B.IA.LEGAL

SCP 1497/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56349-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria; por cuanto, el Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2022, emitido por la autoridad demanda, al igual que el tribunal de instancia, no valoró la documentación que presentó, a través de la cual acreditó que ya no existía el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP -trabajo-, agravándose su situación, cuando se exigió otra documentación que no fue solicitada inicialmente; asimismo, el Auto de Vista impugnado es un fallo ultra petita, al haberse ratificado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 de la referida norma, cuando el de instancia ya lo enervó; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La revocatoria del Auto de Vista 159/2023 de 4 de mayo; y, b) Se ordene a la autoridad demandada dictar un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentada y motivada, conforme a los principios y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 23 de mayo, cursante de fs. 201 a 204 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, solo con relación a la lesión de la garantía constitucional al debido proceso, en su elemento congruencia, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Ratificar lo determinado por la Sala Constitucional, en los mismos términos dispuestos por la misma. b) Exhortar a Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; a que, en ulteriores determinaciones, observe el deber de resguardar el principio de congruencia interna y externa, al momento de pronunciar y de resolver los recursos puestos a su conocimiento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas en procesos penales, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  2. III.2. La cesación de la detención preventiva
  3. III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1497/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56349-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2023 de 23 de mayo, cursante de fs. 201 a 204 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adhemar Gustavo Zuna Calle, en representación sin mandato de Ana Isabel Merida Argote contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2023, cursante de fs. 185 a 192, la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70344817, seguido por el Ministerio Público, en su contra y otra; por la presunta comisión del delito de trata de personas y sustracción de menor o incapaz, desde el 12 de agosto de 2021; guarda detención preventiva en la Carceleta Provincial de Montero (CERPROM), del departamento de Santa Cruz. Estando el proceso, ante el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, se llevó la audiencia de cesación a la detención preventiva, cuyo Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, mantuvo vigente los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núm. 1 con relación al trabajo y el 235 núm. 2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiéndose enervado el riesgo establecido en el art. 234 núm. 2 del citado código; sin embargo, en esta determinación no se valoró la documentación que cursaba en el expediente por lo que planteó recurso de apelación incidental. Los argumentos expresados en su apelación, se encuentran vinculados a los riesgos procesales que quedaron latentes; es decir, los arts. 234 núm. 1 -trabajo- y 235 núm. 2 del CPP; empero, el Auto Interlocutorio, se pronunció sin fundamentación, motivación y valoración adecuada de la prueba, porque no se tuvo en cuenta que como imputada, siendo ama de casa, acreditó que su conviviente Elvis Willian Delgadillo genera Bs2 500 (dos mil quinientos bolivianos) por mes, dinero con el que se mantiene ella y sus hijos; sin embargo, ni el tribunal de instancia, tampoco el de alzada, ha valorado la documentación que presentó, como es su Número de Identificación Tributaria (NIT), su certificado de trabajo, prueba que enerva el riesgo del art. 234 núm. 1 del CPP; además, la determinación objeto de apelación exigió que para acreditar el trabajo de su conviviente, debería haber adjuntado el registro de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuando la investigada es ella y no él; sin considerar, que para acceder a la cesación de la detención preventiva, se debe enervar riesgos procesales, no aumentar requisitos que no fueron exigidos inicialmente. Esa determinación, fue objeto de recurso de apelación, resuelto a través del Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2023, pronunciada por la Vocal demandada, sin que se hubiere revisado la ausencia de valoración con relación al riesgo previsto en el art. 234. núm. 1 del CPP, ni la prueba presentada, manteniéndose la determinación, que agravó más su situación cuando se hizo la exigencia del registro en la AFP. En la señalada determinación, si bien se ha enervado el riesgo establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP, por haber acreditado que la testigo Maribel Mamani Morales ya declaró en el juicio; sin embargo, con relación a los otros riesgos, ratificó subsistentes los establecidos en el art. 234 núms. 1 y 2 del referido código, sin tener en cuenta que el tribunal de instancia, ya enervó el riesgo procesal del art. 234 núm. 2 del CPP, que ni siquiera fue apelado, fallando en forma contraria al art. 398 de la norma penal adjetiva; que establece que, el tribunal de alzada solo debe circunscribirse a los aspectos que son cuestionados en apelación, por lo que emitió un fallo ultra petita.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La revocatoria del Auto de Vista 159/2023 de 4 de mayo; y, b) Se ordene a la autoridad demandada dictar un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado, conforme a los principios y garantías constitucionales.

I.2. Resolución y Audiencia de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 197 a 201, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) En apelación -la cesación a la detención preventiva-, no se ha valorado, fundamentado y motivado correctamente las pruebas; 2) El Auto Interlocutorio emitido por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, dejó latente los riesgos procesales establecidos por los arts. 234 núm. 1 -en cuanto al trabajo- y 235 núm. 2 del CPP; en apelación de esa determinación, la Vocal demandada, enervó el riesgo de obstaculización -art. 235 núm. 2- y ratificó persistentes los del art. 234 núm. 1 y 2 de la referida norma penal adjetiva; el último que no fue objeto de apelación, decisión asumida en forma arbitraria, ultra petita e incongruente; 3) el Auto de Vista cuestionada, no se ha circunscrito a lo cuestionado, conforme establece el art. 398 del CPP, emitiéndose una determinación incongruente; 4) Con relación al art. 234 núm. 1 del referido código, se ha demostrado que es ama de casa, vinculándose a su cónyuge Elvis William Delgadillo, quién genera ingresos y la mantiene, habiendo adjuntado el original del NIT, el certificado de trabajo y la actividad vigente con documentos fiscales, cumpliendo lo solicitado por el tribunal de instancia; 5) En la decisión apelada, se dice que debe adjuntar el registro de la AFP, exigiéndole documentación complementaria en la audiencia de cesación, esa exigencia no estaba en la última audiencia, por lo que no era un requisito a enervar, aumentando el riesgo procesal; por ende, agravando su situación en lugar de mejorarla; y, 6) Por esa determinación arbitraria, guarda detención preventiva en el CERPROM, encontrándose dentro de los grupos vulnerables como son los privados de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 194.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 10/2023 de 23 de mayo, cursante de fs. 201 a 204 vta, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que se mantiene firme el Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2023, debiendo dejarse sin efecto solamente la parte resolutiva de dicha resolución en lo que se refiere al art. 234 núm. 2 del CPP; ello, al haber señalado la autoridad demandada, en su parte considerativa segunda, que no se iba a pronunciar respeto a dicho riesgo procesal. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se ha emitido una acusación formal de imputación, contra la ahora accionante, por el presunto ilícito de trata de personas y sustracción de un menor o incapaz, siendo la víctima un infante de sexo femenino de diez días de nacida, quién forma parte de un grupo de protección reforzada; ii) Un hecho no controvertido, es el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, en el que con relación al riesgo procesal del art. 234 núm. 1 del CPP, la documentación presentada por la ahora impetrante de tutela, no guarda convicción de que la misma va a tener una ocupación lícita; al ser ama de casa, la manutención estaría a cargo de su cónyuge Elvis Delgadillo Escobar; iii) El que se solicite documento de registro en la AFP como trabajador, acreditaría aportaciones a mediano y largo plazo, además de dar credibilidad que la empresa estaría registrada y cumple deberes de sus trabajadores, con ello existiría certeza de que su cónyuge la va a mantener y que el mismo cuenta con un trabajo lícito y estable; iv) Con relación al art. 235 núm. 2 del referido código, al haber sido vinculado a la declaración de la señora Maribel Mamani Morales, se encuentra enervado en apelación; v) En cuanto al riesgo establecido en el art. 234 núm. 2, la Vocal estableció que no se iba a pronunciar al respecto, en el entendido que no se habría enervado el riesgo procesal del art. 234 núm. 1, dando a entender que producto de ello no debía pronunciarse con respecto al art. 234 núm. 2, todos de la norma penal adjetiva; y, podría entenderse a partir de ello que existiría una incongruencia interna; y, vi) En la determinación impugnada, en su carga argumentativa no se ha analizado el art. 234 -se entiende por el núm. 2-, por lo que esa parte dispositiva pudo ser sujeto de subsanación o corrección, a través de una aclaración o complementación, no siendo constitucionalmente relevante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Ministerio Público, el 11 de agosto de 2021, presentó a conocimiento de la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación y acusación formal de imputación, de forma provisional, en contra de Liseth Helen Delgadillo Escobar y Ana Isabel Mérida Argote, por la presunta comisión del delito de trata de personas y sustracción de menor o incapaz, previsto por los arts. 246 y 281 Bis del Código Penal (CP) (fs. 3 a 6 vta.).

II.2. La Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, emitió el Auto Interlocutorio 311/2021 de 12 de agosto de 2021, disponiendo la detención preventiva de Ana Isabel Mérida Argote en el CERPROM, por el plazo de seis meses, por la concurrencia del peligro de fuga establecido en el art. 234 núm. 1 -familia, trabajo y domicilio- y 234 núm. 2 del CPP, así como del peligro de obstaculización, previsto en el art. 235 núm. 2 de la referida norma (fs. 47 a 54 vta.). II.3. Ana Isabel Mérida Argote, accionante, el 30 de agosto de 2021, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, la cesación de su detención preventiva (fs. 65 a 72 vta.). II.4. El Ministerio Público, el 14 de septiembre de 2021, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal de imputación, en su contra y otra, como presunta autora del delito de tráfico de personas, requiriendo que el juez o tribunal de sentencia dicte Auto de Apertura de Juicio (fs. 100 a 104 vta.). II.5. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el 18 de marzo de 2022, llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se declaró la improcedencia de la misma, bajo el fundamento de mantenerse persistentes los riesgos procesales establecidos en el art. 234 núm. 1 -trabajo-, 234 núm. 2 y 235 núm. 2 del CPP (fs. 107 a 112 vta.). En apelación, por Auto de Vista 110 de 11 de abril de 2022, se declaró admisible e improcedente el recurso, confirmándose la determinación apelada (fs. 116-119) II.6. El 14 de junio de 2022, Ana Isabel Mérida Argote, adjuntó documentación, señalando haber enervado los riesgos procesales (fs. 128 y vta.); el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el 14 de diciembre de 2022, llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se declaró, la improcedencia de la misma, determinando que se enervó el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 del CPP, pero se mantuvieron persistentes los riesgos establecidos en el art. 234 núm. 1 -trabajo- y 235 núm. 2 de la referida norma (fs. 145 a 149 vta.). II.7. Contra dicha determinación, la ahora accionante, planteó recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante la cual se emitió el Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2023, que revocó parcialmente la Resolución de 14 de diciembre de 2022, determinando que se enervó el riesgo procesal establecido en el art. 235 núm. 2 del CPP, “ratificándose los demás riesgos procesales, por no haber sido enervados por las observaciones emitidas por el tribunal a quo, como es el art. 234 núm. 1 y 2 del CPP” (sic) (fs. 174 a 179).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria; por cuanto, el Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2022, emitido por la autoridad demanda, al igual que el tribunal de instancia, no valoró la documentación que presentó, a través de la cual acreditó que ya no existía el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP -trabajo-, agravándose su situación, cuando se exigió otra documentación que no fue solicitada inicialmente; asimismo, el Auto de Vista impugnado es un fallo ultra petita, al haberse ratificado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 de la referida norma, cuando el de instancia ya lo enervó; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La revocatoria del Auto de Vista 159/2023 de 4 de mayo; y, b) Se ordene a la autoridad demandada dictar un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentada y motivada, conforme a los principios y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas en procesos penales, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

Tratándose de grupos en especial situación de vulnerabilidad, como son las víctimas en casos de violencia en razón de género, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y otros, corresponde analizarse el problema jurídico, aplicando un enfoque integral, que ha sido desarrollado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, cuyos Fundamentos Jurídicos III.1. y III.1.1., en lo principal manifiesta lo siguiente: «La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. […] Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. […]

A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas). En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.»

III.2. La cesación de la detención preventiva

Este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, en sus fundamentos jurídicos III.1., III.1.1. y III.1.3, desarrolló el instituto jurídico de la cesación de la detención preventiva, su finalidad, alcance, la actividad de las autoridades judiciales, que en primera instancia y en apelación conocen su tramitación, en cuanto a la valoración de los elementos probatorios y las condiciones para resolver el mismo, estableciendo los siguientes razonamientos: «El análisis de la cesación de la detención preventiva debe partir de la consideración que las medidas restrictivas de la libertad son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), persiguen evitar que la persona imputada por un delito, se sustraiga de la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo eficiente de la investigación. Dichas medidas son impuestas por decisión judicial y se rigen por los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y jurisdiccionalidad, tal cual se lo desarrolla en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, en la Sentencia de 1 de febrero de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la regla del proceso penal acusatorio debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En suma la aplicación de la detención preventiva, que es la medida cautelar más restrictiva de la libertad, debe ser excepcional y racional. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la imposición de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada.

Dada la excepcionalidad de la detención preventiva, el legislador boliviano ha previsto la posibilidad que una persona privada de libertad pueda solicitar la cesación de la detención preventiva, estableciendo varios supuestos en el art. 239 del CPP […]

III.1.1. La obligación de la valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts.

234 y 235 del CPP

El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva. Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, señalando que las juezas, los jueces y los tribunales de alzada, deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias existentes y no basarse en una sola de ellas; además, tienen que considerarse los elementos de prueba de la parte acusadora y de la víctima. […]

III.1.3. Las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base del art. 239.1 del CPP

La autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar.» (Las negrillas han sido marcadas). Consecuentemente, en cada trámite de solicitud de cesación a la detención preventiva, son las autoridades jurisdiccionales quienes tienen la amplia libertad, no solo para valorar en forma integral todas y cada una de las pruebas que se le presenten, sino también para considerar si las mismas son suficientes o no como nuevos elementos de convicción, pues ese análisis variará por las circunstancias existentes, la particularidad de cada caso; por ello, solo se dará por enervado un determinado riesgo procesal, si la autoridad jurisdiccional competente, se encuentra plenamente convencida de que ya no concurren los motivos que determinaron la detención o que se justifique que esa medida sea sustituida por otra, debiendo la autoridad judicial exponer las razones y motivos que sustentan ese convencimiento de que no existe ningún tipo de riesgo procesal o, en su caso, las razones que permiten comprender que el riesgo procesal permanece vigente, todo a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada, a partir de la cual se pueda verificar la razonabilidad de la decisión adoptada.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

En la SC 0447/2018-S2, de 27 de agosto, se ha sistematizado la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al derecho fundamental de contar con una determinación adecuadamente fundamentada y motivada, refiriéndose además al principio de congruencia, que se constituye en uno de los elementos de la garantía al debido proceso, estableciendo lo siguiente: «El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. […] Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: […] 4) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa». (Las negrillas han sido marcadas).

III.4. Análisis del caso concreto

Antes de entrar a realizar, las consideraciones de fondo, de la problemática planteada, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional; dejar establecido, el enfoque que se utilizará, para determinar si en el presente caso, se han producido o no las lesiones a los derechos, garantías y principios denunciados por la accionante. Posteriormente, se pasará a realizar un análisis respecto al problema jurídico planteado, relativo a la vulneración de la garantía al debido proceso, por no haberse emitido una resolución adecuadamente fundamentada, motivada y con valoración de la prueba, que enervaría el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP; por otra parte, por haberse emitido una resolución incongruente.

1) Con relación al deber que tienen las autoridades constitucionales, en las acciones de defensa, de realizar un análisis integral

La accionante, considera que la autoridad demandada, en el fallo emitido en apelación, ha lesionado su derecho a la libertad, la garantía al debido proceso, en su vertiente fundamentación, motivación, valoración de la prueba, congruencia y otros, por lo que plantea la presente acción tutelar de libertad, a fin de que se protejan sus señalados derechos y garantías, más aún si se tiene en cuenta que su persona al encontrarse con detención preventiva, forma parte de un grupo vulnerable, como son los privados de libertad. De la revisión de actuados procesales; se tiene que, se inició una investigación en contra de Ana Isabel Mérida Argote y de Liseth Helen Delgadillo Escobar -cuñadas-; la última de las cuales, por Facebook habría buscado una bebe para adoptar, acudiendo ambas el 10 de agosto de 2021, al Centro de Salud Terracor II del Municipio de Warnes, con la intención de hacer revisar a una infante de días de nacida, lo que motivó que el Ministerio Público, presente una acusación formal de imputación en su contra, de forma provisional, por el presunto delito de trata de personas y sustracción de menor o incapaz (Conclusiones II.1.), por haber sido encontradas en flagrancia con una bebé con la cual no tendrían ningún vínculo, lo que dio lugar a que el 12 de agosto del mismo año se disponga en su contra una detención preventiva (Conclusión II.2.). De esa simple relación, se tiene que el proceso penal que se inició y que está en trámite, es por la supuesta comisión del delito de trata de personas y sustracción de menor, de una bebé de días de nacida, quién sería la víctima del presunto delito, siendo la parte imputada, la accionante Ana Isabel Mérida Argote, quién por esa razón se encuentra privada de libertad. Cuando se va a resolver un proceso penal, corresponde a la autoridad judicial proteger los derechos de la parte acusada, pero no por ello puede descuidar o dejar de precautelar los derechos de la víctima, que por ser tal, no pueden ser invisibilizados, de ahí que en la decisión de un determinado problema jurídico, se deben equilibrar los derechos del imputado, pero de manera particular de la víctima; si eso se da en procesos ordinarios, con mayor razón tratándose de acciones constitucionales, en las que los jueces y tribunales de garantías constitucionales, tienen el deber de lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima con las garantías procesales de la parte que está siendo imputada, esto en independencia de que la acción de defensa, sea presentada por la víctima o por el imputado; en el marco de lo razonado por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. La presente acción de defensa, ha sido planteada por la que fue imputada, Ana Isabel Mérida Argote, quién demanda la consideración de ser parte integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad, pero el análisis que se va a realizar en la presente acción tutelar, sin desconocer los derechos de la parte imputada, deberá tener presente los derechos de quién en definitiva es la víctima del delito, que es una bebé de días de nacida, que además de ser mujer es una niña que goza de una particular y relevante protección en el marco de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, por lo que este Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará un análisis integral del problema jurídico, considerando los extremos alegados por la parte acusada y ahora accionante, pero no podrá dejar de visualizar los derechos de la víctima del delito investigado, porque la misma se ha encontrado en una situación de total desventaja y desequilibrio contra los actos de las personas que están siendo procesadas.

Con la aclaración precedente, se pasa a ingresar a un análisis de fondo de los extremos denunciados.

2) Con referencia al trámite de cesación a la detención preventiva, con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP -trabajo-, en el marco de lo razonado por la autoridad de instancia y en apelación, en cuanto se refiere a la valoración de la prueba y motivación

En la acción tutelar, la accionante manifestó que fue privada de su libertad, presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva, adjuntándose nuevos elementos de prueba, habiéndose establecido por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP (trabajo) -entre otros-; empero, denuncia que tanto el tribunal de instancia, así como en apelación en la determinación asumida por la Vocal demandada, no realizaron una correcta valoración de los elementos que aportó y que justificarían la cesación de su detención preventiva; siendo ella ama de casa; acreditó el trabajo de su conviviente con un NIT original, además con un contrato de trabajo, documentación que no fue valorada; además, agravándose su situación, cuando se aumentó el riesgo procesal, al habérsele exigido que presente documentación complementaria de su conviviente, como el registro de la AFP, cuando a quién se investiga es a ella y no a él. La institución de la detención preventiva, se sustenta en el principio de excepcionalidad y provisionalidad; por lo que, en cualquier momento, se puede activar el trámite de solicitud de cesación a la detención preventiva, en la que se tendrá que tener en cuenta dicha característica, con relación a la situación personal del imputado o del acusado, conforme se ha desarrollado el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. Ahora bien; cuando se plantea una solicitud de cesación a la detención preventiva, la parte solicitante debe acompañar los nuevos elementos de convicción para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su imposición, a fin de que la autoridad jurisdiccional pueda analizarlos y valorarlos en forma integral, considerando todas las circunstancias existentes y no solo basarse en una sola de ellas; todo en el marco de lo razonado en el Fundamentos Jurídicos III.2 de esta determinación constitucional. De la revisión de obrados; se tiene que, la impetrante de tutela presentó ante el juez cautelar, solicitud de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.3.), antes de que se resuelva ese pedido, el Ministerio Público, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal de imputación (Conclusión II.4); por lo que, dicha solicitud de cesación de detención preventiva, fue conocida o resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; que inicialmente, el 18 de marzo de 2022, denegó la solicitud, porque no se habría enervado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP, determinación confirmada en apelación (Conclusión II.5); porque no se habría acreditado trabajo -entre otros riesgos procesales-, pues la acusada, como ama de casa, debió presentar mayor documentación para acreditar el trabajo de Elvis William Delgadillo Escobar -conviviente-, como el certificado de trabajo original y no en copias simples. El que en una primera audiencia de consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva y en apelación, se hubiere exigido documentación original, como el certificado de trabajo del cónyuge de Ana Isabel Mérida Argote-que no tuviera fecha- u otros como NIT -no pudiéndose valorar fotocopias simples-, para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP -trabajo-, no se puede constituir en el límite en el que deba girar el debate, cuando se vuelve a presentar la solicitud, como ha sucedido en el caso de autos, en el que la ahora accionante volvió a solicitar dicha cesación, pedido resuelto por el señalado tribunal de sentencia, que llevó adelante la audiencia de 14 de diciembre de 2022, manteniendo como riesgo procesal, los establecidos en los arts. 234 núm.1 -trabajo- y 235 núm. 2 del CPP (Conclusión II.6). En este segundo trámite de solicitud de cesación, el tribunal de instancia valoró cada uno de los elementos probatorios que fueron presentados, valoración que no la realizó en forma aislada, sino en forma integral, pues analizó el NIT, como el nuevo certificado de trabajo que se presentó, de 13 de abril del 2022, suscrito por Nelly Guzmán y otra documentación en copia simple; dando valor a cada una de las pruebas que fueron presentadas en original, considerándolas en su integridad, se llegó a la convicción; de que la misma, no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234 núm. 1 del CPP, teniendo presente la situación de la acusada, que no es quién demostró el trabajo por ser ama de casa, sino su conviviente; por esta razón, es que existió mayor exigencia y rigurosidad en la acreditación, teniéndose presente; además, el deber de resguardo de los derechos de la víctima que por su situación de vulnerabilidad, al tratarse de una infante de días de nacida, se consideró la necesidad de no basarse solo en algunas pruebas -como un certificado de trabajo suelto y un NIT-, sino que más allá de eso, se valide esa información, a través de la demostración de todas las circunstancias que evidencien la existencia real y material de ese trabajo, como sería la presentación en audiencia de la representante legal de la Empresa Nelly Guzmán, además de otra documentación que permita la verificación de que el trabajador se encuentra afiliado en la AFP, lo que probaría que la empresa se encuentra formalmente constituida. Así que en trámites anteriores -sea de consideración de detención preventiva, como de solicitud de cesación de detención preventiva-, las autoridades jurisdiccionales extrañen la existencia de ciertos documentos para desvirtuar el riesgo procesal -en el caso, vinculado al trabajo-, como se ha expresado, no puede ser el límite para el debate, pues la medida excepcional de la detención preventiva al ser provisional, en cada trámite, caso y solicitud de cesación de detención, serán las autoridades jurisdiccionales quienes tendrán la amplia libertad no solo para valorar en forma integral todas y cada una de las pruebas que se le presenten, sino también para considerar si las mismas son suficiente o no como nuevos elementos de convicción, pues ese análisis variará por las circunstancias existentes y la particularidad del caso; es así que, solo se dará por enervado un determinado riesgo procesal, si la autoridad jurisdiccional que corresponda, se encuentra plenamente convencida de que ya no concurren los motivos que determinaron la detención o que se justifique que esa medida sea substituida por otra, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional En consecuencia, el tribunal de instancia al considerar que el certificado de trabajo como el NIT original, no serían suficientes para desvirtuar el riesgo procesal relativo a la acreditación de trabajo, no ha cometido ninguna irregularidad ni han aumentado los riesgos procesales -como así entiende la parte accionante-, porque se hubiera exigido mayor documentación, como es la presencia de la representante legal de la empresa en la audiencia o el que se hubiera pedido formularios de la AFP del trabajador; esa determinación simplemente es expresión de la necesidad que tienen las mismas de fallar con absoluta certeza de que no existe ningún tipo de riesgo procesal. Apelado, que fue el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, se remitió antecedentes a conocimiento de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que emitió el Auto de Vista 159 de 4 de mayo de 2023, que en cuanto a la no enervación del riesgo procesal del art. 234.1 (trabajo) por el de instancia, confirmó el fallo apelado (Conclusión II.7). El análisis que se realizó en la señalada determinación jurisdiccional, partió de una interrogante: ¿Cómo se tiene certeza de una fuente laboral?, para responder a la misma afirmó que la acreditación de un trabajo no siempre es a través del NIT de la Empresa -en la que trabajaría el conviviente de la acusada, conforme se expresa en una certificación emitida por una persona particular-, sino que es necesario demostrar que el mismo mantendrá a Ana Isabel Mérida Argote, no existiendo certeza de que el esposo tenga esa ocupación, por lo que compartió la observación que realizó el tribunal a quo, referida a la exigencia de una certificación de la AFP -autoridad del poder público-, porque: “toda empresa que tiene empleados a su cargo tiene que afiliarse a la A.F.P. En tal sentido, considero… el razonamiento… es correcto, porque si la imputada está afirmando que su esposo es quien la mantendrá; entonces, tiene que existir certeza que eso es lo que va a ocurrir, que él tiene un trabajo lícito y estable” (sic). El señalado fallo de alzada, es expresión de la necesidad que tiene el tribunal de apelación de contar con mayores elementos probatorios para poder valorarlos, hasta tener plena certeza de que se desvirtué el riesgo procesal correspondiente, teniendo en cuenta que no solo los jueces o tribunales de instancia son quienes deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias existentes, sino que ese análisis o compulsa de nuevos elementos alcanza también al tribunal que conozca la apelación de la determinación que conceda o rechace la cesación a la detención preventiva, conforme se ha expresado en el Fundamentos Jurídicos III.2. de este fallo constitucional.

Además; lo expuesto en el Auto de Vista impugnado, evidencia las razones o los motivos que tuvo la parte demandada, para confirmar la determinación de instancia, refiriéndose a las pruebas presentadas, aunque valoradas como insuficientes, conforme a otras razones que expresó, vinculadas a las obligaciones legales que tienen las empresas, tal la afiliación de sus trabajadores a las AFP; por lo que, el fallo cuestionado en esta acción tutelar, cuenta con una adecuada fundamentación y motivación. Por todo lo expresado, no es evidente que en el Auto de Vista se hubiere lesionado la garantía al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, correspondiendo denegarse la tutela planteada, porque la parte acusada, no ha enervado el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 1 del CPP, en cuanto se refiere al trabajo.

3) En cuanto a la incongruencia externa denunciada en la acción tutelar

La impetrante de tutela, ha manifestado que el Tribunal de instancia enervó el riesgo procesal establecido en el art. 234.2 del CPP (referido al peligro de fuga, por existir facilidades para abandonar el país o permanecer oculto), determinación favorable a sus intereses, por lo que no planteó recurso de apelación por ese motivo; sin embargo el Tribunal de alzada ratificó lo riesgos procesales, no solo el referido al art.

234.1 (trabajo), sino también con relación al riesgo procesal señalado en el art. 234.2 del CPP, es decir ratificó un riesgo procesal enervado y que no fue apelado, con lo que se emitió un fallo ultra petita, por tanto lesionando no solo su derecho a la libertad, sino la garantía al debido proceso, en su vertiente relativa a la congruencia, habiéndose fallado en forma contraria al art. 398 del CPP que establece que el Tribunal de alzada solo debe circunscribirse a los aspectos que son cuestionados en apelación. Una resolución se encuentra adecuadamente fundamentada y motivada, cuando en la misma se expresa todos los elementos que componen su contenido esencial, de sometimiento a las normas de la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, asegurándose que de no ser conforme con dichas normas o en contra de los intereses de alguna de las partes, la determinación pueda ser sujeta de control a través de la interposición de los medios de defensa o recursos; por otra parte, se ha establecido que una resolución (sea de primera instancia o en apelación) es arbitraria, cuando falta coherencia en el fallo, que puede ser en el marco de su dimensión interna cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-, así como en la dimensión externa, que implica que una determinación judicial debe guardar correspondencia entre lo pedido o impugnado por las partes, con lo resuelto; todo conforme se ha desarrollado en el precedente constitucional establecido en Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. De obrados se evidencia que el tribunal de instancia, en su determinación de 14 de diciembre de 2022, con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 del CPP, llegó a la conclusión de que: “no correspondería hacer una valoración a la documentación presentada por la parte a efectos de enervar este riesgo procesal por lo que con los argumentos ya plasmados por el vocal de la audiencia de apelación este riesgo procesal se encuentra enervado a la fecha”; en ese mérito, en la parte resolutiva se establece, respecto a la parte acusada que: “los riesgos procesales que se encuentran latentes son los establecidos en el art. 234 numeral 1 en relación al trabajo y el art. 235 numeral 2 del CPP” (sic). De esa relación se evidencia que la determinación del tribunal de instancia, goza de una adecuada coherencia en su dimensión interna, por cuanto existe una relación entre la premisa normativa y fáctica -se enerva el riesgo procesal establecido en el art. 234.1 del CPP-, con relación a la conclusión y parte resolutiva, en la que el riesgo procesal señalado claramente ya no se encuentra latente, sino otros riesgos procesales. En ejercicio de su derecho a la defensa, con relación a los riesgos procesales que sí se encontraron latentes -arts. 234 núm.1 y 235 núm. 2-, la parte acusada planteó recurso de apelación, no habiéndolo hecho con referencia al riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 del CPP, porque el mismo ya fue enervado o se considera como inexistente. A tiempo de resolverse el recurso de apelación, la autoridad demandada, emitió el Auto de vista impugnado, a través del cual en la parte relativa a la premisa -normativa y fáctica-, se estableció que: “con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.2 … no fue fundamentado por la parte apelante … por lo que la suscrita Vocal no se va a pronunciar al respecto”; no obstante, esa aseveración, en la parte de la conclusión y en el por tanto se manifestó que: “enervándose el riesgo procesal del art. 235 núm 2 … ratificándose los demás riesgos procesales, toda vez que no han sido enervados … el art. 234 núm. 1) y núm. 2) del Código de Procedimiento Penal”. De esa relación se evidencia que el fallo cuestionado en la presente acción tutelar, por una parte adolece de coherencia interna, pues en la parte considerativa se señaló que no se pronunciaría sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2, porque el mismo no fue apelado -al estar enervado-, sin embargo de ello, en su parte resolutiva, se pronunció en forma expresa, señalándose que se ratifica el riesgo procesal que no ha sido enervado como el art. 234 núm. 2; clara incoherencia, pues si dicho riesgo procesal se reconoció como enervado, y se aseveró que no se pronunciará al respecto; sin embargo, sí se pronunció en el fondo ratificando un riesgo procesal -art. 234 núm. 2 CPP-enervado y no apelado. De similar manera, el fallo cuestionado también se encuentra afectado por una falta de coherencia externa, porque la parte acusada no ha presentado ningún recurso de apelación respecto al riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 2 del CPP, precisamente porque el mismo fue enervado, determinación que le favoreció; sin embargo, de ello el tribunal de alzada, en la parte resolutiva se ha pronunciado, ratificando como vigente ese riesgo procesal, que no solo no fue apelado, sino que el mismo tribunal reconoció que no existía como consecuencia de la enervación que se dio, sin considerar que cuando se trata de resoluciones en apelación, debe haber una coherencia entre los agravios expresados en el recurso de apelación, con el pronunciamiento que debe darse por la autoridad jurisdiccional. Por lo expuesto, la autoridad demandada, al haber ratificado un riesgo procesal -234 núm. 2 del CPP-, que estuvo enervado; por ende, no fue apelado, lesionó la garantía al debido proceso en su elemento congruencia, correspondiendo concederse la tutela con relación a los extremos denunciados en el presente punto desarrollado.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 23 de mayo, cursante de fs. 201 a 204 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, solo con relación a la lesión de la garantía constitucional al debido proceso, en su elemento congruencia, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Ratificar lo determinado por la Sala Constitucional, en los mismos términos dispuestos por la misma. b) Exhortar a Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; a que, en ulteriores determinaciones, observe el deber de resguardar el principio de congruencia interna y externa, al momento de pronunciar y de resolver los recursos puestos a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1497_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2eb11da77dc6afbbea5902e4ff1e634e19cd2301d28d6d24bab335267db2e2fb

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