Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia lesión de sus derechos a la vida y a la libertad; en razón que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que se instauró en su contra, fue privado de su libertad, en ejecución del mandamiento de apremio librado por la Jueza de la causa, hasta la cancelación total del monto que adeudaba por asistencia familiar devengada; sin embargo, una vez cancelado el total de la obligación, la Jueza en suplencia legal -ahora demandada-, se negó a firmar el Mandamiento de Libertad, bajo el argumento que desconocía los antecedentes del proceso, acto dilatorio que generó su detención ilegal hasta la fecha de la interposición de la presente acción de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 46/2023 de 19 de mayo, cursante a fs. 63 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1513/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56731-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2023 de 19 de mayo, cursante a fs. 63 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Shyrley Jhasmy Rivera Mollinedo en representación sin mandato de Daniel Agustín Calancho Mencias contra Midzy Sidney Mejía Morales, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 12 a 15, el accionante por medio de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que le siguió Viviana Beatriz Callisaya Apaza, la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz dispuso la emisión de mandamiento de apremio en su contra por la suma de Bs21 100.- (veintiún mil cien bolivianos); determinación asumida sin considerar la Resolución 678/2022 de 9 de septiembre, que homologó el acuerdo transaccional de 13 de julio de 2022, que estipulaba un plan de pagos en relación a la liquidación de asistencia familiar devengada. No obstante, una vez cumplido el plan de pagos referido supra y por ende cancelado el monto adeudado, por memoriales de 17 y 18 de mayo de 2023, solicitó la emisión del mandamiento de libertad a su favor; empero, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz que actuaba en suplencia legal de la Jueza Pública de Familia Primera del mismo distrito judicial, se negó a firmar el mandamiento de libertad incoado, señalando que desconocía el proceso, omitiendo considerar el informe de 18 del mes y año señalados, emitido por la Secretaria del juzgado titular, que certificó la cancelación de la asistencia familiar adeudada. En ese marco, la Jueza demandada, atentó contra su libertad configurándose sus actos y omisiones como ilegales al generar un peligro para su vida y libertad; toda vez que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar aún se encontraba privado de libertad, pese a haber cumplido con la obligación pecuniaria que tenía dentro del proceso familiar de homologación de asistencia familiar.
Denunció lesión de sus derechos a la vida y a la libertad, citando al efecto los arts. 9, 15.I y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se disponga de forma inmediata el cese de su detención, restituyendo su derecho a la vida, seguridad y libertad; y, b) Se establezca la responsabilidad civil con monto indemnizable a su favor.
Celebrada la audiencia pública de 19 de mayo, según consta en acta cursante a fs. 62 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante y su representante sin mandato no asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 18 y 19.
Midzy Sidney Mejía Morales, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17.
La Jueza del Juzgado de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías mediante, Resolución 46/2023 de 19 de mayo, cursante a fs. 63 y vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante acusó que la Jueza demandada se negó a firmar su mandamiento de libertad, privándole de acceder a este derecho pese a haber cumplido la obligación de asistencia familiar adeudada; 2) Sin embargo, de la revisión de antecedentes, se evidenció que previo informe de la Secretaria del Juzgado Público de Familia de la Capital del departamento de La Paz, la Jueza en suplencia legal -ahora demandada-, a través de un auto motivado y fundamentado, dispuso la emisión del correspondiente mandamiento de libertad ahora reclamado, sin evidenciarse omisión o negativa de firmar el mismo; al contrario, se advirtió que la referida orden de libertad ya fue presentada en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, quedando pendiente solo trámites administrativos para efectivizar la libertad del solicitante de tutela; y, 3) En consecuencia, no concurrieron los requisitos para tutelar lo impetrado en la acción de libertad, más aún cuando el mandamiento de apremio contra el accionante fue en razón de la falta de pago oportuno de la asistencia familiar e incumplimiento del plan de pagos acordado en el acuerdo suscrito entre partes, situaciones sobre las que no correspondía referirse en el fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Viviana Beatriz Callizaya Apaza contra el accionante, por Resolución 678/2022 de 9 de septiembre, la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, homologó el Acuerdo de Asistencia Familiar de 13 de julio de 2022, suscrito entre ambas partes; en el que, se fijó asistencia familiar económica y subsidiaria a favor de su hijo, con cargo al progenitor; asimismo, se estableció un plan de pagos en relación a la asistencia familiar devengada hasta esa fecha, cuyo último abono debía realizarse el 31 de julio de 2022 (fs. 25 a 26 y 36). II.2. El 1 de febrero de 2023, la Jueza de la causa, emitió mandamiento de apremio contra el accionante, hasta que cancele la suma de Bs21 100.-por concepto de asistencia familiar devengada, previo descuento de depósitos efectuados (fs. 39). II.3. El 17 de mayo de 2023 a horas 16:20, el accionante presentó memorial adjuntando depósitos bancarios y solicitando se libre mandamiento de libertad, mereciendo providencia de 18 del mismo mes y año, emitido por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de la Jueza Pública de Familia Primera del mismo distrito judicial, en la que dispuso se notifique a Viviana Beatriz Callisaya Apaza para su pronunciamiento, otorgándole como plazo final el término de la tarde de ese mismo día (fs. 46 a 48). II.4. El 18 de mayo de 2023 a horas 16:10, el solicitante de tutela, nuevamente presentó memorial haciendo conocer el pago del total de la asistencia familiar devengada, solicitando se libre mandamiento de libertad a su favor; solicitud que fue resuelta por decreto de la misma fecha, dictado por la autoridad jurisdiccional suplente, por la que instruyó a la Secretaria del juzgado titular, elevar informe sobre lo señalado por el impetrante (fs. 53 a 54). II.5. El 18 de mayo de 2023, a horas 17:25, la Secretaria del Juzgado Público Primero de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe a la Jueza en suplencia legal, dando a conocer que el obligado -ahora accionante-, había cumplido con el pago total del monto de la asistencia familiar devengada; en razón de lo cual, por Auto de 19 de mayo la autoridad jurisdiccional, en suplencia legal de la titular, dispuso se libre el mandamiento de libertad a favor del accionante (fs. 55 vta. y 58). II.6. El 19 de mayo de 2023, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de la Jueza Pública de Familia Primera del mismo distrito judicial, libró Mandamiento de Libertad a favor de Daniel Agustín Calancho Mencias, en razón de haber cancelado la totalidad adeudada por concepto de asistencia familiar (fs. 20 y vta.)
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia lesión de sus derechos a la vida y a la libertad; en razón que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que se instauró en su contra, fue privado de su libertad, en ejecución del mandamiento de apremio librado por la Jueza de la causa, hasta la cancelación total del monto que adeudaba por asistencia familiar devengada; sin embargo, una vez cancelado el total de la obligación, la Jueza en suplencia legal -ahora demandada-, se negó a firmar el Mandamiento de Libertad, bajo el argumento que desconocía los antecedentes del proceso, acto dilatorio que generó su detención ilegal hasta la fecha de la interposición de la presente acción de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia lesión a sus derechos a la libertad y a la vida, por cuanto, la Jueza en suplencia legal, ahora demandada, se negó a firmar su mandamiento de libertad, bajo el argumento que no conocía los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, en el cual se dispuso su privación de libertad por adeudo de asistencia familiar devengada, sin tomar en cuenta el informe realizado por la Secretaria del Juzgado titular, que certificó la cancelación total de dicha deuda, haciendo que dicha detención se torne en indebida e ilegal, toda vez que la obligación ya había sido cumplida en su totalidad.
De acuerdo a los antecedentes cursantes en esta acción de tutela constitucional, se advierte que dentro del proceso familiar de homologación de asistencia familiar seguido por Viviana Beatriz Callizaya Apaza contra el accionante, por Resolución 678/2022, la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, homologó el Acuerdo de Asistencia Familiar de 13 de julio de 2022, suscrito entre las partes, cuyo tenor fijaba asistencia familiar subsidiaria y económica a favor del hijo de ambos, con cargo al progenitor; asimismo, estableció un plan de pagos, en el que se consignó que la última cuota pactada debía ser cubierta hasta el 31 de julio de 2022.
Ante el incumplimiento del pago por parte del accionante, la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, emitió en su contra el Mandamiento de Apremio de 1 de febrero de 2023, hasta que se cancele la suma de Bs21 100.-, monto dispuesto ante la deducción de un depósito posterior realizado por el obligado.
En fecha 17 de mayo de 2023, el accionante presentó memorial ante la autoridad jurisdiccional, dando a conocer el pago total de la asistencia familiar en mora, adjuntando los depósitos realizados por tal concepto; por lo que solicitó, se libre mandamiento de libertad en su favor; a ello, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, actuando en suplencia legal de la Jueza Pública de Familia Primera del mismo distrito judicial, el 18 de igual mes y año, dispuso traslado a la madre del beneficiario, a efectos que se pronuncie sobre los pagos acusados por el ahora accionante; en la misma fecha del proveído, el accionante presentó nuevamente memorial solicitando se libre mandamiento de libertad en su favor, en virtud de haber cubierto la totalidad del monto adeudado; a lo que, la Jueza suplente, por decreto de la misma fecha determinó que la Secretaria del juzgado titular, eleve informe sobre los pagos realizados por el prenombrado.
Es así que, la referida funcionaria, en el día, presentó el informe requerido por la autoridad jurisdiccional, certificando que el obligado -ahora accionante-, cubrió el pago total por concepto de asistencia familiar vencida; en cuyo mérito, la Jueza suplente, por Auto de 19 del mismo mes y año, dispuso se emita Mandamiento de Libertad a favor del accionante.
En dicho orden, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, se establece que el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad de la persona, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida, pues la misma solo opera en situaciones donde existió dilación injustificada y no así sobre la solicitud a la que se pretenda acceder.
Ahora bien, con relación a la actuación de la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de la Paz, no se advierte que la autoridad jurisdiccional demandada haya incurrido en una dilación indebida contra el impetrante de tutela; pues si bien la emisión del mandamiento de libertad reviste carácter urgente, en el caso concreto, corresponde considerar que, durante el lapso observado; es decir, durante el periodo comprendido entre la solicitud de la emisión del Mandamiento de Libertad presentada por el accionante los días 17 y 18 de mayo de 2023 y la expedición del Auto que dispuso su libramiento, así como la emisión efectiva de dicho Mandamiento de Libertad, ambas realizadas el 19 de mayo del mismo año, la judicatura se encontraba a cargo de una Jueza en suplencia legal, lo cual implicaba la necesidad de la revisión íntegra de antecedentes, verificación de la legalidad de las actuaciones preexistentes y constatación de los presupuestos formales exigidos para la orden y expedición del referido mandamiento.
En tal contexto, se advierte que la Jueza demandada, providenció el memorial presentado por el accionante del 17 de mayo de 2023, al día siguiente, disponiendo traslado a la parte contraria, a efectos justamente de constatar el cumplimiento de la obligación de la asistencia familiar insatisfecha; sin embargo, ante la falta de pronunciamiento de la madre del beneficiario y la reiteración del solicitante de tutela el 18 del mismo mes y año, en el día, instruyó a la Secretaria del Juzgado titular la elaboración de un informe, bajo cuya certificación y constancia, el 19 de mayo de igual año mediante Auto fundamentado, ordenó se libre el mandamiento de libertad correspondiente, así como también efectivizó el mismo, estableciéndose que el trámite para la emisión de la orden de libertad del accionante, duró dos días, desde su solicitud hasta la efectivización de la misma, tiempo que no puede calificarse como dilación indebida o arbitraria, toda vez que respondió a una actuación prudente y necesaria, orientada a resguardar la seguridad jurídica, evitar vicios de nulidad y garantizar que el mandamiento de libertad se emita con pleno respeto al marco legal vigente.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 46/2023 de 19 de mayo, cursante a fs. 63 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1513_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 48663c55e5461e287c927f4a4d0bd1ee0cee30d3abe9510184e74e03061cbc59
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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