B.IA.LEGAL

SCP 1507/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56575-2023-114-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos la libertad de “residencia, permanencia, circulación en todo el territorio boliviano,” a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente, a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso, a ser oído por una autoridad jurisdiccional; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Juez demandado, no remitió su impugnación ante el Tribunal de alzada, incurriendo en dilación indebida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 36/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en su modalidad innovativa. 2º Llamar la atención a William García Rios, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, ante el incumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, exhortándole que en el futuro cumpla los plazos establecidos para la remisión de las apelaciones incidentales de los procesos que se encuentren con privados de libertad y en caso de incurrir nuevamente en dilaciones, será remitida ante el Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura; y, 3º Exhortar a Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 12 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1507/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56575-2023-114-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 36/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ismael Choque Daga contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de junio de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de medidas cautelares celebrada el 2 de junio de 2023, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, oportunidad en la que formuló recurso de apelación incidental contra la mencionada determinación; sin embargo, la nombrada autoridad judicial, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, incurriendo en dilación indebida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de “residencia, permanencia, circulación en todo el territorio boliviano,” a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente, a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, del principio de celeridad.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Juez demandado, la remisión inmediata de los antecedentes del proceso, al Tribunal de alzada que corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que, la postura adoptada por la autoridad judicial demandada generó una dilación innecesaria respecto a su situación jurídica como persona privada de libertad, afectando directamente el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; puesto que, habiendo recurrido del Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2023, transcurridos catorce días no fue remitido el respectivo cuaderno procesal al Tribunal de alzada, incurriendo en demora indebida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

William Garcia Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 14 de junio de 2023, cursante a fs. 13 y vta. manifestó que: a) Pronunció el Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2023, de cuyo contenido se establece que, advirtió a la parte apelante que pueda proveer los recaudos a efecto de la remisión de la respectiva Resolución, aspecto que no fue objetado sino aceptado de manera tácita por el impetrante de tutela; empero, el 13 de igual mes y año, recién dejaron los recaudos para la remisión, tal como constaba en el cuaderno de control jurisdiccional; b) El art. 54 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no establece que la autoridad judicial, sea la encargada de remitir los procesos, coordinar para los recaudos de ley, sino el personal de apoyo jurisdiccional, al margen de ello, debido a las recargadas labores de su Juzgado, no podría realizar el seguimiento a cada caso particular, bajo ese fundamento, no es posible argüir que exista dilación ni vulneración al principio de publicidad ya que el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra a disposición de las partes; y, c) La notificación con la acción de libertad fue realizada el 14 de junio del citado año, cuando la apelación ya fue remitida, al haberse superado las denuncias que motivaron la acción de libertad, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 36/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 18 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Sobre la remisión de actuados, tiene responsabilidad a partir del administrador de justicia, que es el juez, como el personal de apoyo jurisdiccional, cuyos roles se hallan establecidos en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; funciones que de no cumplirse dicha remisión, la acción de libertad no es el mecanismo directo de reclamo, sino otra instancia como lo es la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, a través de la queja correspondiente a Sala Plena, a fin de que la negligencia de la autoridad judicial pueda ser sometida a un sumario administrativo; y, 2) De acuerdo al art. 47 del CPP, no advirtió la vulneración de los derechos a la vida, salud, locomoción o la propia libertad del impetrante de tutela; puesto que, su reclamo deviene de la no prontitud de remisión ante el Tribunal de alzada, al tener un mecanismo propio de reclamo; y, c) De acuerdo a la “línea jurisprudencial” y Autos Supremos, este tipo de solicitudes, no cuentan con un fundamento objetivo, que haga prevalecer la conculcación del derecho a la locomoción a través de esta vía.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota de remisión de testimonio de apelación incidental de 14 de junio de 2023; por la cual, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, elevó ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 388/233 de 2 de junio, por Ismael Choque Daga -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 12). II.2. Según sello de recepción de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, los antecedentes del recurso de apelación incidental supra señalado, fueron recibidos en dicha instancia el 14 de junio de 2023 (fs. 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos la libertad de “residencia, permanencia, circulación en todo el territorio boliviano,” a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente, a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso, a ser oído por una autoridad jurisdiccional; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Juez demandado, no remitió su impugnación ante el Tribunal de alzada, incurriendo en dilación indebida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:

i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio)

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad de “residencia, permanencia, circulación en todo el territorio boliviano,” a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente, a la igualdad y a ser oído por una autoridad jurisdiccional; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, el Juez demandado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no remitió su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, incurriendo una dilación indebida en la consideración de sus situación jurídica. Previo a ingresar al análisis de fondo de la presente acción tutelar, es necesario referirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a la activación de la acción de libertad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; toda vez que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. Identificada la problemática planteada y conforme los datos adjuntos al expediente constitucional, si bien en el presente caso, se observa que el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela fue remitido el 14 de junio de 2023, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (Conclusión II.2), motivo por el que criterio de la autoridad judicial demandada el acto lesivo habría sido superado; sin embargo, dicha apreciación no es compartida por este Tribunal, en razón a que como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad innovativa se activa aún hubiere cesado el acto lesivo ilegal a fin de evitar que se repitan conductas condenadas por el ordenamiento jurídico; en tal sentido, se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado, a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el solicitante de tutela. En ese contexto, de antecedentes consignados en Conclusiones de este fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por Auto Interlocutorio 388/2023 de 2 de junio, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, quien contra determinación, la indicada fecha, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, conforme consta de la Nota de 14 de junio del citado año, el testimonio de apelación, recién fue remitido la indicada fecha a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Por su parte, al respecto, si bien el Juez demandado en su informe prestado, pretendió justificar la demora, alegando la falta de provisión de recaudos por el ahora solicitante de tutela, afirmando asimismo que dicha función no sería su atribución conforme lo previsto por la Ley 1173, y que al margen de ello, por las recargadas labores de su despacho, no podía realizar el seguimiento a cada caso en particular; empero, que al haber la parte apelante provisto los recaudos para la remisión el 13 de junio de 2023, recién remitió el expediente al Tribunal de alzada; sin embargo, ninguna de las justificaciones alegadas por la autoridad judicial, desvirtúan la dilación indebida incurrida contra el derecho a la libertad del accionante, al remitirlo doce días después de interpuesto el mismo, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP, que dispone que el recurso de apelación incidental debe ser remitido dentro del plazo legal de veinticuatro horas; por lo que, el Juez demandado, al actuar contrariamente, generó demora indebida en la consideración jurídica del impetrante de tutela; por lo que, evidenciada la omisión incurrida, corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad innovativa. Ahora bien, considerando que el Juez demandado, pretendió justificar la falta de remisión, en la falta de provisión de recaudos y otras situaciones, cabe señalar que la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, ha determinado que no se puede condicionar la remisión del recurso, por falta de provisión de recaudos, pues ello vulnera los principios de pro actione, gratuidad, inmediación y acceso a la justicia; asimismo, que el recurso de apelación debe ser remitido dentro de las veinticuatro horas de interpuesto el mismo, si bien excepcionalmente se puede flexibilizar dicho plazo por las recargadas labores, la misma no debe exceder de tres días; situación que el caso de autos se advierte no aconteció; por cuanto, la autoridad demandada, no demostró con elemento alguno las recargadas labores de su despacho, superando además el plazo excepcional señalado, por lo que transcurrido el, la omisión se constituye en un acto dilatorio indebido, que vulnera el derecho a la libertad, a más de haber admitido el condicionamiento de la remisión del recurso de apelación incidental del accionante a la provisión de recaudos de ley, contraviniendo con dicha actuación los principios de gratuidad, de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia del privado de libertad. Por otra parte, cabe aclarar a la autoridad demandada, en cuanto a su afirmación de que dicha función no sería su atribución conforme lo previsto por la Ley 1173, que sin bien la misma no se encuentra detallada en las consignadas en la LOJ; sin embargo, en su condición de director del proceso, tenía la obligación de verificar y controlar que las funciones e instrucciones asignadas al personal subalterno de su Juzgado, como el de la remisión motivo de esta acción tutelar, sean cumplidas a cabalidad por este; empero, conforme se precisó líneas arriba, negligentemente omitió supervisar sus propias órdenes en la remisión dispuesta. En ese contexto, conforme lo desarrollado precedentemente, se advierte que el Juez demandado, al remitir el recurso de apelación incidental, después de doce días, incumplió sus funciones, vulnerando el derecho a la libertad del peticionante de tutela, y no obstante que el demandado a la fecha de consideración que la audiencia de la presente acción tutelar ya remitió el referido recurso ante el Tribunal de alzada, corresponde conceder la tutela dentro del alcance de la acción de libertad innovativa a efectos de que esta vulneración no vuelva a repetirse en futuros casos, como el presente, en que habiéndose producido la dilación indebida, ésta no fue examinada por el Juez de garantías, quien denegó la tutela impetrada sin efectuar una valoración adecuada a los datos de la acción de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 36/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en su modalidad innovativa. 2º Llamar la atención a William García Rios, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, ante el incumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, exhortándole que en el futuro cumpla los plazos establecidos para la remisión de las apelaciones incidentales de los procesos que se encuentren con privados de libertad y en caso de incurrir nuevamente en dilaciones, será remitida ante el Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura; y, 3º Exhortar a Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

2 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y

4 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1507_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3730fe4cee1a98d573b43c8e736edb374bc158acc5930a3e6d9d0b4b1b9c8e53

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →