Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes, a través de sus representantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y del principio de celeridad, por cuanto, pese a que, la autoridad demandada de manera indebida suspendió en quince oportunidades las audiencias programadas de consideración de la cesación a la detención preventiva solicitadas por sus personas, en respuesta a la reiteración de señalamiento de audiencia, efectuada el 10 de mayo de 2023, programó audiencia, para el día sábado 13 de igual mes y año -día inhábil- teniendo conocimiento de que las anteriores audiencias se suspendieron, toda vez que el régimen penitenciario trabaja en días hábiles; que si bien se señaló audiencia, dicho actuado procesal no fue instalado por la autoridad demandada; dilación indebida que generó que incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, su situación jurídica no haya sido resuelta, por lo que solicitan se conceda la tutela, disponiendo se señale audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, empero en día hábil. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/23 de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata el señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en día hábil considerando las circunstancias fácticas de las suspensiones ocurridas en la presente causa, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 2° Llamar la atención a Cinthia Luz Araujo Guerrea, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, debiendo en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo..
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1499/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56275-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/23 de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Flavio Cesar Tantani Ortuño y Álvaro Cristhian Arnez Castellón, en representación sin mandato de Marco Aarón Vidaurre Rivera y Leonel Arancibia Clavijo contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 6 a 8 vta., los accionantes a través de sus representantes manifestaron que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito tráfico de sustancias controladas, la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento veinte días computables desde el 15 de octubre de 2022, periodo en el que en reiteradas oportunidades solicitaron su cesación a la detención preventiva; sin embargo, dichos señalamientos de audiencia fueron suspendidos bajo el justificativo de que la autoridad demandada se encontraba en otras audiencias cautelares con aprehendidos, audiencias que fueron señaladas en días inhábiles, incumpliendo además lo dispuesto en cuanto al plazo de señalamiento de la audiencia dentro las cuarenta y ocho horas, situación que los dejó en estado de indefensión, siendo sometidos en consecuencia a un indebido procesamiento.
En ese contexto, debido a las suspensiones indebidas, el 10 de mayo de 2023, reiteraron su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, la autoridad demandada no señaló la audiencia, incumpliendo nuevamente lo dispuesto respecto al plazo del señalamiento de audiencia, generando con su actuar una dilación reiterada e indebida en la tramitación de su proceso.
Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que, en el día señale audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 30 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante en audiencia de garantías ratificaron de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándola señalaron que: a) Conforme se puede constatar del cuaderno procesal, a la fecha cursan quince actas de audiencias de consideración de la cesación a la detención preventiva suspendidas, de las cuales siete fueron del mes de marzo, cinco del mes de abril y tres del mes de mayo; y, b) Si bien el Juzgado adjuntó documental en el cual se advierte que se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, empero, dicho señalamiento fue fijado para un día inhábil -sabado13 de mayo de 2023-, aspecto que vulneró el debido proceso toda vez que fue de conocimiento de la autoridad demandada que régimen penitenciario no trabaja ese día, motivo por el cual solicitan que se conmine a la autoridad demandada a efecto de que se señale la audiencia correspondiente en día hábil y dentro del plazo establecido por la ley.
Livia Santa Alarcon Arandia, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 14.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 11/23 de 13 de mayo de 2023, cursante de fs.31 a 34, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas señale audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se advirtió que la autoridad demandada, mediante decreto de 11 de mayo de 2023, señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 13 de igual mes y año, a horas 11:40, determinación que fue notificada a las partes procesales el 12 de similar mes y año, entre las 16:00 a 17:00 horas; por otro lado, el 12 de mayo de 2023 a horas 13:30, los impetrantes de tutela presentaron su acción de libertad, admitida y puesta a conocimiento de la autoridad demandada el mismo día a horas 15:00, lo que implicó que la autoridad demandada tenía conocimiento que la audiencia que su persona señaló debía llevarse a cabo con anterioridad a la audiencia de consideración de la acción tutelar; y, 2) Si bien la autoridad demandada cumplió con lo establecido por la normativa en cuanto al señalamiento de la audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas; al remitir el expediente en original a efecto de su valoración en esta audiencia, incurrió en una dilación indebida, toda vez que debido a que no desarrolló la audiencia programada para horas de la mañana del referido día; no se resolvió la situación jurídica de los impetrantes de tutela, incurriendo en consecuencia en una dilación indebida, toda vez que en su calidad de directora del proceso debió tomar las previsiones necesarias a efectos de llevar a cabo la audiencia, y en su caso remitir únicamente el informe correspondiente o en su defecto remitir las fotocopias simples de los actuados procesales, para su consideración, constatándose que con su actuar omisivo y dilatorio vulneró el debido proceso en su elemento de celeridad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Aaron Vidaurre Ribera y Leonel Arancibia Clavijo -accionantes-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, debido a la suspensión de audiencia ya señalada de consideración de la cesación de la detención preventiva por falta de notificación a las partes, el 10 de mayo de 2023, los impetrantes de tutela, reiteraron su solicitud, solicitando se señale nueva audiencia a efecto de la consideración de la cesación de la detención preventiva (fs. 16 y vta.). II.2. Por decreto de 11 de mayo de 2023, la autoridad demandada dispuso el señalamiento de audiencia de consideracion de cesación a la detención preventiva impetrada por los accionantes, para el día sábado 13 de igual mes y año a horas 11:40 (fs. 17). Notificado con dicho actuado procesal a Álvaro Cristhian Aarnez, abogado de los impetrantes de tutela, el 12 de mayo de 2023 a horas 16:38, de manera posterior a la presentación de la acción de libertad (fs.22). II.3. Cursa Oficio 451/2023, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, de 12 de mayo de 2023, de solicitud de remisión del cuaderno procesal, seguido por el Ministerio Público contra Marco Aaron Vidaurre Ribera y Loenel Arancibia Clavijo, a efecto de su revisión, en la audiencia de consideración de la acción de libertad señalada para el día sábado “12”, siendo lo correcto 13 de mayo de 2023, decretado por la autoridad demandada el 12 de mayo de 2023, disponiendo la remisión de actuados al Juzgado de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 20 y vta.).
Los accionantes, a través de sus representantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y del principio de celeridad, por cuanto, pese a que, la autoridad demandada de manera indebida suspendió en quince oportunidades las audiencias programadas de consideración de la cesación a la detención preventiva solicitadas por sus personas, en respuesta a la reiteración de señalamiento de audiencia, efectuada el 10 de mayo de 2023, programó audiencia, para el día sábado 13 de igual mes y año -día inhábil- teniendo conocimiento de que las anteriores audiencias se suspendieron, toda vez que el régimen penitenciario trabaja en días hábiles; que si bien se señaló audiencia, dicho actuado procesal no fue instalado por la autoridad demandada; dilación indebida que generó que incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, su situación jurídica no haya sido resuelta, por lo que solicitan se conceda la tutela, disponiendo se señale audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, empero en día hábil. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada en las SSCCPP 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras, respecto al desarrollo jurisprudencial de la presunción de veracidad de los hechos denunciados por las partes, ante la falta de pronunciamiento de las autoridades accionadas:
«La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;
1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´(SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las SSCCPP 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante».
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:
«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
2El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:
[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Los impetrantes de tutela refieren que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, el 15 de octubre de 2022, se llevó adelante la audiencia cautelar en el cual se dispuso su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días, motivo por el cual desde el mes de marzo del 2023, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sus personas en reiteradas oportunidades solicitaron audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva; sin embargo, las audiencias fueron suspendidas -en quince oportunidades- por hechos no atribuibles a sus personas, por tal motivo el 10 de mayo de 2023, reiteraron su solicitud de cesación a la detención preventivita y en atención a que la autoridad demandada no señaló la audiencia solicitada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, interpusieron la presente acción tutelar, y que si bien en audiencia de consideración de la acción tutelar advirtieron que la audiencia ya fue señalada, la misma fue programada para un día un inhábil- sábado 13 de mayo de 2023, cuando la autoridad demandada tenia conocimiento de que las anteriores audiencias se suspendieron debido a que la autoridad demandada señaló las anteriores audiencia para días inhábiles, días en los que régimen penitenciario no trabaja, máxime que pese a que se señaló dicha audiencia la misma no se llevó a cabo.
Ahora bien, si bien el Juez demandado no presentó informe y tampoco concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa con el fin de desvirtuar los hechos denunciados por los impetrante de tutela; se tiene que conforme lo manifestado por el Juez de garantías el expediente del proceso seguido por el Ministerio Público contra los impetrantes de tutela, fue emitido a efectos de su consideración en la audiencia de la acción tutelar, en consecuencia, se procederá analizar el fondo de la problemática planteada en base a la documental aparejada en la presente acción de defensa, lo constatado por el Jueza de garantías en mérito al principio de inmediatez, aplicándose además la presunción de veracidad en cuando a los hechos no desvirtuados por la autoridad demandada debido a que la Jueza de garantías no remitió la documentación necesaria a efectos de que este Tribunal pueda realizar la valoración correspondiente en cuanto a los hechos vulnerarios denunciados por los impetrantes de tutela, ello conforme a lo establecido, en el fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Ese contexto de la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusión II.1 y II.2, del presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal que se les sigue a los impetrantes de tutela, por el delito de tráfico de sustancias controladas, el 15 de octubre de 2022, se dispuso la detención preventiva por el plazo de ciento veinte días.
Asimismo, se constató que en la audiencia de garantías, los impetrantes de tutela hicieron referencia a que, a la fecha de interposición de la acción de libertad, se habrían suspendido en quince oportunidades las audiencias programadas para dicho fin, suspensiones que se encontrarían contempladas en las actas cursantes en el expediente, comprendidas entre los meses de marzo a mayo de 2023, siendo estas suspensiones el motivo por el cual los impetrantes de tutela volvió a reiterar su solicitud el 10 de mayo de igual año, solicitud que fue decretada por la autoridad demandada el 11 de mayo de 2023, señalándose audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva para el sábado 13 de mayo de 2023 a horas 11:40.
Ahora bien, conforme se ha establecido en los Fundamentos Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable, dicha demora o dilación también está vinculada a suspensiones de audiencia de consideración de medidas cautelares, por causas o motivos que no justifican su suspensión.
En el caso de las audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta decisión Constitucional, el Juez o tribunal deberán señalar audiencia para la resolución de la cesación de la detención preventiva dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Consiguientemente, ha quedado establecido que no solo la inobservancia del tiempo establecido para el señalamiento de audiencia puede constituir una demora o dilación indebida, sino también la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad por suspensiones reiteradas, como ocurrió en el caso particular, a raíz de la suspensión excesiva de la audiencia de cesación a la detención preventiva de los privados de libertad, que se vio reflejada en más de quince suspensiones de audiencia, desde el mes de marzo de 2023 hasta el 13 de mayo de 2023 -audiencia de consideración de la acción tutelar-, por diversas razones, entre ellas el señalamiento de audiencia para días inhábiles y falta de notificaciones a la partes procesales, situaciones no atribuibles a los impetrantes de tutela; advirtiéndose en consecuencia una inobservancia al principio de celeridad y a los dispuesto por el art. 239 del CPP, toda vez que como se señaló precedentemente la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad constituye también un incumplimiento a los dispuesto por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, ello en el entendido de que en el presente caso el señalamiento de audiencia no cumplió con la finalidad para la que fue dispuesta, toda vez que al suspenderse la misma, la autoridad demandada no resolvió la situación jurídica de los impetrantes de tutela.
Asimismo, se advierte que con relación a la última solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada el 10 de mayo de 2023, si bien la autoridad judicial demandada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro de las cuarenta y ocho horas establecidas en el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, conforme lo advertido por la Jueza de garantías, dicho actuado procesal no fue desarrollado debido a que la autoridad demandada remitió el expediente Juzgado de Sentencia en lo Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin que se hubiere fijado nuevo señalamiento (Conclusiones II.3).
Consiguientemente, las suspensiones reiteradas, han provocado una demora indebida además injustificada de aproximadamente más de dos meses, extremo que hace aplicable el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, pues dicha demora constituye una lesión del derecho a la libertad física de los solicitantes, en ese sentido, conforme a la Jurisprudencia Constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se reitera, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, motivo por el cual corresponde concederse la tutela impetrada.
Finalmente, es importante aclarar que, si bien se adjuntó documental en la presente causa, no es menos cierto que la documental adjuntada resulta ser incompleta, toda vez que no se remitió la prueba concerniente a lo denunciado por los impetrantes de tutela en cuanto a las reiteradas suspensiones de audiencias de cesación a la detención preventiva, en consecuencia, al no haber la autoridad demandada presentado informe ni asistido a la audiencia de consideración de la acción de libertad a efecto de desvirtuar lo denunciado por los impetrantes de tutela, pese a su legal notificación corresponde la aplicación del principio de veracidad de los hechos denunciados por los impetrantes de tutela, considerando las circunstancias fácticas de las suspensiones ocurridas aproximadamente por más de dos meses, por lo que, en el marco de la jurisprudencia glosada y fundamentado precedentemente corresponde conceder la tutela solicitada.
De otro lado, es menester recordar, que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableciendo lo siguiente:
[T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido).
En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la Jueza de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso; razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. . En consecuencia, el tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros argumentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/23 de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata el señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en día hábil considerando las circunstancias fácticas de las suspensiones ocurridas en la presente causa, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 2° Llamar la atención a Cinthia Luz Araujo Guerrea, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, debiendo en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo.. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1499_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0f11a14b706d87449f4a207d9fdc5fca2e36f2afbf598d60f8363250934a5cce
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