Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva y el principio de celeridad; por cuanto, en audiencia de procedimiento abreviado celebrada el 15 de diciembre de 2022, se emitió sentencia condenatoria, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años; por lo que, el 19 de diciembre del citado año, solicitó audiencia para acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena; sin embargo, pese a que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló en varias oportunidades audiencia, para este cometido, las mismas fueron suspendidas consecutivamente, por diversas causas; habiendo trascurrido, más de cuatro meses sin que se resuelva su solicitud, computando desde la primera audiencia señalada para el 29 de diciembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, permaneciendo privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023, de 9 de mayo, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva; y, el principio de celeridad procesal, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Jimena Velasquez Albarracin, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; para que, en futuras actuaciones, evite incurrir en observaciones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1504/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56529-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2023 de 9 de mayo, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro en representación sin mandato de Ronald Torrez contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público, contra el accionante, por el delito de estupro; el 15 de diciembre de 2022, en audiencia de salida alternativa, de procedimiento abreviado, fue sentenciado a tres años de pena privativa de libertad, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz; sentencia que, quedó ejecutoriada el mismo día; por lo que, el 19 de diciembre de igual año, solicitó señalamiento de audiencia para la consideración de la suspensión condicional de la pena, señalándose una primera audiencia para el 29 de diciembre del citado año a horas 9:20; sin embargo, el acto procesal no se desarrolló debido a la ausencia del abogado de la defensa. Posteriormente, se dispuso nueva comparecencia para el 10 de enero de 2023, que tampoco se concretó a requerimiento del Ministerio Público, bajo el argumento de la necesidad en precisar el domicilio real de los familiares de la víctima, pese a que la representación ésta, correspondió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); el 16 de enero de igual año, se instaló la audiencia reprogramada; no obstante, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, invocando los arts. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), volvió a diferirla para el 24 de enero; disponiendo además, la notificación de la menor mediante exhorto suplicatorio. Llegado el 24 de enero, el acto no se realizó nuevamente, atribuyéndose la postergación a la falta de vale para sacar fotocopias del exhorto, por ende a la no notificación de los familiares, y la ausencia del Ministerio Público y la DNA; el verificativo fue fijado para el 31 de enero, fecha en la cual volvió a suspenderse por la inasistencia reiterada de las citadas instituciones y por la falta de gestión respecto al exhorto; posteriormente, el 7 de febrero de 2023, se cumple con la emisión de la orden instruida, dirigida a la ciudad de Cochabamba y, posteriormente; el 9 de febrero, la audiencia volvió a suspenderse por la incomparecencia de la DNA y de la familiar -Paola Bautista Grimaldi-, además de no existir respuesta al exhorto; como consecuencia ello, se fijó nueva fecha para el 16 de febrero, día en el que tampoco se contaba con respuesta de la víctima, lo que derivó en una nueva suspensión. El 27 de febrero de 2023; la audiencia volvió a diferirse, por la falta de devolución del exhorto y problemas de conexión con la defensa; el 30 de marzo por incumplimiento de formalidades; y el 5 de abril, por la ausencia de la familiar de la víctima y la falta de devolución del exhorto; asimismo señaló que el 13 de abril de ese año, se recepcionó la orden instruida y el 17 de ese mes, se emitió un informe que evidenció la imposibilidad de ubicar el domicilio de los familiares; en ese contexto, el 18 de abril de 2023, luego de instalar la audiencia, el Juez demandado, volvió a retrasar su desarrollo debido a la inasistencia del Ministerio Público y a fallas técnicas en la conexión, fijándose nueva audiencia para el 3 de mayo de 2023; sin embargo, ese día el acto fue nuevamente suspendido por la falta de notificación a la víctima y la negativa del Juez de la causa de ordenar que este acto procesal sea practicado mediante el sistema HERMES. Concluyó resaltando, que desde la primera programación de audiencia -29 de diciembre de 2022-, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron más de cuatro meses durante los cuales, si bien se dispusieron múltiples señalamientos de audiencia, ninguna llegó a materializarse por diversas causas, lo que conllevó a que el accionante permaneciera privado de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 24, 115, 178, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: Que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, instale la audiencia y resuelva la suspensión condicional de la pena, del privado de libertad.
Celebrada la audiencia virtual de 18 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 9 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Además de las múltiples suspensiones descritas en su memorial, se contaba con la orden instruida devuelta desde la ciudad de Cochabamba, extremo que fue puesto en conocimiento del Juez demandado; quien pese a ello, omitió ordenar la notificación mediante el sistema HERMES, aun cuando esta solicitud fue reiterada en varias oportunidades; b) Los constantes diferimientos de la audiencia de suspensión condicional de la pena, le provocaron el deterioro de su salud; puesto que, presentó episodios de migraña severa y no recibió atención médica adecuada, justamente debido a su permanencia en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz; c) El Juez de la causa, exigió requisitos no previstos en el art. 366 del CPP, para instalar la audiencia y resolver en el fondo la consideración de suspensión condicional de la pena, pese a que cumplió con todas las obligaciones que la ahora autoridad demandada le exigió; y, d) En el cuaderno de control, cursaban los elementos suficientes para viabilizar la notificación y la prosecución del trámite; pero el Juez, haciendo caso omiso, no tomó en cuenta dicha documental, razón por la que permitió la suspensión de audiencias en más de doce oportunidades.
Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 7.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 32/2023 de 9 de mayo, cursante a fs. 10 y vta., concedió la tutela solicitada, ordenándose a la autoridad demandada, señalar y dar curso a la audiencia de suspensión condicional de la pena, con base en los siguientes fundamentos: 1) En aplicación del art. 125 de la CPE, se reconoció a la acción de libertad como el mecanismo destinado a resguardar derechos esenciales, como la vida y la libertad, frente a actos u omisiones de autoridades que generen, una mora injustificada para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; 2) El impetrante de tutela, denunció más de una decena de señalamientos de audiencias, de suspensión condicional de la pena, que no llegaron a concretarse, generando una demora injustificada, que impidieron la prosecución del acto procesal; y, 3) Pese a la notificación cursada, la autoridad demandada no remitió antecedentes ni presentó informe; por lo que, bajo el principio de presunción de veracidad, que rige en materia tutelar, correspondió otorgar credibilidad a los hechos expuestos, mientras no fueren desvirtuados; y, si bien el demandante debe acompañar medios de prueba, en futuras acciones, la falta de informe e inasistencia a la audiencia, tornó viable la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De lo expresado en audiencia de garantías; se extrae que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Ronald Torrez -ahora accionante-, por la comisión del delito de estupro; una vez, que vía procedimiento abreviado, fue sentenciado, a tres años de privación de libertad, solicitó ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, audiencia de suspensión condicional de la pena; sin embargo, la misma fue diferida por la autoridad ahora demandada, por más de doce veces, habiendo transcurrido más de cuatro meses, desde su primera solicitud formulada el 19 de diciembre de 2022, hasta la interposición de la presente acción tutelar, permaneciendo indebidamente privado de su libertad (fs. 9 y vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva y el principio de celeridad; por cuanto, en audiencia de procedimiento abreviado celebrada el 15 de diciembre de 2022, se emitió sentencia condenatoria, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años; por lo que, el 19 de diciembre del citado año, solicitó audiencia para acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena; sin embargo, pese a que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló en varias oportunidades audiencia, para este cometido, las mismas fueron suspendidas consecutivamente, por diversas causas; habiendo trascurrido, más de cuatro meses sin que se resuelva su solicitud, computando desde la primera audiencia señalada para el 29 de diciembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, permaneciendo privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. Jurisprudencia extraída de la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio.
Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre sostuvo que: «El art. 232 de la CPE, establece que: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; por otra parte, el art. 235.1 de la misma Norma Suprema, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. En ese marco, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “…conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”.
Por otra parte, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, ha señalado que: 'Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación ...”. Asimismo, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía constitucional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: '…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso'; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R’”» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva y el principio de celeridad; por cuanto, en audiencia de procedimiento abreviado celebrada el 15 de diciembre de 2022, se emitió sentencia condenatoria, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años; por lo que, el 19 de diciembre del citado año, solicitó audiencia para acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena; sin embargo, pese a que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló en varias oportunidades audiencia, para este cometido, las mismas fueron suspendidas consecutivamente, por diversas causas; habiendo trascurrido, más de cuatro meses sin que se resuelva su solicitud, computando desde la primera audiencia señalada para el 29 de diciembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, permaneciendo privado de su libertad. Ahora bien, precisada la problemática planteada, es pertinente; señalar que, si bien en el caso no cursa prueba documental, que acredite los hechos expuestos por el accionante, este análisis se desarrollara en atención a los extremos afirmados en su memorial, además de los elementos considerados por esta Tribunal; tomando en cuenta que, la autoridad demandada no presentó informe escrito ni compareció a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación; a dicho efecto, y en aplicación al principio de veracidad que rige la acción de libertad, cuyos razonamientos fueron glosados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tienen por ciertos los hechos descritos por el impetrante de tutela, relativos a las reiteradas audiencias que no se llevaron a cabo, para considerar su solicitud de suspensión condicional de la pena, siendo las causales para dichos diferimientos, la falta de cumplimiento de exhortos suplicatorios, la inasistencia de operadores institucionales y la omisión de disponer la notificación mediante el sistema HERMES; aun, cuando existía informe que acreditaba la imposibilidad de notificar por otros medios, tal cual refirió el accionante en su memorial de demanda y audiencia de garantías; extremos que, no fueron controvertidos por la autoridad demandada, quien tenía la obligación de remitir los antecedentes de la causa y prestar el informe correspondiente o, en su defecto, comparecer a la audiencia a fin de informar si concurrieron los actos denunciados como lesivos. En consecuencia; los razonamientos precedentes, nos llevan a concluir que la autoridad demandada, al no resolver el fondo del indicado beneficio, con la mayor prontitud posible o cuando menos en el plazo razonable, ocasionó una restricción indebida de los derechos al debido proceso, a la libertad y los principios de celeridad, que fundan a la jurisdicción ordinaria; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, aclarando que el alcance de la misma, responde únicamente al resguardo que este mecanismo de defensa otorga, en su modalidad traslativa o de pronto despacho; conforme a los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; es decir, lo concerniente a la resolución oportuna de la solicitud de suspensión condicional de la pena, empero corresponderá a la autoridad judicial, a cargo del proceso, la forma de resolución de este requerimiento, siempre y cuando no se haya modificado la situación del impetrante de tutela por el transcurso del tiempo.
Analizado el caso y resuelta la problemática jurídica planteada, corresponde referirse a la actuación de la Jueza de garantías, en la presente acción de defensa; toda vez que, de los antecedentes se advierte, que dicha autoridad, no remitió a este Tribunal, los actuados procesales, pese a que dichas piezas, eran pertinentes para contrastar los extremos expuestos por el impetrante de tutela, constituyendo ello una inobservancia del deber previsto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Si bien esta omisión; en otro contexto, hubiera ameritado la suspensión de plazos para recabar la documentación faltante; en el caso concreto, ello no afectó la resolución de la acción, pues ésta se sustentó en los hechos afirmados por el accionante, en los datos procesales disponibles y en la falta del informe escrito y consecuente inasistencia a la audiencia de garantías, por parte de la autoridad demandada; razón por la cual, correspondió activar el principio de veracidad, propio de la acción de libertad, con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias. No obstante, se exhorta a la Jueza de garantías; para que, en ulteriores actuaciones, conmine la remisión de antecedentes al juez de la causa, a fin de que este Tribunal, pueda efectuar una adecuada verificación y contraste, dentro del control constitucional que le corresponde ejercer. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023, de 9 de mayo, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva; y, el principio de celeridad procesal, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Jimena Velasquez Albarracin, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; para que, en futuras actuaciones, evite incurrir en observaciones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1504_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ead92807d53af55753cf380d127aa500c193cbacf6c49c7c9073bdf5a8057182
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →