Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/“2023” de 6 de febrero de 2024, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1499/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61795-2024-124-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/“2023” de 6 de febrero de 2024, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mady Fernanda Vejarano Moreno en representación sin mandato de Esmirna Vejarano Moreno contra Luis Fernando Chávez Arza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Magdalena del departamento del Beni; y, Oscar Eloy Hurtado Coro, Fiscal de Materia.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 5 de febrero de 2024, cursante de fs. 15 a 23 vta., denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad física, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida, previstos y sancionados por los arts. 335 y 345 del Código Penal (CP), el Juez ahora accionado en audiencia de consideración de medidas cautelares de 30 de enero de igual año, dispuso su detención preventiva por noventa días en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Trinidad, sin tomar en cuenta que la denunciante -se entiende del proceso penal- Liz Vania Ojopi Gonzales, manifestó que existe un acuerdo conciliatorio, y que no hay prueba alguna ni testigos del hecho denunciado; sin embargo, la citada autoridad judicial dispuso la medida extrema de detención preventiva. Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: que se ordene su libertad. Luis Fernando Chávez Arza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Magdalena del departamento del Beni, en audiencia manifestó que efectuó la audiencia de medidas cautelares respetando los derecho al debido proceso y a la defensa de la accionante, disponiendo su detención preventiva, determinación que no fue objeto de impugnación por ninguno de los sujetos procesales y conforme la jurisprudencia constitucional, previo acudir a la acción de libertad, la accionante debió agotar los mecanismos de impugnación previstos por ley. Oscar Eloy Hurtado Coro, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que comunicó sobre el inicio de investigación al Juez ahora accionada y es dicha autoridad judicial quien tiene el control jurisdiccional de la investigación, si bien la accionante afirmó que existe un acuerdo conciliatorio, ello no le impide continuar con la investigación, y será en juicio oral que se determine si evidentemente existió o no los delitos denunciados. La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Beni, mediante Resolución 02/“2023” de 6 de febrero de 2024, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., denegó la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
Jurisprudencia reiterada La SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: "Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; (…) …la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció como uno de los tres supuestos de improcedencia de esta acción de defensa allí desarrollados: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que la accionante denuncia que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida, el Juez ahora accionado en audiencia de consideración de medidas cautelares de 30 de enero de 2024, dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Trinidad, sin tomar en cuenta que existía un acuerdo conciliatorio y no habían pruebas ni testigos del hecho denunciado. En el presente caso, se advierte que la accionante no impugnó la decisión del Juez ahora accionado, ya que conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el recurso de apelación incidental es el medio idóneo para restablecer de forma pronta, oportuna y eficaz, los derechos fundamentales que hubieran sido vulnerados, siendo que el Tribunal de alzada puede corregir, modificar o rechazar las medidas cautelares impuestas y de persistir las lesiones denunciadas recién se activa la jurisdicción constitucional; así también se sostuvo en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional que señalo: “…Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada” (las negrillas nos corresponden). En ese orden, se observa que la accionante no agotó los medios idóneos de impugnación previstos en el ordenamiento normativo procesal penal; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada por incumplimiento al principio de subsidiariedad excepcional. Finalmente, en cuanto al Fiscal de Materia hoy coaccionado, la accionante no estableció cómo o de qué manera dicha autoridad Fiscal de Materia vulneró sus derechos; por lo que, sin ingresar a mayores consideraciones, se deniega la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/“2023” de 6 de febrero de 2024, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1499_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d0ec8b428b9d08c535f4499e02ebe47f76b42792f39eba39170a7cc74920153
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