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SCP 1500/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56400-2023-113-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de sus abogados, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, al debido proceso, así como a la garantía de presunción de inocencia, toda vez que: 1) El Juez demandado dispuso la detención preventiva por el tiempo de tres meses sin haber determinado las circunstancias relativas a la probabilidad de autoría, pese a que los hechos suscitados se originaron en un contexto confuso; asimismo no consideró su condición de madre de tres menores de seis años de edad, lo cual hace improcedente su detención preventiva, puesto que los menores son sus hijos que dependen de ella; y, 2) El Fiscal de Materia -codemandado-, emitió imputación en su contra, de forma completamente imprecisa e incongruente respecto a los hechos suscitados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 328/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1500/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56400-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 328/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Héctor Vildoso Aranda, en representación sin mandato de Ana Lía Vildozo Arroyo contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia, de la Fiscalía del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 23 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, seguido en su contra, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves; el Fiscal de Materia –ahora codemandado- el 12 de mayo de 2023, presentó acusación formal de imputación y solicitud de detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, incurriendo en incongruencia con los hechos ocurridos; ya que, el 7 de abril de 2023, a horas 13:00, llegó a su domicilio; y, cuando se disponía a cocinar escucho gritos de su esposo Andrés Leonardo Cortez Almada, quien le reclamó respecto a su hija menor; la discusión se tornó violenta, ya que llegó a ser agredida físicamente; momento después, ante los gritos, llegó su suegra; quien fue empujada por su esposo, quien cayó encima de su madre ocasionándole un dolor que no la dejaba moverse; sin embargo, en la imputación, se efectúa otra relación fáctica, donde se menciona que habría sido su persona, quien empujó a su suegra y le habría causado una fractura de fémur; asimismo, señala que no permitía que sea auxiliada y que a tanta insistencia a horas 17:00, aproximadamente, hubiera permitido el ingreso de Valeria Cortez, hija de la supuesta víctima, quien procedió a llevársela al hospital. El Juez demandado, instaló audiencia de consideración de medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva, sin determinar la probabilidad de autoría, ya que no existía certeza con relación a su participación en el hecho; por otra parte, no consideró su condición de madre de tres niños que se encontraban bajo su cuidado, aspecto que conforme al “art. 232 del Código Penal (CP)”, hacia improcedente su detención.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, así como a la garantía de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21.7, 22, y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: la libertad inmediata de la impetrante de tutela.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 32, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, el Fiscal de Materia –codemandado-emitió y presentó acusación formal de imputación, solicitando su detención preventiva, por el tiempo de seis meses, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; b) El Juez demandado, el 12 de mayo de 2023, instaló audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que dispuso su detención preventiva, sin observar su condición de madre y que tiene bajo su cuidado tres niños menores de seis años; no realizó la valoración respeto a lo que manda el “art. 232”, los arts. 22, 21.7, 116.I, y 23, de la CPE; y art. 8 núm. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); c) Asimismo, no realizó una correcta valoración de la prueba, para otorgar una medida menos gravosa, ya que con su detención, restringen derechos de los menores, como la atención médica en la Caja Nacional de Salud (CNS); y, d) Existió contradicciones entre lo que realmente ocurrió y la relación fáctica de la imputación; desde su concubinato, habría sido víctima de violencia por parte de su esposo, que el día de los hechos también fue agredida físicamente, y que a raíz de la denuncia ya no habita el mismo domicilio en el que residía; aspectos que no fueron considerados por la autoridad judicial demandada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe oral, señalo que: 1) La impetrante de tutela no ha expuesto en audiencia de medidas cautelares, los fundamentos que ahora refiere, respecto a la probabilidad de autoría, mencionando que ha existido vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso; siendo que la accionante, sí ejerció plenamente todos sus derechos; 2) Realizó una ponderación de derechos entre los de la probable víctima y la ahora accionante, ambas son mujeres vulnerables; sin embargo, la víctima aparte de ser mujer, es adulta mayor, situación que la hace aún más vulnerable, conforme a lo desarrollado en la “SCP 263/2022 de 11 de mayo”, que exige evaluar el grado de satisfacción y afectación de cada derecho involucrado, debiendo dar prioridad a la vida, situación que ha sido valorada debido a que la víctima ha sido intervenida quirúrgicamente, en consecuencia presentó noventa días de incapacidad, tal como lo señala el certificado médico forense; 3) Indicó que la acción de libertad resulta improcedente, puesto que la defensa técnica de la peticionante de tutela, en la audiencia de medidas cautelares, interpuso oralmente recurso de apelación, en contra del Auto Interlocutorio donde se dispuso su detención preventiva; el cual, se encuentra en grado de apelación ante la “Sala Penal”, motivo por el cual no cumplió el principio de subsidiariedad, al no haberse agotado los mecanismos ordinarios, antes de acudir a la justicia constitucional; precisó que, mientras dicho recurso esté pendiente, dado que ejerció los mecanismos previstos en la normativa, no podría plantear la acción de defensa; y, 4) Finalmente, respecto al art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP); señaló que, la solicitante de tutela invoca la prohibición de dictar detención preventiva, cuando la imputada tiene a su cuidado niños menores de seis años; sin considerar, que la norma prevé excepciones para casos de atentados contra la vida o la integridad corporal; no siendo evidente que la misma es la única que se encuentra bajo el cuidado de sus hijos menores, ya que en el momento de los hechos se encontraba habitando el mismo domicilio que la víctima, junto a su esposo, por lo que de los argumentos expuestos solicitó se deniegue la tutela impetrada. Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia, de la Fiscalía Departamental de La Paz, a través de informe oral, señaló que: i) La probable víctima dentro del proceso penal, declaró claramente, identificando el lugar, tiempo, modo, quien y como le agredió, se tiene que la víctima recibió un empujón por parte de la ahora accionante, mereciendo noventa días de impedimento; además, de negarle el auxilio durante cinco horas; y, ii) Claramente para la presente acción tutelar, se establece requisitos, siendo uno de ellos agotar mecanismos internos de defensa, y actualmente existe apelación en contra de la medida cautelar de detención preventiva impuesta; evidenciándose, que aún se encuentra pendiente el pronunciamiento de la apelación incidental, por lo que pidió se rechace la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 328/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., denegó la tutela solicitada, en atención a que existe un pronunciamiento jurisdiccional ordinario pendiente, a efectos de hacer valer sus derechos; determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: a) Que la jurisprudencia constitucional, estableció que la acción de libertad no constituye un medio supletorio, puesto que al existir mecanismos y medios idóneos, la accionante debe acudir a los mismos, como lo hizo en el presente caso, donde ya existe una apelación en el que la autoridad competente identificará las observaciones y agravios puestos en conocimiento y, b) No corresponde determinar criterio en el fondo, al existir pronunciamiento jurisdiccional pendiente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público, contra la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves, el Fiscal de Materia, asignado al caso -codemandado- mediante acusación formal de imputación de 12 de mayo de 2023, solicitó se disponga la aplicación de medidas cautelares de detención preventiva por el tiempo de seis meses, en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz (fs. 9 a 14). II.2. Cursa acta, de audiencia virtual de acción de libertad, de 15 de mayo de 2023, en el que se advierte, informe oral realizado por el representante del Ministerio Publico -codemandado-, quien hace referencia a la detención preventiva de tres meses impuesta a la peticionante de tutela, así como el recurso de apelación, al Auto Interlocutorio que determina la detención preventiva encontrándose pendiente de pronunciamiento (fs. 28 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de sus abogados, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, al debido proceso, así como a la garantía de presunción de inocencia, toda vez que: 1) El Juez demandado dispuso la detención preventiva por el tiempo de tres meses sin haber determinado las circunstancias relativas a la probabilidad de autoría, pese a que los hechos suscitados se originaron en un contexto confuso; asimismo no consideró su condición de madre de tres menores de seis años de edad, lo cual hace improcedente su detención preventiva, puesto que los menores son sus hijos que dependen de ella; y, 2) El Fiscal de Materia -codemandado-, emitió imputación en su contra, de forma completamente imprecisa e incongruente respecto a los hechos suscitados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Las SSCCPP 0038/2018-S2, 0077/2018-S2, 0078/2018-S2, sistematizadoras de línea jurisprudencial, se han pronunciado sobre la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, exponiendo el siguiente entendimiento: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que 1El FJ III.1.2, indica que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, señala: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos”.

puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo [...] Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental [...]». Por su parte, la SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los casos de aprehensiones fiscales o policiales consideradas ilegales, exponiendo que debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones; esta sentencia desarrolló lo siguiente: «[…] En ese sentido, el juez de instrucción penal tiene bajo su control jurisdiccional un proceso penal, que desde la etapa preliminar existen mecanismos de protección e impugnación para restituir los derechos y garantías supuestamente restringidos ilegalmente, especialmente el derecho a la libertad; por ello, esta autoridad judicial está obligada a realizar una revisión de la legalidad 3El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, refiere: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”.

formal y material de la aprehensión, conforme lo dejó establecido la SC 0957/2004-R de 17 de junio, pues:

…al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber (…) de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos:

1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez deberá examinar la legalidad material de la aprehensión.

2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).

Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, definiendo la situación jurídica del imputado.

Si al contrario, del análisis efectuado por el juez cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo (las negrillas son añadidas). Por todo lo expuesto precedentemente, en caso de aprehensiones fiscales o policiales que se consideren ilegales, debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones; pues, ante la amenaza que el derecho a la libertad pudiera ser restringido ilegítimamente por los funcionarios de la Policía Boliviana o por los operadores del Ministerio Público, la vía expedita de protección continúa siendo la ordinaria, en tanto, que es ésta instancia, la que previamente conocerá y examinará el cumplimiento de requisitos formales y materiales que pudieran hacer procedente la restricción de la libertad, a partir de la posible emisión de un mandamiento de aprehensión». De otro lado, otro de los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, es el referido a la activación simultánea de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, que ha merecido un pronunciamiento expreso por la jurisprudencia constitucional; así, entre otras, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en su Fundamento Jurídico III. 3, expresa al respecto lo siguiente:

[Es] preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico [las negrillas fueron añadidas] Razonamiento reiterado en la SCP 0733/2019 de 28 de agosto. Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que:

[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Razonamiento reiterado en la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio y la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, al debido proceso, así como a la garantía de presunción de inocencia, toda vez que: i) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz dispuso la detención preventiva por el tiempo de tres meses sin haber determinado las circunstancias relativas a la probabilidad de autoría, pese a que los hechos suscitados se originaron en un contexto confuso; asimismo no consideró su condición de madre de tres menores de seis años de edad, lo cual hace improcedente su detención preventiva, puesto que los menores son sus hijos que dependen de ella; y, ii) El Fiscal de Materia -codemandado-, de la Fiscalía Departamental de La Paz, emitió imputación en su contra, de forma completamente imprecisa e incongruente respecto a los hechos suscitados; actos con los cuales considera que se han vulnerado sus derechos. Con relación al Juez demandado Conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, no es factible activar paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional; consiguientemente, cuando la accionante ya ha activado la vía ordinaria, no puede acudir simultáneamente ante la justicia constitucional, para reclamar sobre las mismas vulneraciones; en cuyo caso corresponde denegar la tutela; dicho entendimiento, corresponde ser aplicado en el caso que se examina; puesto que, conforme da cuenta el Juez demandado, la peticionante de tutela, presentó recurso de apelación incidental, contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, hoy impugnado; consiguientemente, este tribunal se ve impedido de emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo de esta problemática venida en revisión; ya que la pretensión planteada, fue simultáneamente reclamada ante la jurisdicción ordinaria a través de un medio de impugnación idóneo como es el recurso de apelación incidental; lo cual, podría conllevar a duplicidad de fallos en la jurisdicción ordinaria y en la constitucional; razones por las cuales, corresponde denegar la tutela solicitada sobre esta denuncia. Con relación al Fiscal de Materia demandado Respecto a las actuaciones, del representante del Ministerio Público, la jurisprudencia constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional; ha establecido que, en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente, la justicia constitucional. En el caso que se examina, dicho precedente, igualmente es aplicable; puesto que, si la accionante considera que la acusación formal de imputación es imprecisa e incongruente, correspondía que reclame ese aspecto ante el juez de instrucción penal que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, a través del incidente de actividad procesal defectuosa; y, luego de agotar ese medio de defensa y el recurso de impugnación previsto, en caso de persistir las vulneraciones, recién era posible activar la vía constitucional; al no haber procedido de esa manera y por el contrario al haber activado directamente la acción de libertad, la peticionante de tutela ha incumplido con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, impidiendo de esa manera que este tribunal ingrese al examen de fondo de esta denuncia, razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 328/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1500_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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