos que denuncia el ahora peticionante de tutela. En ese sentido, corresponde traer al análisis lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, debiendo tenerse presente que, cuando se trata de medidas cautelares, el carácter esencial de estos pedidos es definir la situación jurídica de los procesados; en consecuencia, los Tribunales de alzada o de segunda instancia, están obligados a conocer y resolver en el fondo los recursos de apelación incidental planteados contra los fallos dictados por los jueces a quo; en dicho marco, la ratio decidendi de la jurisprudencia glosada en dicho Fundamento Jurídico, en síntesis ordena a los tribunales ad quem que ante el conocimiento de apelaciones de medidas cautelares, se encuentran obligados a conocer y resolver en el fondo la situación jurídica del procesado, no siendo permisible el anular obrados, en razón a que su resolución involucra de manera directa al derecho a la libertad. En atención a la naturaleza y alcance de las medidas cautelares, su adecuada resolución en el fondo, como se señaló en el anterior párrafo, genera certidumbre sobre la situación jurídica del procesado, es así que los Tribunales de apelación están obligados a subsanar los errores del inferior inmediatamente, de modo que si la Vocal ahora demandada consideraba que el fallo dictado por la autoridad de primera instancia fue emitido por una autoridad incompetente, pese a ello debió ingresar a analizar el fondo de resuelto en la medida cautelar del recurrente, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada y motivada, tal cual exige el procedimiento; al no hacerlo, incurrió en una omisión que lesiona no solamente los derechos del impetrante de tutela, sino también de la víctima del proceso penal que además de ser mujer es una niña de doce años de edad, que merece una protección reforzada por el Estado y por ende obliga a las autoridades jurisdiccionales que el proceso se desarrolle con la celeridad correspondiente; más aún cuando el fundamento que utilizó la autoridad demandada no se acomoda a lo establecido en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la competencia de los jueces de instrucción penal durante la etapa preparatoria, para resolver solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas la de control de la situación procesal de la persona privada de libertad, persiste mientras no se hubiera dictado formalmente auto de radicatoria por el juez o tribunal de sentencia penal, justamente para evitar que la detención preventiva quedara en inseguridad jurídica. A partir de este precedente constitucional, se concluye que, ante la presentación de la acusación formal, el conocimiento y consideración de la revisión de la situación jurídica de un privado de libertad, debe ser efectuada por el Juez de Instrucción Penal de la causa ante el vencimiento del plazo de la detención preventiva en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP, modificado por la Ley 1173, lo que implica que necesariamente dicha autoridad realice la audiencia de consideración fijada al momento de disponerse la medida cautelar. En ese marco, conforme a los antecedentes descritos, se advierte que la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, llevó adelante la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, así como el de la solicitud de cesación a la detención preventiva programada para el 30 de noviembre de 2022, bajo el parámetro de lo dispuesto precedentemente; toda vez que, como se constató el expediente aun no fue remitido al Juzgado o Tribunal de Sentencia, por lo tanto no existía el decreto de radicatoria en dicha instancia; por cuanto, conforme a la doctrina constitucional citada en el párrafo precedente, en tanto no exista radicatoria del proceso ante el Juez o Tribunal de Sentencia, la Jueza indicada, aún era competente para desarrollar la audiencia de situación jurídica del impetrante de tutela, aspecto que fue interpretado de manera incorrecta por el Juez de garantías, en consecuencia, incumplió lo dispuesto en cuanto a que cualquier resolución inherente a una medida cautelar, en la que se encuentra directamente involucrado el derecho a la libertad personal del sujeto procesal, debe ser atendida en el fondo. En ese marco, se tiene que la decisión asumida por la Vocal demandada de anular el Auto Interlocutorio 549/2022, disponiendo la emisión de un nuevo fallo por parte del Juez a decir de la autoridad competente, resulta una decisión errónea, debido a una valoración incorrecta respecto o a las reglas de competencia del Juez cautelar; por lo que, en el marco del debido proceso, debió resolverse y corregirse toda esa situación en la audiencia de la apelación incidental, pronunciándose en el fondo y conforme sus razonamientos y análisis inherentes a la situación fáctica concreta; así, la Vocal se encontraba facultada para establecer en el Auto de Vista 126/2023, si procedía o no conforme a derecho, mantener subsistente la detención preventiva, y no así generar incertidumbre sobre su situación jurídica, dado que como autoridad de alzada, de acuerdo a las facultades que le asisten al resolver apelaciones incidentales a medidas cautelares, le correspondía resolver el fondo de los reclamos expresados en la audiencia de apelación incidental y definir la situación jurídica del accionante, por lo que la autoridad judicial -Vocal demandada- debió analizar el fondo de lo denunciado en la apelacion incidental para evitar la dilación que afectó el derecho a la libertad del imputado y a la celeridad en el caso de la víctima. Asimismo, es necesario aclarar que la concesión de tutela no implica que se esté disponiendo la libertad del peticionante de tutela, puesto que ello es una atribución privativa que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en este caso, a la Vocal demandada en el marco de sus facultades jurisdiccionales y de los elementos de convicción sometidos a su conocimiento. Finalmente, en cuanto a los derechos a la vida, integridad física y psicológica y a la justicia, el accionante se limitó a nombrarlos, sin expresar argumento alguno, respecto a cómo estos fueron lesionados por la Vocal ahora demandada; en consecuencia, no corresponde emitir consideración alguna respecto a dichos derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin determinar la libertad del impetrante de tutela. 2° Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 126/2023 de 27 de febrero, emitido por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ii) La mencionada autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo Auto de Vista resolviendo en el fondo la situación jurídica del ahora accionante, salvo que, por el tiempo transcurrido, la situación jurídica del impetrante de tutela y el estado del proceso ya hubiera cambiado. CORRESPONDE A SCP 1517/2025-S3 (viene de la pág. 12). 3° Exhortar a la autoridad demandada, observe en lo sucesivo lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III 2 del presente fallo constitucional, a efectos de resolver los recursos de apelacion incidental puestos a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1517_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): fc4e38a114b957905a136eb4a1a508a38f9e6df30f863f1351a5c63e9f1329b6
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