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SCP 1516/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56764-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; a la salud; y, al principio de favorabilidad; toda vez que, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo -demandada-., confirmó el Auto Interlocutorio 031/2023 declarando la improcedencia del recurso, incurriendo en: 1) falta de fundamentación sobre los riesgos procesales; y, 2) omisión arbitraria al no pronunciarse sobre el estado de salud del solicitante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo, Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, y el derecho a la libertad de locomoción, a la salud, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que la autoridad demandada o quien ejerza dicho cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Respecto a la valoración integral de los elementos para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1516/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56764-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 75 a 78, dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Vásquez Aquice en representación sin mandato de Agustín Mamani Mamani contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de junio de 2023, cursante de fs. 68 a 69 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; se presentó imputación formal y posteriormente acusación; en ese contexto, se determinó su detención preventiva, medida que cumple en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Posteriormente solicitó la cesación de la detención preventiva, misma que fue resuelta por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, emitiendo Auto Interlocutorio 031/2023 de 13 de abril., mediante la cual rechazó dicha solicitud sin efectuar una valoración integral de los elementos probatorios aportados y, de manera gravosa, omitió considerar su grave y delicado estado de salud. Contra la referida Resolución, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante la Resolución 400/2023 de 18 de mayo, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando la improcedencia del recurso y confirmando el fallo de primera instancia, decisión de alzada que es arbitraria e infundada, debido a que: a) Carece de fundamentación jurídica respecto a la subsistencia de los riesgos procesales; y, b) Omitió pronunciarse sobre su delicado estado de salud, pues requiere tratamiento médico de especialidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; a la salud; y, al principio de favorabilidad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: la Vocal demandada pronuncie un nuevo Auto de Vista fundamentado, aplicando el principio de favorabilidad y el carácter restrictivo de las medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juzgado de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 71 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, se ratificó íntegramente en los términos de su acción tutelar y, ampliándola, señaló que: 1) Se puso en grave peligro su vida, pues padece de una enfermedad crónica de extrema gravedad -Diabetes Mellitus tipo II descompensada, hipertensión arterial y crisis epiléptica única-, condición que lo mantiene postrado en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas tras haber perdido la conciencia por más de dos horas en varias ocasiones; 2) La Autoridad demandada incurrió en una omisión de fundamentación y falta de control jurisdiccional; toda vez que, no valoró adecuadamente los agravios referidos al riesgo procesal del domicilio del impetrante de tutela, ignorando que cuenta con un registro domiciliario actualizado y verificación policial, dando validez sólo a una ficha del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) desactualizada del año 2020; 3) El Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo de 2023, emitido por la Vocal accionada, se limitó a realizar una mención lírica de su enfermedad sin considerar su verdadera gravedad, omitiendo aplicar el principio de favorabilidad y el derecho a la vida establecido en el art. 15 de la CPE; y, 4) Ante la cronicidad y el deterioro progresivo de la salud del imputado -pérdida de visibilidad, afección renal y convulsiones-, resulta imperativo que se le permita defenderse en libertad para acceder a médicos especialistas, ya que el Centro Penitenciario de San Pedro no cuenta con las condiciones para tratar su cuadro clínico.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el informe presentado en audiencia señaló que: i) El impetrante de tutela tiene la carga argumentativa de exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios, debiendo hacer saber al Tribunal de Alzada cuál es el derecho, principio o garantía vulnerado, extremo que el abogado de la defensa no cumplió en su recurso; ii) En observancia del principio de imparcialidad, la Autoridad demandada no puede actuar como abogado del apelante ni incluir de oficio elementos del debido proceso que la defensa técnica omitió mencionar en su impugnación; iii) Respecto al riesgo de domicilio, se ratificó que el apelante no precisó cuál sería el elemento del debido proceso vulnerado en la valoración de los documentos presentados ante el Juez inferior; iv) Sobre la salud del acusado, señaló que en la audiencia de apelación el solicitante de tutela no presentó ningún elemento de prueba nuevo o idóneo que acreditara que la enfermedad crónica -Diabetes Mellitus tipo II-fuera considerada grave según el estándar exigido, limitándose a reiterar lo ya expuesto en primera instancia; v) El Auto de Vista 400/2023 se ajustó a los agravios expresados en ese momento; por lo que, no es posible incluir en la presente acción de libertad datos médicos o agravamientos de salud posteriores a dicha Resolución para tacharla de arbitraria; y, vi) El principio de favorabilidad no puede ser aplicado de forma que afecte directamente al otro sujeto procesal, en este caso el Ministerio Público, tratándose de un delito de sustancias controladas; por lo expuesto, solicitó se tome en cuenta su informe al momento de resolver la acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo, Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, constituido en Juzgado de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 30 de junio, cursante de fs.75 a 78, denegó la tutela invocada, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la supuesta falta de valoración del domicilio, se estableció que la autoridad accionada actuó correctamente al confirmar la Resolución de primera instancia; toda vez que, el accionante presentó información contradictoria (ficha SEGIP desactualizada frente a nuevos registros), y el Tribunal de Alzada no puede valorar agravios que no fueron debidamente fundamentados o precisados en el recurso de apelación; b) En relación al estado de salud del accionante, el Juez de garantías observó que, si bien padece una enfermedad crónica, en la audiencia de apelación ante la Vocal accionada no se acreditó con prueba idónea la gravedad actual de dicha condición ni el riesgo inminente de muerte en ese momento procesal; por lo que, no se advirtió una omisión arbitraria en el Auto de Vista 400/2023; c) No obstante la denegación de la tutela, y ante la evidencia de que el estado de salud del procesado se agravó con posterioridad -internación de emergencia y crisis epilépticas-, el Juez de Garantías determinó que existe una obligación constitucional de proteger la vida como derecho supremo; d) En ese sentido, estableció que la detención preventiva no puede convertirse en una pena anticipada que ponga en peligro la existencia del imputado, especialmente cuando el Centro penitenciario no cuenta con especialistas para tratar sus múltiples dolencias ; y, e) Por consiguiente, a pesar de denegar la tutela contra la Vocal, se dispuso que el Juez de control jurisdiccional de Caranavi señale audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo resolver la situación jurídica del accionante considerando obligatoriamente los nuevos criterios médicos y el principio de favorabilidad para preservar su salud y vida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por el delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio 287/2022 de 31 de julio, se dispuso su detención preventiva, por el lapso de noventa días a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; a su vencimiento se programó audiencia de control de plazo de duración de la detención preventiva para el 31 de octubre del mismo año (fs. 2 a 5). II.2. Por Auto Interlocutorio 031/2023 de 13 de abril, el Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el impetrante de tutela (fs. 13 a 18). II.3. Cursa Auto Vista 400/2023 de 18 de diciembre, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz -demandada-; por el que, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio 031/2023, de 13 de abril (fs. 20 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; a la salud; y, al principio de favorabilidad; toda vez que, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo -demandada-., confirmó el Auto Interlocutorio 031/2023 declarando la improcedencia del recurso, incurriendo en: 1) falta de fundamentación sobre los riesgos procesales; y, 2) omisión arbitraria al no pronunciarse sobre el estado de salud del solicitante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7., explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].

III.2. Respecto a la valoración integral de los elementos para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva

Al respecto la SCP 0504/2020-S1 de 15 de septiembre, mencionando a la SCP 0011/2018 –S2 de 28 de febrero, estableció lo siguiente:

Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional señaló que el juez o tribunal que resuelva una solicitud de cesación amparada en el art. 239.1 del CPP1 esta obligado a realizar un análisis ponderado, debiendo: “i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar.” (SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero). Entendimiento que no solo será aplicable al juez o tribunal aquo, sino también al ad quem; siendo además que su análisis debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP2, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante; y, 2) Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia.

III.3. Análisis del caso concreto

El peticionarte de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; a la salud; y, al principio de favorabilidad; por cuanto, la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación incidental a través del Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo, confirmó la denegación de la cesación a la detención preventiva con los siguientes defectos: i) La Autoridad de Alzada incurrió en una falta de fundamentación y motivación respecto a la subsistencia de los riesgos procesales; y, ii) Realizó una omisión arbitraria al no pronunciarse de manera integral sobre el grave estado de salud del accionante, quien padece una enfermedad crónica descompensada. De la revisión de los antecedentes procesales y las conclusiones de esta Sentencia, se evidencia que el accionante -dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas- se encuentra bajo detención preventiva; asimismo, mediante Auto Interlocutorio 031/2023 de 13 de abril, se rechazó su solicitud de cesación a dicha medida cautelar. Contra esa decisión, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, denunciando los siguientes defectos: a) Errónea valoración del riesgo procesal de domicilio, señalando que el Juez de instancia observó la minuta de los propietarios pese a haberse adjuntado contrato de anticresis, plano de lote y facturas de servicios, ignorando el registro domiciliario elaborado mediante requerimiento fiscal; b) Inobservancia del art. 239. 5 del CPP, alegando que el solicitante de tutela es insulinodependiente con Diabetes Mellitus tipo II, y que el certificado médico forense determina la necesidad de atención especializada ante el riesgo de perder la vida, extremo que el médico del Centro Penitenciario no puede cubrir; y, c) Falta de aplicación del principio de favorabilidad y del carácter restrictivo de las medidas cautelares ante la existencia de una duda razonable, omitido por las autoridades demandadas. Ante la deducción del recurso de apelación incidental, la Autoridad demandada emitió el Auto de Vista 400/2023, declarando la improcedencia del recurso y confirmando la Resolución recurrida, bajo los siguientes argumentos: 1) El recurrente no cumplió con la carga argumentativa de precisar qué derecho o principio del debido proceso se habría vulnerado en la valoración de la prueba, calificando la intervención de la defensa como carente de un nexo lógico; 2) Respecto a la salud, consideró que los documentos presentados no determinan de forma concluyente la gravedad de la enfermedad exigida por el art. 239.5 del CPP, sosteniendo que la cronicidad de la diabetes no es sinónimo de la gravedad necesaria para viabilizar la libertad; y, 3) Se limitó a lo pedido por la defensa conforme al art. 398 del CPP, concluyendo que al no existir agravio debidamente fundamentado, correspondía confirmar el rechazo de la libertad. En ese contexto, esta Sala considera que lo denunciado cuenta con dos argumentos relevantes, a saber: i) Deficiencia de fundamentación sobre el riesgo procesal de domicilio; y, ii) Omisión arbitraria de valoración del derecho a la salud y vida en medidas cautelares; correspondiendo atender los mismos: Sobre la deficiencia de fundamentación sobre los riesgos procesales El accionante reclamó que el Tribunal de instancia valoró de forma contradictoria la acreditación de domicilio; ante este agravio, la Vocal demandada respondió señalando que la defensa no expuso de forma clara el agravio, excusándose que el juzgador no puede actuar como abogado del apelante. Esta Sala considera que dicha respuesta es evasiva e insuficiente; toda vez, que la autoridad de alzada tiene el deber de realizar una revisión integral cuando está de por medio el derecho a la libertad, conforme lo establezca la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Al ampararse en un excesivo formalismo para no analizar los motivos que dieron lugar a la aplicación de la detención preventiva y la suficiencia de los nuevos elementos de prueba sobre la acreditación del domicilio -contrato de anticresis y verificación fiscal-, la autoridad accionada vulneró el estándar jurisprudencial sobre la motivación y congruencia de las resoluciones judiciales de segunda instancia respecto a medidas cautelares de carácter personal, puesto que el tribunal de alzada, en el marco del alcance de lo dispuesto por el art. 398 del CPP, estaba compelido a fundamentar y motivar su decisión de mantener la restricción del derecho a la libertad del acusado -hoy accionante-, sin omitir la revisión de la razonabilidad de prisión preventiva, tanto más si el apelante identificó claramente el elemento probatorio cuestionado; por lo cual resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; y por consecuencia del derecho a la libertad personal, al mantener su restricción sin fundamentar y motivar debidamente esa decisión, siendo que la fundamentación constituye un requisito de validez constitucional para la restricción de la detención preventiva, razón por la cual corresponde conceder la tutela sobre esta denuncia. Omisión arbitraria al no pronunciarse sobre el estado de salud del accionante De la revisión del Auto de Vista hoy impugnado, se advierte que la Vocal demanda al referirse al reclamo sobre el estado de salud del impetrante de tutela -con fundamento en el art. 239.5 del CPP-, respondió que no se acreditó la gravedad actual de la enfermedad; sin embargo, dicha conclusión carece de fundamentación exhaustiva y suficiente, puesto la Autoridad demandada no identifica los documentos a los que alude, ni al contenido de los mismos, tampoco expone el fundamento jurídico en virtud del cual el juez o tribunal estaría impedido de concluir sobre la gravedad de la enfermedad de un privado de libertad, a efectos de viabilizar la cesación de la detención preventiva con base a los informes o pericias médicas; en ese marco, la Resolución impugnada no justifica, a partir de los informes médicos, porqué considera que no reviste gravedad la patología que padece el imputado -paciente insulinodependiente que presenta crisis epilépticas-, ni explica porque el Centro Penitenciario de San Pedro constituiría en un establecimiento idóneo para el tratamiento adecuado de una enfermedad que requiere atención médica especializada; tales aspectos exigían de la Autoridad demandada un examen reforzado de proporcionalidad respecto a la continuidad de la detención preventiva del acusado, análisis que no fue efectuado. En consecuencia, se evidencia una omisión arbitraria en la valoración de la condición médica del solicitante de tutela -que además fue motivo de agravio debidamente informado en el recurso de apelación-, de lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista 400/2023 ahora cuestionado, vulneró el debido proceso en su componente de fundamentación y motivación; y por conexidad, el derecho a la libertad de locomoción, al derecho a la salud y al principio de favorabilidad, que como se tiene señalado supra, dado que la debida fundamentación constituye un requisito de validez constitucional para la restricción de este último derecho; por cuya razón amerita conceder la tutela.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo, Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, y el derecho a la libertad de locomoción, a la salud, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 400/2023 de 18 de mayo, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que la autoridad demandada o quien ejerza dicho cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “Artículo 239.- (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que los fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”

2 Artículo 398º.(Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1516_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6da0cc5523414b7adb89e09385a260d8cd2aa22b801d2f46695ed5be5c00d736

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