B.IA.LEGAL

SCP 1508/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56578-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal que se tramita en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, autoridad demandada, mediante Auto de Vista 249/2023, confirmó la resolución apelada, pese a haber constatado en audiencia la ausencia de su abogado defensor y de las demás partes procesales, resolviendo sin escuchar agravios y sin disponer la suspensión de la audiencia ni la designación de defensa técnica de oficio, como correspondía en resguardo del derecho a la defensa, limitándose a confirmar la resolución sin ingresar al fondo del recurso, incurriendo además en falta de fundamentación y motivación normativa y jurisprudencial, situación que generó un estado de indefensión absoluta; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el referido Auto de Vista, disponiéndose la emisión de una nueva resolución conforme a derecho.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo convocarse a una nueva audiencia, en la que se garantice la defensa técnica de la accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso
  2. III.2. La designación de un defensor estatal o de oficio ante la inasistencia del abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1508/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56578-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 41/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de Minerva Ignacia Jiménez Burgos contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 9 a 10 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a instancia de Pastor Maldonado Palomeque, en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 24 de marzo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 128/2023, que rechazó la cesación a la detención preventiva sin fundamentación ni motivación, incrementando riesgos procesales y utilizando argumentación distinta a la resolución primigenia que impuso la detención preventiva. Por ello, conforme a los arts. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), interpuso recurso de apelación, mismo que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que señaló audiencia pública para el 29 de marzo de 2023 a horas 15:00, donde según informe de Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario abogado, se advirtió la presencia de la imputada y la víctima, con ausencia del Ministerio Público. Sin embargo, de manera contradictoria, el acta de audiencia y el Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, señalaron que no estaban presentes la víctima ni el Ministerio Público, pero sí la apelante sin la presencia de sus abogados; motivo por el cual, la autoridad de alzada confirmó la resolución apelada, en este caso, el citado el Auto de Vista vulneró el derecho a la defensa y a contar con asistencia técnica reconocido en el art. 115.II de la CPE, así como el principio de impugnación, ya que la autoridad demandada debió convocar a Defensa Pública para garantizar dicha asistencia, y al no hacerlo, generó un estado absoluto de indefensión, confirmando el Auto Interlocutorio impugnado, sin escuchar los argumentos de la apelante. La SCP 0743/2018-S4 de 6 de noviembre, citando las SSCC 0887/2010-R y 1842/2003-R, reafirmó que el derecho a la defensa es inviolable -arts. 16.II y 115.II de la CPE-, mismo que comprendía contar con un defensor idóneo y tener acceso e igualdad para impugnar actuados; la SCP 0526/2019-S4 de 12 de julio estableció que, ante la inasistencia del abogado en audiencia de apelación, la autoridad debía suspender o nombrar defensor de oficio; al no hacerlo y resolver solo por la inasistencia, se vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso, la libertad y la motivación de resoluciones; la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, destacó que el bloque de constitucionalidad garantiza la defensa material, incluido el derecho a ser asistido por defensor y, cuando corresponda, la designación gratuita de defensor de oficio, la SCP 0468/2016-S2 de 8 agosto y la SCP 1414/2013 de 16 de noviembre, reiteraron que las resoluciones deben estar motivadas y fundamentadas conforme al art. 124 CPP. En el presente caso, la autoridad demandada no fundamentó ni motivó norma legal ni jurisprudencial para confirmar la resolución cuestionada, vulnerando el debido proceso, la fundamentación y motivación, y la presunción de inocencia -arts. 115.II y 116.I de la CPE-; por lo que, corresponde pronunciamiento ante esta arbitrariedad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, derecho a la defensa y a la impugnación; citando al efecto los arts. 115 II, 116 I y siguientes de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: dejar sin efecto el Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, y se emita nueva resolución, bajo el principio de celeridad, instrumentalidad y proporcionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El 24 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, por la presunta comisión del delito de robo agravado, de la cual emergió el Auto Interlocutorio 128/2023, que fue apelada por falta de fundamentación, motivación y congruencia; b) El 29 de marzo de 2023, se realizó la audiencia de apelación, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justifica de La Paz, donde estuvo presente su persona como imputada pero ausente su abogado, la víctima y el Ministerio Público, aun así, la autoridad demandada resolvió la apelación aun estando ausente su abogado, señalando que no escuchó agravios y confirmando la resolución apelada mediante el Auto de Vista 249/2023, sin ingresar al fondo; y, c) Por lo que, ante tales circunstancias, se debió suspender la audiencia y designar un defensor de oficio, conforme a lo establecido por el art. 115.II CPE y a la jurisprudencia constitucional -SCP 0526/2019-S4-, que establece que ante la inasistencia del abogado, corresponde nombrar defensa pública y la Vocal ahora demandada al no hacerlo, vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso, la motivación y la seguridad jurídica de la accionante.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 6 de junio de 2023, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Pastor Maldonado Palomeque contra Minerva Ignacia Jiménez Burgos por el delito de robo, con el Código Único de Denuncia (CUD) 201103042202426, la accionante sostuvo que la autoridad demandada no fundamentó ni motivó la resolución impugnada, vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia y la motivación; 2) Sin embargo, remitido el legajo de apelación contra el Auto Interlocutorio 128/2023, señaló audiencia dentro del plazo legal, disponiendo que las partes estén presentes con anticipación, para la verificación técnica, cumplidas dichas formalidades, se instaló la audiencia; 3) Conforme al art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada solo puede resolver los puntos apelados, en este caso no se escuchó ningún agravio, ello porque el abogado del apelante no estuvo presente en la referida audiencia, para fundamentar su recurso; se advierte que tampoco presentó justificativo alguno por memorial o por medios electrónicos y de acuerdo con el Reglamento de Conducta y Medidas Disciplinarias, en segunda instancia no es posible suspender las audiencias; motivo por el cual, se continuó con el acto procesal; 4) Asimismo, la parte accionante tenía la posibilidad de presentar explicación, complementación o enmienda al amparo del art. 125 del CPP, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, lo cual no lo hizo, debiendo reiterarse que las medidas cautelares se caracterizan por su temporalidad y variabilidad; por lo que, no causan estado y pueden modificarse si cambian las circunstancias; 5) El memorial de la acción de libertad presentó una relación escueta de los hechos y no identifica de manera clara y concreta en qué consistiría la supuesta vulneración de derechos; por lo que, el Auto de Vista 249/2023, cuenta con la debida fundamentación conforme a lo establecido por los arts. 124 y 173 del CPP; y, 6) El Tribunal de garantías no es una instancia revisora de la justicia ordinaria; para activar el control constitucional la accionante debía establecer una vinculación precisa entre los derechos invocados y la actividad interpretativa cuestionada, lo cual no ocurrió; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela, al no evidenciarse vulneración a derecho o garantía constitucional alguna.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Decimocuarto-, constituido en Juez de garantías, por Resolución 41/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 17 a 19, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio sobre la base a los siguientes fundamentos: i) Conforme las modificaciones establecidas a las disposiciones transitorias de la Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias, las audiencias en segunda instancia no pueden ser suspendidas, pues dicha normativa establece reglas específicas para garantizar la continuidad y celeridad de los actos procesales, inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, de igual manera; al respecto, la SC 1888/2013 de 29 de octubre, dispone que, antes de acudir a la vía constitucional, mediante la acción de libertad, deben agotarse los mecanismos de impugnación ordinarios cuando estos sean inmediatos y eficaces para restituir el derecho supuestamente vulnerado, en este caso, si bien la parte accionante sostiene que la autoridad debió suspender la audiencia y designar un defensor de oficio citando la SC 0526/2019-S4, dicha jurisprudencia es anterior a la vigencia y aplicación normativa de la Ley 1173, cuyas disposiciones modificaron el régimen aplicable a las audiencias de segunda instancia; y, ii) Asimismo, luego de la emisión del Auto de Vista 249/2023, la accionante no activó los mecanismos ordinarios disponibles, como la complementación, aclaración o enmienda, lo que evidencia la falta de agotamiento de recursos procesales idóneos, en consecuencia la autoridad demandada actuó conforme al marco normativo vigente, sin advertirse la existencia de una vulneración de derechos fundamentales que habilite la tutela constitucional solicitada. En la vía de la complementación, aclaración y enmienda la accionante señalo: a) No se pronunció ni valoró el acta de audiencia de 29 de marzo ni el Auto de Vista adjuntada como prueba, b) Que la referida determinación, indica que la accionante no interpuso complementación y enmienda en la vía ordinaria, pero que dicho recurso no modifica el fondo; c) Se fundamentó la denegación de la acción indicando que el Reglamento Disciplinario se encontraba vigente; sin embargo, esto no concuerda con el art. 115.II de la CPE, ya que ningún reglamento puede prevalecer sobre la Norma Suprema, ni sobre el bloque de constitucionalidad y convencionalidad; y, d) No se ha valorado la SCP 0526/2019-S4 de 12 de julio, jurisprudencia vigente y vinculante conforme al art. 203 de la CPE, la cual fue expresamente invocada al interponer la presente acción de libertad y que, además, ha modulado y actualizado diversos fundamentos jurídicos aplicables al caso; sin embargo, su autoridad ha sustentado la resolución en un fallo del año 2003, cuyo alcance ha sido superado por la citada jurisprudencia, lo que vulnera los principios de motivación y congruencia. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el señalado Juez de garantías, manifestó que: 1) La decisión se basó en el principio de subsidiariedad, así como en la aplicación del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias vigente en las audiencias de segunda instancia, el cual establece disposiciones disciplinarias y de conducta para el ejercicio del poder ordenador del Tribunal; 2) Respecto a la SCP 0526/2019-S4, se aclara que dicha sentencia fue emitida antes de la entrada en vigencia de la Ley 1173 y la Ley 1226, las cuales modificaron el Código de Procedimiento Penal y establecieron el reglamento citado, por ello, la resolución se fundamenta en la normativa que estaba vigente al momento de la actuación judicial, haciendo uso del reglamento de conductas y medidas disciplinarias posterior a esas leyes; y, 3) Finalmente, respecto a la inasistencia a la audiencia del abogado que patrocinaba a la parte accionante, esta circunstancia fue considerada por la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 249/2023.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 128/2023 de 24 de marzo, emitido por Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante la cual dispuso la improcedencia de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por la imputada -ahora accionante-, quien en audiencia interpuso recurso de apelación incidental contra el citado fallo, que fue remitido a la Sala Penal de Turno (fs. 3 a 6). II.2. Consta Acta de Audiencia Pública de apelación sobre medida cautelar de carácter personal de 29 de marzo de 2023; en la cual, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada-, manifestó que no asistió la víctima ni su abogado tampoco el ministerio público, presente la imputada -apelante-y ausente su defensa; siendo que la Ley 1173 estableció que ninguna audiencia de recurso de apelación puede ser suspendido por ninguna causa, excepto que exista el debido justificativo, y al no evidenciarse ningún justificativo por la parte apelante, paso a dictar resolución (fs. 7). II.3. Cursa Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, mediante el cual la autoridad demandada determinó improcedente el recurso de apelación por no haberse escuchado ningún agravio, confirmando el Auto Interlocutorio 128/2023 (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal que se tramita en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, autoridad demandada, mediante Auto de Vista 249/2023, confirmó la resolución apelada, pese a haber constatado en audiencia la ausencia de su abogado defensor y de las demás partes procesales, resolviendo sin escuchar agravios y sin disponer la suspensión de la audiencia ni la designación de defensa técnica de oficio, como correspondía en resguardo del derecho a la defensa, limitándose a confirmar la resolución sin ingresar al fondo del recurso, incurriendo además en falta de fundamentación y motivación normativa y jurisprudencial, situación que generó un estado de indefensión absoluta; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el referido Auto de Vista, disponiéndose la emisión de una nueva resolución conforme a derecho.

III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso

Sobre el particular, el art. 119.II de la CPE señala que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Por su parte, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, estableció que: “…constituye una ‘potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC 1534/2003-R).

El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos; entre ellos el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del CPP, el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), EL derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), el derecho a que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes (art. 121 de la CPE). Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete” (negrillas añadidas). Por su parte, la SCP 0480/2019-S2 de 9 de julio, sostuvo que: “El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra parte, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello la inviolabilidad del derecho a la defensa, es la garantía fundamental con que cuenta el procesado, que se encuentra prevista en el art. 119.II de la CPE, que señala: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones; por una parte el derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y el derecho a la defensa material que se concreta en ‘el derecho a ser oído’ o ‘derecho a declarar en el proceso’. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material que reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal, y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre; criterio jurisprudencial que es confirmado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, establece que el derecho a la defensa comprende el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, entendimiento que fue confirmado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo” (el resaltado es nuestro).

III.2. La designación de un defensor estatal o de oficio ante la inasistencia del abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares

Al respecto la SCP 0241/2019-S3 de 1 de julio, precisa que: “De acuerdo a las causales que hacen permisible la suspensión de audiencia, corresponde manifestar conforme al art. 335 inc. 2) del CPP, que si el defensor no comparece a una audiencia para la cual fue convocado, encontrándose debidamente notificado, corresponderá su reemplazo inmediato a cargo del juez o tribunal, esto con el fin de que las partes no se queden sin la defensa técnica, en virtud del derecho a la igualdad que les asiste a las partes procesales y la garantía del derecho a la defensa. Sobre la presencia del detenido en audiencia, cabe referir el razonamiento expuesto en la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, que asumió el entendimiento de la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableciendo que: ‘…a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa (…) no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida, por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia’” (las negrillas son nuestras). Jurisprudencia extraída de la SCP 0023/2025-S3 de 27 de febrero.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, la autoridad demandada mediante Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, confirmó la resolución apelada pese a haber constatado en audiencia la ausencia del abogado defensor de la impetrante de tutela y de las demás partes procesales, resolviendo sin escuchar agravios y sin disponer la suspensión de la audiencia ni la designación de reemplazo de su defensa técnica de oficio, como correspondía en resguardo del derecho a la defensa, limitándose a confirmar la resolución sin ingresar al fondo del recurso, incurriendo además en falta de fundamentación y motivación normativa y jurisprudencial, situación que generó un estado de indefensión absoluta; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el referido Auto de Vista, disponiéndose la emisión de una nueva resolución conforme a derecho.

De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3 del presente fallo constitucional, se advirtió que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pastor Maldonado Palomeque en contra de la accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Jueza de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 128/2023 de 24 de marzo, mediante el cual dispuso la improcedencia de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por la imputada -ahora accionante-, quien en audiencia interpuso recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, que fue remitido a la Sala Penal de Turno. En tal contexto, conforme el Acta de audiencia pública de apelación sobre medida cautelar de carácter personal de 29 de marzo de 2023; la autoridad demandada, advirtió la presencia de la imputada apelante -ahora accionante- y la ausencia de su abogado o defensa; en virtud al mismo, mediante Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, determinó improcedente el recurso de apelación, bajo el argumento, que no escuchó ningún agravio contra el Auto Interlocutorio 128/2023, ello ante la ausencia de la defensa de la parte apelante, hecho que al no ser atribuible al Tribunal de alzada y ante la falta de solicitud de suspensión del acto procesal debidamente justificado, le imposibilitó ingresar analizar el fondo. Al respecto, con el fin de resolver la problemática denunciada resulta pertinente traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, la cual es comprendida como la oportunidad que asiste a todo ciudadano para que dentro de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa pueda ser oída, hacer valer sus argumentos o razones, controvertir pruebas e impugnar las decisiones asumidas a través de los recursos establecidos en la ley, desprendiéndose de dicha noción, el derecho a la defensa técnica que permite al procesado pueda contar con un abogado de su confianza o de oficio designado por autoridad competente, constituyéndose ese derecho en irrenunciable; por lo que, las autoridades judiciales están compelidas a verificar que en el desarrollo del proceso, el imputado asista a todas las audiencias acompañando de su abogado defensor y el derecho a la defensa material que trasunta en la posibilidad que el imputado tiene para defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso, los cuales se encuentran desarrollados en los arts. 8 y 9 del CPP como irrenunciables desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se colige que la Vocal demandada, lesionó los derechos invocados como denunciados por el accionante, en virtud a que conforme se tiene el Auto de Vista 249/2023, se advierte que la autoridad demandada se limitó a señalar que ante la ausencia de la defensa técnica de la apelante -ahora accionante-, no escuchó ningún agravio contra el Auto Interlocutorio 128/2023; por lo que, al no ser hecho atribuible a su autoridad y ante la falta de solicitud de suspensión del acto procesal debidamente justificado, le imposibilita ingresar analizar el fondo. De lo expuesto, este Tribunal Constitucional Plurinacional observa que la Vocal demandada no adecuó su actuar al trámite establecido para el desarrollo de las audiencias, habida cuenta que conforme dispone el art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173: “Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código” (énfasis añadido) señalando más adelante que en caso “…el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio (…)” (las negrillas son nuestras) y en relación al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ante la inasistencia de la defensa técnica del imputado a la audiencia de consideración de la apelación incidental, la prenombrada se encontraba obligada a designar un abogado defensor de oficio y a solicitud de este -a objeto de preparar su defensa- suspender la audiencia, programando una nueva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, con la habilitación de horas inhábiles; dado que, no se puede desarrollar una audiencia sin la participación del abogado defensor. En ese contexto, la actuación asumida por la autoridad demandada se configura como arbitraria y, por ende, vulneradora de los derechos del solicitante de tutela, puesto que, ante la inasistencia de su abogado defensor a la audiencia de apelación de cesación, correspondía disponer la suspensión de dicha audiencia o, alternativamente, proceder a la designación de un defensor de oficio, a fin de asegurar de manera efectiva el derecho a la defensa del ahora accionante; no obstante, las autoridades llevaron adelante el referido acto procesal y emitieron una resolución sustentada exclusivamente en la ausencia del abogado, sin considerar los efectos que ello generaba en la situación jurídica del imputado, incurriendo de ese modo en la vulneración del derecho a la defensa como componente esencial del debido proceso, en directa relación con el derecho a la libertad, así como del deber de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, particularmente tratándose de decisiones vinculadas a la aplicación o modificación de medidas cautelares personales. Asimismo, la Vocal demandada al no adoptar medidas administrativas pertinentes y necesarias con el fin de garantizar en su favor, la intervención de un defensor técnico, ya sea particular o del Estado, incumplió su deber de directora del proceso penal en segunda instancia, garantizando su desarrollo, y que en su trámite no se lesionen derechos de ninguno de los sujetos procesales; sin embargo, al no proceder en ese sentido, restringiéndose solo a verificar que el abogado de la accionante no concurrió a la audiencia virtual de 29 de marzo de 2023; resaltando que por su ausencia no existían agravios por dilucidar, lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación, derecho a la defesa y a la impugnación, vinculados al derecho a la libertad; de quien ahora se constituye en impetrante de tutela. Finalmente, respecto a lo señalo por la autoridad demandada en su informe sobre la aplicación del art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, que establece: “Cuando no asista la parte apelante, se declarará la perención de su derecho a fundamentación”; normativa en la que fundamento su determinación, dicha interpretación es inadmisible; toda vez que, de acuerdo a “…la disposición contenida en el art. 109.II de la CPE, relativa a que los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley, implica; por una parte, que sólo el Órgano Legislativo es el competente para emitir leyes que desarrollen los preceptos o derechos fundamentales -en su sentido material sin alterar su núcleo esencial- contenidos en la Ley Fundamental y a su vez impongan sus límites; y por otra, constituye una restricción frente a otros Órganos -Ejecutivo y Judicial y el Electoral- que intenten regular derechos que sólo puede realizarse a través de una ley…” (SCP 0680/2012 de 2 de agosto [énfasis añadido]) ante el mandato expresó del art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173 que claramente establece “Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio…” (las negrillas son nuestras) correspondía que en previsión del principio de legalidad instituido en el art. 180.I de la CPE la demandada aplique ese precepto legal, más aun considerando que toda limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, por el principio de reserva legal, solo puede ser impuestas a través de una ley en sentido formal y no así a través de una de carácter normativa inferior. Conforme a los argumentos supra expuestos y ante la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación, derecho a la defesa y a la impugnación, vinculados al derecho a la libertad, denunciados por la accionante, corresponde conceder la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 249/2023 de 29 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo convocarse a una nueva audiencia, en la que se garantice la defensa técnica de la accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1508_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25b90d98692a60c58ab5c84a9fd926609b9c8471e483e19a935c530781edb06d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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