Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, -al omitir aplicar la ley especial sobre la ley general-, a la motivación y a la libertad y a los principios de legalidad, a la inobservancia de la interpretación más favorable en favor del imputado, principio pro homine; toda vez que, el Juez demandado no dio respuesta favorable a su solicitud de aplicación de las sanciones alternativas establecidas en el art. 76 de la Ley 348, señalando que ya existía cosa juzgada debido a que ya fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena, razonamiento que a su criterio es erróneo, dado que no existe prohibición alguna que indique que después de haberse otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, no se puede aplicar las sanciones alternativas anotadas en la normativa especial como lo es la Ley 348, o que tenga que estar privado de libertad a pesar de no contar con antecedentes penales. Por lo que solicita que, se deje sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023, disponiendo que la autoridad accionada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada programando el día y hora de audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, conforme al razonamiento desarrollado por la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, citada y analizada en el presente recurso; y, en ejecución de sentencia se determine el resarcimiento de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por el accionante, respecto a la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, correcta aplicación de la norma jurídica y celeridad, vinculados a su libertad personal; y, dispone:
Dejar sin Efecto el proveído de 18 de abril de 2023, así como los posteriores decretos que se limitaron a reiterar la negativa sin motivación suficiente. Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la supuesta vulneración de los principios de legalidad, pro homine e interpretación más favorable por falta de fundamentación, conforme a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a las autoridades jurisdiccionales penales a que, en los procesos por delitos de violencia familiar o doméstica, apliquen de manera estricta y preferente la Ley 348, evitando recurrir de forma automática a institutos del Código de Procedimiento Penal que no resulten compatibles con el régimen especial de protección a las mujeres víctimas de violencia. 4° Disponer que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional sea puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura, a los fines de control y prevención, conforme a sus atribuciones, en resguardo del principio de la debida diligencia reforzada en casos de violencia de género.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1496/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56342-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Sandoval Ayala en representación sin mandato de Wilson Delgadillo Correa contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 27 de junio de 2023, cursante de fs. 271 a 280 vta., el accionante expresó que:
El 2019, fue sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -por presuntas agresiones físicas que nunca ocurrieron-, a raíz de una denuncia presentada por Hilda Blas Espinoza, quien era su pareja y al momento de interposición de esta acción tutelar residía en el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo debido a un mal asesoramiento de su anterior defensa técnica, concluyó el proceso mediante la aceptación de un procedimiento abreviado, motivo por lo cual, el 6 de marzo de 2020 fue condenado a la pena de tres años de privación de libertad. Empero, considerando que no tenía antecedentes penales, en ese mismo acto el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, dispuso la suspensión condicional de la pena, estableciendo condiciones que debía cumplir durante el plazo de un año.
El cumplimiento de estas condiciones inició el 26 de agosto de 2020 hasta el 24 de diciembre de 2020, pero debido a que se contagió de COVID-19, tal extremo le impidió cumplir temporalmente con algunas de esas obligaciones. Por esa razón, el 25 de agosto de 2021 justificó el incumplimiento, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, tras lo cual continuó cumpliendo las condiciones, desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021. Debido a que su anterior abogado no presentó el certificado domiciliario policial, a pesar que se lo había entregado, la autoridad ahora accionada, consideró esa omisión como un incumplimiento de las medidas impuestas, determinando por Auto Interlocutorio de 20 de septiembre de 2022, la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, Resolución que fue confirmada por Auto de Vista de 2 de diciembre del mismo año, a pesar que, sí realizó sus presentaciones periódicas conforme se le ordenó. Posteriormente, considerando que la pena impuesta era de tres años de prisión, por memorial de 17 -siendo lo correcto es 18- de abril de 2023, solicitó audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley 348 de 9 de marzo de 2013, al ser esta una norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la norma ordinaria y que constituye un instituto jurídico diferente a la suspensión condicional de la pena. Empero, la autoridad demandada, mediante simple proveído de 18 de abril de 2023, negó la solicitud, argumentando que existía cosa juzgada debido a que, ya fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena el “26 de junio de 2020” (sic), Resolución que fue consentida, por el condenado y no fue objetado ni impugnado y habiéndose revocado este beneficio penal por incumplimiento de su parte, “…ya no corresponde otorgarle otro beneficio sino imponerle el cumplimiento de la pena que ha merecido…” (sic.). Este razonamiento que resulta incorrecto, porque el legislador no ha establecido prohibición alguna, para que, habiéndose concedido una suspensión condicional de la pena, no puedan aplicarse sanciones alternativas previstas en una ley especial como la Ley 348, en insistencia, solicitó nuevamente se señale audiencia para considerar las sanciones alternativas, pero recibió como respuesta, la providencia que indicaba: “…estese a proveído de 11 de mayo de 2023” (sic), contra la cual interpuso recurso de reposición, empero recibió un segundo proveído de 19 de igual mes y año indicando que había precluido su derecho a impugnar el proveído anterior de 18 de abril. Ante ello, el 31 de mayo de 2023 presentó un nuevo memorial planteando la corrección del error; sin embargo, únicamente se le respondió “estese a los datos del proceso”, dejándolo en completa indefensión. Como consecuencia de esta falta de respuesta fundamentada y oportuna, se ejecutó un mandamiento de condena, originando su privación de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de Arani de Cochabamba, situación que hace viable la presente acción tutelar, debido a que, a pesar de que no cuenta con antecedentes penales, corresponde que la autoridad accionada considere la aplicación del art. 76 de la Ley 348, en observancia del principio de prevalencia de la ley especial sobre la ley general. La negativa de la autoridad accionada vulnera este principio, pues no existe norma que prohíba la aplicación de sanciones alternativas, después de haberse otorgado suspensión condicional de la pena. Ello debe analizarse en atención al art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) y conforme al desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, en particular el Voto Disidente de la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, que textualmente dice: “…la aplicación de la suspensión condicional de la pena, no impide que posteriormente la autoridad jurisdiccional imponga alguna de las salidas alternativas establecidas en la Ley 348, como medida previa para la aplicación de esta última…”. (sic.).
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, -al omitir aplicar la ley especial sobre la ley general-, a la motivación y a la libertad y a los principios de legalidad, a la inobservancia de la interpretación más favorable en favor del imputado, principio pro homine, citando al efecto los arts. 14. IV, 22, 115.II, 116.I, 125, 180 de la CPE, y el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023, disponiendo que la autoridad accionada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, señalando día y hora de audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, conforme al razonamiento desarrollado por la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, citada y analizada en el presente recurso; y, b) En ejecución de sentencia se determine el resarcimiento de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 310 a 315 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándolo señalo que: 1) Respecto al agotamiento de los medios impugnatorios, la SCP 0094/2018-S3 de 3 de abril, establece que, en el marco del principio de subsidiariedad que rige las acciones tutelares, deben agotarse únicamente aquellos recursos idóneos es decir, los que tengan la capacidad real de reparar el derecho restringido; 2) En el presente caso, solicitó la aplicación del art. 76 de la Ley 348, cuya respuesta fue el proveído de 18 de abril de 2023, en el que de manera arbitraria se señaló que, habiéndose beneficiado previamente con la suspensión condicional de la pena, no correspondía la aplicación de sanciones alternativas. Tal conclusión es manifiestamente errónea, pues la citada ley constituye normativa especial y las sanciones alternativas son un instituto jurídico distinto; 3) Por memorial de 9 de mayo de 2023 solicito la aplicación de la ley especial, pero el proveído de 11 de mayo de 2023 simplemente dispuso “estese al proveído de 18 de abril de 2023”, sin motivación alguna. Ante esta respuesta defectuosa, interpuso recurso de reposición, pero la autoridad demandada afirmó que habría “precluido” su derecho a impugnar el proveído de 18 de abril del señalado año, ignorando que la reposición se dirigía únicamente contra el acto de 11 de mayo. En consecuencia, no puede denegarse la tutela por supuesta falta de reposición, ya que ello no era exigible conforme al principio de subsidiariedad aplicable en las acciones tutelares; 4) La Ley 348 es normativa especial y prevalente sobre la normativa penal general, lo que se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente en la SCP 0721/2018-S2, que desarrolla la naturaleza de las sanciones alternativas y su carácter independiente; y, 5) Bajo los argumentos descritos, se solicita que se conceda la tutela, dejando sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023.
José Luis Fonseca Zubieta, Juez del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, por informe de 28 de junio de 2025, cursante a fs. 308 y vta., señaló que: i) El accionante fue reconocido culpable por la comisión del delitos de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP), mediante Sentencia Condenatoria 06/2020 de 6 de marzo de 2020, esta sentencia quedó ejecutoriada mediante Auto de 26 de junio de 2020, sin que la defensa la hubiera impugnado; en consecuencia, adquirió autoridad de cosa juzgada, no pudiendo ser modificad; ii) En ese marco, se concedió al condenado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, beneficio que debía ser cumplido estrictamente, pues fue otorgado con su consentimiento y dentro del marco legal vigente; iii) Ante el incumplimiento de las condiciones impuestas, se emitió el Auto de Revocatoria de 20 de septiembre de 2022, disponiendo la ejecución del mandamiento de condena, resolución confirmada posteriormente por Auto de Vista de 2 de diciembre de 2022; iv) La defensa, después de tres años y tres meses desde la emisión de la sentencia condenatoria, pretende ahora modificarla solicitando la aplicación de sanciones alternativas en lugar de la suspensión condicional de la pena. Tal petición, además de extemporánea, es éticamente cuestionable y jurídicamente improcedente; v) Respecto a la procedencia de las sanciones alternativas, debe señalarse que su presupuesto esencial es la existencia de una sentencia condenatoria primigenia que imponga una pena no mayor a tres años. Sin embargo, el abogado defensor pretende aplicarlas no respecto de la sentencia, sino contra el Auto Interlocutorio Definitivo de Revocatoria de 20 de septiembre de 2022, lo cual resulta incorrecto e improcedente; vi) Mediante el proveído de 18 de abril de 2023 -debidamente fundamentado- se comunicó al condenado que su derecho a solicitar sanciones alternativas había precluido; y, vii) La presente acción de libertad es improcedente, pues no es el medio idóneo para modificar una sentencia condenatoria ejecutoriada ni para dejar sin efecto un mandamiento de condena legalmente ejecutado y por lo que, se solicita denegar la tutela, por carecer la solicitud de relevancia constitucional.
La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no agotó los recursos ordinarios establecidos en la ley; b) Existieron actos procesales posteriores consentidos mediante los cuales el accionante intentó cuestionar el proveído de 18 de abril de 2023; c) El proveído cuestionado no dispuso la privación de libertad, por lo que no correspondía activar la acción de libertad; d) Mediante la revisión de antecedentes y la certificación del Director del Recinto Penitenciario, se verificó que, el accionante estaba privado de libertad por ejecución de un mandamiento de condena emitido el 6 de enero de 2023 extendido el 13 de febrero de 2023, en virtud al cumplimiento de la Sentencia de 6 de marzo de 2020, ejecutoriada el 26 de junio del citado año, habiéndose revocado el beneficio de la suspensión condicional de la pena por Auto de 2 de diciembre de 2022, por tanto, la privación de libertad era legal y no arbitraria, impidiendo la activación de los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); e) El accionante se sometió voluntariamente al procedimiento abreviado, admitió los hechos y aceptó la suspensión condicional de la pena, al incumplir sus obligaciones, se revocó adecuadamente el beneficio, cumpliendo su condena ya un mes y diecinueve días la condena, lo que resalta que no existe ningún “indebido procesamiento” ni privación ilegal, lo que hace inviable aplicar los presupuestos del art. 47 inc. 3) y 4) del COCo; f) La defensa citó distintas sentencias constitucionales, pero sin identificar el precedente vinculante aplicable, considerando que la jurisprudencia invocada no correspondía a los hechos del caso ni justificaba omitir el principio de subsidiariedad; g) El reclamo sobre falta de motivación no era atendible por esta vía; h) Respecto a la denuncia de falta de fundamentación del proveído del 18 de abril de 2023, la acción de libertad no es una vía supletoria para reparar descuidos procesales; i) Existen recursos ordinarios disponibles, como reposición o apelación, que no fueron utilizados de manera correcta ni oportuna; j) La acción constitucional no puede emplearse para corregir errores de la defensa ni para reabrir resoluciones ejecutoriadas; k) Las solicitudes del accionante sí fueron atendidas, pues se verificó que la petición de 17 de abril de 2023 fue respondida mediante el proveído de 18 de abril de 2023, existieron otras solicitudes similares posteriores que también fueron atendidas, por lo que no corresponde aplicar la acción de libertad por pronto despacho; y, l) No se acreditó privación indebida de libertad ni se cumplió el principio de subsidiariedad y siendo que esta no es la vía idónea para cuestionar resoluciones ejecutoriadas ni para solicitar sanciones alternativas de la Ley 348 esta causa no presenta relevancia constitucional para habilitar la intervención del control tutelar. Mediante vía de complementación, el abogado del accionante solicitó la enmienda de la resolución, señalando que -a su criterio- no habría existido dejadez dentro del proceso que la parte accionante promovió la presente acción de libertad sin haber interpuesto el recurso de reposición en la causa principal, porque así lo habría advertido el Tribunal Constitucional en la SCP 0554/2020-S1. Ante dicha solicitud, la Jueza de garantías manifestó que no existe nada que aclarar ni corregir, toda vez que la decisión asumida tiene la base jurídica suficiente, principalmente respecto al análisis del principio de subsidiariedad. Señaló que la parte accionante no activó oportunamente el recurso de reposición, existiendo además actos posteriores que convalidaron el proveído de 18 de abril de 2023. Asimismo, la autoridad indicó que el accionante no identificó los aspectos fácticos que permitan aplicar la jurisprudencia invocada al caso concreto, lo cual impide considerarla como precedente vinculante. En consecuencia, señaló que ello no implica desconocimiento de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino que por el contrario, subsisten plenamente las determinaciones asumidas en la resolución cuestionada. Finalmente, puntualizó que los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), normativa adjetiva que establece que en el término y la forma de interposición del recurso de reposición por lo que también corresponde aplicar el principio de legalidad, garantizando incluso la seguridad jurídica en la tramitación del proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Informe de Inicio de Investigaciones de 11 de septiembre de 2019, mediante el cual el Fiscal de Materia informó al Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba sobre la denuncia presentada por Hilda Blaz Espinoza contra Wilson Delgadillo Correa, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Asimismo, consta el Decreto de 15 del citado mes y año, por el cual el mencionado Juez tuvo por presentado el inicio de investigaciones y procedió a homologar las medidas de protección solicitadas por la autoridad fiscal (fs. 15 y vta.). II.2. Se tiene la imputación formal formulada por el Fiscal de Materia asignado al caso de 30 de diciembre de 2019, junto con la solicitud de aplicación de medidas cautelares (0fs. 47 a 49). Asimismo, cursa el Auto de 6 de enero de 2020 por el cual el Juez tuvo por presentada la imputación formal y programó audiencia para la consideración de medidas cautelares para el 28 del citado mes y año (fs. 50 y vta.). II.3. Cursa el acuerdo legal de aceptación de procedimiento abreviado, suscrito en previsión del art. 373 del CPP, por el imputado, la víctima y el Fiscal de Materia. En dicho documento, el imputado -ahora accionante- admitió y reconoció de manera libre, expresa y voluntaria su participación en el hecho ilícito atribuido y, en consecuencia se declaró autor y partícipe de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, sancionado por el art. 273 bis del CP. Asimismo, renunció expresamente al juicio oral y aceptó la pena privativa de libertad de tres años de presidio, además del cumplimiento de las instrucciones y medidas de protección que el órgano jurisdiccional disponga (fs. 98 y vta.). Se tiene también el requerimiento de aplicación del procedimiento abreviado del Fiscal de Materia, el cual fue puesto en conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba (fs. 99 a 100). II.4. Cursa el acta de audiencia pública de procedimiento abreviado de 6 de marzo de 2020, en la cual, luego de la intervención del Fiscal de Materia sobre el requerimiento conclusivo del procedimiento, intervino el abogado del imputado -ahora accionante-, quien manifestó estar de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público; además, requirió que una vez dictada la sentencia se aplique la suspensión condicional de la pena conforme al art. 366 del CPP, bajo las reglas y condiciones de conducta previstas en el art. 24 del CPP, modificado por la ley n° 1173 de 03 de mayo de 2019, De Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, en los numerales más favorables para su defendido (fs. 106 y vta.). II.5. Cursa también la Sentencia 06/2020 de 6 de marzo, por la cual el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba declaró al acusado Wilson Delgadillo Correa autor de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, condenándolo a tres años de privación de libertad a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de Araní de Cochabamba, precisando que dicha condena finalizaría el 6 de marzo de 2023. De igual forma, considerando la solicitud de suspensión condicional de la pena que conforme a los arts. 366 y 367 del CPP, y dado que no existía objeción alguna por parte del Ministerio Público ni de la víctima y que se habían cumplido los requisitos de procedencia para su otorgación, concedió la suspensión condicional de la pena solicitada, bajo condiciones y medidas de protección establecidas a favor de la víctima, entre esas medidas estaban que el condenado, presente su certificado de verificación policial domiciliaria ante el Juez de Ejecución Penal donde radique la causa. Asimismo, se ordenó al sentenciado la desocupación del domicilio conyugal o del lugar donde habite la mujer en situación de violencia, se le prohibió comunicarse, intimar, molestar, hostigar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima así como a cualquier integrante de su familiar, la prestación de trabajo a favor del Estado y la obligación de someterse a tratamiento psicológico bajo supervisión de la psicóloga del Servicio Legal Integral Municipal SLIM, entre otras medidas. El Juez expresó de manera clara que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, o la comisión de un nuevo delito, daría lugar a la revocatoria de la suspensión condicional de la pena y, en consecuencia a que se disponga el cumplimiento de los tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de Araní de Cochabamba (fs. 107 a 110). Finalmente, ordenó que, una vez ejecutoriada la sentencia, sea remitida al Juez de Ejecución Penal de turno de la capital y al Registro Público de Antecedentes Penales REJAP, para su correspondiente registro y cumplimiento (fs. 107 a 110). Cursa también la ejecutoria de la referida sentencia, de 26 de junio de 2020 en virtud de que no se interpuso recurso de apelación (fs. 114). II.6. Por memorial de 18 de agosto de 2022, Hilda Blas Espinoza -víctima dentro del proceso penal por violencia familiar o domestica- solicitó la revocatoria de la suspensión condicional de la pena y el cumplimiento efectivo de la condena, alegando que el sentenciado no habría dado cumplimiento a las medidas impuestas (fs. 145 a 146.). El Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba fijó audiencia para el 6 de septiembre de 2022 (fs. 162), la cual, una vez instalada, fue reprogramada para el 20 del mismo mes y año (fs. 165 y vta.). II.7. Cursa el informe de la trabajadora social del Juzgado de Sentencia Primero de Cochabamba, dirigido a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de Cochabamba -que se encontraba en suplencia legal del Primero-, en el cual se informó que el sentenciado Wilson Delgadillo Correa no presentó el certificado de verificación domiciliaria policial requerido a efectos de controlar que no cambie de domicilio. Asimismo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, DNA de Punata informó que el condenado asistió de manera irregular al trabajo comunitario y a las sesiones terapéuticas programadas en el SLIM, dejando posteriormente de asistir. De la revisión del libro de presentaciones informó que el sentenciado presentó certificación que justificó los días en los que no acudió a sus presentaciones (fs. 206 y vta.). II.8. Consta también el acta de audiencia reservada de revocatoria de suspensión condicional de la pena, en la cual, considerando: 1) Que la denunciante manifestó que no se cumplieron las condiciones impuestas y que, inclusive, el condenado habría vuelto a agredir físicamente a la víctima Hilda Blas Espinoza -conducta prohibida como medida de seguridad impuesta para mantener la suspensión condicional-; y, 2) El informe psicológico y el informe de la trabajadora social. El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba declaró procedente la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, ordenado que por Secretaría se expida el mandamiento de condena en contra de Wilson Delgadillo Correa, una vez ejecutoriada la resolución, para ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de Arani de Cochabamba, conforme a lo establecido en la Sentencia 06/2020 de 6 de marzo de 2020 (fs. 209 a 212). Dicha Resolución fue apelada y confirmada mediante Auto de Vista de 2 de diciembre de 2022 (fs. 246 a 248). II.9. Cursa el mandamiento de condena de 6 de enero de 2023, por el cual el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba ordenó al Gobernador del Penal de San Pedro de Arani del municipio de Arani del citado departamento ponga en ejecución la condena del imputado Wilson Delgadillo Correa, quien fue sentenciado a tres años de reclusión, pena que finalizará el 6 de enero de 2026. Este mandamiento fue librado en cumplimiento de la Sentencia de procedimiento abreviado de 6 de marzo de 2020, ejecutoriada por Auto de 26 de junio de 2020, el Auto de revocatoria de suspensión condicional de la pena de 20 de septiembre de 2022 y del Auto de Vista de 2 de diciembre de 2022 que confirmó la revocatoria (fs. 252). II.10. Por memorial de 18 de abril de 2023, el accionante solicitó que se señale audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas, argumentando que, existiendo una sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad y tratándose de un delito de violencia familiar, corresponde aplicar la Ley 348 por ser norma especial, conforme al art. 5 de dicha ley (fs. 254 y vta.). II.11. Cursa el decreto de 18 de abril de 2023, por el cual el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, el cual indicó no ha lugar a lo solicitado, debido a que ya existía cosa juzgada, puesto que mediante Auto de 26 de junio de 2020 se ejecutorió la Sentencia 06/2020 de 6 de marzo de 2020, mediante la cual Wilson Delgadillo Correa obtuvo el beneficio de suspensión condicional de la pena. Dicho beneficio fue consentido por el condenado en su momento y no fue objetado ni impugnado. Habiéndose revocado tal beneficio por incumplimiento, no correspondía otorgar un nuevo beneficio, sino imponer el cumplimiento efectivo de la pena (fs. 255). El accionante fue notificado con esta determinación el 23 de julio de 2023. II.12. Consta memorial de 10 de mayo de 2023, mediante el cual Wilson Delgadillo Correa -ahora accionante- insistió en la solicitud de aplicación de sanciones alternativas, señalando que si bien en el caso ya se concedió la suspensión condicional de la pena y se revocó, ello no impide solicitar nuevamente la valoración del beneficio, pero esta vez aplicando la norma correcta que es la Ley 348 y las sanciones alternativas previstas en su art. 76. Dicha solicitud fue respondida mediante providencia de 11 de mayo de 2023 que indicó: “Estése al proveído de 18 de abril de 2023” (fs. 260 y vta.). Contra dicha providencia, el accionante presentó recurso de reposición el 18 de mayo de 2023, que fue resuelto al día siguiente señalando que “ha precluido su derecho a impugnar el proveído de 18 de abril de 2023…” (fs. 262 a 265 y vta.). II.13. Se tiene el memorial de 31 de mayo de 2023, por el cual el accionante señaló que no puede convalidarse defecto alguno y advirtiendo error en la actuación, solicitó corrección. La respuesta de la autoridad jurisdiccional fue emitida el mismo día, disponiéndose que se esté a los antecedentes del proceso. (fs. 267 a 269).
El accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, -al omitir aplicar la ley especial sobre la ley general-, a la motivación y a la libertad y a los principios de legalidad, a la inobservancia de la interpretación más favorable en favor del imputado, principio pro homine; toda vez que, el Juez demandado no dio respuesta favorable a su solicitud de aplicación de las sanciones alternativas establecidas en el art. 76 de la Ley 348, señalando que ya existía cosa juzgada debido a que ya fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena, razonamiento que a su criterio es erróneo, dado que no existe prohibición alguna que indique que después de haberse otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, no se puede aplicar las sanciones alternativas anotadas en la normativa especial como lo es la Ley 348, o que tenga que estar privado de libertad a pesar de no contar con antecedentes penales. Por lo que solicita que, se deje sin efecto el proveído de 18 de abril de 2023, disponiendo que la autoridad accionada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada programando el día y hora de audiencia para considerar la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, conforme al razonamiento desarrollado por la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, citada y analizada en el presente recurso; y, en ejecución de sentencia se determine el resarcimiento de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el Juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, 1 El FJ III.1.2, señala: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que puedan invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos pertenecen). 2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considera que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que puedan tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art 18, ignorando los canales normales establecidos en. que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. 3 El FJ III.3, refiere: “Queda establecida entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que implica lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilatación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y apropiada para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
entre muchas otras. Ahora bien, de acuerdo al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, en su art. 401 prevé el recurso de reposición, que procede contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; sin embargo, a efecto de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, salvo que la parte accionante de manera paralela, hubiere activado ese recurso y la vía constitucional; supuesto en el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo, porque podrían existir resoluciones contradictorias sobre el mismo tema.
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razonamientos respecto al análisis integral en aquellos casos en los que se identifiquen víctimas de violencia, señalando al efecto, el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia. Así estableció el siguiente precedente constitucional:
[L]os principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales (…) En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
348
La SCP 0721/2018-S2 de 31 octubre en Fundamentos Jurídicos III.3, III.3.1., III.3.2., III.3.3., hizo referencia aquellos casos en los que la sanción no exceda de tres años de reclusión por el delito de violencia familiar, dilucidando sobre la aplicación de la suspensión condicional de la pena conforme al Código de Procedimiento Penal, o la Ley 348 que determina que en esos casos se aplicarán sanciones alternativas, estableciendo el siguiente razonamiento:
En mérito a que el problema jurídico planteado en la presente causa, está referido a la falta de resolución de la solicitud de suspensión condicional de la pena efectuada por el accionante, que fue sancionado a tres años de reclusión por el delito de violencia familiar; corresponde analizar, antes de resolver el caso, qué norma resulta aplicable; es decir, si el Código de Procedimiento Penal, que prevé la aplicación de la suspensión condicional de la pena, en los supuestos en los que se hubiere impuesto una sanción que no exceda de tres años de duración y que el condenado no hubiera sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años; o, la Ley 348, que para los supuestos en los que la pena aplicada no exceda los tres años de privación de libertad, determina que se aplicarán sanciones alternativas. Para el efecto, se desarrollarán los siguientes subtemas: 1) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; 2) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; y, 3) Sobre la norma aplicable.
El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:
La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento, del condenado reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad […] Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:
…la efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena. (las negrillas han sido marcadas).
violencia en razón de género
La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta.Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. […] El CEDAW, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de 3 de agosto de 2015, examina las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las mujeres tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que impiden materializarlo en pie de igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, así como las prácticas y los requisitos en materia probatoria; dificultades que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. […] Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otra índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre y a protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia. […] ii) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348 En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia
Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
tanto en la familia como en la sociedad; […]
La Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. […] Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP).
En ese contexto, con el compromiso internacional de sancionar la violencia hacia la mujer, la Ley 348, en el Título V -denominado Legislación Penal-, Capítulo I -titulado Sanciones Alternativas-, en el art. 76, dispone lo siguiente: ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS). I. En los delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar las sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando: 1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. […]
Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado Boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1 (III.1.1.), de este fallo constitucional. En cambio la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. […]
Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras. De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas». [el resaltado es añadido]
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115. II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes a) procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho 5El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 6El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 7El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
8El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 9El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 10El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 11El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 12El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
13El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
El accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso, -al omitir aplicar la ley especial sobre la ley general-, a la motivación y a la libertad y a los principios de legalidad, a la inobservancia de la interpretación más favorable en favor del imputado, principio pro homine; toda vez que, la autoridad jurisdiccional se negó a considerar su solicitud de aplicación de sanciones alternativas establecidas en el art. 76 de la Ley 348, argumentando cosa juzgada por haberse otorgado previamente suspensión condicional de la pena, aun cuando la ley no prohíbe esa aplicación y carecía de antecedentes penales. Identificado el acto lesivo, corresponde referirse a las causales de improcedencia referidas por la Jueza de garantías, quien denegó la tutela argumentando que no se habría agotado los recursos que franquea la ley, pues, el accionante no apeló la providencia de 18 de abril de 2023, que se constituye el Decreto cuya anulación se pide a través de esta acción tutelar, al respecto, cabe señalar que conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el recurso de reposición no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional. Habiéndose hecho esa aclaración, cabe referirse al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que indicó que al tratarse de un caso vinculado a violencia familiar o doméstica, en el cual además se encuentran acreditados los hechos de violencia ejercidos contra la víctima, corresponde efectuar un análisis integral del problema jurídico, conforme a los estándares constitucionales, legales e internacionales aplicables. Esta revisión integral implica necesariamente: 1) Analizar el origen de la petición del accionante; 2) Verificar si dentro del proceso penal subyacente se observaron las normas constitucionales, así como las normas internacionales e internas de protección reforzada a las mujeres víctimas de violencia en razón de género; y, 3) Constatar si la autoridad judicial aplicó correctamente el marco jurídico especial previsto para los delitos de violencia contra la mujer, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1.2 y III.1.3 de este fallo. Solo en la medida en que dichos parámetros hayan sido observados, podrá considerarse que el Estado cumplió con sus obligaciones internacionales de debida diligencia reforzada y que los derechos de la víctima fueron efectivamente protegidos; y, recién en ese escenario, resulta jurídicamente viable analizar la legalidad del acto denunciado.
Bajo este paraguas jurisprudencial, corresponde analizar el caso concreto, donde se ha verificado que el origen de la petición del accionante se encuentra en la Sentencia Condenatoria de 6 de marzo de 2020, mediante la cual se impuso al ahora accionante, por procesamiento abreviado, la pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de Arani del departamento de Cochabamba, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica. En esa misma audiencia, a solicitud de la defensa del condenado y sin oposición del Ministerio Público ni de la víctima el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del citado departamento concedió la suspensión condicional de la pena (Conclusiones II.3, II.4 y II.5). No obstante, dicha determinación fue adoptada sin efectuar un análisis previo de la normativa especial aplicable, particularmente de la Ley 348, que regula de manera específica el tratamiento penal de los delitos de violencia contra la mujer. Posteriormente, al considerar un supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas por los informes presentados e incluso por la denuncia de incumplimiento otorgado por la víctima, la autoridad judicial revocó la suspensión condicional de la pena y ordenó el cumplimiento efectivo de la condena (Conclusión II.6, II.7 y II.8). Este primer elemento permite advertir que la vulneración de derechos del ahora accionante así como de la víctima se originó incluso antes de la revocatoria de las medidas impuestas, dado que, se origina en las medidas alternativas que se le impusieron al ahora impetrante de tutela cuando se trataba de un caso vinculado a la violencia familiar o doméstica. Para analizar el segundo punto resulta pertinente remitirse al Fundamento Jurídico III.3, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que se refirió a la antinomia existente entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, donde se estableció con claridad que: i) La suspensión condicional de la pena prevista en el CPP no resulta automáticamente aplicable a los delitos de violencia contra la mujer; ii) La Ley 348 establece un régimen especial de sanciones alternativas, el cual debe prevalecer en virtud del principio de especialidad; y, iii) El art. 5.III de la Ley 348 dispone expresamente que su aplicación es preferente respecto de cualquier otra norma para los delitos previstos en dicha ley. En consecuencia, en este caso habiéndose determinado que la pena privativa de libertad era de tres años y tratarse de un delito de violencia contra una mujer, no correspondía conceder la suspensión condicional de la pena, sino analizar directamente la procedencia de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, tales como multa, detención de fin de semana o trabajo comunitario, previa evaluación de los requisitos y del contexto de violencia acreditado. Empero no se procedió de esa forma, por lo que, se ha verificado que dentro de este proceso no se observaron las normas constitucionales, existentes de protección reforzada a las mujeres víctimas de violencia en razón de género, pues las salidas alternativas configuradas a partir del art. 77 de la Ley 348 están diseñadas incluso para proteger a la víctima y evitar cualquier tipo de revictimización, aspecto que no fueron cumplidos como se analizará más adelante, por lo que, tampoco se constató que la autoridad judicial aplicó correctamente el marco jurídico especial previsto para los delitos de violencia contra la mujer, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1.2 y III.1.3 de este fallo, debido a su especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. En este caso, el Juez omitió pronunciarse conforme establecía la jurisprudencia constitucional y concedió la suspensión condicional de la pena cuando ya se había establecido que la Ley 348, se constituía en un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas. Ahora bien, producto de esta errónea práctica jurídica, no se otorgó la protección adecuada a la víctima quien nuevamente fue objeto de violencia familiar y doméstica, viéndose obligada a activar otra vez el aparato judicial mediante una nueva denuncia e incluso a solicitar la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, precisamente porque no se le otorgaron las medidas adecuadas para evitar su revictimización. (Conclusión II.6). En ese contexto cabe señalar que si bien no era correcto que en su oportunidad el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del Departamento de Cochabamba determine la suspensión condicional de la pena en favor del sentenciado la misma ya fue revocada, agotando así sus efectos jurídicos, empero, este Tribunal no puede dejar de advertir que dicha actuación judicial no se ajustó al marco jurídico especial aplicable, extremo que debe ser observado por las autoridades judiciales en casos análogos, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional. Esta omisión judicial repercutió de manera directa en la vulneración de los derechos de la víctima de violencia, pues el escenario de reiteración de la violencia pudo evitarse si la autoridad hubiese actuado conforme a la normativa especial aplicable y a los estándares de protección reforzada. Si bien estos extremos no fueron denunciados de forma directa a través de la presente acción tutelar, resultan relevantes en la medida en que forman parte del plexo normativo de protección integral de las mujeres víctimas de violencia.
Verificado el incumplimiento de las medidas impuestas, el Juez de Punata ordenó el cumplimiento efectivo de la condena. Meses después, el accionante por memorial de 18 de abril de 2023 solicitó que se reconsidere su situación jurídica y planteó nuevamente la solicitud de salidas alternativas a su caso, al tratarse de un delito cuyo procedimiento debe enmarcarse en la Ley 348, empero, se le respondió indicándoles que se esté a los datos del proceso, misma respuesta en su memorial de 10 de mayo del citado año y al Auto Interlocutorio de rechazo del recurso de reposición respecto a este último Decreto que rechazo de su recurso de reposición (Conclusiones II.11, II.12 y II.13). En este punto de análisis, se identifican dos aspectos relevantes: a) Falta de aplicación de la ley especial, por lo cual, ante el memorial de 18 de mayo de 2023, el Juez demandado tenía la posibilidad de advertir el error inicial, subsanar su actuación y aplicar la Ley 348 sobre la norma general, conforme a la jurisprudencia constitucional reiterada; sin embargo, no lo hizo, lo que derivó en la vulneración tanto de los derechos del accionante como de la víctima. En este extremo, se concluye que se vulneró el derecho al debido proceso, específicamente en su vertiente de correcta aplicación de la norma jurídica pertinente; y, b) Falta de motivación y fundamentación, respecto al Decreto de 18 de abril de 2023, cuya nulidad solicita el accionante, al respecto corresponde señalar que no es posible rechazar esta acción tutelar por subsidiariedad, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.1, razón por la cual se ingresa al análisis de fondo. En dicho análisis se advierte que la providencia impugnada no contiene una respuesta fundamentada ni motivada, conforme a los parámetros anotados en el Fundamento Jurídico III.4, pues, la autoridad judicial omitió: 1) Evaluar si correspondía subsanar el procedimiento conforme al enfoque de género; 2) Verificar si se cumplían los requisitos formales y materiales para una nueva salida alternativa; 3) Verificar si se cumplían los requisitos formales y materiales para una nueva salida alternativa; 4) Analizar la existencia de antecedentes; y, 5) Emitir una decisión razonada conforme a los estándares constitucionales y convencionales referidos a los derechos de las mujeres libres de violencia. Por el contrario, la autoridad judicial se limitó a señalar que “se esté a los datos del proceso”, actuación que resulta insuficiente en un caso vinculado a violencia de género y contraria a los estándares nacionales e internacionales de protección a la mujer. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración de los principios de legalidad, interpretación más favorable y principio pro homine, esta Sala no puede ingresar al análisis de fondo, toda vez que el accionante y su representante se limitaron a enunciarlos sin efectuar una fundamentación mínima, incumpliendo con la carga argumentativa exigida en sede constitucional; en consecuencia, corresponde denegar la tutela respecto a dichos extremos.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 28 de junio de 2023, cursante de fs. 311 a 315 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por el accionante, respecto a la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, correcta aplicación de la norma jurídica y celeridad, vinculados a su libertad personal; y, dispone:
Dejar sin Efecto el proveído de 18 de abril de 2023, así como los posteriores decretos que se limitaron a reiterar la negativa sin motivación suficiente. Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la supuesta vulneración de los principios de legalidad, pro homine e interpretación más favorable por falta de fundamentación, conforme a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a las autoridades jurisdiccionales penales a que, en los procesos por delitos de violencia familiar o doméstica, apliquen de manera estricta y preferente la Ley 348, evitando recurrir de forma automática a institutos del Código de Procedimiento Penal que no resulten compatibles con el régimen especial de protección a las mujeres víctimas de violencia. 4° Disponer que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional sea puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura, a los fines de control y prevención, conforme a sus atribuciones, en resguardo del principio de la debida diligencia reforzada en casos de violencia de género.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
4 El FJ III.4, manifiesta: “…dada la naturaleza no subsidiaria de esta acción; el agraviado debe tener en cuenta que la norma adjetiva penal le da la facultad de interponer recurso de reposición para impugnar en este caso, el decreto de fijación o suspensión de audiencia, y que puede ser activado oralmente en el acto y resuelto de inmediato en la misma audiencia, y si es por escrito, puede ser interpuesto en veinticuatro horas y resuelto en igual plazo, de tal manera que en la misma instancia se reencauce el proceso y se restablezcan sus derechos. Por tanto, ante esta situación dilatoria, puede acudir directamente a la acción de libertad, o en su defecto antes de interponer esta acción tutelar, puede formular recurso de reposición; empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela activa la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo. Entendimiento ya fue establecido en la SC 0030/2010-R de 13 de abril”.
14 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1496_2025-S3.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9681777201dfcfb0780247b07853c43a1c3a95c95fb80214231dd99303fb460f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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